Por Hernán Andrés Kruse.-

La condena o la absolución a cualquier precio

La corrupción y la política van de la mano desde tiempos inmemoriales. Basta con recordar a Aristóteles, quien reconocía la existencia de las formas impuras de gobierno, de gobernantes que ejercían el poder en beneficio propio. La historia política argentina lejos está de constituir una excepción. Por el contrario, puede ser definida como la historia del ejercicio espurio del poder, de la corrupción política institucionalizada. Pero lo que es peor, y aquí la Argentina se diferencia de otros países más desarrollados, es el imperio de la impunidad, de la ausencia de castigo de la justicia a quienes delinquieron cuando fueron gobierno. La impunidad siempre cantó victoria porque, lamentablemente, la justicia fue casi siempre un apéndice del poder, los jueces encargados de impartir justicia estuvieron siempre pendientes del humor del gobernante de turno. En nuestro país pocas veces estuvo vigente aquel principio medular de la democracia liberal inmortalizado por Montesquieu en su libro “El espíritu de las leyes”: la división de poderes. En consecuencia, la kakistocracia no tuvo inconveniente alguno en imponerse.

Desde la recuperación de la democracia el tema de la corrupción recién comenzó a preocupar a la opinión pública a partir de la primera presidencia de Cristina Kirchner. La larga década menemista fue un escándalo en materia de corrupción. En su magnífico libro “El saqueo de la Argentina” María Seoane describe magníficamente el proceso de privatizaciones ejecutado por Carlos Menem y Domingo Cavallo, que significó para los argentinos el saqueo del dinero público. Sin embargo, la corrupción del menemismo jamás provocó la ira de quienes hoy quieren ver a Cristina presa. A pesar de ello, es una buena noticia que la corrupción política haya pasado a ser un tema de referencia para el pueblo.

Los medios de comunicación enfrentados con el kirchnerismo instalaron desde el principio la idea de que Néstor, Cristina y sus secuaces (Julio De Vido, Lázaro Báez y compañía) fueron una asociación ilícita, es decir, utilizaron el poder para enriquecerse de manera ilícita. Esos medios hubieran hecho un magnífico aporte a la democracia si se hubieran preocupado con la misma pasión por la corrupción de los gobiernos de Menem, De la Rúa y Macri. Y aquí arribamos al meollo del problema: la corrupción selectiva. En efecto, para los medios hegemónicos la corrupción kirchnerista merece la condena eterna pero no así la corrupción menemista, delarruísta y macrista. Sólo Néstor y Cristina merecen ser lapidados en la plaza pública. Menem, De la Rúa y Macri no fueron ningunas carmelitas descalzas, pero en el fondo fueron buenos muchachos cuando ejercieron el poder. Así siente un importante sector del pueblo manipulado por esos medios.

Los medios hegemónicos instalaron el dogma según el cual nunca hubo en nuestro país un nivel tan alto de corrupción e impunidad como en la época del kirchnerismo. “Menem, al lado de Néstor y Cristina, era un punga”, afirman millones de argentinos que creen a pie juntillas lo que dicen los medios. Como Néstor ya no está entre nosotros, Cristina ha pasado a ser el emblema de la corrupción e impunidad a la enésima potencia. Esos argentinos hace rato la condenaron. Para ellos es culpable y quien se atreve a cuestionarlos inmediatamente es acusado de cómplice de la corrupción K. En la vereda de enfrente, los defensores de Cristina están convencidos de que la jefa es una víctima de una infame persecución política cuyo fin último es su proscripción, tal como sucedió con Lula en Brasil. Emerge en toda su magnitud la profundidad de la grieta. Para unos Cristina es una corrupta y para otros es una santa. No hay términos medios. Es el maniqueísmo en su máxima expresión. Ambos bandos coinciden, sin embargo, en algo fundamental: no les importa el fallo de la justicia. Ellos ya dictaron sentencia, en suma.

Comienzo del juicio por la obra pública

En este ambiente cargado de tensión y fanatismo comenzó el día de ayer (lunes 1) el juicio por la obra pública. Con el reinicio de la actividad en la justicia tras la feria, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dieron comienzo a una serie de audiencias tendientes a poner en evidencia la corrupción del kirchnerismo entre 2003 y 2015.

Dijo el fiscal Luciani, convertido desde ese momento por los medios hegemónicos y buena parte de la opinión pública en una reencarnación de Lisandro de la Torre, el primer día del alegato:

“Vamos a hacer un análisis de las 51 licitaciones públicas” que estuvieron bajo la lupa de la causa. Agregó que mientras dure la audiencia defenderá su hipótesis de que “la corrupción se presentó con comportamiento habitual, no eran prácticas aisladas sino que fueron hechos gravísimos que perduraron en el tiempo”. En el marco de la organización “hubo distribución de funciones, mínima dirección y cierta jerarquía”. Manifestó que “lo que ocurrió en Santa Cruz con la obra pública debe ser entendido como un caso paradigmático de la corrupción (ya que) se violaron los principios más básicos de toda contratación pública”.

“Alguien que no era empresario ni tenía experiencia o conocimientos técnicos financieros como la ingeniería civil-vial (por Lázaro Báez) logró conformar un conglomerado que sería beneficiario de 51 de 83 contrataciones de obra pública en Santa Cruz”. “Cualquier empresario de la construcción sabe que escapa a toda lógica que una persona pudiera hacerse acreedora del 78,4% de la obra pública vial en Santa Cruz, casualmente o causalmente en una provincia manejada por quien asumía en 2003 como presidente”. “Sólo 27 de esas 51 (las obras adjudicadas a Báez) fueron culminadas, pero 24 tuvieron demoras severas, con retrasos injustificados. En algunos casos las demoras superaron los límites imaginables: más de 10 años en obras que debían durar dos o tres”. “Hubo un perjuicio extraordinario al Estado nacional”.

El fiscal narró cómo fue la creación del Ministerio de Planificación Federal y sus metas: “Se designó como síndica a Alejandra Minicelli, es decir, se designó en un cargo de tanta relevancia para controlar los recursos del Estado a la pareja del ministro De Vido. Esto, además de ser un mensaje nefasto, demuestra que no se podía contar con un control serio y real sino con un claro conflicto de intereses”. Respecto a Cristina manifestó: “se creó un armazón de personas de absoluta confianza”. Sin embargo, “no vamos a juzgar la relación de confianza ni los nombramientos, sino que hemos establecido que estos actos permitieron crear las condiciones necesarias para el plan sistemático de extracción de fondos”. “El relato era hacer rutas, pero la realidad era extraer fondos públicos con una estructura de funcionarios que iban a brindar su aporte a la organización ilegal”.

“Cuando mirábamos el expediente no podíamos creer las relaciones promiscuas que existían entre el empresario y los funcionarios provinciales y nacionales. De la declaración de Javier Iguacel surge que (Mauricio) Collareda del distrito Santa Cruz de Vialidad había tenido una relación laboral con Báez”. “El distrito 23 debía controlar las numerosas obras que se adjudicaban a Báez pero no tenían el personal suficiente para hacerlo teniendo en cuenta la cantidad de obras. El poder político no dotó al organismo del personal necesario”. “La Dirección Nacional de Vialidad desde el último día de certificación tardaba en promedio 60 días en pagarle a las empresas de Lázaro Báez frente a 207 días que tardaba en pagarle a otras empresas”.“Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.

“Hubo una coartada, un plan para escapar, un plan de impunidad ideado por José López, Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Se denominó “limpiar todo”. “Abandonaron las rutas de manera injustificada cuando se cambió el gobierno, por eso se les rescindieron los contratos, por responsabilidad de la contratista con un perjuicio incalculable” para la hacienda pública. “Se intentó responsabilizar a la administración entrante” para “montarse al relato de la persecución judicial”. “Esa fue la meta, el objetivo, sin importarles el enorme daño a la Provincia de Santa Cruz y los trabajadores despedidos” (Fuente: Perfil, 1/8/022).

La acusación del fiscal Luciani es tremenda. De comprobarse habrá quedado en evidencia el aceitado sistema de impunidad montado por el matrimonio Kirchner entre 2003 y 2015. Pero sólo se trata del alegato del fiscal, es decir, de la parte acusadora. Todavía falta la participación de la defensa y, lo más importante, la sentencia de los jueces. Recién en ese momento se sabrá si Cristina es culpable o inocente. Nunca antes. En la democracia liberal rige la presunción de inocencia, un valor jurídico ignorado de manera alevosa por los medios hegemónicos antikirchneristas y el sector del pueblo que odia a la vicepresidente.

Lamentablemente, la cuestión jurídica ha quedado completamente relegada en este relevante juicio. Sólo interesa la cuestión política. Para los antikirchneristas sólo es legítima la condena sin importar si Cristina es realmente inocente o no. Cristina debe ser condenada. Punto. Para los cristinistas Cristina debe ser absuelta, sin importar si es realmente culpable. Sólo valen la condena o la absolución a cualquier precio. El imperio de la ley, qué duda cabe, pasa a ser una quimera.

Máximo Kirchner, imputado

El viernes 5 el alegato del fiscal Luciani agregó un dato de un peso político impresionante: la supuesta participación de Máximo Kirchner.

Dijo Luciani (Fuente: Perfil, 5/8/022):

“Hubo velocidad en la tramitación de la licitación y acreditación de los pagos, pero no en requerir aquello por lo que se pagaba”. “Sólo importaba que la empresa nacida al amparo del presidente ganara la licitación, lo demás lo arreglamos. Estamos hablando de fondos del Estado, de todos los argentinos”. “Las licitaciones convocadas durante el 2007 siguieron todas la misma metodología que las anteriores, el mecanismo estaba aceitado y funcionó a la perfección: el expediente llegaba al distrito 23 y se agregaban copias de otros dictámenes y resoluciones. En todas se omitió realizar el debido control por orden de Nelson Periotti (entonces titular de vialidad Nacional)”. “Hemos perdido la capacidad del asombro”. “Cada vez era más sencillo direccionar las obras a Báez. Lo único que debía hacer era presentar más de una de sus empresas, algunas ofertaban más, otras menos y acompañaba una restante que simulaba la competencia. Lázaro Báez no necesitaba esforzarse para hacer la mejor oferta”.

“No hay obra que no se termine en término”. “Podemos entender que hay situaciones en las cuales las empresas solicitan extensiones de plazo por diversos motivos, pero que en todas las obras ocurra esto nos habla de algo sistemático, de la falta de capacidad de la empresa”. “De esto la UIF no dijo nada”. “Báez competía contra sí mismo para quedarse con las obras”. “Nos asombramos cuando vemos estas cosas pero no podemos dejar de decir la verdad de lo que pasó acá”. “Hubo un direccionamiento al amigo del presidente de la nación (Néstor Kirchner)”. “Nadie iba a denunciar nada, todos están denunciados. ¿Quién iba a denunciar?” “Era un verdadero descontrol de las arcas del Estado. Se presentaban en las ofertas los mismos de siempre”.

Luciani dio por probada la participación de Máximo Kirchner. “Digitaba (la familia Kirchner) cada paso de la licitación pública en Santa Cruz”. “Máximo Kirchner no había ejercido cargos públicos, pero estaba al frente de la administración de distintos negocios de su madre”. “Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha colaboración, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones”.

El futbolista Luciani

Este domingo Página/12 provocó una conmoción política de magnitud al publicar un artículo de Raúl Kollmann (“Juicio contra Cristina Kirchner: los partidos de fútbol del fiscal Luciani y el juez Giménez Uriburu en la quinta de Macri”).

El artículo es encabezado por dos fotos donde en una se ve al fiscal Diego Luciani, acusador en el caso de las rutas de Santa Cruz, formando parte de un equipo de fútbol junto al presidente del tribunal que actúa en ese caso, Rodrigo Giménez Uriburu, en la quinta del entonces presidente Mauricio Macri, y en la otra se los ve a ambos formando parte del mismo equipo que participaba en un campeonato de San Isidro.

Las fotos son de una gravedad institucional inusitada. Porque si hay una cualidad que todo magistrado debe preservar es la de ser imparcial. ¿Qué imparcialidad se puede esperar de estos magistrados que demostraron estar cerca del círculo de amigos de Macri? El problema no es que los magistrados hayan jugado al fútbol sino que lo hayan hecho al lado de quien era el presidente de la nación. Semejante grado de connivencia entre miembros de la Justicia y el Poder Ejecutivo atenta contra la esencia de la democracia liberal, contra uno de sus principios medulares: la división de poderes. A partir de ahora ¿cómo creerle al fiscal Luciani? Y más adelante, en el momento en que se dicte la sentencia ¿cómo creerle al juez Giménez Uriburu? ¿Podrá su señoría juzgar sólo en base a las pruebas reunidas? ¿Podrá sustraerse a la influencia del ex presidente Macri?

La reacción de Cristina no se hizo esperar: “Hoy Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El presidente del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo”, pero ese día faltó al partido”. “He instruido a mi abogado para que mañana (por el lunes) a primera hora recuse a los jugadores de fútbol. El Poder Judicial argentino apesta” (Fuente: Página/12, 8/8/022).

Efectivamente, el Poder Judicial apesta.

Luciani retoma los alegatos

Este lunes (8/8) el fiscal Luciani retomó su alegato en la causa Vialidad (Fuente: Perfil, 8/8/022).

“Fue sorprendente ver que la maniobra defraudatoria era tan burda”. “Es una situación altamente preocupante por la cantidad de vicios, arbitrariedades y las millonarias sumas de dinero comprometidas, que muestran que detrás de estas aparentes licitaciones o modificaciones se escondieron actos graves de corrupción”. A continuación el fiscal pasó a exponer sobre el inicio de estos hechos. “¿Cómo fue que se decidió invertir en este tipo de trabajos? ¿A quién se le ocurrió o quién tomó esta decisión?” “Lo que se intentó aparentar en el expediente de licitación no es la realidad de lo que sucedió”. “Para poder extraer semejante suma de dinero se tuvo que construir una apariencia”. Afirmó que los expedientes señalaron que en varias ocasiones las obras “fueron solicitadas por el Poder Legislativo de Santa Cruz”. “En otras palabras, el pueblo de Santa Cruz pedía que Lázaro Báez remediara canteras”. Sin embargo, el fiscal reveló que “luego de mirar mucho los expedientes, se sorprendieron ingratamente de descubrir que esto no fue decisión del Poder Legislativo provincial”. “El trámite para contratar remediaciones de canteras se inició en la Administración General de Vialidad Provincial antes de que el Poder Legislativo formulara la solicitud”. “Existió una orden para beneficiar a Lázaro Báez, que era Néstor Kirchner y Cristina Kirchner”.

“¿Cómo fue que estas obras terminaron siendo financiadas con dinero del tesoro nacional?” “Había una orden, se crearon las condiciones para la extracción rápida de fondos nacionales, ya que próximamente se llevarían a cabo las elecciones presidenciales, y las empresas de Lázaro Báez eran el móvil que se iba a utilizar a ese fin”. “En definitiva, se aceptó una oferta, se contrató, y se pagó unas obras de remediación de canteras que eran irrealizables”. “No fueron más que una excusa para extraer fondos del Tesoro Nacional”. “Señores jueces, hubo un apartamiento sistemático de la ley, verán que todo fue muy burdo”. “Se otorgaron más de 1500 millones de pesos en ampliaciones de presupuestos para estas obras. Se destinaron fondos públicos a obras ilegales que sirvieron para perjudicar al Estado”. “Cada paso de esta maniobra estuvo perfectamente sincronizado”. “El perjuicio para el Estado fue acrecentándose cada vez más, sin límites”. “Estamos hablando de mucho dinero, señores jueces, mucho dinero”.

Al día siguiente (9/8/022) expresó (Fuente: Perfil, 9/8/022):

“Lo que se está exponiendo es gravísimo”. “Analizamos cada uno de los expedientes y nos sorprendimos con estos abusos de poder, que no son ni más ni menos que abusos de poder que se hicieron para beneficiar a Lázaro Báez”. “Todo es una apariencia, plagada de irregularidades, arbitrariedades y abuso de poder”. “Intempestivamente, sin dar mayores exposiciones, la perita de la defensa dejó de lado todos los costos del transporte”. “Evidenció un grado de desorientación tal, que, por ejemplo, no fue capaz de evacuar una consulta fundamental: si sabía que un sobre computo podía devenir en un sobreprecio. Nos dijo “desconozco”. “A todas estas graves falencias, responden a las grandes diferencias que se presentan en el dictamen que presentaron. Con todo esto, entiende que el dictamen de la defensa carece de la rigurosidad pretendida”. “Hemos visto que la UIF se ha limitado a valorar de manera aislada sólo tres elementos probatorios, omitiendo considerar cientos de pruebas”. “Los representantes de la UIF sólo pronunciaron únicamente en uno de los cinco puntos del peritaje y luego tomaron partes aisladas. En eso consideró el trabajo de la UIF en años de juicio”.

Apéndice

La causa por las rutas de Santa Cruz. ¿Quién dice la verdad y quién miente?

Es tal la profundidad de la grieta a raíz de la causa por las rutas de Santa Cruz, que en los últimos días Clarín y Página/12 publicaron artículos antagónicos, unos dictando sentencia contra la ex presidente y otros afirmando que este juicio es una farsa. ¿Quién dice la verdad y quién miente?

En su edición del 2 de agosto Clarín publicó un artículo de Lucía Salinas titulado “El juicio contra Cristina Kirchner: cómo fue el paso a paso del plan de corrupción multimillonario”.

Escribió Salinas:

“Como todo plan, está sujeto a un esquema, a pasos a dar para que se complete. En el caso de la causa de Vialidad que involucra a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y una decena de ex funcionarios K, la meta “ilegal y corrupta” era enriquecerse (…) Lo primero que dijo el fiscal Diego Luciani cuando inició los alegatos este lunes en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública, fue que se está ante una ingeniería donde la norma fue “la ilegalidad y la arbitrariedad”, y una estructura que “violó los principios de razonabilidad, que se manejó al margen de la ley” y que “degradó las instituciones” (…).

“Para el fiscal Luciani Lázaro Báez y Cristina Kirchner son socios. Los primeros eslabones del virtuoso circuito se habían fundado. El fiscal continuó y dijo que en el cumplimiento de este plan se dotó a la estructura “de recursos humanos, materiales y legales” (…) A nivel nacional, sostuvo el fiscal Luciani, cada funcionario vinculado a la obra pública “cumplió un rol específico” para generar de manera conjunta “y sistemática” una violación flagrante a la ley”. Como consecuencia directa de este accionar, sostuvo que con el plan prediseñado “anularon la competencia real para beneficiar siempre a la mismas persona que tenía vínculos comerciales con los ex presidentes” (…) En el alegato de la fiscalía se habló de un “sistema arrasado por los integrantes de la asociación ilícita” a través del cual “destruyeron la credibilidad institucional”, en cumplimiento de este plan”.

Los argumentos del fiscal parecen ser sólidos y contundentes. Así lo da a entender la autora del artículo y, obviamente, la empresa para la cual trabaja, Clarín. Lo que se lee aparece como irrefutable. Sin embargo, hay quienes consideran que se trata de una fantasía del fiscal. A continuación, paso a transcribir párrafos del artículo escrito por Raúl Kollmann en Página/12 el 31 de julio (“El insólito juicio contra Cristina Kirchner, a la que ni siquiera se nombró en las audiencias”).

Escribió Kollmann:

“Con el fin de la feria, este lunes a las 8.30 está convocada la primera de las nueve audiencias en que los fiscales formularán la acusación contra Cristina Kirchner y otros 13 imputados en la causa por las rutas de Santa Cruz. A la vicepresidenta no se la nombró nunca en los tres años que lleva el juicio, por lo cual habrá que ver cómo se la arreglan los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para achacarle los delitos de jefa de una asociación ilícita y fraude al estado. En los tres primeros años tampoco hubo una pericia o testigo que dijera cuál o cuánto fue el perjuicio para el estado y, por el contrario, está claro que en el único chequeo que se hizo de las obras, ordenado por el propio macrismo, se constató que las rutas estaban bien construidas y que no ganó nadie que no tuviera su certificado de obra. En la audiencia de este lunes los imputados estarán por zoom y la defensa de CFK confirmó que la exmandataria dará el presente”.

“El centro de la causa que llaman vialidad es que Lázaro Báez ganó las licitaciones de 51 de las 81 rutas que se construyeron en Santa Cruz (…) Por el juicio pasaron algunos de los empresarios de la Cámara de la Construcción, adversarios de Báez que declararon que las licitaciones fueron normales y que el santacruceño tenía ventaja porque contaba con el personal y la maquinaria allí en la misma provincia (…) De todas maneras, Luciani y Mola ya le hicieron saber a los diarios alienados con el macrismo que formalizarán la acusación. (…) En los tres años de audiencia no hubo un solo testigo que dijera que CFK dio alguna instrucción o firmó algo relacionado con las rutas de Santa Cruz. Es más, todas las obras fueron votadas por el Congreso Nacional en los presupuestos nacionales”.

Tanto el escrito de Salinas como el de Kollmann son lógicos, racionales, difíciles de rebatir. Pero evidentemente alguno de los dos miente de manera descarada. O miente Salinas, es decir el Grupo Clarín, o miente Kollmann, es decir página/12. Para la oposición Salinas dice la verdad, es decir, Cristina es la jefa de una asociación ilícita. Punto. Fin de la discusión. Para el oficialismo Kollmann dice la verdad, es decir, es toda una confabulación del establishment destinada a proscribir a Cristina. Punto. Fin de la discusión. El volcán entrará en erupción cuando la justicia dicte sentencia. Si es contraria a Cristina habrá festejos de la oposición y bronca en el oficialismo, especialmente en La Cámpora. Si, por el contrario, Cristina es absuelta habrá bronca en la oposición y festejos en el oficialismo. Especialmente en La Cámpora. La justicia, bien gracias.

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