Por Hernán Andrés Kruse.-

El mes que está cerca de terminar fue el más complicado desde que el presidente de la nación asumió el 10 de diciembre de 2015. Por primera vez quedó a la defensiva, perdió el control del ring. Ello se tradujo en la merma de la imagen presidencial justo cuando no falta tanto para unas elecciones que definirán el futuro inmediato y mediato de los argentinos. Fiel a una costumbre ancestral, el presidente de la nación y el mejor equipo del último medio siglo salieron a denunciar la existencia de un plan macabro y siniestro para destruir la imagen presidencial.

En su edición del lunes 20, El Cronista Comercial publicó un artículo de Luis Majul titulado, oh casualidad, “El gobierno denuncia un plan de destrucción de la imagen de Macri”. Dice el autor: “La imagen de Mauricio Macri bajó cerca de nueve puntos desde que se conoció la polémica por el Correo. Y por primera vez desde que asumió, el Presidente tomó conciencia cabal del verdadero poder de daño de Cristina Fernández y de su mesa chica de inteligencia paralela” (…) “Según este análisis, la ex presidente, junto a personajes a quienes consideran oscuros y resbaladizos, como el dipu-espía Rodolfo Tahilade, Horacio Verbitsky y la procuradora Alejandra Gils Carbó a través de los fiscales que le responden estarían impulsando, de manera coordinada y subrepticia, un sistemático operativo de destrucción de la imagen del Jefe de Estado. Es decir: un serio intento de transformar a Macri en Fernando de la Rúa no por la vía de la crisis social y económica, sino con la instalación de la idea de que el Presidente es tan corrupto como la misma Cristina Fernández, Ricardo Jaime o el mismísimo José López” (…) “hombres del gobierno pudieron reconstruir, este fin de semana, el modus operandi de esta central de operaciones mixta. La denominan “mixta” porque contiene ingredientes judiciales y propios del manejo de los medios. Ellos dicen que el mecanismo puede ser reconocible para los analistas más finos. Pero aseguran que es imperceptible para el resto de la sociedad”.

“Los pasos de la maniobra, según fuentes del Poder Ejecutivo, serían los mismos para cada situación. Primero, casi siempre, Tahilade, presenta una denuncia formal. La mayoría de las veces lo hace ante la justicia federal. Cuando a la denuncia quieren darle una apariencia más institucional suman diputados como Wado De Pedro, Héctor Recalde o Juan Cabandié. Luego, el comando de operaciones espera que el fiscal de turno inicie una causa o la desestime. Que el fiscal haga una cosa o la otra debería depender, exclusivamente, de la seriedad de la denuncia. Pero no siempre es así. De hecho, según el Gobierno, Tahilade pero muchos otros, como Gabriela Cerrutti y Martín Sabbatella, tienen presentadas cientos de denuncias consideradas insostenibles” (…) “Pero otras fueron consideradas pasibles de ser investigadas. Según la versión oficial, los fiscales que dieron curso a denuncias inconsistentes, pertenecen, en su mayoría, a Justicia Legítima o responden, de manera incondicional, a Gils Carbó. Mencionan a Franco Piccardi, Juan Pedro Zoni y Paloma Ochoa” (…).

“El tercer paso de la aludida maniobra de destrucción que denuncian los hombres del Jefe de Estado es la imputación de los sospechosos decidida por el fiscal de turno. En realidad, se trata, apenas, de la decisión del funcionario judicial de empezar a investigar. Y el juez de turno, por otra parte, en general, acompaña el trámite. Sin embargo, una vez que sucede, el aparato de propaganda kirchnerista lo anuncia con bombos y platillos. Siempre, primero, en sus medios afines. Y siempre, además, de una manera equívoca y exagerada. Por ejemplo” (…) “instalando la idea de que su hijo, el Presidente, le acaba de condonar a su padre, Franco Macri, una deuda con el Estado de $ 70 mil millones. Un cálculo al que consideran verdaderamente desopilante. Pero el verdadero éxito de la operación consiste en lograr que los grandes medios y los principales periodistas se hagan eco del suceso. Y que lo presenten en los mismos términos de sospecha y delito” (…) “Necesita, la denominada “brigada de espías y operadores de Cristina”, presentar el armado de estas denuncias como equiparables al juicio contra Cristina Fernández como miembro de una asociación ilícita” (…) “Cuando ni bien asumió la actual administración se empezaron a dar a conocer los primeros casos, la estrategia del jefe de gabinete, Marcos Peña, y el equipo de comunicación del Presidente, fue ignorarlos. No salir a responder. Dejar a las denuncias truchas encapsuladas en los medios y las redes sociales kirchneristas y no multiplicar el impacto. Pero el escándalo del Correo demostró que dejarlas pasar no es suficiente”.

“Ahora, el presidente y sus asesores preparan una contraofensiva en cuatro planos diferentes. Uno, político, para tratar de convencer a sus aliados de Cambiemos como Elisa Carrió y a dirigentes de la oposición a los que todavía consideran honestos y no oportunistas como Margarita Stolbizer, que la inteligencia paralela de Cristina también va a ir contra ella, su socio político, Sergio Massa, y todos los peronistas que no se sometan a la autoridad de la ex presidente” (…) “El segundo frente será judicial. A partir de este momento, desde el Gobierno harán lo posible y lo imposible para desplazar a Gils Carbó y empezarán a iluminar las actuaciones de fiscales con mala praxis y de magistrados con antecedentes como para iniciar juicio político” (…) “El tercer plano de la contraofensiva será administrativo: “estamos trabajando en un paquete de leyes para que quede claro qué tienen que hacer el Presidente, los ministros y los funcionarios de alto rango cada vez que se presente un caso que puede contener algún conflicto de interés” (…) “A Macri ya no le quedan dudas sobre las verdaderas intenciones de los operadores de Cristina. Cree que pretenden que no termine su mandato” (…) “Lo que le faltaría, al propio Macri, es hacer una profunda y completa autocrítica sobre su manera de hacer política. Porque el principal responsable de la pérdida de imagen positiva es, antes que nadie, él mismo”.

Según el Indec, la inflación en el área Metropolitana fue de 1,3 por ciento, mientras que la inflación difundida por la Dirección General de estadísticas de la CABA fue de 1,9 por ciento. La diferencia entre ambos índices se mantiene desde septiembre de 2016, según lo acaba de advertir el economista Mariano Kestelboim. Desde septiembre hasta la fecha la diferencia entre ambos indicadores alcanzó el 23 por ciento (9,6 por ciento a 7,88 por ciento) para el mismo territorio, la CABA. Según el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT, la diferencia es del 1,8 por ciento. Lo que está haciendo el gobierno nacional es acomodar los índices de precios a sus propios deseos políticos. Cuando las estadísticas comienzan a ser maquilladas y se requieren justificaciones técnicas, es porque el gobernante de turno necesita imperiosamente ocultar las verdaderas cifras. Luego de la conferencia de prensa del presidente fue emitido el siguiente tuit desde la cuenta oficial del Indec: “El presidente Macri elogió el trabajo del Indec: “Volvimos a tener estadísticas confiables”. Es un organismo independiente nuevamente”. ¿Cómo se puede afirmar semejante cosa si durante varios meses hubo un inédito apagón estadístico, se sobreestimó la cantidad de pobres para distorsionar el recorrido social del pasado y se ofrecieron indicadores no tan negativos del gobierno actual?

La construcción de indicadores estadísticos lejos está de ser neutral, constituye un asunto eminentemente político que no hace más que incomodar a los economistas. Después de todo, la economía no es una ciencia exacta sino una ciencia social que, como tal, no está exenta de valoraciones y orientaciones ideológicas. La subestimación del Indec de la tasa de inflación, ubicándola en el 1,3 por ciento, es un hecho político ya que procura orientar la negociación paritaria a la baja para así obligar a los trabajadores a bajar sus pretensiones salariales. Además, al intentar ubicar la inflación por debajo del 20 por ciento el oficialismo crea una imagen, ficticia por supuesto, de control de la inflación en un año electoral relevante para el futuro de Cambiemos. Para lograr semejante objetivo el gobierno necesita contar con un amplio y poderoso dispositivo de propaganda público-privado para sostener el mensaje de control de la inflación. Durante el primer bimestre hubo aumentos desproporcionados-peajes, luz, patentes, AByL- que continuarán durante este año-transporte, agua, gas-, a los que deben agregarse las alzas en los servicios privados-prepagas, telefonía celular, televisión por cable y escuela privada- y en la canasta de bienes básicos. A pesar de ello, algunos economistas afines al gobierno están hablando de un proceso de “desinflación”. Mientras el presidente del Banco Central insiste en confirmar para este año una inflación de entre el 12 y el 17 por ciento, varias estimaciones privadas afirman lo contrario. Además, los fuertes aumentos de precios que se están aplicando desmienten rotundamente el optimismo oficial. Llegará un momento en que el marketing político no podrá disimular la caída del ingreso disponible de la mayoría de la población. La paritaria bancaria (24,3 por ciento) logró quebrar el techo pretendido por el gobierno. De ahí la bronca del oficialismo que se tradujo en la decisión del ministerio de Trabajo de pedir juicio político a los magistrados que avalaron la paritaria bancaria. Pero la cifra pactada, por más malhumor que le provoque al presidente, estará muy cerca de la inflación anual prevista a partir de subas de hasta tres dígitos en tarifas de servicios públicos. Si la inflación supera el 19,5 por ciento el acuerdo garantiza una cláusula de actualización automática.

Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, elaboró un informe de coyuntura en el que explica que para que la inflación no supere el 17 por ciento anual, la tasa mensual debe promediar 0,7 por ciento. Lo más probable, señala el economista, es que la tasa se ubique en el 1,2 por ciento mensual, con lo cual la inflación anual sería del 21,2 por ciento. “Si a esto se le suma”, afirma, “el impacto probable de las pautas tarifarias y de precios regulados conocidas hasta el momento, el crecimiento de los precios de 2017 llegaría al 25,7 por ciento”. Si se dan estos números, el salario del trabajador privado no mejorará en términos reales, lo que le impedirá actuar de motor del consumo. Es así como en este crucial año electoral los dos grandes objetivos económicos del oficialismo enfrentan serios problemas. “El crecimiento del PIB, en caso de que se registre, sería muy leve y, en el mejor escenario, recuperaría la caída de 2016, cerrando Macri la mitad de su mandato con la economía en el mismo lugar donde la recibió del gobierno de CFK. Estaría igual en términos macroeconómicos pero en una situación peor para la mayoría de la población. El saldo sería dos años de estancamiento con deterioro del bienestar social por haber dispuesto medidas cuyo resultado fue una transferencia regresiva del ingreso”. “La tasa de inflación disminuirá luego del shock del año pasado, que culminó con la variación de precios más elevada desde 1991 de 40,9 por ciento, según Citra-Umet. La proyección para este año de los economistas de ese centro de estudios es una inflación promedio del 25,2 por ciento, porcentaje similar al calculado por Agis. De ese modo, la tasa de inflación se ubicará todavía un escalón por encima de la anualizada hasta octubre de 2015, cuando los entonces opositores y hoy oficialistas (políticos y economistas) consideraban la cuestión de los precios como una situación insostenible”. Para evitar que los ajustes en luz, gas, agua, peajes y transporte no se trasladen al resto de los precios de la economía, será necesario que la recesión se intensifique y que se abra aún más la importación. Sin embargo, aunque sea por un interés puramente electoral, es de desear que el gobierno no profundice su neoliberalismo ya que de hacerlo no haría más que agudizar el actual deterioro económico. En semejante contexto recesivo, recuperar el consumo no es más que un acto de fe (fuente: Alfredo Zaiat, “Un acto de fe”, 19/2/017).

En su edición del lunes 20, La Nación publicó un editorial titulado “De Casas, otro ejemplo de flagrante injusticia”, en el que sostiene que la ideología y los preconceptos se han antepuesto a la hora de la designación de un candidato a ocupar un cargo en un tribunal. Dice el mitrismo: “El intenso debate que desató la postulación del doctor Carlos Horacio de Casas para ocupar una vacante en la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH) reúne suficientes elementos para que podamos caracterizarlo como un nuevo caso de argumentación precoz, la instancia en donde la opinión impregna y relega a la razón” (…) “Lo que no es propio de una democracia es apelar al recurso de rechazar a un candidato no por sus méritos y trayectoria, sino porque no se adapta a la mirada y a las necesidades de los otros. En primer lugar, el candidato propuesto es una persona independiente del Gobierno-como se ha visto en diversas declaraciones públicas-, con una probada trayectoria jurídica y de servicio público. En segundo lugar, implica proponer a un abogado que tiene experiencia real en derechos humanos como usuario ante el sistema interamericano” (…) “En tercer lugar, conlleva darle importancia a uno de los problemas más actuales de la CIDH, como es el severo atraso procesal, que en su mayor parte produce temas relacionados con la justicia en general, y penal en particular. Cuando algunas organizaciones de derechos humanos sostienen que el doctor De Casas carece de trayectoria, eso debe traducirse en “no es uno de nosotros”. La mayoría de quienes lo objetan, organizaciones sindicales, campesinas, de derechos humanos, ambientales y de igualdad de género, entre otras, esgrimen que el perfil y el desarrollo profesional del candidato “no se vinculan con la defensa y promoción de los derechos humanos, sino con el derecho empresarial, penal económico y tributario”.

“Pero la cuestión de fondo, en verdad, es más compleja, tanto en lo institucional como en los ataques y en la difamación que se llevan adelante contra abogados a los que se intenta demonizar y difamar en función del cliente que ellos, en el ejercicio de su plena libertad profesional y de conciencia, decidieron asesorar. El objetivo no es otro que desvirtuar el principio de defensa efectiva de los derechos individuales y sociales de los representados. La principal crítica que se le hace al doctor De Casas no es otra que la de defender a un militar acusado de haber sido represor durante la última dictadura militar” (…) “en una columna periodística, Félix V. Lonigro, profesor de derecho y constitucionalista, definió como “jurídicamente inexplicable” la impugnación del candidato propuesto por el gobierno argentino para la CIDH. Cuando un abogado defiende a un acusado de haber cometido un delito, sea cual fuere su gravedad, sostiene Lonigro, no está haciendo otra cosa que posibilitar al implicado el ejercicio del derecho de defensa en juicio, el que también es humano, de carácter civil-procesal, que absolutamente todos los habitantes tienen el derecho de gozar y ejercer. “Afirmar que los abogados que alguna vez defendieron a supuestos represores no pueden acceder a ocupar un cargo en la CIDH no sólo es desconocer o ignorar el mismo derecho de defensa constitucionalmente consagrado, sino que además es sustentar la hipótesis según la cual los acusados de cometer delitos de lesa humanidad no tienen derecho a ser defendidos”. Es obvio que, al asumir el patrocinio de un cliente, el abogado no avala ni apoya sus convicciones políticas, ni sus ideas económicas, ni sus principios morales. Mal que le pese a cierta militancia, asesorar a un cliente no implica endosar sus conductas”.

En su edición del martes 21, Clarín publicó un artículo de Eduardo Duhalde titulado “La vieja política no puede enfrentar el futuro”, en el que expone una vez más su teoría de un gobierno conformado por el oficialismo y la oposición. Dice el ex presidente de la nación: “En el cúmulo de informaciones que recibimos a diario, en los más diversos campos de la realidad, llama la atención un fenómeno recurrente: los políticos y sus respuestas aparecen corriendo detrás de los problemas, cuando no simplemente atribuyéndoles la responsabilidad, por no decir la “culpa”, a los demás” (…) “¿Por qué se da esta situación? La primera razón constatable es que el sistema político occidental, y el de la Argentina es una clara muestra de ello, está atrapado en un esquema totalmente perimido, hace bastante tiempo” (…) “Nuevos desafíos en el arte de gobernar. Se trata de un modo de funcionar que fue útil en su momento, cuando se buscó establecer formas de gobierno democrático que superasen el absolutismo de las monarquías del “antiguo régimen” (…) “Pero hoy, pasados 200 o más años desde aquella época, la vieja idea de que el que gana, gobierna, y el que pierde, en el mejor de los casos, hace oposición constructiva, ya no está a la altura de los complejos desafíos de las sociedades contemporáneas. En la actualidad, la gobernanza es de una complejidad tal que no admite mantener el juego de la antinomia “gobierno-oposición”. El problema es de naturaleza estructural, ya que está íntimamente relacionado con la complejidad de las sociedades actuales, que excede lo estrictamente político para alcanzar dimensiones sociológicas y hasta se podría decir que antropológicas. En el mundo han aparecido, hace ya tiempo, y se desarrollan a un ritmo cada vez más acelerado una infinidad de hechos y procesos, unos beneficiosos y otros nefastos, de los que basta citar como ejemplos la globalización, la velocidad de las comunicaciones, la interconectividad de las personas y el acceso a la información a escala universal a través de Internet y las redes sociales, junto con la eclosión del crimen transnacional, el terrorismo, la drogadependencia como fenómeno global, la contaminación y la degradación del ambiente, y un muy largo etcétera”.

“Una nueva sociedad que genera otros retos. Todo ello integra una realidad a la que podemos definir como la sociedad del vértigo. Las sociedades contemporáneas se caracterizan por una velocidad tal en las transformaciones, que los cambios se producen antes de que se pueda legislar o intentar solucionar los problemas generados por conflictos precedentes. Para aclarar esta idea, a mi entender, esencial para interpretar el mundo en que vivimos, es necesario resaltar que cuando los depositarios de los poderes del Estado, en todos sus niveles, encuentran una solución a un problema o toman decisiones sobre un hecho determinado, por lo general la situación ha sido superada por el vértigo de nuevos hechos que la sociedad genera constantemente. Esto lleva a que la política y quienes la ejercen aparezcan siempre “desfasados” de las necesidades y demandas de la sociedad, y cubiertos de una pátina de antigüedad. En resumen, es necesario, o mejor dicho imprescindible, que este paradigma cambie radicalmente y que se comprenda que gobernar estas sociedades complejas del futuro inmediato, es una responsabilidad inescindible de toda la dirigencia política”.

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