Por Elena Valero Narváez.-

El Estado cada vez más intervencionista es uno de los culpables de que la educación no mejore ni a nivel primario ni secundario, tampoco en el superior. Milton y Rose Friedman, en su libro “Libertad de elegir”, apuntan a este problema. Ambos creían, con razón, que un modo de lograr mejoras y devolver aprendizaje a las aulas, en especial para los más atrasados, es dar a los padres un mayor control sobre la educación de sus hijos, similar al que tienen los que poseen los más elevados ingresos.

Propusieron que el Estado les diera a los padres un vale, un papel amortizable, con una suma fija de dinero que sirviera, exclusivamente, para el pago de la educación de sus hijos, en escuelas autorizadas, teniendo completa libertad para escoger el colegio que consideraran fuera el mejor para educarlos. Podrían elegir escuelas públicas como privadas.

Una empresa crece solamente si ofrece algo que el consumidor aprecia por su calidad o precio. Los consumidores son los padres y los productores los profesores y el director de la escuela. Estos últimos, también los sindicalistas que se han opuesto a este sistema, son padres consumidores, deseosos de un buen sistema escolar. Pero, como remarcan los autores, sus intereses como profesores, sindicalistas y administradores no son los mismos, creen, que con mayor centralización y burocratización pueden, aunque reduzcan los intereses de los padres, obtener beneficios personales, como por ejemplo, cobrar a tiempo o no ser despedidos, constituyendo una valla para el cambio.

El plan Friedman, no anula ninguna de las cargas impositivas destinadas al pago de la educación. Solo da a los padres una mayor posibilidad de escoger la escuela, el contenido y la forma en que sus hijos recibirán la enseñanza. Estimula, por otro lado, la mayor financiación directa de los padres por medio de suplementos a las suma de dinero proporcionadas por los vales. Pensemos que son muchos más los que reciben financiación del Estado que los que realmente necesitan de su ayuda. Se les debe autorizar a elegir en su propio distrito, ciudad o provincia y las escuelas públicas y privadas deberán competir para lograr alumnos incentivando a los padres, de esta manera, a que aporten, si lo desean, un poco más de dinero para una mejor elección.

Las dimensiones de las escuelas públicas estarían determinadas por la cantidad de alumnos que atrajeran, en vez de serlo por fronteras geográficas, políticamente trazadas, o por una asignación por alumno. Podrían financiarse escuelas privadas, no lucrativas, que al tener los fondos para aprovisionarse, ayudarían a abastecer este mercado.

Los vales irían a los padres no a las escuelas lo que garantizaría la competencia. Las dedicadas a la enseñanza secundaria se caracterizarían por un interés concreto, una acentuaría las artes, otra las ciencias, o los idiomas, por ejemplo, pudiendo los padres elegir según las aptitudes de sus hijos.

El sistema de vales permitiría elegir escuelas donde reinara el orden, no hubiera vandalismo y delincuencia, tan comunes en la actualidad.

Los padres que pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas están en condiciones de elegir, pagando dos veces: una, con los impuestos para mantener el régimen de las escuelas públicas y otra, por la cuota escolar. El modo sencillo y eficaz que propone Friedman, el sistema de vales, permitiría acceder a mejor educación a los que no pueden darse ese lujo. Para ello el gobierno abandonaría la carga de educar a sus hijos pero les daría este vale destinada al pago de la educación en una escuela autorizada. Tendrían, los padres, entera libertad para escoger la escuela en donde presentarlo siempre que cumpla con ciertas normas y las escuelas públicas podrían autofinanciarse cobrando la enseñanza totalmente, o al menos en parte, compitiendo con las demás escuelas tanto públicas como privadas por dar mejores opciones.

Este plan estimularía, gradualmente, una mayor financiación directa de los padres y aunque perdurara la financiación pública, sería para los que realmente necesitan y no, como en la actualidad, que se benefician muchos sin necesitarlo. Con los vales podrían enviar a sus hijos al colegio elegido y la extensión generalizada de los vales acabaría con la falta de equidad que supone usar los impuestos para la enseñanza de unos niños pero no de otros. Para que no hubiera fraude el vale debería ser gastado en una escuela o establecimiento educativo autorizado y solo podría ser canjeado por dinero por tales escuelas. Estas se irían especializando, como en muchos casos sucede con las privadas, y la integración de los distintos sectores sociales se daría de una manera mejor. Solo sobrevivirían las que satisficieran a sus clientes, tal como pasa con los bares o los restaurantes.

Los Friedman recuerdan, en su obra, a Adam Smith, quien aseguraba que cuando las lecciones merecen ser escuchadas, nunca se necesita recurrir a la coerción para que los alumnos acudan a ellas. Producir un ciudadano alfabetizado e informado, defensor de hábitos democráticos, con sensibilidad social, dignidad, y respeto hacia la humanidad, requiere esfuerzo, creatividad y libertad de enseñanza. ¡Cuántos alumnos mejorarían si la competencia hiciera optimizar los colegios y universidades despertando el entusiasmo en vez de la hostilidad o apatía de los alumnos!

Una escuela se fundiría si hubiera vandalismo, ausencia de disciplina y los niños no aprendieran. Nadie querría enviar a sus hijos allí. Y no es el Estado quien conoce mejor las aptitudes de los chicos, los padres tienen, por lo general, mejor información sobre cuáles son las disposiciones de sus hijos que convendría desarrollar.

Con respecto a la enseñanza superior, pensaban que el Estado debería cobrar a los estudiantes las cuotas correspondientes al coste total de la enseñanza y demás servicios que se les proporciona. Pero, reconocían que ello no parecía factible debido al apego de la gente al Estado Benefactor, por lo cual, propusieron también un sistema de vales similar a los de la escuela primaria y secundaria, destinado a mejorar las instituciones educativas. Le agregaron un régimen de financiación de créditos eventuales para la enseñanza, que permitiría eliminar las cargas impositivas que recaen sobre los pobres, destinados, injustamente, a pagar la enseñanza universitaria de quienes pueden permitírsela.

Como en cualquier empresa, en el caso de la enseñanza, también se podría comprar una parte de las ganancias futuras. El alumno se comprometería a pagar una parte específica de sus posteriores ganancias, una vez graduado.. De este modo el inversor podría recuperar, de los individuos de éxito relativo, lo que invirtió inicialmente, compensando, de esta manera, las pérdidas derivadas de quienes no tienen éxito.

En Argentina hay buenos especialistas, en educación, que muestran las cualidades de las propuestas de los Friedman y cómo se las podría encarar exitosamente. Incluso en varias partes del mundo se han implementado, creyendo que el papel creciente del Estado en la financiación y administración de la enseñanza ha llevado no solo a una enorme pérdida de dinero de los contribuyentes, sino también, a un sistema educativo mucho peor que el que puede desarrollarse dando un papel más importante a la cooperación voluntaria, condición necesaria tanto para la prosperidad como para la libertad.

Señalan los autores de Libertad para elegir, que no toda enseñanza es educación, ni toda educación es enseñanza. Muchas personas con educación universitaria son ignorantes y mucha gente con educación universitaria no ha recibido enseñanza.

Como bien lo expresan en el libro, aunque la perfección no es cosa de este mundo, en conjunto, si se le permite funcionar, la competencia de mercado protege al consumidor mucho mejor que los mecanismos estatales. Estos, desde hace mucho tiempo, lesionan la acción electiva obligando a la gente a adoptar, o hacer, lo que no quiere. El Estado debe darnos seguridad e información, si es que la posee, pero también dejarnos “libertad para elegir los riesgos que queremos correr con nuestras propias vidas.”

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