La política de las piaras

Por Hernán Andrés Kruse.-

Una vez más uno se ve obligado a recurrir a José Ingenieros, uno de los más relevantes pensadores que tuvo Argentina entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En pleno apogeo del orden conservador (presidencia de Roque Sáenz Peña) Ingenieros publicó su inmortal obra “El hombre mediocre”. Uno de sus capítulos lleva por título “La política de las piaras”. Se trata de una fiel descripción de la corrupción y decadencia política que imperaban en aquel momento de esplendor económico de la Argentina. Lamentablemente, en pleno siglo XXI seguimos viviendo bajo el imperio de la política de las piaras.

El acto en Tecnópolis

Este viernes tuvo lugar en el predio de Tecnópolis la conmemoración del centésimo aniversario de la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). Las figuras centrales fueron el presidente y la vicepresidenta, duramente enfrentados desde hace tiempo. El acto tuvo, como no podía ser de otro modo, alto voltaje político. La frase de Cristina que tuvo mayor repercusión mediática fue “Yo ya dije que vos tenés la lapicera, ahora te pido que la uses”. Que yo recuerde, nunca antes quien ocupa el cargo de vicepresidente humilló en público y de manera tan descarada al presidente. Lo conminó, lisa y llanamente, a que deje de ser un cobarde.

Otras frases salientes de su discurso fueron los siguientes (fuente: Perfil, 4/6/022): “Incluso en los cementerios hay tensiones y conflictos”. “Tenemos que entender que las decisiones que las decisiones que favorecen a las grandes mayorías siempre encuentran muchos escollos, pero créanme que lo que se siente es un orgullo de haber devuelto a los argentinos YPF”. “De esto se trata la política, no de slogans y marketing”. “El que quiere gobernar a la Argentina sin tensiones ni conflictos le recomiendo que se postule a la presidencia de Suiza”.

Luego habló el devaluado presidente: “Tengo muchas expectativas, las mejores expectativas. No soy ingenuo, no soy voluntarista, pero creo que la Argentina tiene una enorme oportunidad hacia el futuro que debemos construir en conjunto. Para que la YPF que hoy tenemos siga siendo la YPF que hoy tenemos, lo que más necesitamos es que no se adueñen del poder de la Argentina los que la manejan como una estancia propia”. “Lo que más debemos hacer es aunar esfuerzos, volvernos fuertes, hacernos fuertes. Trabajar en unidad los que tenemos y sentimos un deber moral con los más postergados. Primero los últimos, nadie se salva solo”. “Gobernaron YPF (aludiendo al ex presidente Macri) con la lógica que gobernaron al país. El endeudamiento es para que unos pícaros hagan negocios, no quedó ninguna obra, ningún puente. Si estás endeudado, perdés libertad”. “Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad”.

Con este acto el gobierno intentó brindar una imagen de unidad. Conscientes de que sólo unidos tendrán alguna chance-hoy muy remota-de conservar el poder en 2023, Alberto y Cristina demostraron, una vez más, que el espanto es capaz de provocar milagros. Pero lo que aconteció ayer en Tecnópolis no debe engañarnos. Fue tan sólo una puesta en escena con la mira puesta en las elecciones presidenciales.

La antiliberal afirmación de Rosenkrantz

El juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, afirmó en Chile que “no puede haber derecho detrás de cada necesidad”. Y agregó: “Hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populistas y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendía ningún sentido la discusión política y moral”. El gobierno reaccionó a través de su vocera, Gabriela Cerruti, quien afirmó que Rosenkrantz expresaba “el corazón de la doctrina liberal”.

Cerruti es una mujer inteligente. No puede, entonces, decir semejante barbaridad. Porque la afirmación de Rosenkrantz significa, lisa y llanamente, lo contrario al liberalismo. Una vez más hay que recalcar que el liberalismo no se reduce a una doctrina económica. El liberalismo es más, mucho más, que el capitalismo. Es una filosofía de vida que engloba varios aspectos, además del económico: el político, el filosófico y el jurídico. Pues bien, lo que hizo Rosenkrantz fue negar la columna vertebral del liberalismo jurídico: la defensa de los derechos y garantías individuales. El liberalismo jurídico surgió para proteger a los hombres de las arbitrariedades del estado, para proteger los derechos y libertades individuales, para cubrir cada necesidad del ser humano, especialmente del más vulnerable. Es inconcebible que un jurista de la calidad de Rosenkrantz se haya pronunciado de esa manera.

Quizá el documento que mejor refleja el espíritu del liberalismo jurídico sea la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Pues bien, su contenido acaba de recibir una sonora bofetada de un jurista que ocupa un sitial de privilegio en la estructura judicial de la Argentina. He aquí parte de su articulado:

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 4

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal (…).

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión (…).

Artículo 23

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social (…).

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (…).

Artículo 26

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos (…).

La obsesión de Macri

En una reciente entrevista con el periodista de La Nación+ José Del Río, el ex presidente Macri abordó el tema de Aerolíneas Argentinas (fuente: Perfil, 30/5/022). Su mensaje fue claro y contundente: “¿Qué es un avión? Es como un colectivo con alas. Los colectivos no son del Estado, ¡verdad? Hay transportistas, que cobran una tarifa y el Estado los regula. ¡Por qué los aviones tienen que ser del Estado? Y menos para que un señor, que se llama Biró, que es un sindicalista, se reparta 7000 millones de dólares al año”. “Yo no imagino un dólar más destinado a una compañía aérea estatal, cuando hay otros-de los que se reían-que llevaron millones de personas a los mismos lugares, por menores tarifas. Ahora tenés que los señores “low cost” piden que no les digan a cuánto tienen que vender el pasaje, y Aerolíneas que dice “No, usted no puede vender a menos de esto el pasaje, porque me complica a mí”. ¿Y por qué lo complica? Porque están llenos de privilegios”.

No hay duda alguna que si Macri retorna al poder el año que viene autorizará una nueva privatización de Aerolíneas Argentinas, lo que implicaría un retorno a la época menemista donde todo se vendió, hasta las joyas de la abuela. De ahí la importancia de recordar lo que significó para el pueblo argentino el proceso privatizador encarado por el entonces presidente Carlos Menem y sus ideólogos Domingo Cavallo (primero Canciller y luego ministro de Economía) y Roberto Dromi (ministro de Obras y Servicios Públicos).

Escribe María Seoane en su libro “El saqueo de la Argentina”:

“El caso de la privatización de la línea aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas, muestra una vez más cómo el menemismo en su afán privatizador despreció las leyes e inventó atajos francamente dudosos para llevar adelante la venta del patrimonio nacional de cualquier manera, sin perder de vista, claro, a quién deseaba beneficiar. En “La carpa de Alí Baba”, en 1991, los diputados peronistas disidentes informan sobre el “escollo” que debió vencer Dromi para entregar Aerolíneas Argentinas. Dicen allí que la ley 10.930 “obligaba al Estado a mantener una aerolínea que fuera el instrumento idóneo de la política aeronáutica”. Es decir que obligaba a mantener una línea de bandera en la que el Estado tuviera participación mayoritaria y poder para dictar una “política aeronáutica”. De haberse respetado, el negocio hubiera sido menor porque sólo se hubiera podido vender el 49 por ciento de la empresa, ya que el 51 por ciento hubiera quedado en manos del Estado. El eminente administrativista Dromi ideó el modo de superar esta dificultad: una sociedad anónima en la que el Estado tuviera sólo el 5 por ciento de las acciones pero conservara el “derecho a veto”. De ese modo, se podía vender el resto de la empresa, lo que sin duda aumentaba el monto del negocio. Pero sucede que la Ley de Reforma del Estado impulsada por el mismo Dromi decía que para privatizar había que utilizar algún tipo de sociedad que existiera en la legislación argentina. Y en la legislación no existía ninguna figura similar a la de una sociedad anónima con participación minoritaria del Estado y derecho a veto”.

Con la ayuda inestimable de la “mayoría automática” de la Corte Suprema, el ministro Domi logró superar esta “desprolijidad”. A partir de entonces el menemismo no encontró ningún otro “obstáculo” para privatizar Aerolíneas Argentinas. Por decreto 1591/1989 “se dispuso la venta del 85 por ciento de la empresa; un 10 por ciento permanecería en manos de los trabajadores, en el llamado Programa de Propiedad Participada, y el Estado se quedaría con…el 5 por ciento. No fueron incluidos ni los free shops ni el servicio de rampa, que posteriormente les serían entregados a Interbaires e Intercargo. El proceso de licitación, hasta la transferencia, demoró más de un año. En ese año, la estrategia del menemismo fue la de “pliego abierto”, es decir que los candidatos, que no eran muchos, se acercaban a los responsables de la operación para formular sugerencias. A pesar de esta flexibilidad gubernamental, que reflejaba la urgencia política por concretar la venta de Aerolíneas, cuando en marzo de 1990 se firmó el decreto 575, que establecía el Pliego de Bases y condiciones para la privatización de Aerolíneas, hubo pocos interesados (…) Por diversas razones (…) el único consorcio que persistió en su intención de comprar la línea aérea fue el liderado por Pescarmona e Iberia. Ante la posibilidad de una licitación desierta, Menem se comunicó con el presidente español Felipe González para solicitarle que Iberia no se retirara. A pesar de las ostensibles falencias de la propuesta del grupo liderado por Iberia y Pescarmona (reconocidas incluso por el propio Dromi), se decidió otorgarle la licitación en julio de 1990 (…)”.

“Una vez que comenzó la operatoria privada de AA, continuaron los incumplimientos convalidados por el Estado, sobre todo las “obligaciones” en materia de pago e inversiones, y las sucesivas negociaciones entre la empresa y el gobierno, encaradas ya por Cavallo, que llevaron a la realización de varios acuerdos complementarios al contrato de transferencia: el gobierno no había obtenido los recursos previstos, ni se había reducido el monto de la deuda externa por la capitalización, el plan de inversiones no estaba suficientemente garantizado y el consorcio adjudicatario planteaba nuevas exigencias al Estado. La estrategia del consorcio que se apoderó de Aerolíneas fue en un primer momento la amenaza de abandonarla. Después, reclamó supuestas deudas del Estado para utilizarlas como instrumento de presión en la negociación. Ante los incumplimientos del consorcio y el abultado endeudamiento de la firma, a lo que se sumaba el fuerte deterioro de sus valores patrimoniales, se empezaron a barajar distintas vías de solución, como incorporar nuevos socios, hacer caer la adjudicación o que los dueños de Aerolíneas se desprendieran de Austral. Sin embargo, terminó prevaleciendo la opción defendida por Cavallo: que el Estado recibiera acciones de Aerolíneas por el valor de la deuda que el consorcio controlante tenía por la compra de la empresa (…)”.

“En 1996, se conformó una nueva estructura societaria de la empresa y una nueva firma, Interinvest, que sería la que pasaría a controlar Aerolíneas. Mientras que el Estado y los trabajadores volvían a tener el 15 por ciento, Interinvest (integrada por la Sociedad Española de Participaciones Industriales-SEPI-y los bancos Merrill Lynch y Bankers Trust, a través de la firma Andes Holding) se quedaba con el 65%, e Iberia con el 20% restante (…) Posteriormente, en 1998 la estadounidense American Airlines entra a la propiedad de Aerolíneas con la finalidad de capitalizar a la empresa vía la incorporación de nuevos socios, objetivo que no cumplió y que motivó su salida de Aerolíneas en 2000. A partir de ese momento, comienza el proceso que culmina con la convocatoria de acreedores de Aerolíneas Argentinas y su adquisición por el grupo español Marsans. El gobierno español, que había cambiado de signo, manifestaba un creciente desinterés por una empresa que arrastraba una deuda de 847 millones de dólares, tenía un patrimonio neto negativo de 90 millones y un déficit mensual de entre 25 y 30 millones (…) En junio de 2001 se pide la convocatoria de acreedores de Aerolíneas. En Septiembre, la SEPI transfiere a Air Comet, una firma integrante del grupo español Marsans, el control accionario sobre Aerolíneas y Austral (…) En octubre, los nuevos dueños de Aerolíneas presentaron una propuesta de reestructuración de la firma denominada “Oportunidad Nueva Competitividad Empresarial”, asentada sobre rebajas salariales, recorte de viáticos, retiros “voluntarios” y jubilaciones anticipadas (…) A cambio, la empresa se comprometía a asegurar el mantenimiento de todas las fuentes de trabajo y a no concretar ningún despido por tres años (…)”.

“Así como Menem y Felipe González acordaron políticamente la enajenación de Aerolíneas Argentinas en 1990, en la evolución posterior hubo un acuerdo político entre los presidentes que los sucedieron. La caída de Aerolíneas Argentinas, diez años después, fue producto de una decisión política compartida por el español José María Aznar y su par argentino, Fernando de la Rúa. Esta compleja articulación entre economía y política explica cómo se urdió una de las tramas más oscuras de la vida pública argentina y de las relaciones con la península. El estrepitoso fracaso de una de las privatizaciones emblemáticas del menemismo fue consecuencia de decisiones políticas y no de “errores de diseño”.