¿Macri inicia la política privatizadora siglo XXI?

Por José M. García Rozado.-

Las correcciones que precisa la industria de la energía no han sido completadas aun cuando gran parte de la opinión pública se considere escandalizada por los ajustes. Pero hay algo más grave: si no se corrigen estas incertidumbres, la inflación futura terminará absorbiendo los efectos de estos aumentos y volveremos a enfrentar la necesidad de nuevas correcciones, con los costos económicos y políticos que ella significará. Y, para colmo, las finanzas públicas seguirán perdiendo divisas para financiar compras que claramente son incumbencias de actores privados, afirma Ricardo Molina, consultor en temas energéticos. Esta situación ocurre en el área del ministro más “independiente (?)” de la Administración Macri, Juan José Aranguren, pero es compatible con la falta de explicitación de un programa monetario y de la ausencia de difusión de las metas fiscales. El “secretismo” del Ejecutivo Nacional atenta contra la estabilización. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó que «sería razonable» que el Gobierno firme el mismo acuerdo que sellaron los empresarios para mantener las plantillas de empleados por 90 días, y se desligó de responsabilidades al aclarar que «el responsable de esto es Andrés Ibarra», el ministro de Modernización. En Brasil dicen que Macri quiere privatizar Aerolíneas e YPF y mencionan al fundador de Jet Blue. Lo afirma un diario especializado en negocios y nombra a David Neeleman como “candidatísimo” para la compra de la aérea.

Han transcurrido 150 días desde la asunción de las nuevas autoridades nacionales y parece interesante analizar las medidas adoptadas en este sector de cara a aquellos objetivos de superar la crisis energética heredada y recuperar la plena vigencia de los marcos legales vigentes. En los ámbitos académicos se ha reconocido que la crisis energética fue evolucionando desde un problema generado por una oferta insuficiente y decreciente, producto de la retracción de las inversiones, y una demanda exacerbada por los congelamientos tarifarios, hacia una verdadera crisis macroeconómica. Las manifestaciones de estos desequilibrios macro se evidenciaron en 3 cuestiones principales: a) los subsidios económicos destinados a disimular la crisis energética que, por su magnitud, alcanzaron a explicar casi el 50% del fenomenal déficit fiscal legado por la Administración K; b) la utilización de las reservas del BCRA para afrontar los costos de las importaciones de energía que, en forma creciente, fueron puestas en cabeza del gobierno nacional; y c) la descapitalización generalizada del país, en especial la del sector energía que se ve agravada por la lenta maduración de las nuevas inversiones. Para eliminar los subsidios económicos era necesario restablecer los equilibrios de los precios y tarifas de los productos y servicios energéticos respecto a la totalidad de sus costos y de una razonable utilidad para las empresas. Simultáneamente era necesario analizar los impactos en los bolsillos de los consumidores, y buscar aquellos mecanismos que permitieran amortiguar los efectos de esos equilibrios.

En febrero de este año se procedió a ajustar los precios y las tarifas del sector eléctrico en una dimensión que alcanzó, aproximadamente, el 50% del desequilibrio existente a fines del 2015. En abril, se aumentaron los precios y las tarifas del sector gasífero en una proporción equivalente al 100% del desequilibrio heredado. Sin embargo, aún no se han recuperado la plena vigencia de los marcos regulatorios y por lo tanto, existen incertidumbres sobre la evolución futura de estos valores, habida cuenta del entorno inflacionario argentino, y particularmente, cuáles serán los mecanismos objetivos que reemplazarán las decisiones burocráticas claramente arbitrarias. Si no se corrigen estas incertidumbres, la inflación futura terminará absorbiendo los efectos de estos aumentos y volveremos a enfrentar la necesidad de nuevas correcciones, con los costos económicos y políticos que ella significará. En relación al único amortiguador aplicado sobre los efectos de estos aumentos tarifarios, surgen algunas dudas sobre la efectividad de las tarifas sociales. Lamentablemente, aún no se han tomado decisiones para reducir la fenomenal carga tributaria nacional, provincial, y municipal que gravan los servicios públicos. Otro tema no resuelto es la existencia de múltiples precios en el “upstream” del gas natural y múltiples cuadros tarifarios y categorías tarifarias para una misma clase de consumidores: residenciales. Estas categorizaciones que responden al obsoleto criterio de vincular nivel de consumo con los ingresos, han creado mayores distorsiones: por ejemplo, el precio del gas que pagan algunos consumidores es superior al precio promedio de las cuencas. Lo razonable era unificar las categorías con una única tarifa para todos los consumidores residenciales.

Un producto, un precio. A propósito de estos temas regulatorios, el ENRE y el ENARGAS (entes reguladores de electricidad y gas) siguen intervenidos por el Poder Ejecutivo Nacional. La normalización de estos entes también es parte de la solución de la crisis. Según ASAP, entidad que publica mensualmente la evolución de las cuentas presupuestales, los subsidios económicos destinados a los gastos corrientes para el sector energía acumularon durante el 1er. trimestre del 2016 la suma $ 16.458,4 millones, con una variación interanual del -46%, sin considerar el ajuste por inflación. Con destino a los gastos de capital se destinaron $816,1 millones, un 60% menos que el año anterior. Hay indicios que señalan la posible existencia de un proceso de sub-ejecución presupuestal. La segunda cuestión que explica la crisis macroeconómica, es el consumo de las reservas del BCRA para afrontar las importaciones de energía. A pesar que se han sincerado, parcialmente, los precios de la generación eléctrica y de la producción de gas natural, y se ha levantado el cepo cambiario impuesto por la administración anterior, el peso de estas importaciones siguen en cabeza de las finanzas públicas. El primer trimestre de este año se acumularon US$ 877 millones por estas importaciones, según publica el INdEC. Hasta ahora, el Ministerio de Energía no ha dado señales de transferir estas importaciones a los propios sectores privados interesados en estas compras: generadores eléctricos, industrias y comercializadores. Antes bien, acaba de adicionar las importaciones de gas natural desde Chile a su propio menú, con las mismas argumentaciones que en el 2004 utilizó el ministro Julio De Vido para justificar las importaciones de fuel-oil en el marco de la “colaboración bolivariana”.

Tampoco ha habido algún indicio sobre cuál será el criterio del nuevo gobierno respecto a ENARSA. Este engendro societario fue creado en plena Administración K para intermediar en todo tipo de operaciones energéticas: importaciones de fuel-oil, fideicomisos para la construcción de gasoductos, para la construcción de centrales eléctricas térmicas y eólicas, importaciones de gas natural de Bolivia, importaciones de LNG, “especiales relaciones” con PDVSA, etcétera. Todo teñido por un manto de opacidad que ahora está advirtiéndose que fue una herramienta para alimentar un fenomenal aparato corrupto. A pesar de ello, las nuevas autoridades nacionales han echado mano de ENARSA para canalizar las importaciones de gas natural de Chile. Por lo tanto, las finanzas públicas seguirán perdiendo divisas para financiar compras que claramente son incumbencias de actores privados. Dado el ascenso del precio de petróleo en los mercados internacionales, es fácil presumir que en el 2016 se superarán los casi US$ 7.000 millones que se gastaron el año pasado en las importaciones energéticas. La tercer cuestión a analizar son las condiciones necesarias para estimular un flujo de inversiones continuas que permitan que la oferta energética acompañe la natural evolución de la demanda en un contexto de crecimiento. En este campo aún no se perciben señales concretas. Se está anunciando una convocatoria para licitar energías renovables, pero la ausencia de reglas claras a largo plazo, hacen dudar sobre su eficacia. Entre esas reglas, es indispensable reorganizar CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico en el país. CAMMESA fue distorsionada en sus objetivos iniciales durante la gestión anterior, asignándole las tareas de importar combustibles para la generación eléctrica y administrar subsidios, lo que terminó creando un embrollo de cuentas cruzadas entre el gobierno, los generadores y las distribuidoras.

Una idea sensata para iniciar el proceso de solución de estas distorsiones era separar los nuevos flujos provenientes de las tarifas corregidas del stock de problemas heredado. Para ello, se pensaba en crear una CAMMESA residual que conciliara las cuentas acreedoras y deudoras y negociara sus cancelaciones bajo plazos y condiciones razonables. Y una nueva CAMMESA que funcionara bajo las reglas originales. Mientras ello no ocurra, todo nuevo emprendimiento se encontrará frente a incertidumbres sobre el funcionamiento del mercado eléctrico que dificultarán las decisiones sobre inversiones de capital. Una curiosidad que amerita ser considerada es que en los documentos y anuncios previos para esta licitación, se menciona la posibilidad que los oferentes coticen el valor del megawatts en dólares estadounidenses. Aquí surgen 2 comentarios: a) la ley de Emergencia Económica del 2001 aún vigente, planteó la pesificación de todos los precios y tarifas, y b) los precios en dólares también tienen que tener fórmulas de ajuste para fundamentar proyectos de largo plazo. En conclusión, en el campo de las políticas públicas energéticas se advierte, al igual que en otras áreas de este gobierno, la ausencia de un plan integral que abarque las múltiples variables que intervienen en el proceso de recuperar un mercado energético basado en reglas y contratos. El camino del largo plazo aún no se ha comenzado a transitar.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, admitió que para él «es una buena idea» que el Estado Nacional firme un compromiso de no despedir personal durante 90, el mismo plazo que aceptaron los empresarios de no alterar las plantillas de empleados. La opinión se produjo en momentos en que el gobierno de Mauricio Macri resiste el proyecto de ley que instaura en la Argentina un cepo laboral, al prohibir los despidos durante los próximos seis meses. «La verdad es que no lo pensamos. A mí me parece una buena idea que el Estado Nacional firme un compromiso público diciendo que vamos a mantener la plantilla durante los próximos 90 días. A mí, honestamente, me parece que es lógico y razonable», consideró el funcionario que estuvo detrás de la convocatoria a los empresarios que se comprometieron a no echar personal durante los próximos tres meses. «No lo habíamos pensado, pero Andrés Ibarra (ministro de Modernización), que es el responsable de estos temas, dijo que del Estado Nacional se despidieron 10.900 personas y que se acababan el achicamiento y los despidos», afirmó el funcionario, en una entrevista con radio Mitre. El ministro de la Producción habló desde Rosario, adonde viajó para acompañar al presidente Mauricio Macri en la visita a la planta de General Motors. En el acto oficial, el jefe de Estado se refirió al compromiso que firmaron los empresarios y que, según Cabrera, debería también imitar la administración nacional.

“Quiero agradecer, frente a tanta incertidumbre y miedos que hay en la Argentina, a las cientos de empresas que se comprometieron a decir no solo que no van a despedir sino que están pensando en ampliar los puestos de trabajo. Ese es el camino, trabajar juntos para crear valor, apostando al talento y creatividad de nuestra gente”, dijo Macri. El ministro de Producción, al reconocer que sería «lógico y razonable» que, así como las empresas prometen no despedir, el Estado haga un compromiso similar, reveló que son más de tres millones las personas que están empleadas en el sector público, tanto el federal, como el provincial y el municipal. «Nosotros podemos responder sólo sobre el nacional, no sobre las provincias ni los municipios», aclaró Cabrera. El mal momento que atraviesa nuestro comercio exterior es resultado de la confluencia de varios factores. Por un lado, tenemos elementos exógenos, como la crisis en Brasil, que sufre una contracción sin precedentes. Por otro, hay un arrastre de problemas dejados por el kirchnerismo, que tienen que ver con el cierre de nuestra economía, la pérdida de mercados por desatinadas decisiones locales y el atraso cambiario. Pero hay también responsabilidades inherentes a la actual administración, como la morosa normalización de nuestro sector externo y el manejo cambiario. El levantamiento del cepo comercial fue parcial y se limitó a eliminar las declaraciones juradas anticipadas (DJAI) y reemplazarlas por el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). Las limitaciones y trabas a las importaciones tienden a elevar el costo de los insumos y favorecen el atraso cambiario, pues suprime parte de la demanda de divisas. Un caso ilustrativo de la escasa modificación del régimen comercial K son las compras minoristas por comercio electrónico: la restricción ha permanecido sin cambios, tal como se armó́ durante el kirchnerismo.

A pesar de haberse anunciado 2 meses atrás que volvían a liberarse las compras de libros y otros productos del exterior vía Internet, la operatoria sigue sin ser habilitada. Los artículos que cuestan menos de US$ 25 no pagan ningún tributo. Si el precio oscila entre US$ 25 y US$ 999 se debe abonar 50% de su valor en concepto de derechos de importación. Si excede US$ 999 se aplica el régimen general y es necesario presentar una declaración jurada. En todos los casos -aun para las compras por valores inferiores a US$ 25- se mantiene la obligación de concurrir al depósito del Correo ubicado en Retiro para retirar el paquete. El sinceramiento cambiario efectuado en diciembre -como señalamos reiteradamente- quedó a medio camino y fue insuficiente. Pero el problema no quedó ahí́: a ello se agrega el alto nivel de inflación, que se devora la mejora parcial lograda en aquella oportunidad. Además, el tipo de cambio nominal -tal como también habíamos advertido- está ahora sufriendo el embate del ingreso de dólares frescos por la colocación de deuda y la liquidación -aunque demorada- de la cosecha. Precisamente para evitar deprimir aun más la cotización del dólar, el Banco Central anunció que liberalizará el acceso a las divisas para las importaciones pendientes. Se trata de importaciones efectuadas con anterioridad al 17/12/2015, pendientes de pago, y cuyo acceso al mercado cambiario se mantenía restringido.

Aún resta liberar la transferencia de utilidades al exterior. Lejos de normalizarse, en el primer trimestre por ese concepto se fueron apenas US$ 347 millones. De todas formas, eso fue más que todo lo autorizado a lo largo de 2015, que apenas sumó US$ 306 millones. Forzar un tipo de cambio que ignora las relaciones de productividad e ingresos de nuestra economía lleva a que algunos desequilibrios críticos se potencien, en lugar de resolverse. Para un país necesitado de divisas como el nuestro, el efecto del atraso cambiario es, por un lado, desalentar el ingreso de capitales -a una determinada suma de dólares se le reconoce un poder adquisitivo inferior aquí́ que en otros países, incluso más desarrollados y estables jurídicamente- y, por otro, estimular su salida. Para muestra basta un botón: el sinceramiento cambiario (parcial) de diciembre no ha desalentado los viajes al exterior, y el egreso de divisas por esa vía sigue creciendo. Según datos del balance cambiario al cierre del 1er. trimestre, el saldo neto de divisas que dejó la actividad turística arrojó un rojo de US$ 2.200 millones, lo que significó un aumento de US$ 345 millones respecto al registrado en el mismo periodo de 2015, cuando el tipo de cambio era universalmente reconocido como muy atrasado. El tipo de cambio actual no sólo no está́ lejos de los $ 13,50 del dólar turista kirchnerista -que surgía de sumarle al tipo oficial un recargo de 35 % a cuenta de impuestos- sino que en realidad es aun más bajo por efecto de la inflación corrida desde la salida del cepo. Bajar la inflación es el mayor desafío que tiene por delante el gobierno, al menos en relación a sostener los niveles de adhesión popular.

Sin embargo, al concluir el primer semestre, el índice minorista habrá superado el 25% de aumento planteado como objetivo oficial para todo el año. De hecho, todos nuestros colegas fueron sumándose a nuestro pronóstico inicial (vertido en diciembre) de que la inflación se ubicaría en un mínimo de 35% ó más para este año. De las decisiones que se tomen en las próximas semanas dependerá el que debamos o no precisar al alza el estimado. Desde 2010 la Argentina se ubica entre los países más caros en términos de dólar. Esto se volvió patente en los últimos tres años, cuando el gobierno kirchnerista decidió cerrar la economía para pasar a “vivir con lo nuestro”. La tienda española Zara constituye una interesante vara para medir el nivel de equilibrio o exceso del llamado costo argentino. Con locales repartidos a lo largo y ancho del mundo, tiene como premisa llegar a todos los mercados con un único catálogo.   Comparando la evolución que tuvieron los precios de algunos de sus productos en diferentes países se puede establecer cuáles países tienen sobrevaluadas sus monedas. Es así que se observa que entre 2012 y 2015 la Argentina tuvo los precios en dólares más caros. Hacia fines de 2015, cuando el atraso cambiario se había tornado insostenible, el diferencial de costo argentino alcanzó su máximo. En ese momento, el costo en dólares de una prenda llegó a ser 50% mayor en la Argentina que en plazas caras como Mónaco, Japón, Emiratos Árabes o Suiza. Esa diferencia se estiraba a 100% respecto a mercados desarrollados algo más económicos, como España. En agosto de 2015, un jean básico de Zara costaba en Buenos Aires, al tipo de cambio oficial, unos US$ 61 y una remera cotizaba a US$ 22. Hoy, en Buenos Aires, el jean más económico cuesta US$ 67 y la remera más barata se comercializa a US$ 16. Es decir que en estos 7 meses, el valor del jean no sólo no bajó sino que aumentó, en tanto que el precio de la remera -que, pasado el verano, quedó fuera de temporada- apenas descendió 25%.

Si se consideran las dos prendas en conjunto, la Argentina sigue manteniéndose al tope del podio de un listado de 25 países, con un precio total de US$ 83, un 30% por encima de Ecuador, el segundo mercado más costoso. En cambio, si la comparación se hace con los valores de las mismas prendas en Estados Unidos (US$ 46), la diferencia asciende a 80%. Aun más amplia es la brecha respecto de los precios vigentes en las tiendas de la compañía ubicadas en países de la Unión Europea. Los precios locales llegan a ser 130 % más altos que en España o Francia, donde el combo de remera y pantalón apenas suma US$ 36. Lo que esto significa es que el peso está sobrevaluado. Esa sobrevaluación en relación a nuestro bajo nivel de productividad nos coloca en una muy desfavorable posición competitiva. Con costos internos tan elevados, es comprensible que en lo que va del año las cantidades importadas de indumentaria hayan experimentado un fuerte crecimiento de 20%. A una inflación que ya aventajaba la devaluación nominal -es decir, una apreciación en términos reales de la moneda local- se le ha sumado ahora el hecho de una apreciación nominal. Y por si todo esto fuera poco, el ministro de Hacienda no pierde oportunidad en sostener que “el dólar está sobrevaluado” (sic) y que debiera descender con el correr de las semanas. Todo indica, pues, que el tipo de cambio sofrenado continuará por algún tiempo, sin importar los daños colaterales que provoca. En resumidas cuentas, estamos desandando la devaluación y retornando a paso rápido a similares niveles de atraso cambiario a los vigentes un año atrás. En la Argentina la historia siempre parece repetirse aunque nunca es exactamente igual.

“La necesidad de recursos hace que la posibilidad de un “sale and lease back” para alguna de las flotas, siga latente. Al punto, que ahora ya no solo se habla de la A330-200 y los B737-800 sino que se analiza la alternativa de los 20 primeros Embraer de Austral. En la empresa dicen que no hay nada concreto, pero que ninguna alternativa de financiación se descarta.” Aviacion News (12/5/2016). Dicen que la desesperación es mala consejera, y la noticia que nos ratificó “Aviacion News” en su última edición, parece demostrarlo. Me dicen fuentes amigas que Isela Costantini no se imaginaba que le podían cortar drásticamente los aportes financieros, por no llamarlos subsidios, fijados en el presupuesto para el año en curso y menos aún que se los podían reducir. Pero así fue. Cuando analizo un problema o realizo una crítica, siempre intento ponerme en el lugar del otro y en este caso intento imaginarme que haría en esa misma situación. No sé si pensar de ese modo es una virtud o un vicio, pero así es mi forma de ser. Confieso, no se me hubiera ocurrido recurrir a la figura del “lease back”, porque partiendo de lo informado por el portal de Garcia Rúa,   con esa figura solo se lograría debilitar patrimonialmente a la empresa e incrementar su endeudamiento, ni siquiera tendría el efecto de una aspirina para calmar un dolor consecuencia de una grave enfermedad. Seria lisa y llanamente una “chambonada” que pondría en duda la letra de cualquier curriculum. El dinero que se podría obtener mediante esa operación sería destinado a cubrir gastos corrientes que ni alcanzarían a cubrir con los u$s 260 millones comprometidos por el Poder Ejecutivo el total de subsidios que habría presupuestado Isela Costantini que eran u$s 420 millones, pero aunque los cubriera si se encontrara un “lessor” extremadamente generoso, el problema para el 2017 sería más grave.

Claro está, ese dinero la ayudaría a esconder o disimular su hasta ahora floja gestión, con buenas intenciones según lo destacamos en este portal hace algunos días, pero que no se materializan en hechos concretos. En Aerolíneas Argentinas no se notan esos pequeños cambios que marcan un buen rumbo. Ahora será más difícil corregir el rumbo, pero también debo destacar que el gobierno de Mauricio Macri, no le hace asco a la corrección de sus errores. El camino es otro consiste en elaborar un plan de crisis, que debió haberse hecho al iniciarse la nueva gestión y allí se pondrá a prueba la voluntad real de “salvar a Aerolíneas Argentinas (?)”, porque una cosa es decirlo de la boca para afuera y otra es sentirlo y realmente comprometerse para salvar a la llamada “línea de bandera”. La cuestión es arreglarse con lo que se cuenta sin incrementar el endeudamiento, máxime en una actividad de baja rentabilidad y mínima productividad en el caso específico de Aerolíneas Argentinas. Por ejemplo cuanto se ahorraría suprimiendo todo servicio de abordo en cabotaje, incluso en algunos vuelos largos, que son pocos se podría ofrecerlos en venta. Se podría disminuir la franquicia para el transporte de equipajes, en fin debería tomarse el ejemplo del “low cost”. Para ser honesto un programa de crisis implicará financiar retiros, modificar convenios colectivos de trabajo si realmente se pretende no solo mantener una fuente de trabajo sino de una buena vez intentar tener una empresa sustentable. Además modificar políticas que siguen vigentes a pesar de sus pésimos resultados.

Es una inmoralidad que se destine parte de los impuestos que pagamos los contribuyentes para subsidiar una oferta prescindible, por lo menos en el tráfico regional e internacional, cuando hay necesidades básicas insatisfechas para un 30 o 40 por ciento de la población, que somos nosotros, vale la pena recordarlo. No es más endeudamiento como podrá recuperarse a Aerolíneas Argentinas. La vía del lease back es ponerle fecha cierta a un destino aún incierto porque aún no se le dio a su personal la oportunidad de mostrar que es capaz de mucho más. ¡Se está a tiempo para evitar cometer un grosero disparate! En la prensa brasileña afirman que Mauricio Macri analiza privatizar Aerolíneas Argentinas y ya apuntan a un empresario del sector como “candidatísimo” para quedarse con la empresa argentina. Se trata de David Neeleman, un brasileño con ciudadanía americana conocido en el sector, como fundador de empresas aéreas de bajo costo. Actualmente es dueño de la paulista aerolínea “Azul”, que es la tercera más grande de Brasil y tiene como principal accionista al conglomerado chino “HNA Group Company Limited”. Pero su golpe en la mesa grande de las aerolíneas lo dio cuando irrumpió en el mercado norteamericano con la low cost Jet Blue, de la que fue despedido en el 2007. Incansable en el 2008 fundó la brasileña “Azul” y el año pasado ingresó en la portuguesa “TAP”. La información la dio el diario especializado en negocios y finanzas del país vecino Relatorio Reservado, que suele tener las últimas novedades en el medio corporativo, y ya rebotó en otras publicaciones brasileñas.

La prensa vecina asegura que el líder del PRO decidiría en breve si lleva adelante o no el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas. El año pasado, Portugal le vendió a Neeleman el 61% de la aerolínea “TAP”, por 354 millones de euros. La operación culminó una de las mayores privatizaciones del Ejecutivo portugués, de línea conservadora. En esa transacción, Neeleman le ganó la pulseada al dueño de la colombiana “Avianca”, Germán Efromovich. Este empresario también tiene los ojos puestos en la Argentina, en lo que podría ser una segunda pelea comercial entre el brasileño y el empresario boliviano naturalizado en Colombia. Según trascendió en febrero, Efromovich se interesó particularmente por Austral, la hermana menor de Aerolíneas Argentinas y acaba de comprarle a la familia Macri su empresa MacAir, para quedarse con sus rutas y poner un primer pie en el mercado local. ¿Una explicación a las contradicciones? La versión de la posible venta de la empresa aérea argentina se da en el marco de un último “plan de ajuste comunicado por la propia Isela Constantini” a empresarios y sindicatos. La reemplazante de Mariano Recalde abandonó finalmente su idea de “gradualismo” que en principio buscaba impulsar en la renovación de la empresa, y lanzó un drástico giro presionada por el recorte de los subsidios del Gobierno. Como ya expliqué, el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, decidió reducir los fondos para Aerolíneas de U$S 420 millones acordados a principios de año a US$ 260 millones. Un cuarto de los mil millones que había solicitado Isela al asumir. El agravante es que más de la mitad de esos fondos ya fueron utilizados en el primer cuatrimestre.

Pero el dato más alarmante que expresó la ex General Motors en la reunión con los sindicatos es que con los gastos que actualmente tiene la compañía y el recorte ordenado por Quintana, sólo tiene fondos para dos meses. Es decir que el segundo semestre es un misterio en las condiciones actuales. Para los gremios no es un dato menor ya que en el segundo semestre deben negociar la paritaria, más precisamente en agosto. Es por eso que los representantes ya empezaron con algunas reuniones informales para analizar la situación. Por lo pronto, en la Fapa (que agrupa a cuatro sindicatos aéreos) no piensan en resignar salarios y analizan pedir un piso del 40% cuando empiecen las negociaciones. ¿Entendemos ahora el porqué del enojo del Papa Francisco? Francisco les dice a los interlocutores que le quedaron con el presidente que el PRO es “tilingo”. La relación entre el Gobierno de Mauricio Macri y el Papa Francisco está en su peor momento y parece no tener retorno. Los pocos interlocutores que le quedan al presidente con el Sumo Pontífice no reciben buenas señales desde Roma sino todo lo contrario: en los mails que Francisco intercambia con funcionarios del Gobierno, suele decir que le molesta la “tilinguería” del PRO. El Papa no soslaya la pasión de Macri por la filosofía “new age” y la meditación al estilo de El Arte de Vivir de Sri Sri Ravi Shankar, que tuvieron su punto cúlmine con el “experto en felicidad” que apareció en las reuniones de gabinete para explicarles de qué se trata la pobreza a los funcionarios.

“Son competencia para la Iglesia Católica”, admitió un dirigente del PRO que viaja al Vaticano con frecuencia. No por nada el filósofo Alejandro Rozitchner, uno de los asesores que tienen la oreja de Macri y Marcos Peña, dijo anoche que el Papa “es demasiado católico”. Los movimientos sociales: Pero más allá de las formas y de su enojo por el “revanchismo” de Macri, cada vez que puede el Papa envía mensajes de preocupación por el modelo económico del Gobierno. En este contexto, el Papa ya demostró su voluntad de unir a los movimientos sociales, tanto kirchneristas como antikirchneristas. Sería el segundo capítulo de la reunificación de las cinco centrales obreras -hecho que no ocurría desde 1992-, una maniobra que fue seguida muy de cerca y desde hace más de un año por el Papa. Francisco puso a trabajar en ese sentido al presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Eduardo Lozano, que en las próximas semanas reunirá en la Capital a representantes de los movimientos sociales. Para fines de mayo, luego de la Conferencia Episcopal que encabezará en Mar del Plata, Lozano prepara un acto de los movimientos sociales en Santa Fe. La consigna es la misma que la de la reunificación de las CGT: resistir el avance del modelo de Macri ante las clases más vulnerables. Lozano ya había recibido la propuesta de Gabriel Mariotto, Luis D’Elía y el titular de Quebracho, Fernando Esteche, que le presentaron su nuevo partido “Tierra, Techo y Trabajo”.

Sin retorno. Desde el PRO dijeron que Macri no busca recomponer su relación con Jorge Bergoglio, que siempre fue mala y que menos que menos intentará encontrarse nuevamente con el Papa en Roma, luego del gélido recibimiento que tuvo en febrero en una reunión de sólo 22 minutos en la muy formal Biblioteca del Vaticano. Lejos de buscar unir posiciones, Macri le dio ruedo a Elisa Carrió como su vocera oficial contra el Papa. Lilita lo acusó de operar en la justicia federal a través del legislador porteño Gustavo Vera, de máxima confianza con el obispo de Roma. Se refería a la invitación que Vera cursó para una jornada en el Vaticano el 3 y 4 de junio, donde estarán el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y los jueces federales María Romilda Servini de Cubría y Sebastián Casanello. “El Papa no va a venir este año”, se lamentaron en este contexto ante LPO fuentes del Gobierno que intercambian correspondencia con el Sumo Pontífice. Desde que asumió el papado en marzo de 2013 se habló de 2016 como el año de su visita a la Argentina. A quién sí recibirá el Papa en los próximas días es a la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. ¿Estará enojado con MM Francisco?