Por Eduardo R. Saguier.-

Buenos Aires, lunes 30 de noviembre de 2015

Al Sr. Presidente Electo

Ing. Mauricio Macri

S         /           D

De mi consideración:

Con gran perplejidad y disgusto he leído en los medios, que Vd. ha confirmado para integrar su gabinete al actual Ministro de Ciencia y Técnica Dr. Lino Barañao. Cumplo en informarle que dicho Ministro ha estado incurso en prácticas corruptas y ha ocasionado en el seno de la comunidad científica un clima de miedo, amedrentamiento, persecución y represalias, desde que ejerció el cargo de Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación (SECyT) entre los años 2003 a 2007. Llama con inquietud la atención que el partido político que Ud. dirige, el PRO, y la coalición que lo llevó al gobierno, CAMBIEMOS, no conozcan el pasado y presente de este Ministro ni las acusaciones aún impunes que sobre él han recaído.

El Ministro Barañao fue denunciado oportunamente, primero hace una década, en el 2005, ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA); y cinco años después, en 2010, ante el Juzgado Penal Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi. El Juez de la causa ordenó archivar la denuncia fundado en un único testimonio ofrecido por escrito, de un funcionario de la propia Agencia imputada (Carlos Casanello del FONCyT), quien incurrió en perjurio y falso juramento, y cuyo fallo fue confirmado en 2011 por la Sala II de la Cámara Federal Penal (Cattani, Irurzun, Farah).

La maniobra ilegítima denunciada antes de la crisis del campo (2008), que la gran prensa ocultó, que fue represaliada reiteradamente a lo largo de estos años por la burocracia del CONICET, y que culminó finalmente con la ratificación condenatoria del Ministro Barañao (Resolución 640/15), consistió en la administración fraudulenta de un fondo de U$S 1.240 millones de dólares correspondientes a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a proyectos de investigación científica que fueron evaluados por un organismo del estado nacional: la Agencia Nacional para la Producción Científica y Tecnológica (ANPCYT), entonces en la órbita de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación (SECyT).

Este organismo distribuyó esa inmensa suma de dinero prestado, que es deuda pública externa, mediante la intervención de una veintena de Mesas Coordinadoras, organizadas por disciplina académica. Estas Mesas las conformaron una tríada de coordinadores que utilizaron métodos reñidos con la transparencia y los méritos científicos, pues se otorgaban los subsidios entre sí. El ardid delictivo consistía en encubrir con la simulación cada vez que debían evaluar un proyecto perteneciente a uno de los miembros de cada Mesa, pues el coordinador de marras se excusaba retirándose y se lo reemplazaba con un co-coordinador. Luego, una vez obtenida la aprobación de su propio proyecto, el Coordinador que se había excusado se reintegraba a la Mesa, y pasaba a evaluar los Proyectos de los otros dos miembros de la Mesa respectiva, que por cierto eran fielmente correspondidos o reciprocados, en una suerte de calesita o cadena de la felicidad.

De ese modo delictivo e inconstitucional, propio de una asociación ilícita, y creyendo cubrir con dicha trampa escrúpulos pseudo-legales, se auto-distribuyeron los subsidios numerosos Coordinadores de la propia Agencia, identificados en la denuncia con nombre y apellido, número de expediente y monto recibido (con el peso de 2005), muchos de ellos en forma reiterada y con cifras de seis dígitos cada una (Cabada, Cazzulo, Arzt, Batlle, Poderoso, Corti, Vargas, Gugliotta, Antón, Cánepa, Quattrochio, Paz, Zanetti, Rubiolo, Bucala, Balseiro, Rossi, Lanusse, Schalamuk, Carelli, Politis, Beaugé, Salvarezza, Astini, Coira, Ceccatto, Gigolo, Mroginski, Anón, Beccaria, Frías, Ravetta, Corach, Helbling, Parma, Escande, Garcés, Barañao).

Asimismo, para lograr blanquear y encubrir la maniobra fraudulenta muchos de los subsidios fueron otorgados por la Agencia a los Secretarios de Ciencia y Técnica de las universidades públicas y a los miembros del Directorio y Comisiones Asesoras del CONICET. Por otro lado, también asiduos y notorios colaboradores de importantes medios de prensa fueron incentivados mediante jugosos subsidios. Con este último mecanismo, conocido en las ciencias de la comunicación como “operación de prensa” y en el argot como chivo, estuvo la gran prensa incursa en un delito de acción pública (soborno, cohecho). Como resultado de ese engranaje disciplinador, la gran prensa consiguió censurar a su denunciante, ocultar el pasado del Ministro (cuya información está desde hace tiempo en internet y es muy fácil de googlear), y sumando la pauta publicitaria de los laboratorios logró que el Ministro gozara de muy buena prensa, al extremo de ser últimamente confirmado en sus funciones ministeriales aprovechando la presunta ingenuidad del nuevo gobierno de CAMBIEMOS. Y en cuanto a los investigadores científicos que colaboraron en la redacción de esa gran prensa, y que se beneficiaron con generosos subsidios, producido el oportuno giro durante la crisis del campo (año 2008), se pasaron intempestivamente a la oposición (Romerito, Novaro, Altamirano, Burucúa, Svampa).

Todas estas manipulaciones de la opinión pública en perjuicio de la comunidad científica y sin que la misma cuente con derecho a réplica alguna, confirma la convicción que sin producir en los medios académicos una reforma moral e intelectual que restaure la libertad, la decencia y el mérito seguirán prevaleciendo las entumecidas líneas de investigación que tienen amarrados como rehenes y mano de obra barata a los jóvenes investigadores y becarios del CONICET. Y sin esta debida restauración de los principios académicos fundamentales también se perpetuará en la docencia superior el endogámico mandarinato intelectual que mantiene alambrada con telarañas a la universidad argentina. Este mandarinato rige en la universidad desde tiempo inmemorial, y en forma dominante desde la Ley de Educación Superior (1994); y en los organismos de ciencia desde que en tiempos del Presidente Menem y por instigación del Secretario Juan Carlos del Bello fue firmado el decreto 1661/96. Y este decreto impuso en el CONICET un grotesco simulacro de democracia interna para la designación de su Directorio, el cual ha venido hasta el mismo día de hoy contaminando sus propias Comisiones Asesoras y su misma Junta de Calificaciones, derramando sus secuelas en todo el incestuoso archipiélago de la educación superior argentina, y también acrecentando la mediocridad imperante en los servicios que muchos de los profesionales egresados prestan a la sociedad entera.

La alarmante situación terminal que se padece en todo el sistema científico-pedagógico ha convencido que éste no se habrá de recuperar del profundo trauma que gangrena sus filas (y que recientemente se habría intensificado con el enquistamiento en el CONICET de jóvenes de La Cámpora) sin una profunda operación quirúrgica que infunda en su seno un triple shock de saneamiento, pluralismo y confianza. Más grave aún, sin restaurar las libertades y honestidades perdidas, sin eliminar el continuismo de sus actuales autoridades, y sin ordenar a la Procuraduría iniciar acción de nulidad que declare el caso denunciado como cosa juzgada írrita (y por consiguiente se desarchive la acusación penal incriminatoria del Ministro Barañao), no será factible crear, enseñar ni difundir en nuestro país conocimiento científico original alguno, incrementando así su histórica deuda de honor con el progreso de la ciencia a escala universal.

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