Por Hernán Andrés Kruse.-

La economía se está convirtiendo en la peor pesadilla para el presidente de la nación. Sus promesas de un repunte en el segundo semestre se esfumaron rápidamente a raíz del tarifazo del gas que provocó un impacto profundo en la población. La megadevaluación, los tarifazos, la escalada inflacionaria y el creciente desempleo configuran un escenario complicado para el segundo semestre que, evidentemente, no fue previsto por el equipo económico de Cambiemos. La lluvia de dólares y la invasión de inversiones foráneas siguen brillando por su ausencia, lo que provoca ansiedad y preocupación en un gobierno que ha depositado su futuro en la ayuda externa.

Que el invierno de 2016 sea uno de los peores inviernos de los últimos sesenta y cinco años constituye un problema para un estado que está obligado a abastecer de gas a toda la población, que se vale de ese combustible para garantizar a los ciudadanos hogares calefaccionados, con agua caliente y cocina adecuada. Presionado por una crisis energética que en buena medida fue creada por el propio gobierno, el presidente de la nación ordenó un absurdo e injustificable tarifazo del 1200% provocando un tsunami político que prontamente fue neutralizado, al menos momentáneamente, al rebajarlo al 400/500%. Sin embargo, desde la cúspide del poder se insiste con la demonización de los subsidios y la manipulación psicológica de la población, amenazándola con un supuesto fin del suministro de gas en caso de que los precios y las pautas de consumo no se ajusten como corresponde. Si se analiza con detenimiento la composición del sector gasífero, su oferta y su consumo, se advierte nítidamente que el tarifazo lejos está de constituir la única solución para el problema del gas.

El presidente de la nación ha dicho en varias oportunidades que el crudo invierno es una variable muy importante a tener en cuenta para entender la crisis energética y el posterior mazazo al bolsillo de los argentinos. En su edición del 23/7/016 Página 12 publicó un artículo de Raúl Dellatorre titulado “Echale la culpa al invierno”, en el que describe con quirúrgica precisión el cuadro de situación estructural del problema energético. El gas representa más de la mitad (60%) de la matriz energética del país. El 34% es consumido por las centrales térmicas; el 29%, por el complejo industrial; el 27%, por los barrios residenciales; el 6% se transforma en GNC; y el 4% restante es consumido por el comercio. Sólo las áreas residenciales y el comercio son termodependientes, lo que significa que el consumo de gas en estos ámbitos varía en función de la temperatura ambiente. Si se toma en consideración exclusivamente el consumo residencial de gas (el 27% del consumo anual de gas), se observa que el 56% tiene como destino la calefacción de los hogares, el 33% se utiliza para hacer funcionar los calefones y el 11% restante se emplea para poner en funcionamiento las cocinas. Este tipo de consumo-el residencial y el comercial-sube durante el invierno y en uno tan intenso como el actual dicho consumo puede llegar a representar el 70% de la demanda. Cuando la población está expuesta a estas situaciones extremas, lo que debe hacer el gobernante es buscar soluciones alternativas al tarifazo. Ahora bien, ¿existen tales soluciones alternativas? Claro que sí. Lo que sucede es que el gobernante, si finalmente se decide por ellas, debe estar dispuesto a tocar intereses poderosos, algo que, salta a la vista, no está dispuesto a hacer Mauricio Macri.

Para los expertos en la materia se da una estrecha relación entre el tipo de construcción de las casas y sus necesidades de calefacción. El ingeniero en energía Salvador Gil sostiene que las casas actuales se caracterizan por sus paredes externas vidriadas, sus aberturas sin persianas y sus paredes más angostas, lo que incrementa exponencialmente la demanda de energía para calefaccionarse. Ello es fruto de una obsesión de los constructores por garantizar una maximización de las ganancias que termina por aniquilar el empleo más eficiente de los recursos por la población. Dice el experto: “Si se utilizara un sistema de etiquetado de las viviendas que salen a la venta, por el nivel de aislación térmica como ocurre en Europa, le permitiría al comprador comparar y evaluar la conveniencia, porque hoy quien compra una vivienda sin protección está adquiriendo una hipoteca energética que va a pagar en el tiempo a un costo que ahora es incalculable”. También se mostró favorable al otorgamiento de “premios impositivos” para aquellas familias que mejoren su vivienda para incrementar el nivel de aislación. Pero como siempre sucede en estos casos, si el gobernante de turno se decidiera por aplicar esta política se vería obligado a afectar de manera directa los intereses de los grupos constructores, cuyo poder de lobby no es para nada desdeñable.

Según el mencionado especialista se da una correlación casi lineal entre las bajas temperaturas y el incremento del consumo de gas residencial: por cada tres grados centígrados que disminuye la temperatura, aumenta dos metros cúbicos el consumo promedio de gas en los hogares. Esta correlación se da en los centros urbanos de todo el país. También se ha observado la existencia de una alta distribución del consumo de energía por hogares. En efecto, el 25% de los hogares que más consume energía absorbe el 46% de la demanda de gas residencial, mientras que el 25% que menos consume demanda apenas el 13%. Teniendo en consideración ambos factores el especialista recomienda que se fije una tarifa más económica para un consumo de alrededor de 500 metros cúbicos anuales (consumo básico). De esos 500 metros cúbicos para arriba, se puede incrementar la tarifa en especial al 25% que más consume. Quien más consume, más paga. El especialista propone modificar el sistema de categorización de los usuarios residenciales de gas para así evitar que se vuelvan a cometer las inequidades producidas por un tarifazo de carácter masivo. Y dicho cambio, remarca, no es algo tan complejo de realizar.

La energía no constituye el único dolor de cabeza para el gobierno nacional. Durante el primer semestre de 2016 se ha producido un fuerte deterioro de las cuentas fiscales. Los números hablan por sí solos. Según lo informó el ministerio de Hacienda y Finanzas, el déficit alcanza la suma de 121.203 millones de pesos, lo que implica un aumento del 27,5% en relación con los 95.066 millones de pesos acumulados durante el primer semestre del año anterior, incremento que se dio pese a que los ingresos primarios crecieron en 149.410 millones de pesos en relación con el año anterior. A su vez, durante el mismo período el gasto primario avanzó en 175.547 millones de pesos. Por su parte, el resultado financiero arrojó un déficit de 133.221 millones de pesos, lo que implica un aumento del 24,3% en relación con los 107.137 millones de pesos correspondientes al primer semestre del año anterior. Teniendo en consideración a) el pago de intereses de la deuda pública, b) los ingresos por rentas financieras originadas en las utilidades distribuidas por el Central, y c) las utilidades producidas por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, emerge un saldo negativo del orden de los 57.587 millones de pesos, lo que implica casi el triple de los 19.982 millones de pesos correspondientes al año pasado. En junio se registró un aumento de los ingresos primarios del orden de los 13.450,1 millones de pesos, a raíz de los mayores ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, por el Impuesto al Valor Agregado y por el Impuesto a las Ganancias. El aumento del gasto público (tan denostado durante el kirchnerismo) se explica en un 90% por las Prestaciones de la Seguridad Social. Ello produjo un déficit primario sin rentas financieras de 45.099,7 millones de pesos, cifra que implica un 101% en relación con los 22.375,5 millones de pesos correspondientes al año anterior. Medido a precios constantes del primer semestre del año anterior, el déficit primario sin rentas de la primera mitad de este año se redujo en un 8,1% en términos interanuales. Como colofón, cabe destacar que, en materia fiscal, el primer semestre apunta a cerrar con un déficit del 4,8% del Producto Bruto Interno por encima de 2015 (Fuente: Página 12, 23/7/016). Estos números ponen en evidencia una crueldad inútil de las políticas de ajuste ya que imponen a las grandes mayorías populares severos castigos, sin que ese martirio ayude a avizorar un futuro inmediato y mediato más alentador.

Frente a este complicado panorama el gobierno nacional decidió tomar el toro por las astas mediante la promulgación de la ley ómnibus que habilita el pago de sentencias y retroactivos a la clase pasiva, la actualización de los haberes provisionales y el polémico blanqueo de capitales. Con esta andanada de medidas el presidente de la nación y su equipo económico esperan revertir los malos índices económicos del primer semestre. Lo que pretende el gobierno nacional, en relación con el blanqueo de capitales que se pondría en marcha a partir de agosto, es poner en marcha el “sinceramiento” de la economía. De ahí que tanto la AFIP, como el Banco Central y la Unidad de Información Financiera se abocarán a la tarea de publicar las resoluciones correspondientes que hagan factible la instrumentación de los diferentes caminos tendientes a regularizar los activos no declarados. Los funcionarios del ministerio de Hacienda y Finanzas se entusiasman con la posibilidad de que queden regularizados entre 40 mil y 60 mil millones de dólares, los que serían empleados para el financiamiento del aumento de las prestaciones de los jubilados de mayores ingresos y el pago de los acuerdos que alcance la Anses con quienes están litigando por la mala liquidación de sus haberes. Pero el blanqueo y la reparación histórica de los jubilados no agotan la legislación promulgada por el gobierno nacional. También comprende: a) el lanzamiento de una reforma integral del sistema previsional; b) la creación de un régimen de regularización de deudas tributarias; y c) la eliminación de gravámenes a los activos de las personas de mayor patrimonio y de las empresas que los poseen pero no los aplican a la actividad productiva. La norma también deja abierta la posibilidad para una reprivatización encubierta de participaciones accionarias que hoy están en manos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (fuente: Página 12, 23/7/016).

Todo argentino de bien desea el éxito del gobierno nacional, especialmente en el área de la economía. Porque si le va mal a Macri, quienes más van a sufrir las consecuencias son los trabajadores, los sectores de menores recursos, los más débiles de la estratificación social. Lamentablemente todo parece indicar que, al menos durante este año, las mejoras no se harán presentes. ¿Recién a partir de 2017, entonces, los argentinos comenzaremos a respirar un mejor clima económico? No hay que olvidar que el año que viene habrá elecciones de medio término donde Macri se jugará su futuro político y el de Cambiemos. Si no logra revertir en 2017 la mala situación económica imperante durante 2016, el gobierno perderá las elecciones con lo cual podrían surgir severos problemas de ingobernabilidad. Y ese escenario no le conviene a nadie, ni a Cambiemos ni al peronismo; ni mucho menos al pueblo, el único actor relevante de toda democracia que se precie de tal.

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