Por Hernán Andrés Kruse.-

Macri favoreció a Macri. En efecto, el presidente de la nación acaba de acordar con el Grupo Macri, es decir, su señor padre, el pago de una millonaria deuda con el Estado por el Correo Argentino. Según la fiscal Gabriela Boquín, dicho acuerdo implica una quita del 98/87 por ciento en perjuicio del Estado, es decir de todos nosotros. A valores actuales, ese favor alcanza la suma de cuatro mil millones de pesos pero que si se la proyecta a quince años (el período de que dispone el holding para pagar), la suma alcanza los 70 mil millones de pesos. ¡Setenta mil millones! Mauricio Macri le acaba de perdonar a su señor padre una deuda de 70 mil millones de pesos. Evidentemente, el amor al padre hace milagros. Con este cálculo en sus manos, la fiscal Boquín decidió apelar ante la Cámara en lo Comercial. Por otro lado, advirtió que el Estado tomó la decisión de modificar su estrategia judicial a partir del arribo de Macri a la Rosada y aceptó una propuesta ruinosa que previamente había desechado. Según la fiscal, lo importante es profundizar la investigación para determinar si el objetivo buscado no fue otro que beneficiar a la familia presidencial.

Esta “historia de amor familiar” comenzó hace dos décadas cuando el inquilino de la Rosada era un gran amigo del clan Macri, Carlos Saúl Menem. En 1997 el clan Macri consiguió la concesión del Correo Argentino, al que administró por intermedio de la empresa Sideco Argentina, propiedad de los Macri. Años más tarde (2009), estando Mauricio Macri a cargo de la Jefatura de Gobierno de la CABA, decidió la cesión de sus acciones a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco Juan. La administración del correo a cargo de los Macri no pudo ser más nefasta: por un lado, el servicio pasó a ser uno de los más caros del mundo y, por el otro, no se cansaron de despedir trabajadores. Incluso lograron que el Estado reconociera tales despidos como inversiones. Una vergüenza. Fue el presidente Néstor Kirchner quien se encargó de rescindir el contrato en noviembre de 2003. En septiembre de 2001, poco tiempo antes del “Argentinazo”, la empresa entró en convocatoria de acreedores. La deuda era inmensa: 900 millones de pesos-dólares (la convertibilidad aún estaba vigente). El propio Estado era acreedor de casi el 33 por ciento de esa deuda e incluía 296 millones de pesos-dólares en deudas en el pago del canon, ante la Dirección General Impositiva y con el Banco Nación. Tal fue el inicio de esta causa que acaba de tener un “final feliz”. El juez en lo Comercial Eduardo Favier Dubois decretó a fines de 2003 la quiebra de la empresa Correo Argentino SA, prohibiendo la salida del país del señor padre del presidente Macri y del directorio de la empresa, entre cuyos miembros figuraban Ángelo Calcaterra y Néstor Grindetti. Años más tarde, la jueza Marta Cirulli decidió no homologar un acuerdo presentado por el clan porque el Estado se rehusó a aceptarlo. La reacción del grupo fue la esperada: apeló la decisión de la magistrada y la causa llegó a la Cámara. Los camaristas María Liliana Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi convocaron a una audiencia para el 28 de junio de 2016 donde el clan propuso pagar al Estado en 19 años y con un interés del 6 por ciento. Si bien Juan Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, rechazó la oferta no tuvo reparo alguno en informar al clan las condiciones que estaba dispuesto a aceptar para convalidar la propuesta macrista. Luego de un cuarto intermedio se presentó otra oferta que fue inmediatamente aceptada. El funcionario dijo que la aceptaba porque “se ajustaba a las instrucciones impartidas”. ¡Todo un patriota el hombre! El holding de la familia presidencial podrá pagar, con el consentimiento del presidente Macri, la deuda en 15 cuotas anuales a partir del año próximo. La mitad de la deuda nominal será pagada en 2032 y 2033. ¡Cuánto patriotismo!

Gabriela Boquín emitió su dictamen el 30 de diciembre de 2016. En él advierte que no hubo en realidad ninguna mejora de la oferta de Franco Macri que fue aceptada por el Estado, es decir por el presidente de la nación. La primera quita era del orden del 99,16 por ciento mientras que la segunda ascendía al 98,87 por ciento. “La propuesta a la que se prestó conformidad es abusiva, implica perjuicio fiscal, y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado”, remarcó. En las últimas horas Boquín presentó el cálculo efectuado por la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones). La deuda original del clan Macri con el Estado ascendía en septiembre de 2001 a 296 millones de pesos-dólares. El clan propuso pagarla en 15 cuotas anules del 100 por ciento del monto verificado, es decir de esos 296 millones de pesos-dólares, con un interés por año del orden del 7 por ciento. Si se procede a actualizar la deuda original en dólares a febrero de 2017 con un tipo de cambio de 15,90, la quita (el beneficio a Franco Macri) asciende a los 4.656 millones de pesos. Estamos hablando, pues, de una quita del 98,87 por ciento. Si se proyecta ese monto a 2033 la quita asciende a los 70.163 millones de pesos. El presidente Mauricio Macri le perdonó a su señor padre una deuda sencillamente astronómica. Según la fiscal, “la propuesta aceptada implica reducir el crédito del Estado Nacional a una suma inadmisible, por resultar equiparable a una condonación de la deuda”. Advirtió, además, que con el arribo de Macri al poder se dio “un cambio estratégico de defensa de los intereses del Estado, configurando una manifiesta irregularidad-que corresponde investigar-en tanto propicia la aceptación de un acuerdo ostensiblemente ruinoso para el patrimonio estatal”. Por último, advirtió en su apelación a la Cámara que “deberá determinarse si estamos frente a una simple irregularidad funcional, por actuación con culpa o negligencia, o bien ante el cumplimiento de una instrucción, emanada de autoridad jerárquica superior, orientada a satisfacer intereses privados por sobre los públicos que deben en todo caso prevalecer” (fuente: Werner Pertot, “Un vuelto que quedó fuera del fideicomiso ciego”, Página/12, 9/2/017).

El fiscal Eduardo Taiano acaba de pedir la elevación a juicio de la causa por la operatoria “dólar-futuro”, en la que están imputados la ex presidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. Taiano considera que el dólar-futuro, que formó parte de una política económica, es una acción delictiva. Ello significa que el objetivo es juzgar una parte de la política económica del kirchnerismo. Es tan obvio que se trata de una operación política que la propia Cristina hizo una presentación para que el juicio tenga lugar lo antes posible. Luego del pedido de Taiano, las defensas de los imputados deberán efectuar sus respectivos pronunciamientos, etapa previa al pronunciamiento que hará el juez, que seguramente mandará el expediente a juicio oral. Vale decir que la ex presidente no se librará de lo que será un verdadero show mediático-judicial que tendrá lugar seguramente en 2018. El fiscal acusa a la ex presidente y varios de sus funcionarios de administración fraudulenta en perjuicio del Estado ya que considera que la estrategia del dólar-futuro le ocasionó un grave perjuicio al erario público. Los imputados afirman que gracias a dicha operatoria el gobierno logró evitar una fenomenal devaluación que hubiera destrozado el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados. Consideran que la devaluación que finalmente tuvo lugar a fines de diciembre de 2015 ya con Macri en la Rosada, produjo una inflación del 30 por ciento que perjudicó severamente al salario.

La causa “dólar-futuro” no implica ningún caso de corrupción ya que ni Cristina ni sus funcionarios imputados han sido acusados de haberse enriquecido con esta operación. Quienes se beneficiaron fueron, por el contrario, CEOs y empresarios que hoy forman parte del mejor equipo de gobierno del último medio siglo y que fijaron impunemente la cotización del dólar para obtener pingües ganancias. Llama la atención que Taiano, al describir el delito, considere que se trata de administración fraudulenta en perjuicio del Estado (de todos nosotros, en realidad) pero que implica “procurar un lucro para sí o para un tercero violando sus deberes y perjudicando los intereses confiados”. En realidad, en la operación “dólar-futuro” los únicos beneficiados fueron los funcionarios macristas que, una vez en el poder, manipularon la cotización del dólar para enriquecerse indebidamente. Bonadío consideró en la instrucción que en ese momento el precio del dólar se equiparaba con el precio del mercado de Nueva York o del dólar-bolsa (15 pesos). Como a raíz de la operatoria de “dólar-futuro” se efectuaron ventas a 10,65 pesos, concluyó que se había producido un perjuicio al Estado. Los imputados señalaron a manera de réplica que se trató de una política económica tendiente a frenar corridas bancarias contra el dólar. Vanoli expresó que su función como presidente del Central era garantizar la promoción del desarrollo con equidad. Dicha operatoria frenó una devaluación que hubiera hecho añicos el poder adquisitivo de los trabajadores. ¿Qué sucederá durante el juicio? Difícil saberlo pero lo más probable es que se concluya que ningún funcionario kirchnerista robó para la Corona con esta operatoria. Pero ya se sabe que en Comodoro Py se respira un clima marcadamente antikirchnerista, lo que invita a ser muy precavidos en esta cuestión (fuente: Raúl Kollmann, “Para juzgar una política económica”, Página/12, 9/2/017).

En su edición del 8 de febrero Página/ 12 publicó un esclarecedor artículo de Raúl Kollmann titulado “Otra vez la doctrina Milagro Sala”, en el que explica la jugada de la camarilla judicial-político-mediática para destruir a Cristina Kirchner. Dice Kollmann: “El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer la detención del ex titular de la Agencia Federal de inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, quien es también la mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner. La movida de Marijuán, asentada en una delirante interpretación de las escuchas telefónicas de los diálogos entre CFK y Parrilli, trata de ir imponiendo la idea de la detención de la ex presidente y de sus colaboradores. Marijuán utiliza como argumento una de las escuchas que figuran en la causa con un tramo en el que supuestamente CFK le dijo a Parrilli que hay que apretar a jueces y fiscales para que llamen a declarar a Antonio “Jaime” Stiuso” (…) “Para colmo, Marijuán intenta la detención en una causa de escasa relevancia, porque lo que el juez Ariel Lijo le imputa al titular de la AFI es no haberle entregado a los fiscales un informe, sin precisiones, sobre la ubicación del prófugo Ibar Pérez Corradi. La jugarreta del trío judicial-político-mediático parece básica. El domingo, se difundieron nuevos y supuestos tramos de las escuchas telefónicas hechas a Parrilli y a CFK por orden de Lijo. La intervención se hizo entre junio y septiembre de 2016, cuando Pérez Corradi ya estaba detenido y Parrilli hacía siete meses que había dejado su cargo en la AFI. La filtración demostró, además, que los diálogos entre la ex presidente y su colaborador no tenían nada que ver con el objeto procesal del expediente, o sea el supuesto encubrimiento de Pérez Corradi. La prueba es que Lijo no transcribió ninguna escucha en el procesamiento, sino dos entrevistas radiales que le hicieron a Parrilli. En la transcripción de una de las escuchas del fin de semana se menciona-no se escuchó el audio-que la ex presidente le dice a Parrilli: “hay que terminar con este psicópata. Llamalo a Martín y decile que se mueva para apretar a jueces y fiscales para que citen a Stiuso”. El reclamo de la ex mandataria tenía que ver con que hubo ocho denuncias penales contra el ex jefe de Operaciones de la SIDE y ningún juez avanzó en los respectivos expedientes. Se trató de denuncias por contrabando, enriquecimiento ilícito, ocultamiento de información, espionaje ilegal y otros delitos. Y obviamente lo que reclamaba CFK es que se hagan presentaciones en las respectivas causas para que lo llamaran a indagatoria a Stiuso, algo que no ocurrió hasta ahora”.

“En su pedido de detención de ayer (martes 7), Marijuán invoca esa escucha para decir que demuestra la capacidad de Parrilli para influir y presionar a la Justicia, lo que le permitiría torcer la causa en la que fue procesado” (…) “En verdad se demuestra lo contrario. En primer lugar, que Parrilli no tiene capacidad de presión porque le dicen que se lo pida al tal Martín. Y en segundo lugar, ningún juez llamó a declarar a Stiuso, lo que también demuestra la escasa influencia en el aparato de Comodoro Py de CFK, Parrilli e incluso el tal Martín” (…) “El otro argumento esbozado por Marijuán es que “el haber detentado un cargo de inteligencia tan importante como así otros en el ámbito del Poder Ejecutivo al máximo nivel de su estructura administrativa le brinda sin duda alguna la más amplia posibilidad de injerencia sobre distintos estamentos de seguridad incluso en otros poderes del Estado permitiéndole interferir la investigación en curso”. En este texto, el fiscal intenta instalar, sin presentar prueba alguna, que Parrilli tiene capacidad de influir en un expediente que tiene que ver con la búsqueda de Pérez Corradi hace un año y tres meses, en noviembre de 2015. Más aún, teniendo en cuenta que el titular de la AFI dejó el cargo también hace un año y dos meses” (…) “La jugada de Marijuán para detener a Parrilli tiene la forma de una apelación al procesamiento dictado por Lijo en la tarde del lunes. El magistrado se manifestó expresamente en contra de la prisión preventiva señalando que “corresponde destacar que el Dr. Oscar Isidro Parrilli se encuentra en libertad y no se advierten indicios de que éste fuese a darse a la fuga o pudiera entorpecer de algún modo la presente investigación” (…).

“La causa en la que se pide la detención de Parrilli gira alrededor de un informe de la AFI sobre el prófugo Pérez Corradi. El 5 de agosto de 2015, el fiscal Juan Ignacio Bidone recibió a un testigo de identidad reservada quien aportó datos sobre el supuesto paradero de Pérez Corradi en Ciudad del Este, Paraguay. Bidone tardó 20 días en pedir asistencia a la AFI, aunque mientras tanto empezaron a trabajar en la búsqueda del prófugo tanto la Gendarmería como la Policía Federal. El 3 de septiembre de 2015, Parrilli designó dos agentes de la AFI para que rastreen a Pérez Corradi en base a los dichos del testigo, quien sobre todo mencionó que el narco podría estar viviendo en un edificio llamado El Progreso, de Ciudad del Este, y que estaría en pareja con una mujer llamada Gladys Delgado” (…) “El 16 de noviembre, los dos agentes entregaron un informe señalando que detectaron un Facebook que podría corresponder a Gladys Delgado, quien aparecería allí en pareja con un tal Pablo Martínez. Lo que se le cuestiona a Parrilli es que este último informe debió entregarse a los fiscales. Y lo que Parrilli responde es que no tenía ningún sentido darle a la justicia un informe sin precisiones” (…) “Lo cierto es que menos de un mes después de ese informe, Parrilli dejó su cargo porque cambió el gobierno” (…) “Lo que argumenta Lijo es que si Parrilli hubiera entregado el informe en noviembre, tal vez se hubiera podido detener a Pérez Corradi, no en el edificio El Progreso, donde nunca estuvo, pero sí en el Hotel Convair de Ciudad del Este. Con ese argumento débil e hipotético, el magistrado dictó un procesamiento por encubrimiento”.

“Una atenta lectura del expediente podría llevar a la conclusión de que deberían estar procesados el fiscal Bidone y las nuevas autoridades de la AFI, que fueron mucho más lentos en sus medidas de búsqueda de Pérez Corradi. Pero la cuestión es política. En primer lugar, porque para Cambiemos toda la expectativa estaba puesta en que Pérez Corradi viniera a la Argentina y se despachara en la Justicia con largas acusaciones contra el kirchnerismo” (…) “Pérez Corradi no pudo acusar a nadie” (…) “Pero lo asombroso es que el narco se despachó contra dos figuras emblemáticas para Cambiemos. En primer lugar, Pérez Corradi dijo que la jueza Sandra Arroyo Salgado, hoy alineada con el macrismo, le pidió una coima de medio millón de dólares para dejarlo en libertad en 2012. Por supuesto, no aportó prueba alguna. Y en segundo lugar la emprendió contra el asesor presidencial Ernesto Sanz. Dijo que el dirigente radical cobró 200 mil dólares para impulsar el juicio político contra el ex juez federal Federico Faggionato Márquez” (…) “Con semejantes acusaciones, el trío mediático-judicial-político sacó a Pérez Corradi de la escena. No volvió a las tapas de los diarios” (…) “Así como la política dominó todo el caso Pérez Corradi, también la política juega el papel primordial en la secuela de ayer. Se hicieron escuchas cuando el prófugo ya estaba detenido, se dictó un procesamiento por encubrimiento por un informe en el que no había precisiones ni elementos decisivos para detener al prófugo, y ahora se intenta detener a la mano derecha de la ex presidente en base a una interpretación descabellada de las escuchas. El objetivo es amortiguar los malos resultados económico-sociales, poner en agenda la detención de los dirigentes del Frente para la Victoria y, en especial, de CFK. Es lo mismo que sucede en Brasil con Lula: quieren detenerlo para que no sea candidato. Todo apunta a evitar un regreso de lo que el aparato mediático-judicial-político llama “los gobiernos populistas”.

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