La existencia real de Kagemusha

Por Hernán Andrés Kruse.-

Kagemusha es el nombre que Francisco y Mauricio Macri el pusieron a una de sus sociedades offshore. El fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello están a punto de recibir una nueva constancia en la investigación que vienen realizando sobre el presunto delito de lavado de dinero por el actual presidente de la Argentina en los tiempos en que se dedicaba full time a las empresas pertenecientes al grupo familiar. Dicha constancia no es otra que el certificado de persona jurídica de la sociedad Kagemusha. Cuando el consorcio de periodistas de investigación dio a conocer en abril pasado una lista de miles de sociedades constituidas por intermedio del estudio de abogados Mossack-Fonseca por ricos y poderosos del mundo, el nombre “Kagemusha” no figuraba. Fue el periodista Andrés Ballesteros quien reveló primero, por intermedio de su blog “200 Monos”, la presencia de Kagemusha en el mundo de los negocios offshore.

Fleg Trading es una offshore creada por Socma (Sociedades Macri) con el objetivo de hacer negocios en territorio brasileño. Fleg fue radicada en Bahamas y se mantuvo muy activa luego de su nacimiento operando en espejo con otra sociedad offshore, Karter, siendo su beneficiario Pier Andrea Nocella, nieto de Giorgio Nocella, amigo cercano de Francisco Macri. Nocella, fallecido en 2011, fue titular de Socma Finanziaria (Italia). Kagemusha fue radicada en Panamá, según consta en un registro público panameño con certificación del señor Yadinel Ortega González, funcionario del país caribeño. Darío Martínez, diputado neuquino del Frente para la Victoria, fue quien aportó dicho certificado a la causa de los doctores Delgado y Casanello inmediatamente después que La Nación publicara la primera información sobre los Panamá Papers. Posteriormente, el propio Martínez decidió profundizar la investigación en la búsqueda de nuevos elementos probatorios. Kagemusha fue inscripta con el folio 71446 el lunes 11 de mayo de 1981. En el Registro se lee: “La sociedad se encuentra vigente”, figurando Francisco Macri como presidente, Mauricio Macri como vice y director, y su hermano Gianfranco Macri como secretario y director. Diez mil dólares fue lo que costó formar Kagemusha siendo su duración perpetua. En abril pasado Marcos Peña, jefe de gabinete de Macri, enfatizó que no había cuenta alguna, que únicamente hay una sociedad que no fue creada para actuar al margen de la ley. “No hay nada raro ni oculto”, sentenció. El pasado 12 de julio la Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó a Cassanello la existencia de la empresa offshore Kagemusha S.A. aclarando que la información “no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes le deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países”. Según la UIF el actual presidente argentino “integraría” el directorio de Kagemusha y todo comenzará a aclararse cuando la justicia tenga en su poder la certificación panameña. En ese momento el verbo “integraría” será sustituido por el verbo “integra”.

A esta altura el presidente de la nación está imputado por la supuesta infracción del artículo 303 del Código Penal, cuyo inciso uno expresa claramente que “será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito”. En relación con la investigación de Fleg el fiscal Delgado dictaminó que “la causa ya muestra que Fleg fue una empresa madre de otras empresas”. Consideró que las firmas Owners, Fleg y Socma Americana “constituyen una tríada a la que subyace una misma realidad económica, más allá del velo societario”. Según el fiscal “esa tríada se comenzó a gestar en Bahamas y se perfeccionó en Brasil”. Fleg es Bahamas y Owners es la empresa constituida en Brasil. Socma es Macri que crea Fleg en 1998 para convertirla en una suerte de medusa con múltiples empresas brasileñas. Tanto Socma como Owners constituyeron sociedades nuevas. Lo que intriga al fiscal son los nueve millones de dólares que hay en las operaciones, a tal punto que se decidió a solicitar un peritaje contable de la Corte Suprema.

Respecto a Kagemusha su certificado posee un código de validación electrónica que permite corroborar la congruencia con la documentación original depositada hace un poco más de tres décadas en el ministerio de Hacienda y Tesoro de Panamá. En esa documentación está incluida un acta notarial que demuestra que el nombre completo de Rodrigo Arosemena es Rodrigo Hernán Arosemena. El acta es firmada por el notario público quinto del Circuito de Panamá, el licenciado Lenin Huerta. A su vez, Rodrigo Arosemena, miembro de la firma De la Guardia Arosemena y Benedetti, era el representante legal. Los documentos tienen registrado otro familiar, Cecilia Arosemena de González Ruiz. El representante Arosemena hizo otra presentación notarial el 5 de marzo de 1982. En ese momento decidió conferirle poder general a Francisco Macri si actuaba solo y a sus dos hijos, Mauricio y Gianfranco, de manera conjunta si don Macri se iba de este mundo. En ese entonces Mauricio Macri contaba con 23 años y Gianfranco 20. ¿Qué es el poder general? Se lee textualmente: “poder éste que se otorga para representar a la sociedad en cualquier parte del mundo y en cualquier capacidad y para que pueda ser operada, manejados sus asuntos sin referencia previa a persona alguna, ejecutando los fines de la sociedad, con el poder y la facultad de manejar, dirigir y administrar el negocio de la sociedad y hacer todo aquello que se estime necesario o incidental”. El poder permitía, judicial o extrajudicialmente, “manejar, administrar y llevar adelante los asuntos o negocios de la sociedad Kagemusha S.A. en Panamá o en cualquier parte del mundo”.

Nicholas Shaxon es uno de los grandes conocedores de las offshore. En su libro “Las islas del tesoro. Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo” expresa que el sistema offshore es probablemente “la causa determinante más fuerte de cómo el poder político y económico opera en el mundo”. En su opinión permite a los ricos, las grandes compañías y los países ricos, mantener su posición de dominio. Las offshore forman parte, sostiene, de la batalla de ricos contra pobres, “vos contra las grandes empresas, los paraísos contra las democracias”. Los paraísos fiscales gozan de tanta impunidad que hacen las leyes ignorando a aquellos ciudadanos de otros países que se verán perjudicados por el accionar de algún compatriota que abre sociedades offshore en el exterior. El poder conferido a Macri fue, pues, enorme: “abrir una o varias cuentas en cualesquiera bancos, firmas o instituciones financieras de cualquier país, hacer depósitos y retirar los que existieron en esas o en otras cuentas que tenga la sociedad; librar y entregar cheques, letras de cambio u otras órdenes para el pago o retiro de dinero, ordenar transferencias y cambios de fondos existentes en depósitos o cuentas, a otros depósitos o cuentas de la sociedad o de terceros; pedir, saldar, finiquitar y reclamar cuentas impugnando, en su caso, o conformando el resultado de las mismas”. También “aceptar y pagar giros, letras de cambio o cualesquiera órdenes de pago que se libren en cualquier tiempo contra la sociedad”. Y endosar o negociar pagarés o certificados. Y “abrir, arrendar y utilizar cajas de seguridad”. Y “dar o tomar dinero o préstamos”. Y manejar “hipotecas mobiliarias o inmobiliarias, transferencias, endosos, entrega de valores, acciones, bonos, derechos e intereses”. Y cobrar deudas. Y vender o permutar bienes muebles e inmuebles. También “conferir y/o delegar poder y/o poderes y/o autorizaciones”. “Y representar en general con la mayor amplitud en cualquier tiempo, país y circunstancia a la sociedad” (fuente: Martín Granovsky, “Kagemusha, la sombra del dinero”, Página 12, 19/9/016).

El domingo por la mañana finalizó la promocionada audiencia pública del gas. A partir de ahora el gobierno tiene el camino despejado para avanzar con el tarifazo. El Enargas dispone ahora de diez días para elevar un informe sobre todo lo que se dijo en la audiencia. Luego el gobierno nacional dispondrá de un mes para fundamentar en una resolución si tomó en cuenta o no las opiniones de la ciudadanía. Aranguren manifestó que en esta primera etapa el incremento promedio será del 203 por ciento. ¿En qué consiste la propuesta oficial? Hace tres años el gobierno de Cristina Kirchner puso en práctica el Plan Gas que implicaba una suba del precio que recibían las petroleras únicamente para la producción que se situara por encima de la curva de declinación proyectada. A partir de ese momento hay un cálculo del precio para la producción de gas que se sitúa debajo de la curva de declinación-producción base-y otro precio para la producción que se sitúa por encima -incremental-. Según Aranguren por el primer precio las empresas reciben 2,49 dólares por millón de BTU y por el segundo 7,33 dólares. Ahora bien, el precio promedio que reciben las compañías año tras año es mayor porque hay una ampliación de la diferencia entre lo que efectivamente producen y lo que señala la curva de declinación teórica. El cambio que propone el gobierno se vincula con quién paga el dinero que terminan cobrando las petroleras: el estado o los usuarios. Según Aranguren hasta este momento los usuarios vienen pagando 1,29 dólares de los 4,72 dólares que perciben las empresas por millón de BTU, encargándose el estado de subsidiar el resto. Ahora bien, el nuevo cuadro tarifario obligará a los usuarios a pagar no 1,29 dólares sino 3,42 dólares, con lo cual habrá una reducción del subsidio ya que lo que pague el usuario no será pagado por el estado. Además, el estado se encarga de cubrir la diferencia existente entre el costo de importación y lo que pagan los usuarios por ese gas importado que consumen, que hoy representa el 26 por ciento de toda la demanda a nivel país. Como lo que vale la energía importada es en promedio superior a los 4,72 dólares que percibe el productor local, Aranguren planteó que los precios para los productores locales deben incrementarse cada semestre hasta arribar a los 6,78 dólares por millón de BTU en octubre de 2019, oh casualidad, justo cuando se celebrarán las elecciones presidenciales. Lo que se propone el gobierno es sustituir la importación por la producción local y ese panorama de aumento de precios es la llave de que se vale Macri para seducir a las petroleras (fuente: Fernando Krakowiak, “Camino libre para avanzar con el tarifazo del gas”, Página 12, 19/9/016).

En su edición del lunes 19 de septiembre, La Nación publicó un editorial titulado “La inseguridad y la justicia por mano propia”, en el que expone claramente lo que piensa un importante sector de la sociedad sobre la decisión de quienes son víctimas de un asalto de resistir hasta las últimas consecuencias. Dice La Nación: “Tres casos en pocos días reavivaron el drama de la inseguridad y mostraron una de sus peores consecuencias, la de la llamada justicia por mano propia, aunque el término no es el más adecuado en esta oportunidad” (…) “Lo paradójico fue que, en cuestión de segundos, pasaron de la condición de víctimas a la de victimarios, mientras sus asaltantes recorrían el camino inverso. Esto generó un fuerte debate en la sociedad y en uno de los casos-el del carnicero de Zárate que atropelló y mató con su automóvil a uno de sus asaltantes-, fue motivo de manifestaciones de los vecinos que reclamaban su libertad. El propio presidente Mauricio Macri pareció unirse a ese reclamo, al afirmar que “más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia”. El debate suscitado por el caso del carnicero y, poco antes, por el de un médico y un remisero que protagonizaron idénticas situaciones, enfrentó a quienes consideran que los tres hombres obraron bien, con aquellos que, del lado de la ley, sostienen que sólo la justicia debe castigar y que la violencia engendra más violencia, al margen de determinar si en alguno de los casos pudo haber mediado la legítima defensa. A menos que como sociedad queramos emprender el camino sin retorno de la ley de la selva, no cabe otra postura diferente a la que defendió el ministro de Justicia, Germán Garavano: “Definitivamente, la justicia por mano propia no es el camino. Esta vez murió el delincuente, pero muchas veces muere la víctima” (…) “En cuanto a la reacción de una parte de la sociedad que aprueba lo que hicieron, se trata del más fiel termómetro para medir el altísimo grado de impotencia con que muchos viven el drama de la inseguridad y la poca confianza que les inspiran, con mucha razón, las fuerzas de seguridad y la Justicia, con causas eternas y un bajísimo índice de condenas. A estas señales deberían prestar mucha atención las autoridades junto con los jueces y las fuerzas policiales”.