Por Juan Manuel Otero.-

Leemos en el blog de la CIDH de la OEA, un informe acerca de su propio proyecto sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva.

“La aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región. El uso no excepcional de esta medida es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.”

Más adelante: “El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática”, dijo el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado James Cavallaro.

Y analizando estos conceptos tan preñados de respeto por la condición humana y sus derechos, me pregunto: ¿Sabrán los capitostes de esta magna institución la tortura que viven desde hace más de una década los presos políticos argentinos?

Seguro que lo saben. Pero lo callan por hipócritas y cobardes.

La gran mayoría sin sentencia pese a tantos años de prisión, o imputados por simples dichos de falsos testigos, acusados por fiscales corruptos y condenados otros por jueces prevaricadores.

Ancianos a quienes se les niega la prisión domiciliaria pese a que la contempla nuestro código procesal penal, sea por su edad o por su estado de salud. Ancianos que van muriendo en sus miserables celdas lejos de sus familiares y sin contención espiritual ni de salud.

¿Para ellos no rigen los derechos humanos? Señores de la CIDH dejen tanta hipocresía de lado y bajen a la tierra.

A ninguno de estos sabihondos de cartulina se le dio por pensar que en nuestra patria se está aplicando la ley penal con retroactividad, pese a que tanto la universal doctrina jurídica, la jurisprudencia, nuestro código procesal, nuestra Constitución Nacional y el mismísimo Estatuto de Roma lo prohíben.

Son los mismos “defensores de los derechos humanos para los terroristas” quienes medran con una subjetividad que causa asco y quienes en la consulta pública sobre su Unidad “Memoria, Verdad y Justicia” que se llevó a cabo en la Ciudad de Montevideo el pasado 21 de octubre, no solo prohibieron exponer a quienes pretendían denunciar el estado de nuestros presos políticos, sino que los echaron a los empujones a través de sus matones.

Causa espanto comprobar que el objetivo principal de la consulta fue recibir sugerencias sobre las líneas de acción para elaborar el plan de trabajo para el periodo 2018-2019. Sin embargo parece ser que las únicas sugerencias que aceptan sus integrantes son aquellas que tratan sobre Milagro Sala o Santiago Maldonado, por los ancianos que llevan una década entre rejas bajo aberraciones jurídicas nulas de nulidad absoluta no mosquean ni se preocupan, se trata de seres humanos que por lo visto no merecen siquiera su atención.

Señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Son ustedes unos cobardes y corruptos, me producen asco, y no les quepan dudas que algún día tendrán que rendir cuentas de sus hipócritas, ilegales y cobardes actitudes.

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