Por Hernán Andrés Kruse.-

Macri y su conservador proyecto para cambiar el impuesto a las ganancias logró lo que hasta hace horas parecía imposible: unir los bloques del peronismo de la Cámara de Diputados. Mientras que en el recinto se discutía la Ley de Emergencia Social, legisladores del kirchnerismo, el massismo y el bossismo (Diego Bossio) acordaban la conformación de un único proyecto opositor del impuesto a las Ganancias. La alternativa elevaba el mínimo no imponible en torno al 40 por ciento, lo que en la práctica significa que comenzarían a pagar dicho impuesto los solteros a partir de los 35.000 pesos de salario bruto y los casados con hijos desde los 44.000 pesos. Para llenar el agujero fiscal que produciría esa elevación del mínimo no imponible la oposición está decidida a restituir las retenciones a la minería, a aplicar un impuesto al juego online y a las tragamonedas, incorporar a los nuevos jueces y a crear una división entre las escalas más bajas y las más altas para que las deducciones de los últimos sean más bajas. Ayer (martes 6) fue un día frenético en el Congreso de la Nación. Dos horas y media antes del comienzo de la importante sesión (9 de la mañana), los diputados kirchneristas, massistas y bossistas dejaron de lado sus históricas diferencias para elaborar una propuesta conjunta respecto al impuesto a las ganancias. Pese a que el jefe de Gabinete había jurado que el gobierno haría todo lo posible para encontrar una solución negociada, lo cierto es que nadie del oficialismo intentó dialogar con la oposición. Lo que en realidad pretendía el presidente de la nación era que el proyecto oficial fuera aprobado con leves cambios, para así evitar que se tratase en el recinto alguno de los dictámenes de la oposición que en ese momento estaban en danza: uno del FPV, otro del Frente Renovador y el restante del Frente de Izquierda. En ese momento lo que pretendía la oposición era hacer naufragar el proyecto del oficialismo e incluir los cambios en el proyecto del FPV. Para ello era fundamental conseguir los 129 votos necesarios para forzar el comienzo de la sesión. En horas de la tarde los referentes de la oposición hicieron público el acuerdo alcanzado. Quienes se encargaron de hacerlo fueron Héctor Recalde, jefe de la bancada del FPV; Graciela Camaño, del massismo; Oscar Romero, del bossismo; Alicia Siciliani, del socialismo; y Victoria Donda de Libres del Sur. Previamente los legisladores le habían informado a Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de Senadores el FPV-PJ, quien les dijo que aguardaría el texto final antes de asegurar el apoyo de la bancada peronista. Sin embargo, Camaño aseguró en la conferencia de prensa que existía un preacuerdo con los senadores peronistas.

Tal como lo estipula el proyecto el mínimo no imponible se eleva a 33.500 pesos de ingreso bruto para los trabajadores solteros y 44.000 pesos para los trabajadores casados con dos hijos. Se trata de un piso alto que deberá actualizarse cada año en función del criterio de que únicamente pague el 10 por ciento de los asalariados que más ganan. Para concretar esa actualización la AFIP se verá obligada a brindar información anual sobre la evolución de los salarios para luego, en función de esos datos, definir el corte. Se parte del supuesto de que los salarios mencionados precedentemente (33.500 y 44.000) equivalen a dicho porcentaje (10 por ciento). En relación con las escalas el proyecto establece que la actualización se realizará por intermedio de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El proyecto excluye del impuesto al medio aguinaldo, las horas extras, los bonos por productividad y los jubilados que ganan hasta 60.000 pesos mensuales. La reacción del oficialismo no se hizo esperar. Dijo a manera de acusación que la propuesta de la oposición implica una merma de unos 30.000 millones de pesos adicionales al fisco nacional y a los fiscos provinciales. Los diputados opositores aseguraron que la pérdida será compensada con un impuesto del 7,5 por ciento para el juego a través de los medios online y otro del 10 por ciento para máquinas tragamonedas. Además, se gravará la renta financiera, los plazos fijos superiores al 1,5 millón de pesos y la operatoria con Lebac. Además, se anulará la quita de las retenciones a las mineras, los nuevos jueces comenzarán a pagar ganancias, al igual que las firmas que distribuyen dividendos al exterior. En el debate el renovador Romero sostuvo: “quiero destacar el esfuerzo de las autoridades de los bloques para condensar más de 40 proyectos de reforma de Ganancias, de los cuales cuatro contaban con dictamen, hasta llegar a esta propuesta alternativa y superadora”. Por su parte, Recalde destacó que “para lograr los 129 votos necesarios se requirió de mucha comprensión y consenso”. Y agregó que “todos cedimos algo. La realidad es que hoy 2,5 millones de argentinos están tributando ganancias”. Camaño se mostró confiada en que “mañana (por hoy, miércoles 7) los trabajadores, jubilados y monotributistas dejarán de pagar este impuesto tan injusto. Y no vamos a aceptar que nos tilden de irresponsables”. Respecto al oficialismo dijo Romero: “Esta es la noche de la política. No queremos imponer nada. Y si les toca perder, no piensen que vamos en contra de ustedes”. Luciano Laspina, titular de la comisión de la comisión de Presupuesto, exclamó que la propuesta opositora implica un “acto de irresponsabilidad que, como oficialismo, no vamos a avalar. Nuestro deber como oficialismo es defender un proyecto de gobierno como una integralidad. Se quieren llevar puesto al gobierno nacional con una propuesta de reforma que no hicieron en 12 años”. Axel Kicillof (FPV) rememoró la promesa de Macri durante la campaña electoral de eliminar Ganancias para la clase trabajadora. “No sólo hubo incumplimiento sino oportunismo durante la campaña”, afirmó el ministro de Economía de Cristina. Por su parte, Marco Lavagna, referente del massismo, dijo que “el Ejecutivo no quiso buscar consensos con la oposición. Estuvimos dispuestos a hacer todos los consensos que hiciesen falta, pero no quisieron hacerlo” (fuente: Cristian Carrillo, “Todos contra Cambiemos, que no cambia nada”, Página/12, 7/12/016).

En la madrugada del miércoles 7 de diciembre la oposición unificada le propinó al presidente de la nación la más dura derrota política a partir de su asunción el 10 de diciembre de 2015. En efecto, el texto acordado recibió el voto afirmativo de 140 legisladores mientras que los votos negativos fueron 86 y hubo 7 abstenciones. El proyecto consagra un incremento del 50 por ciento del mínimo no imponible: los trabajadores solteros recién pagarán el impuesto a partir de los 27.700$ netos mientras que los trabajadores con dos hijos lo harán a partir de los 36.600$ netos. La gran pregunta es cómo se financiarán semejantes cambios. La oposición propone la creación de nuevos impuestos al juego y a la renta financiera, y la reposición de las retenciones a la minería que fueron eliminadas por Macri al comienzo de su mandato. Esta votación implica un formidable cambio en el Congreso ya que a partir de ahora el oficialismo se las verá con una oposición capaz de unificarse en su contra. La conferencia de prensa brindada por sus referentes creó un escenario preocupante para Cambiemos. El texto de consenso incluyó no solo a las tres ramas del peronismo, el FPV, el FR y el BJ, sino también al Frente Amplio Progresista, Proyecto Sur y el Movimiento Evita. Quedaron afuera del acuerdo el Frente de Izquierda y los bloques provinciales afines a Cambiemos. El proyecto recaló en Senadores. Si finalmente se transforma en ley dejarán de pagar el impuesto un millón de trabajadores, vale decir la mitad de los trabajadores alcanzados por el tributo (20 por ciento de los empleados registrados). Este grupo se engrosa con los jubilados ya que de acuerdo con el proyecto sólo pagarán el impuesto aquellos jubilados cuyo piso alcance los 60.000 pesos brutos. Luciano Laspina aprovechó la ocasión para denunciar en el recinto una maniobra opositora tendiente a desestabilizar al gobierno de Macri. “Se quieren llevar por delante al gobierno, con un desfinanciamiento de la Nación y de las provincias, con una reforma que no hicieron durante 12 años”, acusó. Durante la época de Cristina el macrismo opositor, junto a otros bloques de la oposición, sancionó el 82 por ciento móvil para los jubilados obligando a la presidente a vetarlo para evitar el desfinanciamiento de las arcas estatales. No recuerdo que alguien del machismo haya dicho que con esa ley se intentaba desestabilizar al gobierno nacional. Evidentemente, no es lo mismo ser gobierno que oposición. La reforma cuesta unos 65.000 millones de pesos, unos 32.000 millones de pesos más que el proyecto oficial. La diferencia no es menor. De algún lado deben extraerse esos 32.000 millones de pesos para evitar que se produzcan grietas en las arcas del Estado. El proyecto propone que se exceptúen del impuesto los viáticos, el aguinaldo y los bonos por productividad. El proyecto contempla además la creación de nuevos impuestos para cubrir el bache provocado por la reforma. Propone la reposición de las retenciones del 5 por ciento a la minería, la creación de un impuesto del 10 por ciento a las máquinas tragamonedas y otro del 7,5 por ciento a las apuestas online, y gravar los plazos fijos mayores a 1.500.000$, las ganancias de las Lebac, la remisión de dividendos al exterior y el reparto de dividendos. Además, los nuevos jueces deberán pagar el impuesto y se dispone un índice de actualización automática del mínimo no imponible (en función de la variación salarial) y la duplicación de los topes de facturación de los monotributistas (fuente: Gabriel Sued, “Revés para el gobierno: la oposición se unió y votó cambios en Ganancias”, La Nación, 7/12/016).

Horas antes la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de emergencia social que venían clamando desde hacía bastante tiempo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. El proyecto, que ahora pasa al Senado para que sea tratado en sesiones extraordinarias, establece que el gobierno nacional destinará 10.000 millones de pesos, mientras dure la emergencia durante la presidencia de Mauricio Macri, para la creación de un Consejo de la Economía Popular para analizar y discutir un salario social complementario, e incrementar las remuneraciones de los cooperativistas beneficiarios de planes sociales (de 3200 a 4000 mil pesos mensuales y un medio aguinaldo o bono en diciembre de 2030 pesos). El proyecto recibió el respaldo de 227 diputados y solo un diputado votó en contra. Se registraron 4 abstenciones (del FIT). El macrismo valoró el acuerdo con las organizaciones sociales y la existencia de un verdadero Indec. Para Luciano Laspina (Pro) la norma puede servir para terminar con el conflicto social callejero. Los diputados que defendieron el proyecto en el recinto resaltaron el hecho de que ahora los trabajadores de la economía regular quedaron dentro de un marco institucional que los protege de los mandobles del capitalismo de exclusión que agobia a los pueblos. Leonardo Grosso (FPV-Movimiento Evita) dijo que “el sector más empobrecido de la clase trabajadora logró, a través de la unidad de la calle, imponerle agenda a este gobierno de grupos económicos concentrados” (…) “Los reclamos por esta ley no llegaron por la voluntad de la política, llegaron porque los movimientos sociales inundaron las calles el 7 de agosto”. Por su parte, Federico Masso (Libres del Sur) consideró que “hay cinco millones de niños por debajo de la línea de la pobreza, y esos niños en esa situación hace catorce años que lo único que conocen es la cuchara, porque lo único que pueden comer en esta Argentina de la emergencia social es un plato de sopa, un plato de guiso o en el mejor de los casos alguna albóndiga con unos fideos”. El FPV cuestionó que el acuerdo con el oficialismo no incluyera la creación de un millón de puestos de trabajo y los incrementos a las asignaciones por hijo y embarazo que contenía la media sanción en la Cámara Baja. El legislador Fernando Raverta se mostró muy crítico “de la extorsión de Macri para exigir en el acuerdo la desmovilización de los movimientos sociales mientras dure la emergencia” y lo acusó de pretender comprar la paz social casi de manera gratuita. Su colega Edgardo Depetri cuestionó al oficialismo por destinar 30 mil millones de pesos en tres años para los sectores más carenciados de la sociedad cuando no dudó en perdonar en 20 mil millones de pesos el no pago de multas a las empresas eléctricas Edenor y Edesur. El massismo y el bossismo celebraron el acuerdo y criticaron al oficialismo. Héctor Daer, del Frente Renovador, expresó que se había llegado “a este punto después de haber impulsado un proyecto en el Senado y después de haber comprendido las organizaciones sociales que tenía que haber un proyecto lógico”. Luego le reclamó al gobierno espíritu de autocrítica y terminar de una buena vez con la política asistencialista. Por su parte, Néstor Pitrola (FIT) dijo que “no se supera la emergencia social estatizando organizaciones de lucha” (…) “Contraponemos el derecho al trabajo y la lucha obrera y popular al asistencialismo clientelar y la cooptación de organizaciones sindicales y populares” (fuente: Miguel Jorquera, “Más cerca de la emergencia social”, Página/12, 7/12/016).

La inflación no da tregua. Según el Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET en noviembre los precios subieron un 1,6 por ciento mientras que a lo largo del año el incremento fue del 41,1 por ciento. En los sectores de la indumentaria y el calzado la inflación fue del 3 por ciento mientras que en alimentos y bebidas fue del 1,8 por ciento. En otros rubros los guarismos fueron los siguientes: vivienda (1,7 por ciento), transporte y comunicaciones (1,3 por ciento), esparcimiento (1,2 por ciento), mantenimiento del hogar (1,1 por ciento), servicios de educación y artículos escolares (0,6 por ciento) y salud (0,5 por ciento). Por su parte, la ortodoxa Fundación Fiel estimó en un 1,2 por ciento el incremento del índice de precios al consumidor en noviembre mientras que en los últimos doce meses la inflación fue del 40,3 por ciento. Sus especialistas explicaron que “a lo largo de este año, solo en los meses de agosto y septiembre la inflación estuvo por debajo del 2 por ciento; en esos meses las tasas más bajas se explicaron por la reducción de la tarifa de gas”. Además, consideró que una familia necesitó 11.800 pesos el mes pasado para sobrevivir, lo que implica un incremento del 1,6 por ciento en relación con octubre y del 45,8 por ciento respecto a igual mes del año pasado. Esa misma familia, para no ser indigente, necesitó 5209 pesos, lo que representa un aumento del 1,5 por ciento mensual y 41,6 interanual. Por último, según la canasta básica elaborada por CedeBH, en noviembre la inflación fue del 3,1 por ciento mientras que en los últimos doce meses fue del 44.4 por ciento (fuente: “La inflación no cede”, Página/12, 7/12/016).

Hoy el dinero que corresponde a la devolución del IVA al jubilado y a los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) es cobrado por cerca de un millón de personas, cifra que poco tiene que ver con la cifra esgrimida por el gobierno de Macri: 9 millones. Desde julio a la fecha la AFIP ha devuelto 410 millones de pesos, cifra que nada tiene que ver con los 25.000 millones de costo fiscal anual que supuestamente tendría la devolución del IVA. En junio fue sancionada la ley 27.253 de devolución del 15 por ciento del IVA a los sectores más débiles para que puedan hacer compras con tarjeta de débito. En ese momento de euforia Prat-Gay dijo que “el IVA es un impuesto regresivo que castiga a los que menos tienen. Hay casi nueve millones de argentinos a los que les estamos evitando los aumentos de precios de los últimos seis meses. No es poco. La medida-en relación a la devolución del IVA-equivale a retrotraer el valor de la canasta básica alimentaria a los valores de enero para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por embarazo, y a los precios de noviembre para los jubilados”. Al poco tiempo el gobierno impuso un tope de 300 pesos por mes por jubilado. A fines de julio, el régimen benefició a unas 670.000 mil personas (jubilados, pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la AUH y asignación por embarazo) por un monto de 90 millones de pesos. En agosto, los beneficiarios fueron 1,1 millón (440 mil jubilados, 300 mil de la AUH, 330 mil de pensiones no contributivas y 37 mil beneficiarios de pensiones por fallecimiento). En septiembre, 1.133.000 personas fueron las beneficiarias (481 mil jubilados, 337 mil pensiones no contributivas y 273 mil de la AUH). Una fuente del equipo económico confió a Página/12 que “es muy difícil modificar las costumbres en un plazo tan corto, particularmente los jubilados no tienen la costumbre de usar la tarjeta. Además, muchos comercios no tienen posnet. Faltaría hacer una campaña publicitaria. En esto nos podrían dar una mano los supermercados. Nuestra política a partir del año que viene será el combate al uso de efectivo, para reducir la evasión y ampliar la base imponible. Son cosas que requieren tiempo. Los nueve millones de personas son las que están en condiciones de recibir el beneficio”. Por su parte, Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, explicó a Página/12 que “la devolución del IVA no tiene impacto en el bolsillo de los jubilados. Los viejos no usan el plástico ni tampoco tienen posnet los comercios de cercanía donde hacen las compras” (…) “este año el poder adquisitivo del jubilado perdió entre 10 y 15 puntos porcentuales. Esto se explica porque el aumento estuvo por debajo del incremento de precios de la canasta de consumo, que es muy pequeña y tiene fuerte contenido de alimentos hiposódicos e hipocalóricos y de medicamentos, cuyos precios subieron fuertemente”. La devolución del IVA es una importante medida que el gobierno ha tomado para promocionar su política de apoyo a los sectores pobres. En esa agenda también debe ubicarse a la “ley de reparación histórica”. Dice Semino: “hay una demora importante de parte de la Anses para suministrar los datos que cada jubilado necesita para tomar la decisión. Además, los montos no son lineales como se informó en la publicidad. No es que todos reciben mejoras del 30 al 40 por ciento. Alguno recibió una suma importante y otro recibe 50 pesos conforme a su historia laboral. Hay grandes frustraciones y algunos que reciben un buen reconocimiento. El universo de jubilados involucrados tampoco está claro, no conocemos el padrón y depende de la aceptación de cada jubilado, hay muchos que no aceptan porque no les interesa, hay muchos otros que todavía ni consultaron” (fuente: Javier Lewkowicz, “Era para nueve millones, cobra un millón”, Página /12, 6/12/016).

Share