La detención de Milani

Por Hernán Andrés Kruse.-

César Milani, teniente general retirado y ex jefe del Ejército entre 2013 y 2015, acaba de ser detenido en la provincia de La Rioja por orden del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. El magistrado lo había citado para efectuar la indagatoria correspondiente a raíz de los secuestros de Pedro Olivera y su hijo Ramón en 1977 y de Verónica Matta en 1976. Durante la indagatoria la actitud de Milani fue la de guardar silencio mientras presentaba un escrito en el que se declaraba inocente, negaba su responsabilidad en los hechos que se le imputaban. Horas más tarde fue trasladado a una cárcel del servicio penitenciario riojano. Este hecho conmocionante dio lugar a las siguientes palabras de Ramón Olivera: “Esperamos que la decisión del juez sea que quede detenido con prisión preventiva, por todas las pruebas y elementos reunidos en la causa”. Por su parte, el CELS sostuvo que “se trata de una satisfacción debida a las víctimas y a la sociedad”.

Para Milani fue, qué duda cabe, una semana agitada. El martes se presentó en Tucumán para responder sobre la causa de la desaparición forzada del conscripto Alberto Ledo, declarado “desertor” por el Ejército en un sumario instruido en ese momento por el entonces subteniente Milani en el batallón de Ingenieros 141 de La Rioja. Milani arribó al tribunal riojano impecablemente vestido. Siguiendo instrucciones de su abogado defensor, Gustavo Feldman, no respondió ninguna pregunta limitándose a presentar un escrito. Afirmó Milani: “Jamás he privado a nadie de la libertad, jamás he encubierto ninguna conducta que supiese delictiva y mucho menos produje la tortura o muerte de nadie”. Respecto a la detención de Pedro Olivera, señaló que “ha quedado demostrado en el expediente que yo no me encontraba en La Rioja a raíz de una actividad en comisión entre los días 10 y 15 de marzo de 1977, permitiendo sostener la imposibilidad material de encontrarme comandando un allanamiento y detención”. En relación con la denuncia de Verónica Matta dijo que “la misma dice haberme visto dentro de la cárcel en el mes de junio del año 1976, tiempo en el que me encontraba en comisión en la provincia de Tucumán cumpliendo actividades con mi compañía de construcciones en el período comprendido entre el 20/5/1976 al 17/7/1976, tal como consta en la documentación oficial de mi legajo personal”. Luego afirmó que “no me quedan dudas de que toda esta serie de acusaciones falsas sobre mi persona han sido parte de una campaña política y mediática orquestada a nivel nacional, en la que se me adjudicaron estos hechos para” perjudicarlo y también al gobierno nacional que lo había designado jefe del Ejército.

Quien anunció la prisión preventiva fue Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia riojana. Cuando Milani fue retirado en un móvil de la Policía Federal un grupo de manifestantes le gritaba “asesino”. Virginia Miguel Carmona, fiscal federal a cargo de la acusación, expresó que “en la causa hay elementos sólidos como para justificar la detención” y que “se procede de esta forma para evitar que el imputado entorpezca el desarrollo de la investigación”. “Creemos”, enfatizó, “que si es alojado en una unidad penitenciaria vamos a facilitar la comparecencia de Milani a la justicia. De todos modos, tiene todas las garantías a su disposición. Desde 1984 hay testimonios que indican que Milani participó en los secuestros de Ramón y Pedro Olivera”. Por último, aseguró que la fiscalía instará a que el proceso se ejecute “en un plazo razonable y sea lo más ágil posible”. Para la defensora Mariana Barbitta se trata de un hecho “catastrófico y arbitrario” y aseguró que su defendido “siempre estuvo a derecho” Milani fue nombrado jefe del Ejército en julio de 2013 porque así lo decidió la entonces presidente de la nación Cristina Kirchner. En diciembre, y a pesar de la impugnación del CELS, el kirchnerismo logró que el ascenso de Milani a teniente general fuera aprobado por 39 votos a favor y 30 en contra. La decisión se basó en el argumento de que en ese momento no estaba procesado. Dos años más tarde (junio de 2015) Milani pidió el pase a retiro por “razones personales” (fuente: “Detuvieron a Milani tras declarar en La Rioja”, Página/12, 18/2/017).

En su edición del sábado 18 La Nación publicó un artículo de uno de los intelectuales orgánicos de Macri, Alejandro Katz, referido a la detención de Milani. Titulado “Crisis en la política de Derechos Humanos kirchnerista”, dice: “Las decisiones de los tribunales no solamente imponen justicia de acuerdo con el espíritu de las leyes, sino que también devuelven densidad, volumen, sentido a algunas de las palabras que son importantes en nuestra cultura: culpable o inocente, víctima o victimario, responsabilidad, sanción, reparación. La ausencia de condena, allí donde hubo delito, no solo traiciona los principios que organizan la idea misma de justicia sino que también priva a las víctimas del derecho de nombrar al perpetrador como lo que es: una condena no es solo la atribución de un castigo, es también la atribución de un nombre, culpable, a quien produjo un daño. Esa atribución restituye a la víctima, a sus seres queridos y a la sociedad, el derecho de utilizar ciertas palabras. Después del juicio, es posible decir “es culpable” sin que la afirmación quede teñida de subjetividad. La palabra jurídica, al volver objetivo el hecho, al saldar la discusión entre puntos de vista que se contradicen, da a las cosas carácter de verdad” (…) “Con ello no termina el dolor, pero sí termina la pelea con las sombras, con certezas que hasta ese momento habían vivido en las brumas de un saber que carecía de objetividad, que podía ser puesto en cuestión por los otros, sobre el que se podían sembrar dudas” (…) “De allí que la detención de César Milani en La Rioja provoque satisfacción: la decisión apacigua la angustia de las víctimas ante crímenes que, al carecer de culpables designados, siguen ocurriendo y provocando un dolor que se renueva sobre el dolor original” (…) “La designación de Milani como jefe del Ejército y su reciente arresto por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura pone en crisis la política toda de derechos humanos del kirchnerismo. A la vez, la mal disimulada alegría de quienes fueron duros opositores a esa política y que, sin embargo, celebran ver al general en prisión, muestra que no privilegian lo que hay de justo en la decisión del tribunal sino su mezquina satisfacción ante una nueva derrota del kirchnerismo. Espejos invertidos, unos y otros, y sobre todo espejos deformantes, espejos que devuelven siempre una imagen distorsionada y sesgada de la realidad. Y no hay que olvidar en esta escena a un Poder Judicial que demoró años en hacer avanzar los procesos cuando el acusado gozaba del respaldo del poder político-y controlaba vastas redes de inteligencia-, un poder que muestra su rostro más servil al tomar ahora una decisión largo tiempo postergada. El ascenso y la caída de Milani no dicen buenas cosas de la sociedad argentina, y mucho menos de quienes tienen en ella importantes cuotas de poder y en consecuencia de responsabilidad. De una responsabilidad que eluden una y otra vez al poner siempre los intereses por encima de los valores, la conveniencia por encima de la virtud”.

El gobierno sacudió a la opinión pública con su intención, abortada por la reacción de la oposición, de recortar las jubilaciones. Ahora nos enteramos de que en realidad se trató de cumplir con una orden del Fondo Monetario Internacional en materia de seguridad social. En efecto, el organismo multilateral de crédito efectuó tres “recomendaciones” en esta materia en el informe de revisión de nuestra economía publicado en noviembre de 2016 a instancias del Artículo IV. Al principio, a raíz del alboroto que se había provocado, el gobierno decidió desechar modificar la fórmula. La “rebeldía” duró lo que un suspiro. El FMI no se conforma solo con la modificación de la fórmula: también exige la suba de la edad jubilatoria de las mujeres (de 60 a 65 años) y la reducción del haber jubilatorio en relación al salario promedio obtenido durante la última etapa de la vida laboral. Pese a que el gobierno dice estar preocupado por las finanzas públicas, tiene en mente una baja de las contribuciones patronales que de ejecutarse repercutiría negativamente sobre las cuentas de la Anses.

En el famoso informe elaborado por el FMI el año pasado, se lee que el organismo propone tres “opiniones de reforma” para el sistema jubilatorio nacional ya que lo considera deficitario desde el punto de vista económico. Según el organismo, “los desbalances en el sistema están exacerbados” como consecuencia de la aplicación de la ley de reparación histórica y la consagración de la pensión para todos y todas. Estos “desbalances” implican en el mediano y largo plazo un aumento del gasto en la Anses del 0,7 y 2,0 por ciento del producto interno bruto, respectivamente. Lo que hace el Fondo es muy simple: compara los ingresos del sistema de seguridad social con los egresos tal como lo haría el almacenero de la esquina. Ahora bien, en estos momentos casi la mitad de las prestaciones de la Anses son financiadas con impuestos (IVA e impuesto a las Ganancias). Hay especialistas que consideran lógico el hecho de que la Anses, al ser un organismo que redistribuye el ingreso, termine absorbiendo recursos provenientes de la recaudación general. Para el FMI, de no aplicarse las reformas que propone, en 50 años las cuentas de la Anses podrían llegar a arrojar un déficit del 30 por ciento del PIB.

Para el Fondo es fundamental “corregir el desbalance”. Para ello propone, en primer lugar, una modificación en la fórmula de indexación: “las jubilaciones están ligadas al crecimiento del salario y a la recaudación de la Anses por beneficiario. Esto genera que los haberes crezcan por encima de la inflación, y que lo hagan más rápido cuando se reduce el crecimiento del número de beneficiarios”. El organismo calcula que “indexar los beneficios a la inflación observada permitiría que desde 2019 en adelante se reduzca el déficit de la Anses en 20 puntos porcentuales del PBI”. En segundo lugar, recomienda bajar la tasa de reemplazo (el haber jubilatorio en relación a los últimos salarios recibidos). Según el organismo, esa relación es hoy del 72 por ciento, “muy por encima del 53 por ciento que marca el promedio de la OCDE”. Es por ello que “bajar la tasa hasta el 60 por ciento reduciría el déficit en 10 puntos porcentuales”, señala el organismo. En opinión del abogado previsionalista Federico Bobrovsky, “eso implica quitar derechos adquiridos y es inconstitucional”. Por último, el FMI recomienda incrementar la “edad jubilatoria para las mujeres de los 60 a los 65 años en los próximos diez años” (fuente: Javier Lewkowicz, “Es una recomendación del Fondo al gobierno”, Página/12, 17/2/017).

En su edición del viernes 17 Página/12 publicó un artículo de David Cufré y Raúl Dellatorre titulado “Cambiemos dio vuelta la tabla”, en el que expone la dramática situación que viven los jubilados a raíz de las políticas que viene implementando el gobierno nacional en materia de seguridad social. Dicen los autores: “Desde que se aprobó la ley de movilidad previsional en 2009, a los jubilados nunca les fue tan mal como en 2016. El año pasado sufrieron una pérdida récord frente a la inflación, ya que obtuvieron aumentos de haberes por el 31,68 por ciento, mientras que la inflación escaló a 40,7 por ciento” (…)” El dato de la suba de precios es el que publica el centro de estudios Cifra, de la CTA, que promedia las mediciones oficiales de nueve provincias” (…) “En ocho años de aplicación de la movilidad, solo 2016 y 2014 terminaron con signo negativo. Pero la caída de 2014 fue la excepción en la etapa kirchnerista, período durante el cual se produjo una ganancia extraordinaria de poder adquisitivo para los jubilados con la ley de movilidad, que llegó al 60 por ciento en términos reales. Entre 2009 y 2015, los jubilados recibieron incrementos por un acumulado de 523,06 por ciento, en tanto que la inflación acumulada quedó en 289,21 por ciento. Eso significa que el haber jubilatorio de 2015 pudo comprar un 60 por ciento más de productos que en 2009. A principios de 2009, la jubilación mínima era de 690 pesos, con la cual se podía adquirir una determinada canasta de bienes. A fines de 2015, ese haber trepó hasta 4299 pesos (523,06 por ciento), en tanto que la misma canasta pasó a valer 2685,55 (289,21 por ciento más sobre 690). En conclusión, el ingreso del jubilado superaba en 2015 en un 60 por ciento el valor de la misma canasta que compraba en 2009 (4299 contra 2685). El ejemplo es con la jubilación mínima pero se aplica para todos los haberes, ya que los incrementos por la ley de movilidad son para todos igual”.

“Al analizar el primer año de gobierno de Macri, en cambio, el poder adquisitivo cayó un 6,41 por ciento. Esto es porque a fin de 2015 la jubilación mínima era de 4299 pesos, suficiente para cubrir una determinada canasta de artículos. A fines de 2016, con las subas jubilatorias otorgadas en la gestión de Cambiemos, ese haber subió hasta 5661 pesos (31,68 por ciento), en tanto que la canasta que valía 4299 pesos a fines de 2015 se incrementó 40,7 por ciento, hasta 6049 pesos. En definitiva, el jubilado pudo comprar el 93,59 por ciento de aquella canasta, es decir, una pérdida de poder adquisitivo de 6,41 por ciento. La aprobación de la ley de movilidad dio lugar en su momento a un intenso debate político. El Frente para la Victoria propuso una fórmula de ajuste automático de los haberes que recibió masivos cuestionamientos de las fuerzas políticas que en ese entonces estaban en la oposición. Sostenían que era una estafa y que los jubilados se verían perjudicados con ese mecanismo de cálculo. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. No hubo otra etapa en la Argentina durante la cual el poder adquisitivo de esos haberes creciera tanto. Salvo 2014, todos los años los aumentos le ganaron a la inflación. El punto máximo fue 2011, cuando las jubilaciones registraron un alza del 37, 06 por ciento y el IPC 9 provincias quedó en 23,4 por ciento. La diferencia fue de 13,66 puntos porcentuales. El resto de los años entre 2009 y 2015 marcaron mejoras de las jubilaciones que estuvieron entre 3,50 y 6,85 puntos porcentuales arriba de la inflación. El resbalón ocurrió en 2014, con aumentos para los jubilados del 30,47 por ciento y un alza del IPC 9 provincias del 38,7 por ciento, un retroceso de 8,23 puntos porcentuales. Tras esa situación excepcional provocada por la devaluación de ese año, con su consecuente disparada inflacionaria, en 2015 se retomó la tendencia previa y los haberes quedaron 6,03 puntos por encima de la inflación. Fue la tercera mejora marca del período. El actual gobierno, en cambio, empezó con una dura pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. Su intento de recortar los aumentos de la movilidad, finalmente frustrado por la reacción política en contrario, refleja que no es una prioridad superar esa situación”.

En su edición del sábado 18 La Nación publicó un artículo de Claudio Jacquelin titulado “El interés superior de los jueces de Comodoro Py”, en el que expone con meridiana claridad la catadura moral de la mayoría de quienes “imparten justicia” en el edificio emblema de la justicia vernácula. Dice el autor: “Pocos funcionarios generan tantas emociones y elucubraciones como los jueces federales de Comodoro Py. Suelen ser una fuente inagotable de sorpresas, suspicacias, indignación y, algunas veces, alegrías. Son dueños de tiempos y códigos propios. Su lógica puede ser indescifrable. Sus decisiones no responden sólo a la ley penal o al código de procedimientos. Tampoco a posiciones ideológicas o adscripciones filosóficas. Parece, muchas veces, haber un interés superior. Por eso, abundan las explicaciones sobre la hiperactividad con la que arrancaron el año (electoral) en causas sensibles, la mayoría contra ex funcionarios, incluida la jefa máxima, a quienes se habían cuidado de incomodar mientras estuvieron en el poder. En el kirchnerismo dicen que es una persecución ordenada por Macri. En el Gobierno, temerosos de que Cristina no pueda ser candidata (como desean), muchos afirman que es un mensaje de los jueces pidiéndoles instrucciones para que les deban favores. Porque hablando la gente se entiende. Por ahora, un caso sin fallo firme”. Sobran los comentarios.