Por Hernán Andrés Kruse.-

Cuando Alberto Fernández asuma el 10 de diciembre se encontrará con un panorama económico desolador. El gobierno de Mauricio Macri no dejó ningún estropicio por cometer. En diciembre de 2015 el dólar no llegaba a los 10$. Hoy supera los 60$. Esa feroz devaluación atentó contra el nivel de vida de los trabajadores cuyo salario se depreció sin solución de continuidad durante el gobierno que, afortunadamente, está a punto de finalizar. El sistema industrial fue una de las víctimas predilectas de Cambiemos. El dogma neoliberal cegó de tal manera al presidente y al mejor equipo de los últimos 50 años que nunca a lo largo de estos últimos cuatro años tomó una medida que favoreciera a las pymes, por ejemplo. Su alocada e irresponsable política de endeudamiento externo lo obligó a pedir ayuda de manera desesperada al Fondo Monetario Internacional. A partir de mayo del año pasado la soberanía económica desapareció de un plumazo provocando la conversión de la Argentina en una vulgar colonia del tercer mundo. El de Macri fue un gobierno de ricos para ricos, una típica oligarquía que ya fue condenada por el genio de Aristóteles en su libro “Política”. La pobreza alcanza el 40% y la desocupación supera los dos dígitos. Los sistemas públicos de educación y salud están desechos. Cuando falta muy poco para el tan esperado cambio de gobierno el pueblo está padeciendo una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos. Para tener una idea cabal de su magnitud invito a la lectura de los siguientes artículos publicados por Alfredo Zaiat en Página/12.

Ocho puntos de la devastación económica de Macri (17/11/019)

Detallar ocho puntos de la economía macrista es un oportuno antídoto a los «Ocho puntos de la economía», el panfleto que forma parte del método de la mentira planificada de la Jefatura de Gabinete y que es la base para el próximo engaño. Aquí va el detalle con datos duros:

  1. La caída del PIB de este año será de 3,0 por ciento, que determinará que el PIB per cápita disminuya como mínimo el 10 por ciento en el período 2016-2019.
  2. El retroceso del salario real de los trabajadores registrados es de 18,5 por ciento desde noviembre de 2015.
  3. El promedio del poder adquisitivo de las jubilaciones será casi 20 puntos menos al de 2015.
  4. La inflación va camino del 50 al 60 por ciento anual. El último tributo a la causa oficialista del Indec de Macri fue el índice de octubre, al marcar 3,3 por ciento cuando el consenso del mercado era de 4,0 por ciento para arriba.
  5. La pobreza subirá al 40 por ciento.
  6. La deuda pública es impagable en las actuales condiciones, a lo que se suma que se reintrodujo al FMI en la economía argentina, además de convertirlo en el principal acreedor externo y auditor de la exigencia de ajuste.
  7. El valor patrimonial de las empresas está destruido, con quiebras y concursos generalizados.
  8. La industria está derrumbada.

Tener presentes estos ocho puntos pasará a ser crucial en el período presidencial que inaugurará la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner el próximo 10 de diciembre. Resultará importante porque está por dar comienzo la temporada alta de los economistas del establishment circulando por el espacio público. Son quienes durante cuatro años batallaron en todos los terrenos para la construcción de expectativas positivas, asegurando que con la política económica del macrismo, aunque señalando que tuvo fallas en la gestión, todo iba a ser mejor. Ahora, como si nada hubiera pasado en este cuatrienio, han iniciado la persistente tarea de comunicar a la sociedad que las perspectivas económicas son sombrías. No sólo adelantan penurias sino que se han vuelto más exigentes con el futuro gobierno. Quieren saber ya cómo será la negociación el FMI, cuál será la propuesta a los acreedores privados, qué estimación existe de necesidades financieras para los próximos años, cómo se diseñará el esquema fiscal y monetario, y quiénes serán los encargados de conducir un plan que igual adelantan tiene pocas chances de éxito. Entre sus demandas no aparecen quienes fueron responsables del desastre económico. Es como si estos cuatros años no hubiesen existido. De ese modo, una vez más, los economistas del establishment muestran que son incorregibles. Los anticuerpos para prevenirse de ellos es saber que postulan una política económica que nuevamente probó ser un fiasco en términos de estabilidad económica y bienestar social.

Industricidio

La desindustrialización es una marca registrada de los ciclos neoliberales, y éste no ha sido la excepción. En la comparación con el de la dictadura militar y el de la década del ’90, el período de gobierno de Mauricio Macri sobresale por la velocidad de la destrucción y el alcance a casi todos los sectores. Han sido cuatro años de deterioro constante de la actividad y del empleo. Recién al final del mandato empezó a registrarse una reacción del mundo empresario. Fue un hecho notable que industriales hayan apoyado a un Presidente que les mostró una indiferencia manifiesta hasta el punto del desprecio y de casi no mencionar la palabra «industria». Sólo algunas organizaciones que agrupan a pequeñas y medianas industrias fueron conscientes del daño que les estaba provocando la economía macrista. El reciente dato difundido por el Indec expone la profunda crisis de la industria . En septiembre, la utilización de la capacidad instalada del sector fue de 57,7 por ciento, uno de los niveles más bajos de la era macrista. Esto implica que el 42,3 por ciento de las maquinarias y equipamientos está parado, un costo muy elevado para el dueño de la planta y una pérdida inmensa para el entramado productivo y social. La producción industrial acumuló la decimoséptima caída consecutiva en septiembre, cuando bajó 5 por ciento en relación al mismo mes del año pasado. Macri se despide sin que ningún sector productivo exhiba señales de recuperación. El dato de la industria automotriz es impactante: el nivel de utilización de la capacidad instalada es de apenas el 37,4 por ciento, lo que explica las suspensiones masivas, el adelantamiento de vacaciones y la cancelación de turnos de trabajo. Sólo en momentos de crisis muy aguda el sector automotor registró una virtual paralización de la producción como ahora, lo que deja en evidencia el desastre productivo. El otro bloque industrial que atraviesa un derrumbe de proporciones es el de sustancias y productos químicos, con un nivel de utilización de la capacidad instalada de sólo el 47,7 por ciento. Un año antes era de 63,2 por ciento. La caída fue impresionante en un área industrial clave. La parálisis industrial es también un escenario para deducir que puede haber una rápida recuperación ante cualquier impulso a la demanda que realice el gobierno de Alberto Fernández.

Destrucción de empleo

La industria se convirtió entonces en una máquina de expulsar trabajadores desde el primer mes del gobierno de la alianza Cambiemos. La apertura comercial, los tarifazos, las rondas de fuertes devaluaciones, las tasas de interés altísimas y el derrumbe del mercado interno por el castigo a los ingresos reales de trabajadores y jubilados determinaron un sendero de permanente caída de la actividad fabril. A partir del default, que fue eludido por el megapréstamo del FMI por 57 mil millones de dólares a mediados del año pasado, se aceleró la velocidad del retroceso. La desindustrialización derivó en una destrucción permanente de puestos de trabajo. Sólo en un mes del total de lo que va del ciclo macrista (hasta agosto, mes del último reporte oficial) no hubo pérdida neta de empleo industrial. Es una marca dramática. La actividad manufacturera anotó la destrucción de 154.700 mil puestos de trabajo, desde noviembre de 2015 a agosto de 2019. Es equivalente a la pérdida de 12 de cada 100 empleos del sector en menos de cuatro años. En el cuatrienio anterior, en el segundo mandato de CFK, el cual tuvo una evolución macroeconómica más floja, no hubo casi pérdidas de empleo industrial. En el anexo estadístico de la Secretaría (antes Ministerio) de Trabajo los números son elocuentes: en noviembre de 2011 había 1.257.400 trabajadores de la industria; el mismo mes de 2015, 1.256.400. La diferencia es apenas 1000 puestos. La comparación con el desempeño en los años macrista es abrumadora. Vale recordar que la mayoría de esos empleos se ubican en un lugar privilegiado de la pirámide laboral, tanto por el nivel de remuneraciones como de su calidad.

Concursos & Quiebras

La economía macrista no sólo es reducción del nivel de actividad manufacturera, sino que también es aumento de concursos y quiebras. El relevamiento realizado por el Centro de Economía Política Argentina en Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde se localizan el 61 por ciento del total de empresas registradas, muestra que, en enero de 2016, había 567.483 firmas registradas, y que en agosto pasado se computaban 546.313. En ese lapso hubo una caída de 21.170 empresas. Considerando los datos al tercer trimestre de 2019, para esos distritos, la suma de los concursos y quiebras considerando personas humanas y jurídicas alcanzó los 103 casos, 15 por ciento más respecto a los 1042 casos para el mismo período de 2018. Un promedio de 7 empresas entraron en concurso o quebraron por día hábil. Los técnicos del CEPA lo proyectaron a todo el país, cifra que se eleva a 11 empresas diarias que quebraron o entraron en concurso. Explican que «el promedio de 7 empresas diarias que entró en crisis recientemente representa tanto un indicador de la gravedad de la crisis económica actual, como una alerta sobre el riesgo sistémico en el futuro cercano de continuarse tensionando la cadena de pagos y el deterioro sobre la situación financiera de las empresas».

Tres ciclos

Como se mencionó, la desindustrialización es una de las principales características de los tres ciclos neoliberales. Pero al interior de ese proceso hubo una evolución diferente de los protagonistas en cada uno de ellos. Precisar esa dinámica, teniendo en cuenta que hubo cambios en el escenario de la economía mundial, brinda intereses elementos de análisis para comprender cuáles son los desafíos actuales. En los años de la última dictadura militar hubo una expansión de los grupos económicos locales, que durante el primer gobierno de la recuperación de la democracia se convirtieron en un factor de poder y de condicionamiento a la política económica. Eran los Capitanes de la Industria: Pérez Companc, Macri, Gruneissen-Astra, Garovaglio y Zorraquín, Blaquier-Ledesma, Indupa, Roca-Techint, Alpargatas, Bulgheroni, Soldatti, Roggio. Era un conjunto de grandes grupos económicos de capital nacional que se expandieron pese a que fue un periodo de estancamiento general. En la década del noventa, esos conglomerados integraron la triple alianza para asaltar los activos del Estado en el proceso de privatizaciones. Se asociaron con bancos acreedores (la mayoría estadounidenses) y multinacionales de servicios (casi todas europeas) para quedarse con empresas estatales. Después de valorizar esa inversión se desprendieron de esos activos, obteniendo ganancias extraordinarias. En ese proceso de acumulación de capital líquido también vendieron sus propias empresas a firmas extranjeras. O sea, en la primera etapa de desindustrialización se consolidó un nuevo mapa de poder económico; y en la segunda, se desintegró por la liquidación de activos –nuevos, de privatizaciones, e históricos, de su núcleo de negocios-. Quedaron unos pocos conglomerados con una estructura de negocios diversificada. Durante el macrismo, luego de los primeros dos años con ganadores (empresas de servicios públicos, energéticas, construcción, finanzas y agro) y perdedores (el resto de las actividades), la destrucción patrimonial pasó a ser generalizada. La pérdida de valor de las grandes empresas es tremenda. El economista Ariel Sdbar, del Banco Industrial, publicó en su cuenta de Twitter un cuadro con la disminución del valor de capitalización de un grupo de empresas de servicios. Las cifras de la pérdida patrimonial de algunas de ellas son apabullantes:

* El valor de Edenor en su máximo de 2018 fue de 2974 millones de dólares; ahora es de poco menos de 200 millones de dólares. Esto significa que los accionistas (Marcelo Mindlin y el resto) de la eléctrica tuvieron un quebranto fabuloso.

* Metrogas descendió de 2649 a 90 millones de dólares.

* Camuzzi bajó de 1751 a 78 millones

* Pampa Energía (también de Mindlin) retrocedió a 5538 a 992 millones.

Quebrantos

La crisis macrista es tan profunda que alcanzó incluso a actividades que su política económica incialmente favoreció, como las de servicios públicos privatizados (beneficiadas con tarifazos) y las del sector primario exportador (megadevaluación y eliminación de retenciones). También involucró en la debacle a grandes empresas de alimentos, como Molinos, Ledesma, Mastellone, Arcor y la multinacional Mondelez. La firma de la familia Pagani contabilizó quebrantos el año pasado y éste. En toda su historia de casi 70 años, sólo había anotado pérdidas en el balance 2002. De enero a septiembre de este año tuvo un saldo negativo de 2610 millones de pesos; en el mismo período de 2018 el rojo fue de 6455 millones de pesos. Molinos, de la familia Pérez Companc, perdió 1381 millones de pesos en nueves meses de este año, cuando en igual lapso de 2018 el quebranto fue de 3261 millones. La azucarera Ledesma registró una pérdida de 1109 millones de pesos en enero-septiembre, mientras que en igual período del año pasado tuvo un resultado negativo de 1567. En los dos últimos años de la economía macrista la mayoría de las empresas fue arrojada al borde de la insolvencia. El ahogo financiero del sector privado es muy fuerte. La cadena de pagos está crujiendo, las ventas no logran recuperarse y los costos fijos están triturando el cuadro de resultados. Se va destruyendo sin pausa el tejido productivo y sociolaboral.

Ocuparse

En estos días de transición, mientras Macri sigue tomándose vacaciones, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, continúa con el método de la mentira planificada y muchos funcionarios en estampida están presentando currículum vitae en el sector privado, la gestión del día a día, si antes era de mediocre a mala, ahora es inexistente. Cuando irrumpen situaciones críticas en empresas no hay ninguna reacción. Por este motivo, cuando aparecen dudas acerca de qué puede suceder en el gobierno de Fernández, el panorama se despeja rápidamente. La administración de los problemas será el opuesto porque habrá un equipo de funcionarios que se ocupará de ellos. Podrá ser efectiva o no la intervención, pero habrá al menos interés en ocuparse de la cuestión. Ante un escenario de crisis se analizará lo que sucede en el sector (por ejemplo, regular las importaciones que desplazan producción local); luego se podrán estudiar los requerimientos de las empresas, que probablemente sea de debilidad del capital de trabajo, por lo que necesitará una línea de crédito a tasa subsidiada para fortalecerlo más que para inversión expansiva debido a la elevada capacidad instalada sin utilizar; al tiempo que se podrá proteger el empleo vía el programa Repro (parte del salario se hace cargo el Estado) para evitar despidos. Nada de esto encaró el gobierno de Macri para aliviar la crisis. Sólo hacerlo frenará la caída y empezará a generar las condiciones para la recuperación y la mejora del mercado interno a través del incremento de la demanda. Será el primer paso para empezar a transitar la imperiosa tarea de reconstrucción del entramado productivo, social y laboral luego de la devastación de la desindustrialización macrista.

Alberto Fernández tendrá que levantar el default de Macri (24/11/019)

Cualquier analista alejado de la influencia de financistas concluirá que lo que hizo el macrismo con la deuda fue un desastre. En apenas cuatro años provocó un desorden mayúsculo de las cuentas públicas. En realidad, lo hizo en los dos primeros años de gobierno y en los dos siguientes trató de administrarlo, sin éxito puesto que terminó en default . El megacrédito del FMI fue clave para poder extender el plazo hasta el fin del mandato. ¿Cómo se califica en el mercado la deuda que un país no puede pagar de acuerdo al contrato de emisión? En default. En esa condición la deja Macri. El detalle de las acciones que provocaron semejante descalabro en tan corto lapso es abrumador.

Buitres. Se concretó el pago de todo y más de lo previsto de las demandas de los fondos buitre. No sólo fue rifar años de defensa de la soberanía financiera en tribunales hostiles de Nueva York, sino que también fue el inicio del entierro de un costoso ciclo de desendeudamiento. Se tiró por la borda el extraordinario apoyo a la posición argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas (nueve principios impulsados por el país y consensuados con el Grupo de los 77 más China, para la reestructuración de las deudas soberanas). El secretario de Finanzas, Luis Caputo, realizó oscuras negociaciones para definir los términos de los acuerdos con cada buitre, a los cuales se les abonaron el capital e intereses de los títulos que reclamaban más «algunos costos y gastos legales» no precisados. Este último ítem merece una investigación oficial para determinarlos y transparentar qué se pagó. Alfonso Prat Gay fue el principal responsable de esa operación como ministro de Economía. La campaña de desprestigio y de extorsión de los buitres al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el aval del resto del sistema financiero internacional, quedó en evidencia con el pago de Macri. Cobraron y desapareció la campaña antiargentina.

Dólares para gastos en pesos. Se empezó a emitir en forma vertiginosa deuda en dólares para atender gastos corrientes en pesos . No había ninguna necesidad de hacerlo de ese modo. Peor decisión para la administración de pasivos públicos no existe en el manual de deuda soberana. En una economía como la argentina, con restricción externa por la limitada disponibilidad de divisas, los dólares obtenidos de emisión de deuda deben ser orientados, en caso de ejecutar una adecuada política económica, hacia inversiones que generen posteriormente más dólares para atender ese pasivo. Los dólares deben venir a cerrar la brecha externa; no la fiscal. El absurdo en términos teóricos y prácticos fue que los economistas del gobierno y sus voceros defendieran como buena práctica tomar deuda en dólares para cubrir el déficit fiscal. Fue un disparate con consecuencias terribles en materia de estabilidad financiera y económica.

Más deuda en dólares. Se aumentó más en términos relativos la deuda nominada en moneda extranjera. Como se sabe, la economía argentina padece de una escasez aguda de divisas. Por lo tanto, incrementar las necesidades de dólares para pagar deuda acentúa los riesgos de inestabilidad. El macrismo no dejó pilar por debilitar de la estructura de la deuda, al incrementar la dolarización del stock total. Era del 67 por ciento a fines de 2017 para subirla a casi el 80 por ciento en la actualidad. Esto significa que una devaluación impacta muy fuerte en las cuentas del Tesoro, al requerir un mayor esfuerzo fiscal (más pesos para conseguir dólares) para hacer frente a los vencimientos de intereses y capital.

Cesión de soberanía. Pese a la traumática experiencia con los buitres y los tribunales de Nueva York, el gobierno de Macri incrementó la emisión de deuda bajo legislación extranjera. Recibió un stock de deuda con el 78 por ciento emitido en legislación local, para reducirlo al 54 por ciento en este año. O sea, la deuda con legislación extranjera subió del 22 al 46 por ciento. La política de cesión de soberanía jurídica implica una mayor vulnerabilidad del país en el momento de la renegociación de la deuda.

Deuda provincial. Para acercar más dólares a la economía macrista, se alentó el endeudamiento en moneda extranjera de las provincias . Si era irresponsable la política de endeudamiento en dólares del gobierno nacional, la de las provincias adquiere una dimensión extrema puesto que no tienen fuentes propias para acumular dólares para repagar. En 2016 y 2017, quince provincias, lideradas por la de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal, fueron motivadas por el gobierno nacional y se lanzaron a una carrera vertiginosa de endeudamiento externo. Emitieron bonos por 12.200 millones de dólares en el mercado de capitales internacional. El descontrol cambiario del macrismo alteró los presupuestos de las provincias endeudadas en dólares. La carga de intereses a pagar más que se ha duplicado medida en pesos, con ingresos que no subieron en esa proporción debido al impacto negativo de la recesión en la recaudación y en la decisión deliberada del gobierno nacional de trasladar a las cuentas provinciales parte del ajuste acordado con el FMI.

100 años. La manía del endeudamiento macrista derivó en el disparate de preparar en secreto la emisión de un bono por 2750 millones de dólares, a una tasa altísima del 7,12 por ciento anual del cupón, pero cuyo costo real fue de 7,91 por ciento, a un plazo de 100 años. Al Tesoro no ingresaron esos 2750 millones de dólares, sino que fueron 2475 millones, porque los bonos fueron entregados con un descuento del 10 por ciento. Es decir que por cada lámina de 100 dólares, el comprador pagó 90. No hubo difusión entre inversores y la colocación de los papeles de deuda fue definida en una conferencia telefónica en la cual participaron unas pocas grandes firmas administradoras de fondos millonarios. La operación fue liderada por bancos amigos (HSBC, Citi, Santander y Nomura) del entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo. El bono a 100 años fue una muestra nítida de la desmesura de este nuevo ciclo neoliberal de valorización financiera.

Lebac y Leliq. Se armaron dos inmensas bombas de deuda en pesos de cortísimo plazo del Banco Central: Lebac y Leliq. Las primeras Letras fueron utilizadas por Federico Sturzenegger, el primer titular del BCRA de Macri, para facilitar una inmensa bicicleta financiera, en la cual participaron en forma muy activa grandes fondos especulativos internacionales. El stock de Lebac superó el billón de pesos, equivalente en su pico máximo a unos 64 mil millones de dólares. La corrida cambiaria de abril de 2018 empezó a licuar esos pasivos. La orden de largada para huir fue del JP Morgan: liquidó sus Lebac y compró inmediatamente con esos pesos 800 millones de dólares al Banco Central, a una paridad (20,50 pesos) regalada por Sturzenegger, antes de la fuerte devaluación. En la gestión de Guido Sandleris en el Banco Central, las Leliq reemplazaron a las Lebac , limitando la bicicleta a los bancos del sistema local. Estas emisiones de deuda tuvieron un costo inmenso en términos financieros por el pago de intereses: en Lebac se desembolsaron el equivalente a 26 mil millones de dólares, y en Leliq acumulan casi 700.000 millones de pesos, desde octubre del año pasado. Estos montos han sido una transferencia obscena de recursos públicos hacia el sistema financiero local e internacional.

Festival de Letras. El frenesí endeudador tuvo otro capítulo en la emisión de papeles de deuda de cortísimo plazo del Tesoro Nacional. A las letras del Banco Central (Lebac y Leliq) se les sumaron las Letes, Lecap y Lecer por un total equivalente a 32.500 millones de dólares. Con el mercado internacional clausurado, para cubrir vencimientos de deuda y para atender el desequilibrio del fisco, el Tesoro empezó a colocar Letras, en pesos y en dólares. Esa deuda inmensa que se fue acumulando, con vencimientos posteriores a las elecciones PASO y anteriores al 10 de diciembre de este año, no pudo ser cumplida de acuerdo a las condiciones de emisión. Fue «reperfilada», el eufemismo macrista para ocultar que defaulteó la deuda que había emitido.

FMI. El 4 de enero de 2018 fue la última emisión de bonos públicos en el mercado internacional por 9000 millones de dólares. Fue el aporte final de Wall Street a la causa macrista. Los principales fondos de inversión y bancos fueron inundados de papeles de deuda argentina. En marzo de ese año, el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo viajó a Nueva York junto a sus colaboradores más estrechos para reunirse con bancos y administradores de grandes fondos de inversión. Pasó la gorra y lo que consiguió fue que le cerraran la puerta de más financiamiento. La economía macrista se quedó así sin el pulmotor de la deuda. Para eludir el default inminente, Macri corrió desesperado a abrazarse al Fondo Monetario Internacional. El organismo, dominado por Estados Unidos, le entregó el préstamo más abultado de su historia a un solo país. Lo hizo por los intereses geopolíticos de la potencia mundial. El monto inicial del stand by fue de 50 mil millones de dólares, acuerdo rubricado el 20 de junio. El programa se derrumbó a los dos meses, para pactar un segundo, elevando el crédito a 57 mil millones de dólares. El gobierno de Macri regresó al FMI a la economía argentina, presencia que implica un inmenso condicionamiento, al limitar aún más los estrechos márgenes de autonomía de la política económica.

Default. Como se mencionó, la cesación de pagos de la economía macrista fue en marzo de 2018, cuando Wall Street cerró el grifo de dólares. No fue declarada oficialmente porque el rescate del FMI extendió la agonía a un costo fabuloso. Pero hasta ni eso alcanzó. El default de Macri es inédito porque se concretó con deuda emitida por el mismo gobierno. En el repaso de las cesaciones de pagos de Argentina no se encuentra un caso así. Las anteriores fueron de deudas heredadas de otras administraciones. Este default también es insólito porque involucró deuda emitida en pesos. O sea, el gobierno de Macri decidió no pagar deuda en la moneda que el país emite. Después de recibir una economía desendeudada, la entregará en default. O sea, Macri endeudó y defaulteó en menos de cuatro años. Es una marca notable para un ciclo político-económico tan breve.

Herencia

A los pocos meses del gobierno de Macri, el economista Jorge Gaggero ofreció la lúcida observación acerca de que estaba comenzando el tercer ciclo largo del endeudamiento argentino. El primero fue de 124 años, arrancando con el crédito de la Baring Brothers en 1823 y terminando en 1947 con la cancelación final de toda la deuda. El segundo ciclo comenzó con la dictadura cívico-militar en 1976 y estalló en el 2001. El tercero lo inauguró y lo clausura Macri, con una intensidad y velocidad récord. Gaggero ilustra que en la historia argentina, con pocas excepciones, los endeudadores han sido los gobiernos autoritarios, de facto, reaccionarios, y los pagadores los gobiernos democráticos populares. Esto último es lo que le toca a la próxima administración liderada por Alberto Fernández. La clave es cómo lo hará para dar sustentabilidad y legitimidad política a su gobierno. La deuda macrista actúa como un gran limitante, como lo fue la pesada deuda de la dictadura en el primer gobierno de la recuperación de la democracia. Raúl Alfonsín no logró disminuir la carga de la deuda al no prosperar el club de deudores reunido en el Consenso de Cartagena (junio de 1984; once países que concentraban el 80 por ciento de la deuda regional). Quedó así muy condicionado a lo largo de su gobierno, con el único respiro de los meses del Plan Austral, para terminar en una hiperinflación.

Quita

Desde las veredas de la heterodoxia y de la ortodoxia coinciden en que el actual stock de deuda, con gran parte de los vencimientos concentrada en el corto plazo de los próximos cuatro años, debe ser reestructurado. A partir de ese punto de acuerdo aparece la disidencia acerca de cómo hacer esa renegociación, con quita o sin quita de capital, suspensión de pagos de intereses o extensión del plazo de pago. La reestructuración de la deuda tiene que ser pensada en función a cuántos recursos libera para impulsar un consistente ciclo de crecimiento; no debe evaluarse en función de los intereses del mundo de las finanzas. Debería ser entonces una negociación intensa, con quita de capital, extensión de los plazos y tasas de interés bajas; más aún porque la deuda con el FMI es abultada y sólo se podrá refinanciar, y porque la economía mundial no muestra signos de vitalidad para recibir un viento de cola del exterior.

Tiempo

En esta instancia, como enseñan negociaciones pasadas, si el objetivo es abordar con firmeza la cuestión de la deuda no será efectivo el voluntarismo político ni los guiños amigables hacia el mercado. Hay un escenario que los financistas y sus voceros quieren maquillar, pero que no debería ser ocultado: el ciclo financiero neoliberal de la economía macrista ha sido fulminante. La economía fue arrojada hacia la insolvencia por las políticas de desregulación financiera y, por lo tanto, existe corresponsabilidad del FMI y del mundo de las finanzas por la crisis económica, social y laboral que padece la mayoría de la población. Será muy complicado consolidar una legitimidad política para impulsar el crecimiento económico si no se liberan recursos del presupuesto con la postergación del pago de intereses y capital de la deuda. Y el gobierno que comenzará el próximo 10 de diciembre no tiene mucho tiempo para cerrar la instancia de negociación con los acreedores privados. El apuro es para evitar un default descontrolado, que inicialmente implicaría costos adicionales a los ya pesados que dejará el macrismo. La urgencia es también para ampliar los márgenes fiscales para alentar la demanda interna que impulse el crecimiento económico. Desde el día que Alberto Fernández ingrese como presidente a la Casa Rosada hasta el inicio del segundo trimestre del año próximo es el plazo que brinda márgenes para liderar con más fuerza esta crucial negociación. Hasta entonces se librará la madre de todas las batallas para dejar atrás la noche macrista y empezar a alumbrar un horizonte de mejora de la economía.

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