Por Luis Alejandro Rizzi.-

Esta cuestión, problema de problemas según el decir de Carlos Floria, tiene una cuestión adicional que también se debe tener en cuenta, que es el costo de la provisión de la energía y la capacidad de pago de los usuarios.

Escuché en varios programas de radio a periodistas que influyen en la opinión pública o que por lo menos presentan muy buenos ratings, decir con aire doctoral que en ningún país el estado le paga la energía a la gente. Admitamos que fuera cierto.

Lo que debemos analizar en el caso concreto de la Argentina es la situación actual.

Tenemos más de un 30% de pobreza; en la ciudad de Buenos Aires, una mayoría gana alrededor de diez mil pesos por mes, la mayoría de los jubilados cobra una remuneración menor al salario mínimo vital (sic) y arrastramos doce años de energía subsidiada que la convirtió para la gente en una baratija necesaria, pero baratija al fin.

Como diría el célebre inspector jefe Jacques Clouseau, el de la pantera rosa, esos son los hechos. Es obvio que los funcionarios de gobierno deben gobernar y elaborar políticas, entre ellas las de fijar las tarifas de los servicios públicos, a partir de la realidad, es decir de esos hechos.

No tiene sentido discutir lo ocurrido, porque ocurrió.

Es obvio que si la energía se vendiera a su precio real habría mucha gente que no la podría usar. Tengamos en cuenta además que cualquier sustituto aumentaría su precio. En una situación de escasez, si la gente tuviera que recurrir a la leña y las velas, es seguro que junto con los fósforos aumentarían su precio y las llamadas “cocinas económicas” se irían por las nubes.

Entonces los gobiernos, tienen dos cuestiones que enfrentar una mejorar el poder adquisitivo de una mayoría importante, para ello debemos de una buena vez ir a un sistema económico sustentable. Este objetivo, haciendo las cosas muy bien a partir de hoy, se podría lograr en un plazo de cinco a diez años.

En ese ínterin se debe aplicar una política de precios que le posibilite a ese importante sector social poder hacer un uso racional de la energía.

Ello implica una campaña seria, dejar de lado eso de las “las patas y la musculosa…” y con santa paciencia educar a la gente para lograr como en la mayoría de los países del mundo un uso racional no solo de la energía sino de los recursos disponibles. El famoso “deme dos” debe ser desterrado porque es un síntoma cabal de nuestra patología social y nuestro desorden económico.

Con relación a los subsidios, creo que la cosa no pasa por limitar los incrementos a un porcentaje ya que de ese modo se premia a quien más consume, sabe que lo que use a partir del tope, le será subsidiado. Muy injusto.

Si bien en Argentina carecemos de estadísticas y no sabemos dónde estamos parados hay sistemas alternativos que nos permiten focalizar el subsidio hacia hogares que califiquen para tal fin, como ocurre en Chile con la energía eléctrica. Por ejemplo para la población que esté en blanco o registrada, el sistema de aportes previsionales podría servir como base para ubicar a los hogares que necesiten subsidios ya que podríamos precisar sus ingresos.

El subsidio debería ser administrado entre un mix de lo que se denomina, excluyente o incluyente. El subsidio es excluyente cuando se pierde si el consumo supera el umbral máximo de consumo prefijado y es incluyente cuando solo se pierde el subsidio por lo consumido por encima del umbral.

Digo un mix, porque el subsidio “incluyente” debería fijarse entre un límite de doble umbral y superado el umbral superior, se debería convertir en “excluyente”, eso significa que el consumo entre ese doble umbral, se pagaría a precio real pero no se perdería el subsidio correspondiente al primer umbral, superado el nivel de consumo correspondiente al segundo umbral, es lógico que se convierta en excluyente.

Nos quedaría el consumo hecho por un importante segmento de la sociedad que está sumergido en la informalidad y dentro de ese segmento hay un subsegmento que seguramente no necesitaría ningún tipo de subsidio. Esta situación exigirá un trabajo de campo que no se puede hacer en una semana pero hay que hacerlo con un programa muy bien elaborado que permita detectar a la vez a los beneficiarios de la pobreza, es decir a aquellos que lucran con la indigencia y las miseria de la gente, que paradójicamente trabajando en la “informalidad” pueden vivir honestamente.

No sé qué criterio uso el gobierno para fijar el 400%, porque no el 399,5 o el 401,2, así las cosas no sirven y no enfrentaremos y en consecuencia no resolveremos la cuestión real, somos como conjunto una sociedad pobre, y eso se explica por los años de fracasos y atrasos que arrastramos que son muchos mas que la llamada irónicamente “la década ganada”.

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