Por Hernán Andrés Kruse.-

En la década del setenta el slogan era “Perón o muerte”. Hoy el slogan es “tarifazo o muerte”. El gobierno nacional ha decidido apretar el acelerador a fondo para garantizar la aprobación de la Corte Suprema del tarifazo. En efecto, el presidente de la nación ordenó a su equipo de gobierno y otros operadores políticos ejercer una fuerte presión sobre los cuatro integrantes de la Corte Suprema para “convencerlos” de la necesidad de que aprueben este jueves el tarifazo de manera retroactiva. Hace un tiempo algunos de los supremos le hicieron saber al presidente que estaban dispuestos a avalar el tarifazo siempre que antes se hubiera convocado a audiencias públicas, lo que en la práctica significa que Macri estaría autorizado a aplicar el tarifazo pero únicamente a posteriori de las audiencias. Ello significa que los nuevos precios entrarían en vigencia recién en ese momento y no de forma retroactiva, que es lo que pretende, casi de manera obsesiva, el Poder Ejecutivo. Lejos de pretender justificar su apoyo del tarifazo con argumentos jurídicos, el gobierno nacional tiene decidido valerse de la fuerza y la prepotencia para doblegar la voluntad de los cortesanos. Es tal la magnitud de su desesperación por imponer el tarifazo de una vez por todas que el presidente tiene decidido valerse de viejas denuncias en contra de los magistrados para obligarlos a votar a favor.

El jueves 4 de agosto la Cámara Federal de La Plata confirmó la suspensión del tarifazo hasta que no se pronuncie de manera definitiva la Corte Suprema. Sus integrantes le hicieron saber al gobierno que la solución debía ser necesariamente política, elegante forma de decirle a Macri que la Corte no está dispuesta a apoyar el tarifazo de cualquier manera. El jueves 11 Macri y varios de sus funcionarios se reunieron para evaluar la situación y acordaron realizar una audiencia informativa ad hoc para salvar el tarifazo. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, reconoció que el gobierno no estaba dispuesto a respetar los plazos que establece el reglamento de audiencias, con lo cual confirmó la intención del gobierno de utilizar esa audiencia para convalidar el tarifazo con carácter retroactivo. A raíz de la lluvia de críticas que recibió el gobierno por propiciar ese simulacro de audiencia pública, el presidente decidió descartar la convocatoria a una audiencia pública y apostar todo a la presión sobre los supremos. La intención del Poder Ejecutivo consiste en sumar la mayor cantidad posible de adhesiones para mostrarle a los supremos el alto nivel de consenso que tiene el tarifazo. También forman parte de la estrategia oficial el “pedido” a los gobernadores para que manifiesten públicamente su apoyo al tarifazo y la invitación a los ex Secretarios de Energía para negociar un Acuerdo Federal Energético. Pero la “jugada maestra” del gobierno es la presión sobre los miembros de la Corte. Lo que tendrían en mente el Poder Ejecutivo y varios de sus funcionarios sería insinuarles lo que podría suceder con el futuro de sus carreras judiciales si no llegaran a aprobar el tarifazo.

En este sentido, Elena Highton de Nolasco se presenta como una suerte de caso testigo. A la jueza le habrían transmitido que sólo apoyando el tarifazo quedaría garantizada su continuidad en la Corte. El viernes 12 Clarín publicó lo siguiente: “Highton de Nolasco no transmitió demasiado (sobre cuál sería su voto), pero en la cima de la Casa Rosada revelaban que la jueza les hizo saber que tiene intenciones de quedarse cinco años más en el puesto, lo que alimentó las especulaciones de que podría votar a favor”. En buen romance, la suprema estaría dispuesta a votar a favor con tal de quedarse todo ese tiempo más en la Corte. No es un hecho casual que desde hace uno tiempo la Casa Rosada se viene esmerando en recordarle a la suprema que hace tres meses fue denunciada penalmente por haber nombrado a su hija Elena Cristina Nolasco Highton en una secretaría judicial de la Corte. El abogado Patricio Kingstone presentó la denuncia que “casualmente” recayó en el Juzgado a cargo del impresentable juez Claudio Bonadío. La hija de la jueza fue secretaria letrada de la vocalía de Lorenzetti durante una década hasta que en diciembre pasado asumió al frente de la flamante “Secretaría Judicial de Relaciones de Consumo de la Corte Suprema”. La Corte consideró que durante esa década Elena Cristina no tuvo dependencia funcional directa de la madre, lo que en la práctica significaba que no estaba comprendida en la prohibición de nombramiento de parientes. Ahora, en cambio, la situación de la hija de la suprema sería diferente. En la denuncia se expresa que mientras trabajó con Lorenzetti no hubo incompatibilidad pero que ahora, “por ser secretaria judicial de la Corte, depende funcionalmente en forma directa del pleno del tribunal”, del que su madre forma parte. Más adelante, el abogado denunciante expresa que “el nombramiento de Elena Nolasco Highton” (…) “constituye un acto de corrupción bajo la forma conocida como “nepotismo”, y debe ser investigado y sancionado”.

Ni el propio Lorenzetti se salva de las presiones del poder. El gobierno tendría decidido, en caso de que el supremo se niegue a aprobar el tarifazo, a no poner obstáculo alguno para que la diputada Carrió lo persiga judicialmente. En enero la chaqueña lo denunció por supuesto enriquecimiento ilícito y omisiones en su declaración jurada. Pese a que el juez federal Sebastián Ramos desestimó la existencia de semejante delito en el mes de marzo, Carrió aseguró en mayo que comenzó con la redacción del pedido de juicio político “por mal desempeño y/o comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones” y que lo presentará en la Cámara Baja. Incluso el propio presidente le habría manifestado al juez supremo la imperiosa necesidad de que valide el tarifazo sin necesidad de que haya audiencias. Con respecto a Horacio Rosatti, recientemente designado juez supremo, el gobierno no oculta sus dudas pero no sería atinado que lo presionara y cuestionara cuando fue el propio presidente quien propuso su candidatura. Finalmente, el gobierno confía ciegamente en el otro magistrado a punto de incorporarse, el abogado de Clarín Carlos Rosenkrantz, cuyo voto afirmativo estaría asegurado (fuente: Fernando Krakowiak: “Todo vale para que se avale el tarifazo”, Página 12, 14/8/016).

Según la última encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión pública (CEOP) que dirige Roberto Bacman, el 70 por ciento de los consultados -7 de cada 10 argentinos- dijo que la economía está mal o muy mal y que los tarifazos son imposibles de pagar. Además, una importante mayoría aseguró que el ministro Aranguren debe renunciar. Lo más impactante de la encuesta es la existencia de un 60 por ciento de los encuestados que manifestó estar a favor de las protestas por los tarifazos. En relación con el presidente de la nación, el estudio muestra que la imagen presidencial y del gobierno nacional perdió entre 15 y 20 puntos desde que asumió. Sin embargo, aún conserva niveles respetables de adhesión (46 por ciento) porque importantes franjas de la población confían en la recuperación del país. Pese a ello, hoy los opositores superan a los oficialistas (47 a 33 por ciento).

Sobre la marcha de la economía dice Bacman: “No existe duda alguna que la economía está sumergida en una crisis”. “Existen diferentes datos de la realidad que la explican: inflación por encima de las expectativas del propio gobierno y por debajo de los aumentos salariales, incremento de la pobreza según mediciones privadas, caída de la actividad económica, descenso de las exportaciones incluso a pesar de los beneficios impositivos para los sectores agropecuarios, son algunos de los aspectos que en la actualidad más preocupan. Lo cierto es que al tope de las preocupaciones de los argentinos está la marcha de la economía y la inflación, pero cerquita nomás aparece la desocupación, con un porcentaje altísimo, el treinta por ciento”. “El desafío de la economía es sustancial para el futuro de la gestión de Mauricio Macri. Y lo es a tal punto que, cuando los argentinos tienen que evaluar la situación económica actual de nuestro país, el 72 por ciento afirma que es abiertamente negativa. ¿Por qué tanta diferencia con la aprobación de gestión? La respuesta es simple y sencilla: la realidad frente a la economía es más fuerte que el deseo y ante tal situación la esperanza, al menos, se pone en tela de juicio. Y esta explicación surge de los propios resultados de esta encuesta: la economía es negativa para el 66 por ciento del segmento de los independientes. Lo actuado por el gobierno solo recibe la aprobación del Núcleo Duro Macrista-los que respaldan en forma casi incondicional al presidente-y como puede verse con claridad, a esta altura del partido eso solo no alcanza”.

Sobre el ajuste, expresa Bacman: “no sorprende que ocho de cada diez argentinos hayan señalado que han tenido que recortar gastos de su presupuesto familiar, incluso con un incremento de 4,4 puntos con respecto al mes anterior. Es decir que son cada vez más los que tienen que recortar. En cuanto a los recortes propiamente dichos la estructura observada fue similar al mes anterior: 37,7 por ciento tuvieron que resignar alimentos y bebidas (menos consumos de carnes y lácteos, más de harinas y polentas, pases a segundas y terceras marcas); el 27,2 por ciento recorta en servicios; 14,8 en ocio y entretenimiento; 9,7 en vestimenta y calzado y hasta un 2,6 por ciento en salud y medicamentos”. “El primer dato expresa una realidad: quienes más tuvieron que recortar son los de clase baja y los residentes del conurbano bonaerense. Sin lugar a dudas afecta a los sectores más desprotegidos de la sociedad donde la falta de trabajo y el constante aumento de la inflación los está castigando. Asimismo, el ajuste en alimentos y bebidas inquieta más a los pragmáticos independientes, a los que no son ni oficialistas ni opositores. Este dato deja al descubierto que los sectores de la típica clase media también han tenido que adaptarse a estos nuevos tiempos, cambiando hábitos de compra y consumo. El ajuste en los servicios afecta más a los de nivel bajo. Es indudable que no pueden pagar los aumentos que reciben y los que hasta el momento lo han hecho, es por el temor a que les corten el servicio. No existen dudas: estamos en el ojo de la tormenta de una verdadera crisis”.

Por último, con respecto al tarifazo manifestó Bacman: “para el 73 por ciento los aumentos son excesivos y tan solo un 20,4 por ciento entiende que son razonables. Para expresarlo con contundencia y en palabras sencillas: una cosa son los aumentos necesarios y razonables, y otra muy distinta es este aumento realmente feroz. Pero al mismo tiempo otro dato de esta misma encuesta ejemplifica crudamente la sensación actitudinal que hoy impera: para siete de cada diez argentinos “las boletas son imposibles de pagar” y con el agregado de una percepción que para la mayoría “este es un gobierno que no posee sensibilidad social”. ¿Qué espera, entonces, la gente? Que la justicia actúe y retrotraiga los valores de las tarifas a febrero de este año. Para mayor precisión, así lo expresa un 56,9 por ciento”. “¿Juan José Aranguren un chivo expiatorio? Algunos podrán decir que sí. Lo cierto es que la actuación del Ministro de Energía y especialmente sus declaraciones públicas lo han convertido en la “cara visible” de los aumentos. Dicho de otro modo: es la figura del gobierno que representa simbólicamente el tarifazo y por ende el ajuste. Y los argentinos así lo entienden: para casi la mitad de los entrevistados, Juan José Aranguren debería renunciar” (fuente: Raúl Kollmann: “Las cosas de mal en peor”, Página 12, 14/8/016).

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