La vulnerabilidad del sistema informático judicial

Por Hernán Andrés Kruse.-

Existe un lugar dentro del Poder Judicial donde están los servidores informáticos de todos los tribunales nacionales y una base que contiene los expedientes judiciales de todo el país. Se lo conoce como “data center”. Fue inaugurado en 2010 y la Corte Suprema lo presentó como “un área de máxima seguridad, que albergará la más alta tecnología de almacenamiento y procesamientos de datos”. El 11 de abril de 2016 se produjo un hecho de una gravedad institucional inusitada. Uno de sus más altos responsables ingresó al lugar acompañado por un coequiper ingeniero y decidió anular el sorteo informático que le asignaba la causa Nisman al juez federal Sebastián Casanello. Según consta en una investigación interna el “personaje” en cuestión le dijo a su jefe a manera de justificación que obedeció el “pedido” de la secretaria de la Cámara Federal. Como siempre sucede en estos casos, existe un argumento que sirve de justificación. En esta oportunidad, se dijo que uno de los monitores del tribunal mostraba un cartel de falla y el sistema, en consecuencia, se colgó, lo que dificultaba la acción de asignar el caso al mencionado juez federal. Este hecho desencadenó una serie de denuncias penales y administrativas que fueron minimizadas por un buen número de funcionarios judiciales. Con el arribo del nuevo año parece ser que, al menos, se arribó a un diagnóstico por demás estremecedor: el sistema informático judicial se caracteriza por su extrema vulnerabilidad. En efecto, cualquiera con cierto acceso está en condiciones de cambiar una declaración o enterarse de una orden de allanamiento. Y si se poseen conocimientos un poco más sofisticados, entonces no es una quimera la posibilidad de elegir el juez deseado en cualquier fuero para que trate un determinado expediente.

El Consejo de la Magistratura elige a los jueces y sanciona y administra fondos. El jueves pasado el plenario decidió la reapertura de un sumario contra el director general de tecnología, Gabriel Mehlman, quien anuló el sorteo que le otorgaba el caso Nisman a Cassanello para luego ejecutar otro que le terminó otorgando el caso al juez federal Julián Ercolini, un magistrado cercano al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y considerado funcional por el presidente de la nación. Por si ello no hubiera resultado sufriente, el oficialismo presionó hasta lograr la renuncia del administrador general del Poder Judicial, Juan Carlos Cubría, hijo de la polémica e histórica jueza María Servini de Cubría y, oh casualidad, superior directo de Mehlman en el organismo. Cubría le habría objetado a Mehlman el haber entrado en la base de datos y borrado el registro sin una previa autorización escrita. Pero ese tipo de “menudencias” poco le interesan al presidente de la nación. El oficialismo y sus aliados presionaron para forzar la salida de Cubría pero para resguardar las formalidades republicanas, le ofrecieron otro cargo. El vacío dejado por Cubría fue ocupado por el macrista Agustín Cinto, quien antes se desempeñaba en el gobierno de la CABA. Fue así como el macrismo se desprendió de una persona molesta, de alguien que, además de haber sido nombrado por el gobierno anterior, no avalaba iniciativas caras para el gobierno nacional (la centralización del sistema electoral informático y el traspaso de los tribunales nacionales a la ciudad de Buenos Aires). Desde hace siete años el Poder Judicial emplea el sistema Lex100 que centraliza la información en el data center. Hasta hace poco, sólo un grupo reducido de personas podía acceder al lugar mediante una clave genérica. Estaban registradas 26 claves de ese tipo pero no había registro alguno de la identidad de sus dueños. Esas claves permiten el acceso al “cofre”, una sala en la que operan los sorteos para las asignaciones de las causas y los peritos. El sorteo es ordenado desde una computadora en otro edificio pero el sistema que lo lleva a la práctica está en la calle Lavalle. Respecto a los sorteos y para garantizar el acceso al “cofre” son necesarios “códigos fuentes”. Luego se debe disponer de ciertos “mapas” informáticos específicos que brindan la ayuda necesaria para acceder a la información apetecida. A los sorteos se los estipula de determinada manera que permite a los juzgados con demasiadas causas dejar de recibir las nuevas. Expertos explicaron a Página/12 el mecanismo. Quien logre incidir en la programación puede seleccionar qué jueces descartar. Todos suponen que quienes manejan el meollo de los sorteos son escasos, pero que existen, existen.

La causa Nisman estuvo un año en la justicia ordinaria (juzgado de Palmaghini y fiscalía de Fein). Hubo un hecho que torció el rumbo de los acontecimientos: la reaparición del “zar” de los espías vernáculos, Stiuso. En su declaración sugirió que a Nisman lo asesinaron, en sintonía con la hipótesis de la viuda del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Semejante testimonio “convenció” a la jueza Palmaghini de aceptar el traslado de la causa al fuero federal, más proclive a las negociaciones políticas. La causa fue muy rápido a sorteo en la Cámara Federal. Al activarse el botón (había en ese momento periodistas y secretarios de Palmaghini y de la Cámara) salió asignado el juzgado de Cassanello (7). Inmediatamente después un monitor puso al descubierto una falla pero el otro monitor seguía registrando el resultado. El problema era que dicha máquina no permitía la continuación del trámite. A pesar de ello, la elección de Casanello fue notificada al Centro de Información Judicial que mantuvo publicada la novedad durante cuatro minutos. Susana Echeverría es secretaria de la Cámara. Ella fue quien llamó a Mehlman para ordenarle, de parte del presidente de ese tribunal, Martín Irurzún, la anulación del sorteo y la realización de uno nuevo. Acompañado por el ingeniero Marcelo Domínguez, Mehlman tardó un par de horas en rastrear la operación de la causa Nisman, mezclada entre cientos de sorteos de todos los fueros. Fue en ese momento cuando se conoció el nombre del reemplazante de Cassanello: Julián Ercolini. Ante el cariz que iban tomando los acontecimientos, el juez Irurzún decidió hacer una denuncia penal para evitar que otro lo denunciara a él. La denuncia cayó en el juzgado de Claudio Bonadío pero todavía permanece encajonada.

Apoyados por expertos, los miembros del Consejo advirtieron que la elección de un juez no presentaba mayores problemas desde el punto de vista informático, pero la anulación de una acción no estaba prevista, lo que complicó el panorama. También se enteraron de que la encriptación de la declaración de Stiuso a solicitud de Palmaghini, era bastante parecida al proceso utilizado para anular el sorteo. Ocho técnicos se necesitan para efectuar la encriptación. Para garantizar su protección fue utilizado un sistema de doble llave (para acceder hay que colocar simultáneamente dos pen drive distintos). Un juego de llaves quedó en manos de Palmaghini mientras que el segundo se lo quedó Mehlman. Un tercero quedó en manos de David Conte, subdirector de seguridad informática, quien lo dejó en su caja de seguridad de su despacho. Al regresar de vacaciones a comienzos de enero observó que le resultaba imposible abrir su caja de seguridad con la llave de siempre. Sucedió que le habían modificado la cerradura. Cuando logró abrirla se encontró con que las llaves y la clave cifrada para acceder a la denuncia de Stiuso habían desaparecido. En su declaración, Conte afirmó que había una sola persona con acceso al despacho: Sebastián Gómez Junco, jefe del departamento desde 2016.

La jueza Servini de Cubría también investiga el sistema de sorteos como consecuencia de una denuncia hecha por un grupo de martilleros, a quienes les llamaba la atención de que siempre eran elegidos los mismos martilleros para las subastas y procedimientos de envergadura. Quien se sumó a este escándalo fue la diputada Carrió luego de escuchar a la magistrada reconocer en público la debilidad de los sorteos. La jueza ordenó dos allanamientos en la dirección de Informática del Consejo y un peritaje encomendado a la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana y el Departamento de Seguridad Informática de la AFIP. En el informe se lee lo siguiente: a) “Lo más grave a nivel de seguridad lógica es que el usuario denominado root (super usuario del sistema operativo con facultades para crear, borrar, modificar permisos, archivos, usuarios y auditorías) tenía una clave de acceso conocida por la mayoría del personal, lo que permitía que habitualmente ingresen con dicho usuario y efectúen cualquier operación sin control alguno no pudiendo registrarse ni identificarse quien lo hizo y hasta pudiendo borrar todo el equipo. También con un usuario root es posible sublimar un usuario pudiendo acceder a obtener, alterar y eliminar archivos y documentación sensible”. b) “El usuario encargado de cargar y sortear las causas utiliza el sistema informático analizado. Dicho sistema posee una lógica de asignación predecible lo que permite inferir considerablemente en el resultado del sorteo, por lo cual no se asegura la aleatoriedad del sorteo. Por ejemplo: si el encargado de cargar las causas en el sistema tuviera algún interés en dirigir la asignación de una causa a determinado juzgado podría cargarlas en un orden determinado dejando la que le interesa asignar hasta el momento que pueda inferir el resultado consiguiendo su cometido. Esto se debe a la acumulación de causas recibidas en los juzgados sorteados parámetro que tiene en cuenta el sistema para realizar el sorteo y esto es deducible para el usuario. Se debería utilizar una función totalmente aleatoria para el sorteo, por ejemplo la función RAND”. c) “La base de datos está alojada “en los servidores de la sala cofre”, lo que los vuelve accesibles desde allí mismo o de manera remota. Esa base “es producto de Oracle Corporation y es un tipo RDBMS que quiere decir que sus datos están organizados de forma tal en un conjunto de tablas y otros objetos relacionados entre sí”. Se usa con una licencia que se renueva anualmente pero “se determinó que la misma estaba sin soporte ya que la licencia de uso había vencido hace dos años, esto implica que todos los datos que se resguardaban en la misma ante un inconveniente estaban sin actualizaciones ni respaldo técnico oficial. El lenguaje que se utiliza se llama SQL y si no hay medidas de seguridad es posible acceder al sistema operativo para quien tiene una clave de “superusuario”. Puede modificar y borrar contenido. En esa base es donde están los expedientes judiciales. “La seguridad en la base de datos es deficiente”, advierten los peritos ya que permite realizar cambios. Los registros de un sorteo, por ejemplo (hora, día, resultado) “pueden ser eliminados” manualmente. d) “No existe documentación que diga quiénes son los usuarios que se pueden conectar “de manera remota”. “No se cumple con los requerimientos mínimos de la seguridad de la información” (fuente: Irina Hauser, “Abren sumario al director de tecnología”, Página/12, 13/2/017).

Para octubre no falta tanto. Sin embargo, como estamos en la Argentina los ocho meses que restan para las cruciales elecciones legislativas constituyen una eternidad. Es probable que hoy por hoy la inmensa mayoría del pueblo no esté pensando en ese acto electoral sino en temas de coyuntura mucho más complejos como, por ejemplo, cómo llegar a fin de mes. Pero de lo que no cabe duda alguna es que toda la clase política tiene la mente puesta en octubre, mes en el que se decidirá, ni más ni menos, el futuro mediato de todos nosotros. Son, qué duda cabe, elecciones decisivas. Así lo considera el intelectual K Edgardo Moca quien el pasado 12 publicó un artículo en Página/12 que se titula precisamente “Elecciones decisivas”.

Dice Mocca “(…) Para muchos, las legislativas de octubre definirán en buena parte la suerte del gobierno actual, insinuarán o descartarán una rápida “alternancia” en la Casa de Gobierno. La alternancia es la palabra clave de un modo de pensar la política. Es la disputa civilizada y pacífica entre partidos par sucederse entre sí en el gobierno. Para que esa sucesión funcione tiene que existir un cierto piso de acuerdos y de certidumbres entre las partes; de otro modo, no hay alternancia, hay antagonismo. Los valores que suelen enunciarse como sustento de las “políticas de Estado” son plausibles; consisten en la garantía de las libertades, el pluralismo, el respeto por la Constitución. La experiencia de las últimas décadas en el país y en el mundo hablan de otros pilares sobre los que se sostienen las democracias neoliberales: el corazón de estos pactos contemporáneos de gobernabilidad está en la irrestricta posibilidad de concentrar las riquezas en el polo privilegiado de la sociedad, en un Estado concebido como garante de los negocios del gran capital. La alternancia civilizada y las libertades políticas son la otra cara y la condición de posibilidad para que un pequeño número de magnates acumulen proporciones enormes y geométricamente crecientes de la riqueza del planeta. Está claro que esa pax neoliberal está entrando en una profunda crisis de legitimidad a lo largo y a lo ancho del mundo” (…).

“Claro que, ciertamente, las elecciones de octubre son una prueba de fuego para Macri y su equipo. Vistas así las cosas, el modo en que empieza el año electoral convierte ese test en un asunto muy complejo para la coalición gobernante. No hubo segundo semestre ni brotes verdes, como no sea en la frondosa imaginación de algunos funcionarios. Sí caída del salario, cierres de empresas y despidos cada vez más masivos, inflación sostenida más allá de los buenos augurios, inexplicables en un contexto de aumentos de tarifas públicas y privadas y de los insumos productivos básicos. Los incentivos a guarecerse en el paraguas oficialista no han desaparecido pero han disminuido visiblemente. Fuera de la coalición pero también dentro de ella: el radicalismo empieza un minué que combina las disconformidades puntuales con algunas prácticas gubernamentales con las exigencias de posiciones en las listas comunes” (…) “Desde diciembre de 2015 hasta ahora, el gran enigma electoral es el peronismo, lo que significa la estructura del PJ y los amplios círculos concéntricos que siempre tiene a su alrededor. El enigma ha tenido ya un recorrido. El punto de partida fue una poderosa onda centrífuga que en los primeros meses del año pasado proponía la renovación peronista bajo la voz de orden de la responsabilidad, la gobernabilidad y la autocrítica (entendida esta última como la censura al kirchnerismo). En ese clima se alcanzó la normalización legal del partido rodeada de un clima de fin de época que no atenuaba demasiado la presencia en el interior de la nueva conducción formal de algunos dirigentes identificados con el gobierno anterior. Desde entonces cambió el clima político, al compás del cambio del clima social con el rechazo movilizado a los tarifazos y con los datos declinantes del favor popular con el Gobierno que los sondeos de opinión fueron registrando. Y la síntesis de este movimiento fue y es la popularidad de Cristina, inesperadamente resistente a la persecución judicial y a la calumnia sistemática y cada vez más inescrupulosa a la que la somete la maquinaria mediática. Los “números” de Cristina son uno de los atractivos de estos días. La razón es que, si bien es cierto que en la superestructura justicialista no predominan sus simpatizantes, tampoco abundan los que estén dispuestos a inmolar sus carreras políticas en el altar de un antikirchnerismo clarinista militante” (…).

“También en los anillos más amplios del panperonismo-incluidos centralmente quienes apostaron a Massa después de su rutilante despegue de 2013-las cosas han ido cambiando. Varios de sus referentes más representativos han construido una especie de paraguas discursivo en el que dan por sentado que no son partidarios de Cristina, pero a partir de ese hecho muy evidente han intensificado su crítica al gobierno en los principales aspectos de su gestión” (…) “El problema de las mesas de arena del panperonismo es que las estructuras -las dibujadas y las realmente influyentes- tienen capacidad de control del voto popular en lenta pero sensible declinación. La amplitud política es un requisito crucial en una época en que el sectarismo equivale a complacencia con el gobierno de los Ceos. Pero sin un discurso político claro y una hoja de ruta más o menos perceptible, la unidad puede ser-o ser percibida, lo que en política es lo mismo-como un amontonamiento oportunista, como un reflejo defensivo de una burocracia política que se siente amenazada y está dispuesta a tragar sapos para mantener un lugarcito en la distribución de cargos. A la hora de pensar en renovaciones peronistas no habría que olvidar que en 2003 el movimiento sufrió en plenitud la indignación del pueblo contra la estafa de la alternancia de la época. No habrá un debate programático posible entre quienes se oponen a la ofensiva neoliberal capaz de prescindir del balance de una época. Pretender una unidad nacional-popular haciéndose los distraídos respecto de la discusión política sobre el sentido de los años kirchneristas puede parecer un buen recurso de marketing electoral pero no sintonizar con un humor popular que está haciendo las necesarias comparaciones de cómo se vivía en diciembre de 2015 y cómo se vive ahora”.