Por Hernán Andrés Kruse.-

El jueves pasado vi en Canal Volver una gran película de Fernando Ayala titulada “Plata Dulce”. Filmada en 1982 cuenta con los protagónicos de Federico Luppi, Julio de Grazia, Gianni Lunadei y Alberto Segado. Los hechos transcurren inmediatamente después del mundial de 1978, momento de apogeo de la dictadura militar. El ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Hoz quien aplicó un modelo económico que sentó las bases del capitalismo financiero que sigue vigente en la Argentina. Era la época de la plata dulce, de la posibilidad de viajar a Miami y comprarse todo por el tipo de cambio favorable. El film narra la historia de uno de los dueños de una pyme, Federico Luppi, que es engañado por un antiguo amigo de la infancia y devenido en delincuente de guante blanco, Gianni Lunadei. Este delincuente convence fácilmente a Luppi de conformar una sociedad dedicada a la especulación financiera. Luppi, inocente y crédulo, empieza a ganar mucha plata en poco tiempo y, de la mano de Lunadei, llega a ser el gerente de una financiera que, al poco tiempo, es cerrada por orden del Banco Central. Como sólo está registrada la firma de Luppi, es el único que termina entre rejas. La película es un extraordinario retrato de una época en la que imperaba el culto al dinero fácil, al enriquecimiento rápido y a cualquier precio. En una escena, Lunadei le explica a Luppi que el país estaba viviendo un momento histórico, protagonizando un profundo cambio que haría posible el surgimiento de una nueva Argentina. La idea del cambio lejos está, pues, de ser un invento de Mauricio Macri y Durán Barba. Pero sigue resultando muy eficaz para ganar elecciones. Así como Lunadei logró convencer a Luppi de las bondades del cambio que se estaba produciendo en el país, el binomio Macri-Durán Barba hizo lo mismo con un importante sector del pueblo en 2015. Trece millones de compatriotas se convencieron de que Macri simbolizaba el cambio, el comienzo de una nueva forma de hacer política basada en la ética y la palabra empeñada.

En Plata Dulce Luppi termina siendo engañado por Lunadei de la manera más vil y repugnante. El delincuente de guante blanco manipuló con cinismo las debilidades de un Luppi buenón e inocentón, lo que le terminó costando su libertad. En 2015 otro delincuente de guante blanco hizo lo mismo con millones de compatriotas y los resultados están a la vista. Lejos de haberse producido un cambio, hubo un perfeccionamiento en el ejercicio de las peores prácticas de la política vernácula. El presidente Macri cabe ser considerado un discípulo aventajado de Lunadei. Dueño de un cinismo sin igual, miente descaradamente sin que se le mueva un músculo. Y lo peor es que todavía son muchísimos los que le creen. Pero de a poco se va cayendo el velo que cubre el verdadero rostro del presidente de la nación. En las últimas horas los argentinos nos enteramos de su decisión de condonar una gigantesca deuda que mantenía su señor padre, dueño del Correo, con el Estado, con nosotros. Se trata de una suma astronómica: setenta mil millones de pesos. Quien había prometido en la campaña electoral que sería implacable con los actos de corrupción le perdonó a su progenitor una deuda del tamaño del Aconcagua. Eso sí, todo en nombre del cambio.

Oscar Aguad fue el encargado de explicar el acuerdo del gobierno nacional con el Grupo Macri a raíz de una deuda por la concesión del Correo Argentino. El acuerdo es sumamente “generoso” con el señor padre del presidente de la nación. Según el oficialismo, no hay ningún tipo de quita, se pagará todo lo adeudado, no corren los intereses durante el tiempo que transcurrió a partir de la convocatoria de acreedores y no hay condonación alguna. Página/12 consultó con varios especialistas quienes coincidieron en destacar que en este tipo de juicios se contempla una actualización del monto teniendo en cuenta el tiempo que pasó, debiéndose pagar los intereses en la primera cuota. Distintos juristas señalaron la existencia de la denominada “doctrina de la propuesta abusiva del deudor”, que toma en consideración, por ejemplo, que la quita en valores reales sea superior al 60 por ciento. Según la fiscal Boquin, en este caso la quita es del 98,87 por ciento. Hay una evidente contradicción entre lo que decía el Estado argentino en 2003 (Néstor Kirchner) y lo que argumenta el gobierno de Mauricio Macri. Si se emplea el sentido común, se advierte que el asunto no presenta mayores dificultades. Si Mengano le presta a Zutano 300 pesos en 2001, Sutano los cambia por dólares y se los queda, pasan quince años y Mengano le reclama a Sutano la deuda, seguramente Mengano no aceptará que Sutano le pague 300. Según el gobierno de Cambiemos, Mengano no sólo debería aceptar esos 300 pesos, sino cobrarlos en quince años (tres pesos en 2018, tres pesos en 2019 y así sucesivamente hasta 2033).

Varios especialistas consultados por Página/12 analizaron el argumento macrista y llegaron a las siguientes conclusiones: a) “Se paga el ciento por ciento de la deuda y no hay quita. El director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, afirmó que se pagará el “ciento por ciento del capital verificado: 296 millones de pesos”. “No le perdonamos ni un mango a Macri. Nada. Ni siquiera los intereses”, sobreactuó. “La deuda a la que el Estado tiene derecho son 296 millones de pesos”, aseguró Mocoroa, que le echó la culpa al gobierno anterior: “por un enfrentamiento político, el Estado no pudo cobrar. Recién en 2016 logramos que la empresa pague”, afirmó”. Estos argumentos colisionan con los argumentos esgrimidos por el Estado argentino en 2003. Dijeron los especialistas: “¿cuánto paga el concurso en realidad? Podríamos decir casi nada. En efecto, si se calcula el Valor Actual Neto de cada una de las propuestas, la oferta formulada implica casi una quita encubierta y ello, sin tomar en cuenta el plazo transcurrido desde el 19/09/01 hasta la fecha (en 2003) en que no se devengaron intereses”. En 2003, los abogados del Estado sostuvieron algo diferente a lo que sostienen hoy los representantes del macrismo: “se advierte claramente que implica de modo claro y contundente un procedimiento de licuación de pasivos y no una propuesta de pago”. Por su parte, Ricardo Nissen, ex titular de la IGJ y profesor titular de Derecho Comercial, expresó que “desde 2001, está planteado que no puede hacerse una propuesta abusiva, porque constituye un enriquecimiento sin causa. Tiene que haber un sacrificio mutuo: el acreedor cobra pero el deudor debe hacer un sacrificio necesario para que no se licue el pasivo”. b) Según Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, “las cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide”. E insistió: “Todos los acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una deuda de 296 millones de pesos. Cuando se verifica un crédito en un concurso, esa deuda queda congelada en el tiempo”. Según Nissen, “esto es mentira. Lo que dice la Ley de Quiebras y Concursos es que suspende el curso de intereses. Eso no significa que cuando llegue el momento de la propuesta no se actualice la deuda. La suspensión de los intereses es para que no se agrave el pasivo. Pero lo que no se puede hacer es licuar el pasivo por el paso del tiempo. Esto no es así”. Para refutar el argumento del ministro, los abogados del Estado en 2003 citaron un plenario de la Cámara en lo Comercial “en el que se estableció que la propuesta de pago total debía ponderar la incidencia de la depreciación monetaria, entendida por tal como el cambio en el poder adquisitivo en el tiempo”. “Esto es lo mismo, dado que parte del supuesto real y efectivo de que el pago presente no es igual que el pago futuro y esa diferencia temporal tiene un costo que debe ser reconocido”, señalaron. También señalaron que la propuesta del clan Macri era abusiva, lo que la tornaba inaceptable ya que implicaba la licuación del pasivo. En un fallo de 2007 la Corte destacó que se debe tener en consideración “el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, que naturalmente resulta negada cuando la pérdida que se les impone es claramente excesiva”. Según Nissan, “son muchísimos casos en los que la Cámara Comercial sentó precedente declarando abusiva una propuesta con los mismos cálculos que la fiscal Boquín exhibe ahora con el caso del Correo”. Para Eduardo Favier Dubois, primer juez que intervino en la causa por el Correo Argentino y profesor titular de Derecho Comercial y Derecho Económico y especialista en quiebras y títulos, “en principio, no se puede dolarizar por la ley de quiebras. Esta deuda no era en dólares. Era en pesos. En este caso, el dólar no juega. Lo que tiene que ir uno es al poder adquisitivo”. Explicó que en casos como éste se procede a una actualización: “lo que se establece es el valor presente. Primero, se debe establecer desde cuando se determinó la deuda. Si es una deuda de dos años y la va a pagar dentro de dos, se agrega una tasa de cuatro años”. “Incluso en época de inflación reconocida, hubo un plenario de la Cámara Comercial que determinó que para evaluar si se pagaba el 100 por cien o cuál es el monto de la quita había que atender a la inflación en el tiempo transcurrido”. c) No se tienen en cuenta los intereses acumulados sobre los 16 años que pasaron. Según Mocoroa, “cuando se acuerda un plan de pagos sí se generan intereses, pero no antes de eso”. Por su parte, Favier Dubois señaló que “eso es parcialmente así. La ley dispone que los intereses se suspenden hasta el momento de la homologación. Según lo que uno le ofrezca al acreedor”. Para la abogada Natalia Volosín “si se aplica de manera restrictiva el artículo 19 de la Ley de Quiebras, no se puede aplicar el interés. Pero en los fallos actuales, los jueces empiezan a no querer homologar propuestas cundo se las considera abusivas. Por eso, en los últimos tiempos aparecen acuerdos concursales pagando intereses devengados durante el proceso. Interpretan que el artículo 19 suspende, pero no condona intereses y los pagan, por ejemplo, todos juntos en la primer cuota”. Y advirtió: “la fiscal no pide que paguen 4 mil millones, sino que se les pide que la quita a valores reales sea menor. Lo raro es que el representante del Estado no hace esto”. d) Mocoroa afirmó que “no existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de parte del acreedor al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada”. Aguad sostuvo que “son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con 7 por ciento de interés anual”. En opinión de Favier Dubois, “si están pagando el 1 por ciento del total no es técnicamente una condonación, pero en los hechos se le acercaría. La fiscal tiene sus razones en su argumentación”. Volosín consideró que “la interpretación más usual es que para que sea quita tiene que haber una reducción con respecto al capital. Ahora, la discusión es: ¿están pagando integralmente la deuda? La fiscal dice que pasaron 16 años. ¿Y la inflación en todo este tiempo? Por eso hizo un estudio para ver el valor económico real. Según su cálculo, el valor de la quita a valores reales es casi el 99 por ciento. La diferencia es enorme” (fuente: Werner Pertot, “Una explicación que no cierra ni en cómodas cuotas”, Página/12, 10/2/017).

El bloque de diputados nacionales del kirchnerismo encabezado por Héctor Recalde y la cúpula dirigencial de Nuevo Encuentro, encabezada por Martín Sabbatella, presentaron dos denuncias penales contra el presidente de la nación, Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones y Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos, por “fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Las denuncias aluden al acuerdo sellado por el presidente de la nación a raíz de una deuda que el Correo Argentino, controlado por su señor padre, mantiene con el Estado Nacional “desde 2003 y que terminará de pagar en 2033 con una quita del 98,82 por ciento con la que Sideco eludirá pagar 70 mil millones de pesos”. Las denuncias recayeron en los juzgados de Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral, aunque lo más probable es que se reunifiquen en el juzgado del primero.

La denuncia presentada por Sabbatella recayó en el juzgado del doctor Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni. En el escrito se detalla el acta del 28 de junio del año pasado donde el deudor (el señor padre del presidente) realiza una propuesta de pago que es rechazada por el Estado nacional “siguiendo las instrucciones del caso”. Mocoroa, apoderado del Estado (de todos nosotros, en definitiva), siguiendo “instrucciones” de sus patrones (Aguad y Macri) “realiza en el acto una contrapropuesta, que luego de un breve cuarto intermedio fue aceptada por el deudor”. El 30 de diciembre la fiscal de la Cámara Civil y Comercial, Gabriela Boquín, rechazó el acuerdo argumentando que “la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado nacional a una suma inadmisible (…) por resultar equiparable a una condonación de deuda”; que “la aceptación de la propuesta implica un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad-que corresponde investigar-en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”; y que la aceptación de la propuesta la dio “un funcionario sin competencia para comprometer al Estado Nacional en su calidad de acreedor y carece de sustento técnico que la avale, siendo además irrazonable y carente de validez”.

La otra denuncia, que recayó en el juzgado de Canicoba Corral, es firmada por Recalde, Teresa García, Rodolfo Tilhade, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Josefina González y Luana Volnovich. En el texto se denuncia que “según los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, la propuesta implica una quita en la deuda de 70.163 millones de pesos, un 98,82 por ciento sobre el total de la deuda. Es decir, que los Macri sólo pagarán el 1,18 por ciento de la deuda con el Estado”. Y agrega: “En el último balance que Sideco presentó en marzo de 2016 ante la Comisión Nacional de Valores, informaron que en forma paralela a esta maniobra con la deuda con el Estado, presentaron un reclamo ante el ministerio de Planificación donde pidieron “el pago de una suma de dinero por el desapoderamiento de las inversiones realizadas por Correo Argentino y su usufructo hasta la fecha a favor del Estado en razón de la rescisión del Contrato de Concesión” (fuente: Miguel Jorquera, “Del Correo a Tribunales”, Página/12, 10/2/017).

En su edición del domingo 5 de febrero, La Nación publicó una entrevista al ensayista Juan José Sebreli, quien aborda, entre otros temas, el rol de Francisco en el mundo actual, la relación de los intelectuales con el poder y la eutanasia. Sobre el Papa expresa: “Francisco es en todo populista. Primero en su historia, porque perteneció al grupo de Guardia de Hierro, cuyo creador, Alejandro Álvarez, fue un espíritu muy religioso que pretendía hacer religión con la política, pero fracasó totalmente. Y el Papa intenta hacer política con la religión. A Francisco o Bergoglio no le interesaba y no le interesa la filosofía. En Bergoglio no vamos a encontrar referencias eruditas y filosóficas, vamos a encontrar cosas a la que ellos llaman “la pastoral”, que es política directamente”. Es notable que el Papa aún no haya decidido viajar a la Argentina, habiendo transcurridos tres años de su elección. Dice Sebreli: “creo que está agazapado, esperando que se defina la política para los próximos diez años, para entonces tratar de adecuar su política a eso”. Sobre su vínculo con la política argentina y la real influencia que ejerce, Sebreli expresa: “y ahora, ¿qué candidato puede tener el papa? En este momento no tiene. La Argentina fue el país donde más profundamente se encarnó el populismo. Él siempre ha sido populista y yo creo que está esperando que surja un movimiento populista más o menos presentable” (…) “Ambigua, como corresponde a un país ambiguo como es la Argentina, un país que por un lado se confiesa católico, pero que por el otro no cumple las reglas elementales del catolicismo, sobre todo en materia sexual: el 90 por ciento de la gente que se dice católica sigue practicando el control de la natalidad, un tema obsesivo y recurrente para los tres últimos papas, incluidos Ratzinger y Francisco. Es una verdadera obsesión la que tienen con el sexo. Espero que en la Argentina haya reformas a favor del laicismo porque ésta no es una sociedad laica, es una sociedad semilaica. Es laica porque permite la libertad de todas las religiones, pero no es laica porque no permite la igualdad de todas las religiones. Hasta la época de Menem los presidentes no podían ser sino católicos, es decir, había discriminación a los judíos, a los agnósticos, a los protestantes, a los musulmanes. Y aun hoy siguen mencionado a la Iglesia Católica como prioridad. Con la reforma del Código Civil ese intento de avanzar en el laicismo fracasa por la influencia de la Iglesia. Y después fracasó la Iglesia con el matrimonio igualitario. Falta el aborto, que yo creo que algún día va a llegar”. Sobre el rol de los intelectuales en la sociedad y su relación con el poder, fue categórico: “estoy en contra del intelectual orgánico. Para un intelectual es negativo militar, porque eso coarta su libertad. Militar es hacer tácticas y hasta podés necesitar mentir. Y yo lo entiendo en un político, pero el intelectual tiene que decir la verdad como es; aunque uno se incline hacia un partido, tiene que tener la libertad de decir “hasta acá llego”. Por último, respecto a la eutanasia manifestó: “yo soy partidario total de la eutanasia. Mientras yo tenga lucidez y no sean limitadas mis posibilidades de salir solo a la calle no la necesito, pero tampoco necesito una enfermedad terminal o dramática como el cáncer para pensar en esa posibilidad. Yo necesito autonomía personal, una autonomía que estuve a punto de perder con la enfermedad que tuve últimamente, aunque zafé. Pero si yo tengo que estar prisionero de alguien que me tenga que estar custodiando todo el día, la practicaré”.

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