Por Luis Orea Campos.-

En un tiempo más, las autoridades -especialmente las judiciales- sentirán los efectos de la tormenta que se está gestando bajo la superficie a raíz de recientes decisiones vinculadas al retorno de menores a países extranjeros resuelto por los tribunales que son pasibles de graves cuestionamientos desde el punto de vista de los derechos humanos.

En brevísimo plazo Belén Francesconi va a ser separada de su hijo Alex por resolución de la jueza Susana Nicolaris luego de que el chico se quemara vivo para evitar la separación y por orden de la magistrada la madre pasará un vía crucis en un hospital público encerrada en una suerte de pecera, que tiene un vidrio que da a la oficina de las enfermeras y en el otro un vidrio que da a las tres camas de la guardia, sin lugar para bañarlo, con custodia policial y una terapeuta que la seguía a sol y sombra.

Belén no va a poder acompañarlo a Estado Unidos porque el padre la denunció penalmente por secuestro y tiene pedido de captura.

Este cuadro se repite con otras características con otros chicos arrancados de sus madres por imperio de decisiones judiciales por cierto legales pero francamente reñidas con el más elemental sentido humanitario, lo que está presagiando una natural y justa reacción de las progenitoras afectadas.

Se da en estos casos de “restitución internacional” una situación que tiene cierto paralelismo con el juez que desoyendo los informes técnicos concedió la libertad a un violador sólo para que un tiempo después volviera a las andadas. Lo que alega en su defensa de que su resolución está “ajustada a derecho” podrá calmar su conciencia pero la sociedad lo vapuleará por el resto de su vida, porque la muerte de una persona no puede justificarse con argumentos leguleyos.

Nadie puede decir que las sentencias de los tribunales inferiores o de la Corte se apartaron de la ley y de los tratados, pero sí que son severamente cuestionables porque expresan una insensibilidad respecto del sufrimiento de estas madres que manifiestan una actitud ponciopilatesca inadmisible en funcionarios que tienen vida y hacienda de los argentinos en sus manos y que por cuidar su puestito no vacilan en destruir familias enteras fallando “en cumplimiento de compromisos internacionales” aunque paradojalmente estén violando el principio del “interés superior del niño” en nombre de la ley. ¿Qué interés puede ser superior para un niño que permanecer junto a su madre?

Ocurre que sobre el particular la Corte Suprema ha sentado un criterio jurisprudencial extrañísimo según el cual que un menor haya vivido cinco o seis años en la Argentina no significa que haya echado raíces aquí y que el retorno al país de origen no le provoca ninguna perturbación emocional extraordinaria que justifique su permanencia con la madre. Como es obvio los jueces inferiores siguen a pie juntillas esta directiva tan injusta y repugnante al sentido común y no vacilan en convertirse consciente o inconscientemente la mayoría de las veces en instrumentos de la venganza de maridos despechados que buscan castigar a la mujer que se atrevió a dejarlos y hacer de ejecutores oficiales de una especie de violencia vicaria que usa a los hijos para torturar a la madre.

Mención aparte merece la indiferencia de las autoridades diplomáticas que dejan a madres argentinas abandonadas a su suerte en países extranjeros con la excusa -sí, excusa- de que “no tienen competencia” para intervenir.

Hasta ahora las madres perjudicadas han tolerado en silencio los atropellos judiciales y administrativos, pero se están agrupando para terminar con la actitud temerosa y acomodaticia de algunos magistrados y funcionarios que como siempre parecen estar esperando que alguna madre se suicide para recién revisar las pobres razones que alegan para justificar sus inicuas decisiones.

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