Por Hernán Andrés Kruse.-

Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, la clase empresaria tocó el cielo con las manos. Todas las medidas adoptadas por el presidente no tuvieron como objetivo más que engrosar la cuenta corriente de los grandes empresarios de la Argentina, tal como aconteció durante la época de Carlos Menem. En las últimas horas fueron nuevamente beneficiados por el presidente de la nación, quien modificó por decreto la ley de riesgos de trabajo. El macrismo la tiene clara: las acciones judiciales iniciadas por accidentes de trabajo son excesivas. Si hay algo que siempre ha caracterizado al sector empleador ha sido su aversión a la litigiosidad. Un juicio laboral, razonan los megaempresarios, incrementa los costos, atenta contra la inversión y afecta la creación de empleo. No están solos en esta manera de ver la litigiosidad laboral. Coinciden en este diagnóstico las firmas aseguradoras, las ART. Como buen empresario que es, el presidente Mauricio Macri se preocupó de entrada por aliviar esta “pena” de los megaempresarios. Ello explica su decisión en diciembre pasado de enviar un proyecto de ley que trate la cuestión. Lo que propone Mauricio Macri es obligar a los trabajadores que sufren accidentes en el trabajo a que atraviesen una evaluación médica antes de comenzar a analizar la posibilidad de iniciar cualquier demanda en los tribunales laborales o civiles. El proyecto del Ejecutivo ingresó por el Senado y, luego de ser modificado en parte, recibió media sanción durante las sesiones extraordinarias. Vale decir que el voto del peronismo fue fundamental para satisfacer los “deseos” de los megaempresarios. Mientras tanto, el oficialismo tomó la decisión de acelerar la modificación del sistema de riesgos del trabajo. El Ejecutivo decidió imponer su reforma posdecreto porque considera que “esperar los tiempos habituales del trámite legislativo pendiente irrogaría un importante retraso”. El Decreto de Necesidad y Urgencia 54/2017, que impone la reposición de las comisiones médicas, es bastante parecido al texto que fue aprobado por los senadores y que prevé mejoras en la fórmula para calcular las indemnizaciones.

Hasta la semana pasada estaba vigente una reforma del año 2012 cuyo objetivo era atacar la miserabilidad de las reparaciones frente a accidentes laborales y eliminar la posibilidad de reclamar ante la Justicia la diferencia entre lo que paga el sistema y lo que el trabajador considera que debería percibir. Para impedir ese reclamo del trabajador la iniciativa impuso una “opción excluyente” entre el sistema y la justicia civil. Sin embargo, la elevada litigiosidad continuó y no se mejoró la prevención y seguridad laboral. La estrategia adoptada por Macri el 23 de enero es muy simple: ganar por cansancio, es decir, dilatar la posibilidad de que un trabajador de comienzo con un reclamo judicial. Es por ello que el accionar de las comisiones médicas pasó a tener el rango de “obligatorio”. Si finalmente la normativa es reglamentada las comisiones médicas deberán cumplir con la función de reconocer la existencia de una enfermedad laboral o el grado de incapacidad provocado por un accidente. Si el trabajador no está de acuerdo con la decisión está facultado para solicitar una revisión ante la comisión médica central. Recién entonces el trabajador podrá recurrir a la Justicia. Mientras tanto el tiempo pasa y el trabajador se cansa de tanto esperar. Una vez en el ámbito de la justicia, el trabajador caerá en manos de tribunales insertos en la jurisdicción donde vive el trabajador o donde trabaja. De esa forma se evita que la demanda del trabajador caiga en la justicia laboral, donde impera el principio protector. Todo está diagramado para que los derechos del trabajador no sean reconocidos. Este sistema, contemplado en la ley original de 1995 (época de esplendor de Menem) fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Pero eso al presidente de la nación lo tiene sin cuidado (fuente: Tomás Lukin, “Menos costos empresarios, más riesgos laborales”, Página/12, 24/1/017).

El presidente de la nación acaba de terminar, a través de un decreto de necesidad y urgencia, con los denominados “feriados puente”. De esa forma, los fines de semana extralargos pertenecen al pasado. Según el texto que acaban de firmar Mauricio Macri y varios ministros, los “feriados puente” no hicieron más que entorpecer el normal funcionamiento del ciclo lectivo y “la competitividad productiva”. Además, el DNU transformó en “feriado movible” al Día Nacional de la Memoria, con lo cual este año el 27 de marzo será una jornada no laborable en lugar del tradicional 24 de marzo. El 24 de marzo fue incluido en el calendario como feriado durante la presidencia de Néstor Kirchner (2006). A raíz de ello las escuelas no tuvieron más remedio que incluir como material de discusión la temática del golpe contra María Estela Martínez de Perón. En aquella oportunidad el feriado fue declarado inamovible. Para los organismos de derechos humanos la decisión de Macri busca vaciar el sentido de la jornada y desmovilizar las multitudinarias marchas que se realizan cada vez que se rememora el 24 de marzo de 1976. Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo línea fundadora) tildó de “insólita” a la medida, aunque no por ello “inesperada”. Según Almeida “Es un nuevo agravio de Macri que ofende a la memoria de nuestros hijos, de los 30 mil, del genocidio que ocurrió acá, en la Argentina. Es tremendo y lo repudiamos totalmente”. Recordó que el Congreso deberá ratificar el DNU del presidente, por lo que en ese momento “movilizaremos los organismos y quienes tengan memoria para que no lo hagan. Ojalá seamos muchos, ojalá la resistencia sea fuerte”. Por su parte, la agrupación HIJOS expresó: “Ningún DNU cambia nuestra lucha”. A través de Facebook, el Movimiento Evita consideró que la decisión de Macri demuestra la falta de compromiso del gobierno “en la reivindicación de nuestra historia con un ataque directo a la política de memoria, verdad y justicia”. Cuando expiraba 2016 y se sabía lo que Macri tenía en mente, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había considerado que se trataba de algo “horrible”, de algo que “ofendía a los derechos humanos” porque se trata de una “herida que está abierta”. Por su parte, Hebe de Bonafini expresó que “Somos los pueblos los que determinamos este tipo de fechas. El 24 de marzo es como el 25 de Mayo”.

El DNU del presidente de la nación también provocó una reacción negativa en el sector del turismo. Osvaldo Cornide, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), consideró que el fin de los “feriados puente” atenta contra la “redistribución de ingresos”. “Desde la dirección de CAME supimos desde un principio que los fines de semana extra largos perjudicaban a los grandes centros urbanos, pero significaban un beneficio para las ciudades del interior porque estimulaban el turismo. Entonces lo entendemos como una reparación histórica hacia los centros más pequeños. Quitarlos los va a perjudicar nuevamente”, consideró. Fernanda Raverta, diputada nacional por el FPV, advirtió que la decisión significa “una gran pérdida para la industria del turismo”. “Tanto los fines de semana largos como los puentes son una herramienta para Mar del Plata, en donde la actividad turística tiene una relevancia importante y debemos darle previsibilidad al sector turístico”, enfatizó. Por su parte, el senador Abal Medina adelantó vía Twitter que el bloque del FPV rechazará el DNU no solo porque “perjudica a las localidades turísticas”, sino también porque “desnaturaliza la Memoria del genocidio” (fuente: “La memoria del PRO es intercambiable”, Página/12, 24/1/017).

En su edición del 24 de enero, Página/12 publicó un artículo de Raúl Kollmann titulado “Un audio bastante pelotudo”, en el que analiza una nueva y burda operación política contra Cristina, orquestada por la alianza judicial-mediática y por los servicios de inteligencia. Los argentinos acabamos de asistir pasmados a una insólita maniobra distractiva y una obscena exhibición de espionaje político que los tiene como protagonistas a la ex presidente y Oscar Parrilli, su ex secretario privado. Esta poderosa camarilla difundió en las últimas horas un audio de una conversación telefónica entre los personajes mencionados precedentemente sobre el espía Stiuso. Una conversación de esta índole no implica delito alguno, salvo que se pretendan forzar las palabras, tal como lo hizo el fiscal Guillermo Marijuán. Para congraciarse con el establishment judicial-mediático, Marijuán decidió denunciar a Cristina por abuso de autoridad porque, desde su punto de vista, debe investigarse algo por demás delicado: si al zar de los espías le armaron causas. Y consideró como prueba una parte de la conversación donde la ex presidente le dice a Parrilli que empiece “a buscar todas las causas que le armamos…que lo denunciamos a Stiuso”. Cuando se producen estas cosas siempre conviene serenarse y apelar a la memoria histórica. En efecto, el gobierno de CFK hizo varias denuncias contra Stiuso, las que fueron presentadas a la justicia, impulsadas por fiscales y que en la actualidad son causas judiciales en curso que no están siendo investigadas como corresponde por quienes habitan en Comodoro Py. Lo grave del asunto, manifiesta Kollmann, es la utilización de un expediente ordenando una escucha a Parrilli entre junio y septiembre de 2016, para de esa forma poder espiar a la ex presidente. Oh casualidad, la escucha fue difundida justo el día en que Arribas tenía que efectuar las explicaciones correspondientes por los casi 600 mil dólares que habría recibido del famoso cambista brasileño de la constructora Odebrecht. Carlos Alberto Beraldi, abogado de la ex presidente, no dudó: “Divulgar esa escucha es una maniobra delictiva”.

Según Kollmann, la escucha entre la ex presidente y Parrilli carece de algún hecho delictivo. Lo que llamó la atención a los investigadores fue el trato que le dispensó CFK a Parrilli-le dijo “pelotudo”-. Sucede que el ex funcionario no la reconoció porque en el momento de la llamada estaba en un auto y el audio no era tan claro. Al menos, esa es la versión que vuelca Kollmann en su artículo. Además, quienes la conocen de cerca aseguran que ese trato es habitual en ella cuando se maneja en la intimidad. Pero pasemos a los hechos, que es lo que realmente importa. Cristina y Parrilli tuvieron esa conversación telefónica en la mañana del 11 de julio de 2016, luego de la entrevista otorgada por Stiuso a La Nación. En dicha entrevista el zar de los espías descerrajó munición gruesa contra CFK. Lo que motivó a la ex presidente a llamar a Parrilli fue el pedido de los elementos de las causas iniciadas contra Stiuso. En medio del diálogo la ex presidente dice: “a este tipo hay que matarlo, es un caradura”. Lo que quiso decir Cristina fue que había que destrozar los argumentos esgrimidos por el espía. De ahí la orden dada por CFK a Parrilli para que le mandara el listado de todas las denuncias que su gobierno le había hecho a Stiuso. Entre ellas figura una por contrabando ya que supuestamente Stiuso hacía introducir al país productos médicos, ontológicos y tecnológicos, haciéndolos pasar por material de inteligencia para no pagar los impuestos correspondientes. En la conversación telefónica la ex presidente le dijo a Parrilli: “además, empezá a buscar todas las causas que le armamos. No que le armamos, que le denunciamos”. Se ve claramente, destaca Kollmann, la inmediata rectificación de la ex presidente, lo que sugestivamente no fue tenido en cuenta por los medios hegemónicos y el fiscal Marijuán, que inmediatamente salieron a señalar con el índice acusador a Cristina por la posibilidad de que su gobierno le haya armado a Stiuso causas falsas. La realidad es que las denuncias correspondientes fueron presentadas en Comodoro Py, siendo impulsadas por los fiscales. Ello significa que tanto los funcionarios del ministerio público como los jueces consideraron que había motivos para dar comienzo a una investigación. Dice Kollmann: “La alianza político-judicial-mediática, a falta de algo mejor, decidió hacer ruido con una escucha en la que no hay delito y ni siquiera tiene un contenido relevante. Ayer por la tarde (lunes 23), Marijuan redobló la apuesta y afirmó que también podría denunciar a CFK porque dijo “hay que matarlo”. Incluso vinculó esta frase con la muerte del fiscal Alberto Nisman”. De terror, realmente.

Lo que narra a continuación Kollmann podría ser utilizado para una excelente película de espionaje. ¿Cuál es el origen de la ya famosa escucha? Surge de un expediente que se le armó al ex secretario privado de Cristina porque, estando a cargo de la AFI, no fue capaz de encontrar al narco Ibar Pérez Corradi. Lo acusaron de haber hecho muy poco por encontrarlo porque supuestamente testificaría en contra del gobierno K. Se lo acusaba de encubrimiento, en suma. En junio se ordenó la escucha del celular de Parrilli y de dos agentes de la AFI que tenían como misión detectar al narco. Lo notable del caso es que se decidió la suspensión de las escuchas contra los agentes de la AFI pero no la escucha contra Parrilli. Se trata, evidentemente, de “espionaje selectivo”. Lo extraordinario es que ni siquiera se suspendió luego de la detención de Pérez Corradi, el pasado 19 de junio. Resulta por demás evidente que lo que se buscaba era utilizar el celular de Parrilli para espiar a la ex presidente. “Casualmente” en ese tiempo Cristina había comenzado a desarrollar una intensa actividad política en el Instituto Patria. El caso Pérez Corradi, que produjo una gran conmoción al principio, rápidamente dejó de ser noticia cuando el narco acusó por coimas a la jueza Arroyo Salgado y al senador Ernesto Sanz. Lejos de imputar a miembros del gobierno de Cristina, Corradi se metió con figuras de Cambiemos, tanto políticas como judiciales. No cumplió con el papel que le habían asignado, evidentemente.

Otro aspecto “peculiar” del caso es que la orden fue hacer la escucha de Parrilli on-line. Esa metodología, enseña Kollmann, sólo se emplea para casos de urgencia (un secuestro, por ejemplo). Lo habitual es proceder a la grabación de las conversaciones ordenadas por el juez o el fiscal, incluirlas en un DVD y por último enviar el disco a la autoridad judicial pertinente. En este caso se ordenó a personal de la AFI que lleve a cabo escuchas desde el edificio de Avenida Los Incas, en los locutorios preparados para casos especiales y por intermedio de la escucha on-line. Se trató, qué duda cabe, de espionaje político. Cualquier semejanza con el escándalo de Watergate es pura coincidencia. Con el pretexto de garantizar una mayor transparencia, las escuchas dejaron de estar en manos de la Procuración (Alejandra Gils Carbó) para pasar a las manos del supremo Ricardo Lorenzetti, quien decidió poner a cargo de este embrollo a un hombre de su confianza en Comodoro Py, el camarista Martín Irurzún. Según las fuentes consultadas por Kollmann, personal de la AFI realizó las escuchas a Parrilli utilizando instalaciones manejadas por el dúo Lorenzetti-Irurzún. Los boxes de avenida De los Incas fueron ocupados por personal de inteligencia. Vale decir que la Corte Suprema, la AFI y el fiscal Marijuan son los responsables de haber difundido la escucha telefónica. La oficina a cargo del juez Irurzún-la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación-emitió un comunicado lavándose las manos, emulando de esa forma a Poncio Pilato: “No ha habido entrega, filtración o divulgación de material alguno por parte de esa dependencia fuera de los reglamentos de actuación y protocolos de cadena de custodia establecidos para garantizar el resguarde de la información”. ¡Cuánta razón le asistía a Carlos Santiago Nino cuando se refería a la Argentina como un país al margen de la ley!

El pueblo asiste impávido, una vez más, a otra burda operación política ya que de la escucha del audio queda claro que no existe ningún tipo de delito en ese diálogo. Cuando Cristina pregunta “¿A quién le armamos carpetazos nosotros?”, ella y Parrilli se contestan a sí mismos que “a nadie” y que era el propio Stiuso quien los armaba. La difusión del audio tuvo lugar justo el día en que el titular de la AFI, Gustavo Arribas, debía bridar explicaciones acerca de los miles de dólares que recibió desde una sociedad trucha de Hong Kong a una cuenta en Suiza, transferencia que estuvo a cargo de un cambista brasileño quien confesó que de esa forma pagaba coimas de la empresa de la construcción Odebrecht. Fue, pues, para tapar este escándalo que se montó este grotesco escenario para ensuciar una vez más a la “sospechosa de siempre”: Cristina Fernández de Kirchner.

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