Por Hernán Andrés Kruse.-

El Ministerio de Energía ha defendido con todo ahínco el último esquema tarifario en la audiencia pública. Tanto las empresas involucradas como las declaraciones de funcionarios que hasta hace poco formaban parte del staff ejecutivo de esas firmas, forman parte de la deliberada estrategia tendiente a crear confusión en la opinión pública para así legitimar política y socialmente un cuadro tarifario a todas luces regresivo. Argentina es un país gasífero que cuenta con importantes reservas de petróleo. Sus yacimientos tienen gas suficiente para abastecer la demanda interna sin ningún tipo de problema. Cuando YPF pasó nuevamente a manos del Estado comenzó a recuperarse la producción. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, es bueno recordarlo, no hubo congelamiento de tarifas. La devaluación ocasiona un incremento del monto de los subsidios energéticos y fue el flamante presidente Macri quien dispuso, a fines de diciembre, un fuerte ajuste cambiario (megadevaluación). En general, los países productores consideran a los hidrocarburos un activo estratégico y no un commodity. En la Argentina las empresas petroleras piensan lo segundo, al igual que el ministro Aranguren. Que las tarifas de gas se incrementen geométricamente no garantiza un incremento de las inversiones. Lo único que les interesa es incrementar sus ganancias y en estos momentos lo están haciendo de manera descomunal. El nuevo esquema tarifario presentado por el gobierno no hace desaparecer los subsidios sino que ahora son los consumidores quienes los pagan para que sean recibidos por las petroleras. Los consumidores garantizar las ganancias de las petroleras pagando el tarifazo. Lo bueno de Aranguren es que no oculta esta estrategia. Evidentemente, no es un político. Su misión no es otra que garantizar el aumento ininterrumpido de las ganancias de las empresas petroleras y que sean las mismas petroleras las encargadas de definir la política energética. En el foro empresario desarrollado en el CCK reconoció que “no queremos un vínculo donde el gobierno decida, queremos que decida el sector”. Para cumplir con dicha función Aranguren recaló en el ministerio de Energía. Lo real y concreto es que el tarifazo beneficia a las petroleras que concentran el 78 por ciento del mercado de gas natural en el país: YPF (extrae el 30 por ciento), Total Austral (26 por ciento), Petrobras Argentina (6 por ciento, Pampa Mindlin), y Tecpetrol (3 por ciento, Techint). Lo que pretende el gobierno es garantizar el incremento del precio del gas en boca de pozo hasta ubicarlo en los valores internacionales promedio en 2019. Al no haber competencia y un Estado encargado de regular ese mercado, las petroleras definirán por su cuenta el precio de gas de abastecimiento medio. Nadie les impedirá disminuir la producción local y aumentar las importaciones, lo que no hace más que elevar ese precio medio. De esa forma estarían en condiciones de incrementar los ingresos por el gas que extraen de los yacimientos, unas ganancias extraordinarias que provendrán del bolsillo de los hogares residenciales, comercios e industrias (fuente: Alfredo Zaiat, “El Ministerio de las Petroleras”, Página 12, 18/9/016).

En su edición del sábado 17 de septiembre Página 12 publicó un artículo del ex ministro de Economía Axel Kicillof titulado “Déjà vu de los noventa”, en el que analizar la política energética del presidente de la nación y su defensa en la audiencia pública. Dice el ex ministro de Cristina: “Otro déjà vu de los noventa: tarifas dolarizadas y a precio internacional. El gobierno de Macri está “defendiendo” en audiencia pública su tercera propuesta para el tarifazo del gas. El primer esquema hoy suspendido implicó aumentos de hasta 1600 por ciento que aparecieron directamente en las facturas. El segundo fijó topes de 400 y de 500 por ciento. Ahora presentan el tercero que es teóricamente más “gradual” y “moderado”. Esto demuestra que el método del gobierno, bautizado por el macrismo como “ensayo” y “error”, es en realidad un método de “intento de abuso” y medición de la “resistencia”. Funciona así: “Macri intenta imponer alguna medida antipopular y sólo recula si se tropieza con una oposición contundente, con el descontento y la protesta social. Tira el zarpazo y “si pasa, pasa” (…) “Bien vista, la nueva propuesta (del ministro Aranguren) contiene un aumento mayor. Pan duro para hoy, hambre para mañana. Según la explicación del Ministerio de energía, hoy el gas domiciliario cuesta en promedio 1,3 dólares por millón de BTU. En la propuesta anterior, la que anuló la Corte Suprema, pasaba a costar 4,7 dólares. La tarifa se multiplicaba aproximadamente por 3,7. En la “nueva” propuesta el gas valdrá 3,4 dólares. Se mide así la “sensibilidad” del gobierno. Con miles de movilizaciones, protestas y amparos presentados en todo el país, se logró un descuento del 27 por ciento sobre la propuesta anterior, multiplicando la tarifa actual por 2,7. Pero lo más grave es que se propone una trayectoria que colocará el precio dentro de tres años en 6,8 dólares. Esto significa multiplicar la tarifa actual por 5,3. Para las pymes y los comercios se mantiene el aumento del 500 por ciento que la Corte no suspendió”. Según el ex ministro la nueva propuesta está llena de trampas: “la primera está oculta porque nadie habla de eso, pero en realidad es evidente. Todas las tarifas del gas para hogares y empresas se expresan en dólares, porque el gobierno está fijando por primera vez desde la convertibilidad las tarifas en dólares” (…) “Esto significa que para saber cuánto va a aumentar realmente la factura hay que multiplicarla por la devaluación que se produzca. Por ejemplo, en el presupuesto que presentó Macri se “estima” una devaluación del 20 por ciento para el año que viene, que hay que sumar al aumento tarifario de la tablita de Aranguren. La verdad es que nadie sabe cuánto va a costar el dólar a fin de año, y menos todavía dentro de tres años. Lo que sí sabemos es que los salarios de los trabajadores, las jubilaciones, la asignación universal, los ingresos de los profesionales, nada de eso se ajusta con el dólar. Es inaceptable un cuadro tarifario dolarizado”. “En segundo lugar, debemos explicar el “número mágico” al que Macri quiere llevar la tarifa a 6,8 dólares el millón de BTU. Este valor sería lo que reciben las petroleras “en boca de pozo”. El precio no surge de un análisis del costo de producción de gas en Argentina ni de la rentabilidad de las empresas, sino que 6,8 dólares coincide con el precio de importación del gas por barco. Es decir, Macri apunta a que se pague el gas local al mismo valor que el gas importado, cuando el costo de extraer gas en el país es muchísimo más bajo. Se aseguran así ganancias extraordinarias para el sector, pagadas directamente por las familias y las empresas argentinas”. “La idea de Macri es esta: no habrá más subsidio para los argentinos, sólo habrá subsidio para las petroleras. Y para peor, sin asegurarse que estas ganancias sean reinvertidas en el país” (…) “este es, ni más ni menos, el plan de las petroleras multinacionales. No es un secreto: siempre pidieron tarifas dolarizadas y un precio igual al precio internacional de importación. Como en los años noventa”.

En su edición del domingo 18 de septiembre página 12 publicó una entrevista concedida por el juez Rafecas a las periodistas Nora Veiras y Victoria Ginzberg, en la que explica las razones que lo llevaron a desestimar la presentación del ex fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman. Considera que la causa por la denuncia que hizo Alberto Nisman por el encubrimiento del atentado a la AMIA “no se abrió porque no había un delito que se hubiera cometido, no lo había en desarrollo ni lo iba a haber en el futuro, ya que la Cámara ya había declarado inconstitucional el Memorándum con Irán. Ahora, la inconstitucionalidad quedó firme, con lo cual lejos está de ser un argumento para abrir la causa como plantea la DAIA, es un argumento a favor de la ratificación de la inexistencia del delito”. El argumento que sostiene que había un delito en tentativa al firmarse “se puede utilizar mediáticamente, pero desde el punto de vista jurídico es insostenible. La supuesta planificación de una maniobra como ésta dependía de la puesta en marcha del tratado. Para que el tratado entrara en vigor faltaban varios pasos que nunca se dieron. Algunos defensores de la idea de la apertura dicen que la cláusula 7 del pacto se podía ejecutar directamente porque establecía que había que poner en conocimiento de Interpol la firma del pacto, lo cual se hizo. Suponen que eso implicaba levantar las alertas rojas. Pero los que sostienen esta idea ocultan que el 15 de febrero de 2013, un mes después de la firma del Memorándum, el canciller Timerman cumple con esa cláusula con una carta que es lapidaria y contundente en reflejar la posición de Argentina con respecto a mantener las órdenes de detención internacional de los sospechosos iraníes. Timerman explicita que en cumplimiento del artículo 81 del reglamento de Interpol es el juez de la causa el único que puede notificar el estatus de una notificación roja. Es decir que no lo podía hacer ni el gobierno argentino, ni el iraní, ni interpol, era absolutamente inviable esa supuesta tentativa. Timerman también dice en esa carta que la firma del memorándum “no produce cambio alguno en el procedimiento penal aplicable ni en el estatus de los requerimientos de captura internacional referido”. La pregunta es cómo hace un fiscal que quiere sostener la hipótesis de que estaban conspirando para dar de baja las notificaciones rojas frente a la claridad y contundencia de esta nota. ¿Cuántas veces está valorada, criticada esta carta en las 281 páginas de la denuncia? ¿Cómo hace Nisman para revertir esta carta? No lo hace. Esa carta está omitida, está analizada cero veces. El artículo 81 del reglamento de Interpol también está obviado. A esto se agrega una tercera cuestión: Nisman basa su hipótesis en la siguiente inferencia, y a voy a leer: “El gobierno argentino presionó a interpol para dar de baja las notificaciones rojas en el marco espurio de las negociaciones con Irán”. En la página 87 dice “el cumplimiento del compromiso ilegal argentino con Irán quedó trunco por la intermediación de Interpol”. Página 107: “La diligente y a la vez inesperada actitud de Interpol, especialmente la de su secretario general Ronald Noble impidió que se consumara esta cuestión. Quince veces repite Nisman este argumento. Como fue de público conocimiento, al día siguiente de la denuncia, Timerman muestra un correo de Noble que dice “mientras era secretario general de Interpol, en cada ocasión que hablamos y nos vimos usted indicó que se debían mantener las notificaciones rojas. Su posición y la del gobierno argentino fueron consistentes y firmes”. Después Noble lo ratifica en el Wall Street Journal y en Página 12. En The Wall Street Journal dice “La afirmación del fiscal Nisman es falsa. Ningún funcionario del gobierno argentino trató nunca de cancelar las alertas rojas de Interpol”. Y termina diciendo… esto casi me lo sé de memoria: “Puedo afirmar con un cien por ciento de certeza, sin un atisbo de duda que Timerman y el gobierno argentino han sido constantes, persistentes e inquebrantables en que Interpol mantenga vigentes las alertas rojas”.

Cuando las periodistas le preguntaron sobre la solicitada pidiendo su destitución expresó: “Lo que está claro es que se da en un contexto más amplio, de una serie de iniciativas y de estrategias políticas, mediáticas y judiciales, destinadas a la apertura de esta denuncia a partir del cambio de gobierno. Evidentemente en algunos sectores de pensamiento político, no sé si local o internacional, se ha evaluado que el cambio de signo político en el gobierno abría una oportunidad para volver a la carga con esta iniciativa”. Más adelante considera que el hecho de que aparezcan en la solicitada varios radicales vinculados al gobierno de De la Rúa se vincula con el malestar que les provocó la causa por los sobornos en el Senado. “Por supuesto”, afirmó. “Por otro lado también hay abogados que pertenecen a estudios o que son defensores de criminales de lesa humanidad. Por mi juzgado han pasado más de doscientos procesados, de los cuales más o menos la mitad están condenados” (…) “Con el avance de la causa de los sobornos en el Senado, entre 2004 y 2009 he sido denunciado por Fernando de Santibáñez, por Augusto Alasino, por Fernando de la Rúa. Fue una persecución implacable, durante años. Me han denunciado penalmente, me han hecho campañas de prensa”. También reconoció que tuvo problemas con el kirchnerismo: “Después me tocó en 2012 la experiencia de Ciccone, con Amado Boudou, con aquella famosa conferencia de prensa en las Pascuas de 2012 y una persecución también feroz del sector del Frente para la Victoria que controlaba el Consejo”. Respecto a la jueza Arroyo Salgado, quien agradeció a los firmantes de la solicitada pidiendo su destitución, Rafecas manifestó: “No recuerdo un antecedente así: de un magistrado en funciones que pida la remoción de otro públicamente por el contenido de una resolución. Lo único que tengo para decir es que rechazo de modo terminante los señalamientos que me formuló en el sentido de que yo actué por afinidad política o a cambio de favores. Lo de la afinidad política…la verdad es que hay que hacer un esfuerzo intelectual muy fuerte y suprimir los dos años de acoso que sufrí de ese sector del Frente para la Victoria. Es falso lo que dijo que el Consejo me cerró las causas en un día, las distintas resoluciones se fueron tomando en distintos momentos, con distintas integraciones, con distintas mayorías y minorías”.

Rafecas retrucó a quienes sostienen que dada la gravedad de la denuncia de Nisman debería investigarse hasta las últimas consecuencias: “porque es tan grave la acusación el juez debe tener la máxima prudencia en analizar la procedencia o no de abrir una causa. A tres instancias judiciales les tocó abordar el tema. Somos los únicos que estudiamos en profundidad todos los elementos que hay en la causa. Los que opinan no conocen los elementos que hay en la causa. Cada instancia, con sus argumentos, llegó a la misma conclusión: que no se advierte a partir de la denuncia de Nisman que haya una hipótesis delictiva que se pueda sostener. Por el contrario, las pruebas que supuestamente venían a avalar el delito, a mi juicio, lo descartan: me remito a las famosas escuchas telefónicas, que lejos de lo que se suponía, terminan de confirmar que la Cancillería argentina se mantuvo siempre firme en sostener su postura”. Cuando las periodistas le preguntaron si había analizado todas las escuchas manifestó: “Sobre eso hay una enorme tergiversación. La UFI-AMIA de Nisman logró una autorización para escuchar teléfonos de Khalil, Esteche, D’Elía, etcétera, durante años. Hay miles de conversaciones grabadas. En todas las causas donde hay escuchas, lo cual es cotidiano en la justicia-secuestros extorsivos, narcotráfico-hay un mecanismo absolutamente consolidado: la fuerza de seguridad encargada escucha y cuando registra algo relevante, extrae esa conversación, las va acumulando y de miles de escuchas se queda con unos cientos que eleva al fiscal. En este caso, Nisman recibe de la SIDE esos elementos y hace sus propios análisis. De ese filtrado, Nisman nos presenta trescientas conversaciones en discos y por escrito. Algunas son de pocos renglones y otras de varias páginas. En los días que a mí me tocaban para resolver, estudiamos todas esas conversaciones. Esto pasa en todos los casos, se supone que el resto de miles de conversaciones son de temas intrascendentes y ya fueron descartadas por la propia SIDE y por la UFI-AMIA”. Por último, reconoció sentirse reconfortado por la gran cantidad de personas e instituciones que lo apoyaron públicamente: “La reacción fue masiva e inmediata” (…) “Trascendió por completo la relación de conocimiento personal” (…) “Ha sido reconfortante sentirse acompañado en un momento como éste. Me pasó lo mismo cuando fue el embate de Boudou que generó una reacción de la sociedad civil, en este caso, la respuesta, desde mi perspectiva, superó en magnitud a la solicitada original”.

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