Por Hernán Andrés Kruse.-

El 1 de enero el presidente de la nación sacudió el tablero político al anunciar su intención de ir a fondo contra la Corte Suprema. En efecto, Alberto no anduvo con vueltas: afirmó que había llegado el momento de pedir el juicio político a los 4 integrantes del máximo tribunal de garantías constitucionales.

Lo primero que hizo el presidente fue aclarar que tomó la decisión en la intimidad, sin consultar con nadie. Esa aclaración no hizo más que evidenciar su dependencia con la vicepresidente de la nación. En efecto, si el presidente tuviera el poder no hubiera tenido ninguna necesidad de reafirmar su independencia en el proceso de toma de decisiones. Al margen de ello cabe reconocer que tomó por sorpresa a más de uno. Al pueblo, en primer lugar. Seguramente también a muchos funcionarios del gobierno. Sólo quienes son sus incondicionales, como Vilma Ibarra, deben haber estado al tanto de lo que tenía en mente el presidente. ¿Y Cristina? Cuesta creer que el presidente no le haya adelantado semejante decisión. Porque la Corte es hoy por hoy el enemigo número 1 de la vicepresidente. Sus cuatro integrantes no sienten por ella ninguna simpatía y no hay que olvidar que las causas judiciales que la jaquean inexorablemente caerán en las manos de los supremos. ¿Y Sergio Massa? No creo que el poderoso ministro de economía se haya enterado por los medios de la decisión de Alberto. Que los miembros de la Comisión de Juicio Político del congreso que le responden apoyen con firmeza al presidente demuestra que el tigrense estaba al tanto del terremoto que se avecinaba.

No sucedió lo mismo, me parece, con la oposición. Da toda la sensación de que sus máximos referentes sí se enteraron por los diarios del pedido de juicio político a la Corte solicitado por Alberto. Su argumento central es archiconocido: “el FdT ha demostrado por enésima vez su desprecio por las instituciones de la república. El gobierno está dispuesto a todo para garantizar la impunidad de Cristina. La Patria, qué duda cabe, está en peligro”. Una mínima dosis de honestidad intelectual obliga a reconocer que dicho argumento lejos está de ser una impostura. En efecto, si hay algo que la historia ha demostrado es la tendencia del peronismo a pulverizar la división de poderes. Si hay algo que no tolera es la independencia del Poder Judicial, especialmente la independencia de la Corte. Lo primero que hizo Perón luego de asumir en junio de 1946 fue pedir el juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema. Al poco tiempo sus miembros fueron eyectados y reemplazados por jueces peronistas. En 1989 Carlos Menem impulsó la ampliación del número de miembros de la Corte. Su embestida fue exitosa. En poco tiempo ingresaron a la Corte cinco nuevos miembros, todos menemistas.

Ante semejante embestida del FdT, la oposición se abroqueló y contraatacó. Sus máximos referentes afirmaron que la decisión de Alberto era puro humo ya que el oficialismo carece de los votos necesarios en el congreso para imponer el juicio político. Su postura es acertada ya que, efectivamente, el FdT no está en condiciones de alcanzar los dos tercios de los miembros presentes que ordena la constitución para aprobar el juicio político. Pero luego anunciaron que estaban dispuestos a bloquear todos y cada uno de los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. El mensaje al FdT fue clarísimo: “si no retiran el pedido de juicio político impediremos el funcionamiento del congreso”.

Si dicha estrategia llegara a ponerse en práctica no se podrían tratar las 27 iniciativas presentadas por el gobierno para tratar en las sesiones extraordinarias. Para calibrar la gravedad de la situación nada mejor que leer el artículo de María Cafferata (“Congreso: Los proyectos que no se podrían tratar por el bloqueo opositor”) publicado en Página/12 el 15 de enero. Escribió la periodista:

“En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos se encuentra atravesado por dos sensaciones encontradas. Por un lado, la inyección de energía que representan los preparativos para el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Será el primero en 20 años y la relación de fuerzas en el recinto no aplaca el entusiasmo que genera la perspectiva de exponer a los supremos en la transmisión televisada del debate en la Comisión de juicio Político. A su vez, la reacción de Juntos por el Cambio al pedido de juicio político es lo que está oscureciendo el panorama para el resto de los proyectos que el Ejecutivo-y fundamentalmente el ministro de Economía, Sergio Massa-busca aprobar en las sesiones extraordinarias. La alianza opositora profundiza su bloqueo al funcionamiento del Congreso y pone en riesgo las posibilidades de sesionar durante el verano (…)”.

“Exceptuando algunas iniciativas judiciales -como la ampliación de la Corte o la reforma del Consejo de la Magistratura-, la conducción de la bancada oficialista tiene una genuina esperanza de poder darles tratamiento a algunos proyectos, fundamentalmente los que arrastran cierta urgencia social, como la moratoria previsional (…) En condiciones normales, muchos de estos proyectos pasarían sin grandes problemas el filtro de la oposición. La iniciativa que busca fomentar el desarrollo de la agroindustria, por ejemplo, cuenta con el respaldo de JxC. Pero el clima de guerra que se vive en Diputados ha ido bloqueando sistemáticamente su tratamiento (…)”.

“Combinar el embate institucional con el tratamiento de otras leyes es un desafío para el gobierno, difícil de lograr. Si Massa necesita aprobar leyes económicas es algo que debería reclamarle al presidente, no a la oposición”, dijo Alejandro Topo Rodríguez a Página/12. El tono descreído del presidente del IF abunda en la Cámara baja desde que Alberto Fernández anunció el juicio político a la Corte. No solo entre la oposición. La conducción del bloque oficialista, sin embargo, no pierde la esperanza y especula con el costo electoral que tendría, para la oposición, seguir paralizando el congreso”.

El FdT, qué duda cabe, persigue el reemplazo de la Corte actual por otra que le responda. Alberto Fernández no hace más que seguir los ejemplos de Perón y Menem. Ahora bien, todo el mundo sabe que el pedido de juicio político a la Corte naufragará inexorablemente en el congreso por una simple y contundente razón: al oficialismo no le dan los números. En consecuencia, la oposición, en lugar de tirar petardos por todos lados, debería limitarse a esperar que el pedido de Alberto sea tratado en Diputados para propinarle al gobierno un sonoro cachetazo político. En lugar de ello, no ha tenido mejor idea que amenazar al gobierno con bloquear las sesiones extraordinarias si no archiva el juicio político a la Corte. Con semejante actitud no ha hecho más que victimizar al presidente y, de paso, demostrarle al pueblo que no tiene ningún interés en tratar termas relevantes como la moratoria previsional. No ha hecho más que demostrarle al pueblo que su irresponsabilidad carece de límites, en suma.

Además de jueza, es investigadora del ISSP

La jueza María Eugenia Capuchetti no sólo tiene a su cargo la causa más relevante desde que la democracia fue recuperada en 1983. Es, además, docente e investigadora del Instituto Superior de Seguridad Pública dependiente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de un “Think Tank” del PRO, compuesto por ex funcionarios, funcionarios y fiscales porteños. En su edición del 15 de enero Página/12 publicó un artículo de Luciana Bertoia en el que hace referencia a este instituto (“Quiénes son los dirigentes del PRO contratados en el mismo instituto que la jueza Capuchetti”).

Escribió la periodista: “El ISSP es la institución que tiene a su cargo la formación de quienes se integran a la Policía de la Ciudad. Fue creado en 2008-meses después de que Mauricio Macri llegara a la jefatura de gobierno-. Según surge de información publicada en el Boletín Oficial porteño, Capuchetti compartiría los claustros con algunas figuras de primer nivel de la alianza Juntos por el Cambio. De acuerdo con lo que informó el ISSP, Capuchetti se desempeña como docente allí desde 2014. Tres años después pasó a ejercer como investigadora en un observatorio que funciona dentro del ISSP y que tiene como principal función asesorar en materia de seguridad a las autoridades porteñas. Si bien desde la administración de Rodríguez Larreta hacen hincapié en el carácter autárquico del ISSP, es el propio ministro de Justicia y Seguridad quien designa al director del organismo. Por esa razón, entre otras, no sorprendió que Marcelo D´Alessandro consiguiera una designación como docente titular de Seguridad Pública Ciudadana en medio del escándalo de los chats que lo obligó a tomarse una licencia que bautizaron como temporaria”.

“El exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo fue nombrado en 2021 como profesor asociado de esa misma materia por el actual director del ISSP, Gabriel Unrein (…) En 2021 la ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso fue designada profesora adjunta B para dictar un taller que llevaba por título “Construyendo una cultura de integridad” (…) Paula Oliveto Lago, diputada de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, también fue designada como profesora adjunta G de Derecho Penal y Procesal en la actuación de bomberos (…) El ISSP tuvo como docente el año pasado a un protagonista de una de las causas de espionaje, la de la Gestapo: Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de María Eugenia Vidal (…)”.

“En el ISSP, a Unrein, que es fiscal de Cámara de la Ciudad, lo secunda su superior en el Ministerio Público, Juan Bautista Mahiques (es uno de los que viajó a Lago Escondido junto con D´Alessandro), actual jefe de los fiscales porteños (…) Como secretario académico está Alan Martín Nessi, que es secretario de fiscalía de Cámara (…) Nessi fue protagonista del escrito de la querella de CFK: la vicepresidenta recordó que se vio envuelto en un escándalo en 2011, cuando concursó para un cargo de fiscal pero terminó entregando las respuestas de un tema que había sido desechado por el jurado (…)”.

“En 2012 se creó dentro del ISSP un observatorio en cuya presentación participó, entre otros, Vidal. En el observatorio es donde se desempeñaría Capuchetti. Esa función, sostiene el ministro de Justicia, Martín Soria, sería incompatible con la magistratura, ya que los jueces están únicamente facultados para ejercer la docencia con autorización de la Corte (…)”.

María Eugenia Capuchetti carece de una de las cualidades esenciales que debe reunir todo magistrado: la imparcialidad. Carece de esa cualidad porque está donde está-un juzgado federal-por obra y gracia del macrismo o, para ser más preciso, de Mauricio Macri. Capuchetti es fundamentalmente una militante macrista. Por eso es investigadora del ISSP. No tiene nada de malo que milite a favor del macrismo. Lo que está muy mal es que sea jueza federal y, lo que es mucho más grave, que tenga en sus manos nada más y nada menos que la causa por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Si tuviera un mínimo de dignidad, se hubiera excusado. No sólo no lo hizo sino que está dejando languidecer la causa, para beneplácito de los copitos y, fundamentalmente, de quienes financiaron y planificaron el intento de asesinato. Es por ello que es válido formular la siguiente pregunta: Capuchetti ¿es de verdad una jueza?

Anexo

¿Somos todos peronistas?

En un reciente programa del periodista Maximiliano Montenegro se analizó la cuestión del predominio del peronismo en las elecciones, relegando a lejanos puestos a las diversas expresiones de la oposición. ¿Somos, como se preguntó en exprograma citado, todos peronistas? ¿Es imposible la gobernabilidad si el peronismo no está en el poder? Si la respuesta es afirmativa, entonces en la Argentina hay un serio problema porque si sólo una fuerza es capaz de ejercer el poder no cabe hablar de democracia competitiva sino de un régimen político dominante o directamente hegemónico, como lo fue el PRI mexicano durante siete décadas.

Perón dijo una vez que la clave para entender la supervivencia del peronismo había sido la mediocridad de los gobiernos no peronistas o antiperonistas que habían ejercido el poder durante su exilio. Tales gobiernos fueron los de la Revolución Libertadora, de Arturo Frondizi, de Guido, de Illia, de Onganía, de Levingston y de Lanusse. A ellos habría que agregar los gobiernos no peronistas posteriores a la muerte de Perón; la dictadura militar de Videla y compañía, el gobierno de Alfonsín y el de De la rúa. ¿Cómo se explica que en las elecciones presidenciales del año pasado el peronismo haya obtenido el 54% con Cristina, el 8% con R. Saá y el 6% con Duhalde, lo que significa que el peronismo en su conjunto haya obtenido el 68% de los votos? ¿Cómo se explica semejante hegemonía? ¿Tenía razón Perón? Veamos.

El objetivo de la revolución Libertadora fue exterminar al peronismo como régimen político. Para ello no concibió mejor estrategia que proscribirlo. Ello le permitió a Arturo Frondizi, de la UCRI, acceder a la presidencia gracias al pacto secreto que celebró con Perón. Su legitimidad política de origen era, pues, precaria. Esa flaqueza le costó la presidencia. Sufrió presiones del propio Perón, del sindicalismo y de unas fuerzas armadas que jamás le tuvieron confianza. Durante sus cuatro años como presidente, Frondizi sufrió un gran número de cuestionamientos militares mientras el sindicalismo lo desafiaba. Acosado por las turbulencias sociales, implantó el Plan Conintes pero no sirvió de mucho. Finalmente, en marzo de 1962 se celebraron elecciones provinciales. Ganó la Unión Popular, nombre con el que el peronismo proscripto participó.

A los pocos días las fuerzas armadas lo derrocaron. Asumió Guido y con él volvió el más crudo antiperonismo. En 1963 se celebraron elecciones presidenciales. Ganó el radical del pueblo Arturo Illia con el 24% de los votos. Su legitimidad de origen que quizás más precaria que la de Frondizi. Su honestidad acrisolada y su genuina fe en la democracia no bastaron para evitar la debacle. Las fuerzas armadas lo veían con malos ojos mientras el sindicalismo lo enloqueció con un feroz plan de lucha. Finalmente, la prensa conservadora comenzó a ridiculizarlo. En junio de 1966 fue derrocado por un golpe cívico-militar. Las fuerzas armadas intentaron modernizar el país para destruir las “demagogia” y el “populismo”. El plan económico ortodoxo de Vasena fracasó por completo y en mayo de 1969 se produjo el “Cordobazo”. Al poco tiempo, el lobo Vandor fue asesinado. Al año siguiente los montoneros ultimaron a Aramburu. La Revolución Argentina comenzaba a tambalear. Perón cada día estaba más cerca de ser nuevamente presidente. Ante el horror que provocaba esa posibilidad en los sectores antiperonistas de las fuerzas armadas, Onganía fue reemplazado por Levingston, un militar antiperonista. No quería saber nada con el retorno a la democracia porque hubiera implicado entregarle el poder a Perón. Lanusse, el general más relevante de aquella época, comprendió que ello era inevitable pero si el peronismo tenía que detentar nuevamente el poder, por lo menos que no fuera Perón el presidente.

Luego del interinato de Cámpora, Perón fue elegido presidente por casi el 62% de los votos. Tres años más tarde, las fuerzas armadas retornaron al poder en nombre de la civilización occidental y cristiana. Los militares estuvieron en el poder hasta diciembre de 1983. Lo entregaron porque no tuvieron más remedio., Su debacle en Malvinas los obligó a negociar con la clase política la transición a la democracia. Atrás habían quedado siete años de terrorismo estatal y descalabro social y económico. Angustiados por la posibilidad de un triunfo de Alfonsín, quien había prometido el juzgamiento de los responsables supremos del genocidio, los militares procesistas rezaron para que el ganador en octubre de 1983 fuera Italo Luder. ¿Hubieran sido juzgados Videla y compañía si Luder hubiera ganado las elecciones presidenciales? Lo cierto fue que ganó Alfonsín, el primer político no peronista que derrotó al peronismo en elecciones libres y transparentes.

Lamentablemente, en la memoria colectiva está presente fundamentalmente el colapso económico del primer semestre de 1989 que se tradujo en hiperinflación y saqueos a los supermercados. Alfonsín decidió que lo más aconsejable era entregar anticipadamente el poder porque era consciente de que en esas condiciones no lograría terminar su mandato constitucional. Luego de soportar estoicamente diez años y medio de sultanato menemista, el pueblo volvió a confiar en el una fuerza política no peronista para ejercer el poder. El binomio De la Rúa-Alvarez ganó con comodidad en octubre de 1999. Todos sabemos como terminó el primer gobierno de coalición de la historia. El radical debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero mientras en las calles porteñas reinaban el caos y la violencia.

Mientras el peronismo no estuvo en el poder no existió aquello que luego se dio en denominar “gobernabilidad”. Los radicales Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa no lograron terminar sus respectivos mandatos. Frondizi e Illia fueron desalojados por la fuerza de los militares, mientras que Alfonsín y De la Rúa fueron echados por la fuerza de los mercados. Son muchas las generaciones de argentinos que asocian al radicalismo en el poder con el quiebre de la continuidad institucional, es decir, con los golpes. Justa o injustamente, el radicalismo quedó pegado a la ineficiencia en el ejercicio del poder, a la debilidad institucional, a la flaqueza política; a la ingobernabilidad, en suma.

Las caídas de Alfonsín y De la Rúa fueron letales para las fuerzas políticas no peronistas. Lo acontecido en 1989 y 1999 sirvió para afianzar el convencimiento de muchos argentinos de muchos argentinos de considerar al peronismo como el único garante de la gobernabilidad. “Si el peronismo no gobierna, el sistema se derrumba”, piensa la inmensa mayoría del pueblo. Que este razonamiento poco tiene que ver con la democracia desarrollada, muy pocos se atreverían a ponerlo en duda. Lamentablemente, así lo creen casi todos. Cabe reconocer que razones sobran para explicar este poco democrático convencimiento. Ahí están los sucesivos fracasos de Frondizi, Illia, Alfonsín y De la Rúa, que le sirvieron en bandeja el control político del país al peronismo. Estos fracasos no hicieron más que hacer del peronismo una fuerza política monolítica que tritura a sus adversarios en los procesos electorales. A pesar de sus defectos y, cabe reconocerlo, de sus horrores (la triple A, por ejemplo), fueron tan estruendosas las caídas de los presidentes radicales mencionados que la mayoría del pueblo acabó por reconocer la razón que tenía Perón cuando afirmaba cínicamente que el peronismo seguía vivito y coleando porque los otros habían sido un desastre. Y, aunque cueste reconocerlo, algo de razón tenía el líder de los descamisados.

(*) Publicado en Redacción Popular el 20/10/012.

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