Por Oscar Edgardo García.-

Lourdes Arrieta ha producido una inusual escandalización de un hecho en el que participó por decisión propia, ya que no hay evidencia alguna de que haya sido obligada a ir a visitar a militares detenidos en la prisión.

Su infantil victimización es demostrativa de su mediocridad y su conducta evidencia la ignorancia de las disposiciones internacionales de carácter constitucional con respecto a la protección de los derechos humanos de las personas mayores de 65 años, así como también de las normas de la Constitución Nacional que prevén que «las cárceles de la Nación deben ser para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas».

A ello debe sumarse su desconocimiento de que la legislación argentina establece el derecho a la prisión domiciliaria para los mayores de 70 años, normativa que en estos casos no se respeta en razón de las discriminatorias ideologías políticas imperantes.

El desconocimiento, o el olvido por conveniencias personales, de las normas citadas precedentemente alcanza a muchos miembros del Congreso Nacional y a una parte del periodismo que atiza banalmente a este tipo de alborotos para sumar audiencia a sus programas.

La ignorancia y la falta de objetividad están presentes en este vergonzoso acontecimiento de la política argentina fogoneado por Lourdes Arrieta.

Share