Por Hernán Andrés Kruse.-
Que el presidente de la nación está en las antípodas del liberalismo no debe sorprender a nadie. Su marcada intolerancia, su desprecio por quien no concuerda con su pensamiento, su predilección por el insulto y la descalificación, no hacen más que poner en evidencia su desprecio por esa noble filosofía de vida. Pero si hay algún argentino que todavía cree que Javier Milei es un liberal, seguramente su creencia se habrá desmoronado al enterarse de su decisión de restringir, por decreto, el derecho de todo argentino de acceder a la información pública.
Si bien el decreto reconoce el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, la promoción de la participación ciudadana, la transparencia de gestión, etc., en realidad no hace más que enviarle al ciudadano el siguiente mensaje: “usted conocerá sólo lo que quiera el presidente”. Por ejemplo, estipula que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada”. A su vez, prohíbe la difusión de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre una cuestión o acto gubernamental (fuente: Página/12, 2/9/024).
Para tener plena conciencia de la gravedad de este decreto atentatorio de la democracia liberal, nada mejor que leer el ensayo de Verónica Gauchi Risso (Departamento de Documentación-Facultad de Humanidades-Universidad Nacional de Mar del Plata) titulado “Derecho a la información pública” (2012).
INTRODUCCIÓN
“En la actualidad, la información aparece como un hecho y un problema, y es normal que a esta situación se responda con un derecho: el del acceso a la información, cuyos fundamentos se encuentran en la doble consideración del hombre contemporáneo: persona en situación histórica y ciudadano, puesto que para poder desenvolverse en la sociedad, se necesita información. El derecho a la información tiene su lugar entre los derechos elementales del hombre; nace ante la necesidad de reglamentar y organizar el ejercicio de un derecho natural, reconocido con estas características en las leyes fundamentales de los diversos países constituidos en el ámbito jurídico-político al modo de Estados de derecho.
El derecho de acceso a la información pública constituye uno de los pilares esenciales para el funcionamiento de la democracia. Este derecho que se encuentra enmarcado dentro de la tercera generación de los derechos fundamentales del hombre adquiere significación plena y efectiva en relación con un contexto temporal determinado y con una realidad socioeconómica y cultural concreta. Los profesionales del ámbito de la información bien sabemos acerca de los problemas que acarrea la falta de información y sobre las consecuencias de estar mal informado; la información es un factor de progreso en la sociedad contemporánea que aparece como una exigencia para el “bien común”.
Para poder actuar en la sociedad el hombre requiere de información, y si bien toda necesidad no engendra un derecho, a una necesidad tan fundamental, objetiva y universal como el acceso a la información se hace necesaria la existencia de un derecho que la ampare, puesto que cualquier ciudadano no cumplirá con su papel más que si está bien informado.
MARCO CONCEPTUAL
GENERACIONES DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL ORIGEN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN
“Cuando se habla de derechos fundamentales, se está hablando de generaciones de derechos humanos, marcados en diferentes momentos históricos del mundo contemporáneo, y por diferentes modelos que asumió el Estado a lo largo del tiempo. Examinaremos a continuación el origen de estos derechos, ligado al nacimiento del Estado, por la inconformidad de la población con el régimen absolutista”.
PRIMERA GENERACIÓN DE DERECHCOS FUNDAMENTALES: LA LIBERTAD, LA PROPIEDAD, LA SEGURIDAD Y LA RESISTNECIA A LA OPRESIÓN
“La primera generación de derechos humanos se contextualiza en dos momentos históricos sucesivos: el primero, las denominadas revoluciones burguesas del siglo XVIII, y luego, en la etapa de consolidación de la revolución liberal, con el advenimiento del llamado Estado Liberal de Derecho, marcando el tránsito de los antiguos derechos estamentales medievales a los modernos derechos humanos. En el plano de la titularidad corresponden a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, y en el plano de la naturaleza jurídica, pasan a ser instrumentos del derecho público.
Con el movimiento de independencia de las colonias inglesas de América del Norte, el triunfo del Iluminismo y las ideas de la Ilustración, se plasman por escrito los primeros derechos fundamentales en la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia, el 12 de junio de 1776, e inmediatamente en la Declaración de Independencia Norteamericana, el 4 de julio de 1776. En el texto de Virginia se inicia la concepción liberal de los derechos individuales, que sustrae determinadas esferas del hombre al poder del Estado, al constituirse el Estado y la sociedad civil mediante el contrato originario según la tesis de John Locke, por la que los hombres se desprenden de una parte de sus derechos naturales innatos, con el único objeto de conseguir ver garantizadas esas esferas naturales de libertad por el Estado, que además garantiza, en caso de ataque, la legítima corrección y sanción.
En Europa, las tesis del Iluminismo y las ideas revolucionarias de Jean Jacques Rousseau se consagraron en la primera Carta de derechos francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789. Con vocación universalista, la declaración de 1789 se dirige a toda la humanidad, afirmando los derechos naturales e imprescriptibles de los hombres: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La Revolución Francesa trae consigo una nueva concepción de la organización social, en la que los derechos humanos constituyen principios fundamentales de articulación o estructuración en el plano nacional.
En América, el siguiente paso vino dado por la incorporación de las declaraciones al constitucionalismo. Hasta la Constitución de Apatzingán, de 1814 (México), las declaraciones de derechos no se integraron en el articulado constitucional como principios directamente ejecutables ante los tribunales. De esta forma nacen los derechos públicos de los ciudadanos. La primera generación de derechos humanos es fruto de la ideología liberal y de la mentalidad burguesa. Reconoce los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, y en este sentido proclama los derechos que corresponden al hombre por naturaleza desde presupuestos individualistas: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Así se mantuvieron durante todo el siglo XIX, el siglo del liberalismo y del modelo del Estado liberal de derecho. Este modelo de Estado, aparentemente despolitizado, que no persigue una actuación transformadora del modelo social y consagra la neutralidad y el abstencionismo de las Administraciones Públicas, no podía interferir en el plano de las relaciones sociales para regular la cultura. Sin embargo, pueden observarse claros antecedentes de los derechos culturales en esta primera etapa de positivación de los derechos fundamentales. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, incluida en el Proyecto de Constitución Republicana Francesa, del 24 de junio de 1793, en el artículo 22 se menciona el derecho a la instrucción pública, que hoy podríamos entender como derecho a la educación, un auténtico derecho cultural”.
SEGUNDA GENERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES: SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES
“El individualismo y la neutralidad del Estado liberal de derecho no podían satisfacer las exigencias de libertad e igualdad de los sectores sociales más deprimidos; el modelo liberal de Estado generó serios problemas sociales, lo que condujo hacia un nuevo modelo de Estado: el Estado social de derecho, que se instituye mediante la figura del Estado intervencionista, que actúa sobre los procesos socioeconómicos en defensa de los más desfavorecidos socialmente. Con él surge la idea de procura existencial, que está en la base de los nuevos derechos fundamentales. El poder público tiene la tarea de proporcionar a la generalidad de los ciudadanos las prestaciones necesarias y los servicios públicos adecuados para que puedan desarrollar plenamente su personalidad.
Puede considerarse que, a comienzos de la primera década del siglo XX, los derechos económicos, sociales y culturales alcanzan su verdadero estatuto jurídico-formal en los textos constitucionales. La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917, y la Constitución del Reich Alemán, o Constitución de Weimar, de 1919, son las primeras que los formulan expresamente. El fenómeno se generaliza a partir de la II Guerra Mundial, con el desarrollo constitucional de los nuevos Estados surgidos al finalizar el conflicto bélico universal, y como consecuencia de los procesos de descolonización. Estos derechos se consolidan al amparo de la Organización de Naciones Unidas, con documentos internacionales y regionales.
Los derechos de segunda generación surgen como respuesta de los sistemas jurídicos constitucionales a las necesidades vitales del hombre, satisfacen todas aquellas aspiraciones sociales que fueron desatendidas, cuando no despreciadas, por el Estado liberal, y garantizan la participación de los ciudadanos en las diversas esferas de la vida social, económica y cultural. Los derechos culturales alcanzan carta de naturaleza en el modelo histórico de Estado social de derecho y bajo el principio de igualdad social y económica en las relaciones sociales; cubren la protección de los individuos y los grupos en el ámbito de los vínculos que les unen a su propia herencia cultural. Constituyen este grupo el derecho a la conservación y desarrollo de la propia cultura, el derecho a participar en la vida cultural y el derecho a la protección de las creaciones científicas, literarias y artísticas”.
TERCERA GENERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES: LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA, LA ECOLOGÍA Y EL PATRIMONIO CULTURAL
“Las transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas acaecidas en la segunda mitad del siglo XX impusieron, tanto a la doctrina como a la legislación, la ampliación del sistema de derechos fundamentales, dando respuesta a las nuevas necesidades vitales, sentidas por el hombre contemporáneo como valores jurídicamente exigibles e irrenunciables. Los derechos de tercera generación dan respuesta a la erosión y degradación del sistema de derechos fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías, y redimensionan las relaciones de los hombres con su ambiente y marco de convivencia. La tercera generación de derechos se encuentra en plena consolidación y desarrollo. Incluye los intereses ecológicos y medioambientales, el uso de la informática, la telemática, la tecnología, y los relacionados con el mundo de la cultura.
El pleno desarrollo del hombre implica la necesaria asimilación de los valores que reflejan los bienes culturales, cuyo instrumento máximo es el derecho a acceder y disfrutar del patrimonio cultural. Este proceso de positivación internacional de los derechos fundamentales se inició bajo la Sociedad de Naciones y fue trágicamente interrumpido por la II Guerra Mundial. Los horrores de esta contienda condujeron a la humanidad a tomar conciencia acerca de la protección de los derechos fundamentales, que había dejado de ser una cuestión doméstica de los Estados para convertirse en un auténtico problema internacional”.
05/09/2024 a las 1:44 PM
DESPUES DE PEGARLE SIN PIEDAD A NUESTRO AMIGO Y ADVERSARIO VIRTUAL, DURANTE VARIOS DE SUS COMENTARIOS, EL MUY CULTO Y PACIENTE KRUSE, ESTA VEZ DEBEMOS ADMITIR QUE ESTA PARADO EN LA VEREDA CORRECTA.
PENSAMOS COMO EL, Y AGREGAMOS, CUANDO SE QUIERA PRESERVAR UNA INFORMACION QUE HACE A LOS INTERESES DEL ESTADO, EXISTEN LOS MECANISMO INHERENTES AL EFECTO, COMO «INFORMACION RESERVADA O CLASIFICADA».
SI LAMENTAMOS QUE, DURANTE EL KIRCHNERATO, HIZO POCA MENCION DE LOS ENTUERTOS ENCUBIERTOS O LO QUE ES PEOR, NADA DIJO DE DATOS FALSOS ENTREGADOS POR LA BANDA DELINCUENCIAL QUE GOBERNO EL PAIS DURANTE 20 AÑOS.
PERO ESO YA PASO, ES HISTORIA.
ESTA VEZ ESTAMOS DE ACUERDO CON EL Y DEBEMOS ADVERTIR QUE MUCHAS DE LAS MEDIDAS NO PASAN POR MILEI, SINO DE ALGUNOS «GENIOS» QUE TIENE AL LADO.
05/09/2024 a las 3:51 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Un grave retroceso en la libertad
Joaquín Morales Solá
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
4/9/024
Pasó de las palabras a los hechos. De las insistentes ofensas verbales a la firma de un decreto restrictivo de la libertad. Avanzó de llamarles “ensobrados” a todos los periodistas, que no sean desde ya fanáticos seguidores suyos, a recortarles a tales “esbirros” el derecho de acceder a una parte significativa de la información pública. Digámoslo de una buena vez: Javier Milei tiene un discurso peligrosamente violento con los periodistas, pero no solo con los periodistas, que pone en riesgo la paz social, cuya preservación es la primera obligación de un presidente. A ese mandatario que ya conocíamos, se le agregó el lunes el jefe del Estado capaz de firmar un decreto inconstitucional que limita los alcances de la ley de acceso a la información pública. Es inconstitucional por el simple hecho de que un decreto no puede restringir los márgenes establecidos por una ley. Esa ley de acceso a la información sirvió para que el periodismo conociera –o confirmara– información valiosa sobre la corrupción política o sobre el trasiego de personas por los edificios que ocupan los presidentes. Sin esa ley, la sociedad no hubiera podido conocer nunca el listado de personas que ingresaron a la residencia presidencial de Olivos durante la gestión de Alberto Fernández ni, por lo tanto, la cantidad de supuestas “novias” del entonces primer mandatario.
Es cierto que los periodistas más experimentados en la investigación (Hugo Alconada Mon o Diego Cabot, para citar solo dos casos) tienen fuentes suficientes como para arreglárselas sin esa ley, pero también es verdadero que aún a ellos la ley les sirve como respaldo de la información que consiguen por su propia cuenta. Milei introdujo, por un mero decreto, fundamentalmente dos modificaciones a la ley de acceso a la información pública. Por un lado, redefine lo que es información pública y señala que no lo es la vida privada de los gobernantes. Milei está ofuscado –cuándo no– porque un periodista pidió conocer, haciendo uso de la ley de acceso a la información, los gastos de recursos estatales que significó la construcción de caniles en Olivos para los perros del Presidente. Puede ser que él considere a esos detalles una información “doméstica” relevante, como la llamó, pero un episodio aislado no debería significar una regresión para una importante conquista de la sociedad argentina, como fue aquella ley de acceso a la información. Los periodistas no trabajan para comentar entre amigos en el café de la esquina la información que consiguen, sino para publicarla y llevarla al conocimiento público. Además, no son solo los periodistas los que pueden hacer uso de esa ley; cualquier argentino, sin ni siquiera acreditar las razones ni contar con un abogado, puede reclamar información sobre los actos del Estado.
El decreto de Milei terminará también promoviendo una nueva distancia con Pro. La ley de acceso a la información pública, tal como la conocemos ahora, fue una iniciativa del gobierno de Mauricio Macri en 2016. El autor de esa ley fue Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información durante la gestión de Macri y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bertoni regresó después a los Estados Unidos, donde había vivido cuando era relator de la CIDH. “Es una de las decisiones de mi Gobierno de las que más orgulloso me siento”, señaló Macri varias veces, y ponderó que esa ley le permitió al país ascender muchos peldaños en el ranking mundial de transparencia. También acercó a la Argentina a la posibilidad de ingresar a la prestigiosa OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), un club exclusivo de solo 38 países con requisitos muy estrictos para ser parte de él. Luego, el gobierno de Alberto Fernández se alejó de la OCDE y prefirió solicitar el ingreso de la Argentina a los Brics, una organización fundada recientemente por China, India, Rusia, Sudáfrica y Brasil. Milei retornó a la política de Macri y accedió a cumplir con todos los requisitos de la OCDE; no le interesan, en cambio, los Brics. El acceso a la información pública es un requisito de la OCDE para ser miembro de la organización. Mala noticia para el Presidente.
La segunda modificación fundamental de Milei a la ley de acceso a la información pública redefine lo que es un documento estatal; señala que no lo son las deliberaciones previas de los funcionarios ni los papeles de trabajo que preceden a la elaboración definitiva de un documento. ¿Por qué no? ¿Acaso la historia no se escribe también con esos fragmentos de lo que sucedió mientras se elaboraba un documento? El decreto tiene varias modificaciones más a la letra y el espíritu de la ley. Es un decreto reglamentario de la ley y es más restrictivo que esta; altera la ley y, por lo tanto, es inconstitucional según la jurisprudencia de la Corte Suprema.
El Presidente también se regodeó con una amenaza explícita al periodismo cuando anticipó que le pediría al Congreso una ley para que los periodistas sean considerados personas políticamente expuestas. Un absurdo. Esta calificación les cabe solo a los funcionarios de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluidos diplomáticos, militares y funcionarios de universidades– y a sus familiares directos. Se considera así a las personas que por su posición en el Estado son más susceptibles de recibir sobornos o de perpetrar actos de corrupción con los recursos públicos. Pero el aspecto más grave de la declaración de Milei consiste en que adelantó, sin averiguar nada ni argumentar nada, que sometería a los periodistas de esa manera al “escarnio público”. Según la Real Academia Española, escarnio significa “burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar”. En síntesis, el Presidente considera que la profesión de periodista por sí sola es corrupta y que merece el escarnio. Violencia verbal, pura y dura. Pero ¿y sus amigos periodistas? ¿O no los considera periodistas? La amenaza no distinguió entre los periodistas amigos y los periodistas críticos o independientes.
También les pidió a los editores de LA NACION que expliquen por qué se oponen a la designación del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Cumpliendo con la función de “esbirro” (“persona que sigue servilmente a otra por dinero o por interés”, según la Real Academia Española), debe señalarse que no existe una cuestión personal con Lijo como para dar tales explicaciones. Las objeciones a Lijo son de índole moral, ética y hasta intelectual –carece de las condiciones indispensables para ser juez de la Corte Suprema– y se han publicado en el diario en muchos editoriales, columnas y notas. No es un secreto por qué LA NACION está en desacuerdo con la postulación de Lijo, salvo, según parece, para Milei.
El principal problema del Presidente es que Lijo se convirtió en un asunto público que les interesa cada vez a más sectores sociales. Es probable que Milei esté malhumorado porque la candidatura de Lijo se atascó en el Senado; Lijo parece ya un capricho presidencial después de que Macri, el senador Luis Juez (que frecuenta a Milei) y los radicales amigos, por ejemplo, tomaran distancia de la postulación de ese juez. En despachos de la Corte Suprema se subrayó que sus miembros están preparados para lidiar con un tribunal supremo de apenas tres miembros; eso sucedería después de diciembre cuando se haya jubilado Juan Carlos Maqueda, el actual decano de los miembros de la Corte, y si el Gobierno no logra antes el acuerdo senatorial para Lijo. Diez días después de que Lijo expusiera en una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado, esta no solo no firmó el dictamen, indispensable para que el pliego de Lijo llegue al plenario del cuerpo, sino que el oficialismo logró apenas tres firmas de los integrantes de la comisión; necesita por lo menos nueve firmas de los 17 miembros que integran esa comisión. Ese es el mejor síntoma del retroceso de la candidatura de Lijo.
Sin embargo, nadie en la política descarta que se decida un ritmo más acelerado para las negociaciones entre el gobierno de Milei y Cristina Kirchner, que llevan a cabo los delegados Eduardo “Wado” de Pedro, en nombre de Cristina, y Santiago Caputo, el poderoso asesor de Milei en nombre de este. Caputo habría inspirado, al menos, el decreto de Milei que limitó la ley de acceso a la información pública; su elaboración estuvo a cargo de María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico y persona de confianza política del Caputo asesor. No hay remedio: el secretismo y la oscuridad informativa del kirchnerismo son contagiosos. En esas negociaciones se hablaría de la ampliación de la Corte Suprema para sumar dos jueces más para que ingresen mujeres a cambio del acuerdo del kirchnerismo para Lijo y para Manuel García-Mansilla, quien no tuvo hasta ahora ninguna objeción profesional seria.
La ampliación de la Corte es una preocupación especial de los actuales jueces del máximo tribunal del país. Sospechan que Cristina Kirchner podría darse un lujo que le fue negado durante sus ocho años de presidenta: nombrar a un juez de la Corte Suprema. Su candidata sería la exsenadora María de los Ángeles Sacnum, una cristinista desde antes del cristinismo. Una negociación paralela, con los mismos negociadores, se refiere a las ternas para cubrir más de 140 cargos de jueces federales y nacionales que están en poder de Milei. “Nada bueno puede salir de ahí”, se resignó un opositor amigable de Milei cuando se le desplegaron las negociaciones en marcha. Nada bueno depara tampoco un presidente que asiste a la celebración del Día de la Industria, en la sede de la Unión Industrial Argentina, y se ocupa obsesivamente en golpear sobre la vieja fractura, curada hace mucho tiempo, entre la industria y el campo. Un soldado en busca de la batalla perpetua.
05/09/2024 a las 3:54 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El peligro de un cerco informativo en la Quinta de Olivos
Eduardo van der Kooy
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
4/9/024
Si se omitieran su tono de voz, su pelo y su sexo, las recientes opiniones de Javier Milei acerca del periodismo, los periodistas y la libertad de prensa podrían haber sido adjudicadas, con nulo margen de error, a Cristina Fernández. Eso podría plantear un interrogante acerca de la consistencia de las invocaciones a la libertad que acostumbra a realizar el Presidente. Tal vez, algo aún de mayor profundidad: no está claro que sistema político-institucional imagina el líder de La Libertad Avanza como soporte del modelo de libre mercado y Estado mínimo con el cual machaca desde que llegó al poder, hace nueve meses.
En tren de comparaciones, podría establecerse una diferencia entre el hombre que ejerce el Poder Ejecutivo y la dama que estuvo en tres ocasiones. Milei increpa y descalifica los periodistas ligándolos con la corrupción. Por ahora, ese pareciera ser su límite. A Cristina, en cambio, le encantaba envolverlos en grandes confabulaciones contra su gobierno, bajo la sombra de los presuntos poderosos. Argumento que le fue funcional para disparar persecuciones. ¿A cuánto estaría el Presidente actual de tentarse con esa copia?
Algún pequeño paso habría comenzado a dar. Dispuso un decreto que prohíbe el acceso a la información estatal de todo aquello que el Gobierno considere datos de carácter “privado”. Fue tildado de “inconstitucional” por seis importantes organizaciones civiles. Un retroceso respecto de la norma puesta en marcha en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Para comprender el supuesto parentesco del reflejo libertario con el kirchnerismo, valdría apuntar que la primera modificación a la reglamentación original correspondió a Santiago Cafiero, en abril de 2021, en su condición de Jefe de Gabinete.
El ahora diputado de Unión por la Patria delegó en funcionarios de menor jerarquía la facultad de denegar información solicitada a través de un pedido de acceso. El texto original especificaba que cualquier denegatoria debía correr por cuenta de la máxima autoridad o entidad requerida. Aquella delegación representó, de modo objetivo, una devaluación de responsabilidades.
En ese momento la administración de Alberto Fernández fue criticada por los miembros de la oposición. En especial, el PRO. Las voces que siempre se auto titularon republicanas asoman en este tiempo mucho más remisas. Tal vez, por la proximidad política que el macrismo mantiene con el gobierno de Milei. Los principios, está visto, dependen mucho del oportunismo y las circunstancias. El célebre Groucho Marx se estaría haciendo un festín.
Milei condicionó la posibilidad de una rueda de prensa abierta –por ahora está invicto en ese terreno—si los periodistas “juegan en el mismo terreno que los políticos”. Del enunciado se podría extraer dos conclusiones: o hay incomprensión o hay mala intención presidencial. Los campos de acción de unos y otros son absolutamente diferentes. Los dirigentes pertenecen al sistema institucional. Los periodistas no.
Milei se atrevió incluso a progresar con la propuesta. “Si quieren, pido al Congreso que mande una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas. Que presenten declaración jurada, que puedan ser sometidos al escarnio público que los periodistas someten al resto de la sociedad”. Para el primer mandatario, por lo visto, la información sería un modo de escarnio que no solo afecta a los políticos. También a la comunidad. Una invitación a provocar una brecha que los libertarios vienen espoleando desde hace rato con las patrullas digitales. Ellos serían los nuevos representantes de la libertad de prensa.
Llama la atención que la jugada presidencial se produzca en un momento en que el acceso a la información pública está brindando revelaciones estremecedoras. En particular, relacionadas con la residencia de Olivos. Gracias a aquel instrumento se supo, por ejemplo, la romería que frecuentaba la Quinta en tiempos de pandemia estricta. Así se filtró la recordada fiesta de cumpleaños. Por igual mecanismo se podría echar luz, además, a la denuncia por violencia de género que la ex primera dama, Fabiola Yáñez, formuló contra el ex presidente Fernández. En eso está el juez Julián Ercolini.
Quizás haya que prestar mucha atención a ese magnífico predio de la zona norte de Buenos Aires. Milei desarrolla allí sus principales actividades de Gobierno. Asiste a la Casa Rosada solo dos veces por semana. Distribuye la información que únicamente le interesa a él. Por caso, la cena que mantuvo días pasados con su pareja, Amalia “Yuyito” González y su hijo, Stefano. Suceso de repercusión.
Otros asuntos, en cambio, le causarían un hondo disgusto. Las preguntas sobre los perros y los caniles construidos en Olivos. Algunas visitas reservadas que recibiría los fines de semana. Se supo del fastidio que le provocó la difusión de una de una nómina con nombres de periodistas que lo visitaron. ¿Disgusto por qué motivo? Son profesionales que hacen su labor.
Ese constituiría un aspecto que habría que auscultar. La restricción del acceso a la información pública podría convertirse en un cerco en torno a la residencia de Olivos. Aunque todos conocen que, aún sin esa limitación, existen mecanismos para que algunos visitantes puedan ingresar o salir sin quedar registrados.
El Presidente expone otra debilidad. Deplora todo aquello que el periodismo comenta en torno a lo que denomina “el triángulo de hierro”. Lo compone junto a su hermana, Karina, El Jefe, y el joven asesor Santiago Caputo. Karina fue designada como Secretaria General. Muchas de sus actividades son públicas. Tiene derecho a preservar gestiones políticas que hace con discreción.
El problema es Santiago Caputo. Apenas posee rango de asesor. Exhibe una influencia política que a Milei le desagrada que se conozca. Nunca uno de los postulantes a la Corte Suprema, Manuel García Mansilla, (el otro es Ariel Lijo) debió decir lo que dijo ante la Comisión del Senado. Que el ofrecimiento se lo había formulado el joven Caputo. Numen de toda la comunicación digital del Gobierno. La misma persona encargada de monitorear la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), que será conducida por su discípulo, Sergio Neiffert. Más extraño que todo eso sería un trabajo paralelo del joven asesor en una empresa agropecuaria, según reveló La Nación.
Nada de todo aquel conjunto estaría mostrando la transparencia que Milei arguye que le estaría faltando al periodismo. Si hay “esbirros y extorsionadores” en ese universo, como afirma, no solo debería demostrarlo. También contraponerlo sin manejos demasiados opacos en la cima del poder. No sería lo que está ocurriendo.
05/09/2024 a las 3:59 PM
POR LA ESPADA O POR LA DEUDA
HORACIO ROVELLI
EL COHETE A LA LUNA
1/9/024
La dupla que administra la economía nacional, Luis Caputo y su socio en la Consultora Anker Latinoamérica, Santiago Bausili, no consigue dólares de ninguna manera, el fracaso del Régimen de Regularización de Activos (blanqueo de capitales) por el que pensaban que ingresarían al sistema financiero argentino unos 2.000 millones de dólares antes del 30 de septiembre de 2024 no está dando los resultados esperados, cuando a fines de agosto los dólares depositados en las cuentas especiales abiertas a tal efecto no alcanzan los 100 millones de dólares, y demuestra que los residentes argentinos que tienen capitales fugados por 448.184 millones de dólares según el INDEC [1] no confían en el gobierno de Milei.
El cuadro se agrava sideralmente cuando existen importantes vencimientos de deuda hasta fin de año (al 31 de enero de 2025 vencen títulos de deuda por 4.500 millones de dólares y hasta el fin del mandato de Milei, en diciembre de 2027, los vencimientos de la deuda suman 65.397 millones de dólares).
La Argentina fue calificada por el JP Morgan con una tasa de riesgo país en torno a los 1.500 puntos, cuando a Brasil le confieren una tasa de riesgo país de 200 puntos, a Paraguay de 180 puntos, y a Perú, Chile y Uruguay por debajo de 150 puntos. El presidente del JP Morgan en la región es Facundo Gómez Minujín, que es a su vez el presidente de la Cámara de Comercio Estados Unidos-Argentina (AmCham). En su página oficial, AmCham dice que la conforman 622 empresas, que emplean directamente a 360.000 personas y que representan el 18,6% del PBI, que abonan el 38% de la recaudación fiscal, que significan el 24% de las importaciones y el 28% de las exportaciones. Lo que no dicen, pero es obvio, es que en todas ellas son socios o los financian los grandes fondos de inversión con sede en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Es más, los principales accionistas del JP Morgan son BlackRock y Vanguard.
Teóricamente, esos fondos que tienen su casa central en los Estados Unidos han contratado más de una vez a Anker Latinoamérica para que los asesore en la región, y que debe ser la razón por la cual sus socios-dueños administran las finanzas públicas del país.
El vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quién viajó el lunes 15 de julio de 2024 a Nueva York para tratar de tranquilizar a los fondos de inversiones, de pensión, bancos, compañías de seguro, etc., que tienen bonos argentinos y miran con preocupación la dificultad del gobierno de sumar reservas para pagar esas tenencias, dijo allí:
• Que el crawling peg (devaluación a los saltos) iba a ser del 2% o 3% mensual, siempre menor que la inflación medida por el IPC del INDEC, dado que la mayoría de los títulos de deuda en pesos están ajustados por esa tasa.
• Que el BCRA iba a vender dólares en el Contado Con Liqui (CCL) a cambio de los títulos de deuda.
• Y reconoció, en gráficos y tablas que no presenta el BCRA en nuestro país, que al realizar ambas operaciones reseñadas, para fin de año, las reservas netas del Central son negativas en 3.300 millones de dólares.
El día 27 de agosto de 2024, Valdimir Werning volvió a hablar en inglés, esta vez en el Consejo Empresarial (The Business Council [2]) en Washington y sostuvo que apuntan a remover las restricciones cambiarias sin un salto devaluatorio y a que la unificación del tipo de cambio se genere a través de una convergencia a la baja de los dólares paralelos. Para ello es imprescindible una remonetización consistente en la “movilización de los dólares que los argentinos tienen en el colchón”.
Que están trabajando en acortar los plazos para el pago de las importaciones, en reducir desde el 2 de septiembre de 2024 el Impuesto PAIS (del 17,5% a 7,5%) para importaciones y fletes, a la vez que resulta indispensable aumentar la tasa de inversión y que lo debe hacer el sector privado, principalmente las grandes inversiones (RIGI mediante [3]).
Y a pesar de que reconoció que el Estado nacional no tiene acceso a los mercados internacionales de deuda, afirmó que se compensa para las empresas por “los sólidos balances corporativos que mantienen un acceso fluido al financiamiento externo”.
Es claro que el gobierno sigue apostando a la deflación con el esquema ortodoxo fiscal (tener superávit primario, aunque se frene la obra pública, se reduzcan o quiten subsidios a la energía y al transporte, se le pague una miseria a los jubilados y pensionados, etc.) y monetario (emitir lo menos posible) e interviniendo en el mercado cambiario para bajar los dólares libres. Pero también es más que claro que la caja en divisas que tiene el Banco Central es exigua. Si no hay ingreso de más dólares, ¿cuán negativas podrían resultar las reservas netas del BCRA a fin de este año 2024?
Se genera una dicotomía entre los fuertes vencimientos de deuda y la falta de financiamiento, que explica la preocupación del mercado financiero y que es el fundamento por el que la tasa de riesgo país siga en la zona de los 1.500 puntos. Con ese nivel de riesgo, que marca la sobretasa que debe pagar la Argentina para conseguir financiamiento, al gobierno se le hace difícil, por no decir imposible, conseguir dólares. Está atado a que los bonistas (y los principales son los de los Estados Unidos) refinancien sus vencimientos.
Y solo lo harán si pueden cambiar sus acreencias por activos y recursos naturales que la Argentina tiene en abundancia y que le hace decir al embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Marc R. Stanley: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”.
Esos grandes capitales estadounidenses ya tienen en la Argentina las leyes y decretos reglamentarios para cambiar los títulos de deuda por nuestros activos y nuestros recursos naturales.
Ejemplo de lo que decimos: el Instituto Baker de la Universidad Rice, el principal centro de estudios sobre hidrocarburos a nivel mundial, que fue creado en 1993 por el republicano James Baker, ex jefe de Gabinete y ex secretario del Tesoro y de Comercio durante las presidencias de Ronald Reagan y George H. Bush (padre), organizó una reunión a mediados de agosto de 2024 en Houston, Estados Unidos, con los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; Río Negro, Alberto Weretilneck; y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. También se hicieron presentes Sergio Tomás Massa y Horacio Rodríguez Larreta, a quienes, en el año 2023, Marc R. Stanley les pidió que se unieran en una sola fórmula electoral. La pregunta obligada es: ¿a qué fueron?, ¿qué se trató?, y lo más importante, ¿qué se acordó?
Rusia, que es miembro del protocolo de estudio de 1959 de la Antártida y ha llevado a cabo programas de mapeo y sondeo de la geología antártica, tanto terrestre como submarina, indica que sus navíos de investigación habrían descubierto en el polo sur reservas de hidrocarburos equivalentes a 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad aproximadamente diez veces mayor que la producción total del Mar del Norte en cincuenta años. Estudio que comunicó BRICS News, el canal oficial del grupo que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Según el Tratado Antártico y el Protocolo de Protección al Medioambiente, firmado en 1959 por los siete países que reclaman territorio propio sobre la Antártida (Argentina, Chile, Nueva Zelandia, Australia, Reino Unido, Francia y Noruega), más Estados Unidos, Bélgica, Japón, Sudáfrica y Rusia, está prohibida cualquier tipo de explotación sobre minerales, no así la investigación científica. Ese tratado vence en el año 2048.
EN SÍNTESIS
En el complejo marco descripto, la Argentina es deudora con los “bonistas” y con el FMI de una deuda no investigada. ¿Cómo puede ser que la deuda bruta pase de 222.703 millones de dólares de diciembre de 2015 a 452.071 millones de dólares al 31 de julio de 2024 y no se informe en qué se gastó? Un gobierno que dice creer en el libre mercado apátrida acepta la deuda dejada por Cambiemos y por el Frente de Todos, convirtiendo en deuda pública (bonos del Tesoro de la Nación) el déficit fiscal de 2023 y las Leliq y demás pasivos remunerados del BCRA.
Por supuesto, dicha deuda es funcional a los acreedores que van a emplear esos títulos al 100% de su valor nominal, aunque la cotización de mercado es en torno al 55-60% de su valor, para considerarlo capital del RIGI.
Y esa es la fortaleza de este gobierno, que ya ha perdido respaldo de la población y de los empresarios locales que venden en el mercado interno, ante un consumo global que decrece día tras día. Población que ahora sí percibe que el ajuste fiscal y económico no es para equilibrar las cuentas o la macro economía, sino para que queden saldos para pagar los servicios de la deuda y que se reduzca el mercado interno para aumentar los saldos exportables. El hambre y la depresión económica son objetivos buscados por el gobierno de Milei.
Por eso, en la ley 27.742 y en el decreto reglamentario de la ley, que se hizo por partes, y el viernes 23 de agosto de 2024 mediante el decreto 749/2024 la reglamentación del RIGI, priorizan las ventas al exterior de nuestros recursos naturales (agua, petróleo, gas, oro, hierro, minerales raros, litio, etc.) sin obligación de autoabastecer el mercado interno e incluso se le da la prioridad a la utilización de dichos recursos naturales al emprendimiento constituido en VPU (Vehículos de Proyecto Único), donde la autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía de la Nación.
Para pagar una deuda que no se sabe a ciencia cierta cómo se generó y a quiénes benefició y beneficia, se le miente a la población sobre la necesidad de que vengan los capitales a explotar nuestros recursos, que no le pertenecen a esta administración, sino al pueblo argentino y especialmente a las generaciones venideras, al futuro de la patria.
Eso sí, una vez apropiados de todo, la tasa de riesgo país va a descender, y pasaremos de bandera de remate a bandera blanca, como afirmaba John Adams, Presidente de los Estados Unidos entre 1797 y 1801: “A los pueblos se los domina por la espada o por la deuda”.
[1] «Posición de inversión internacional de residentes argentinos», P. 24, Cuentas Internacionales, Vol 8, N.º 2 Primer Trimestre 2024, INDEC. A su vezm la exteriorización de activos en el “blanqueo” del gobierno de Macri fue de 116.800 millones de dólares y permitió que ingresaran al país 9.522 millones de dólares.
[2] El Consejo Empresarial es una asociación de los directores ejecutivos de las empresas comerciales más importantes de los Estados Unidos, conformada por 200 miembros. La membresía es personal, no corporativa, y sólo se puede obtener por invitación.
[3] Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que hace que principalmente la minería y el petróleo, que están operados por grupos concentrados locales y del extranjero, gocen de un sistema impositivo y laboral totalmente separado del resto del país. Un enclave en la Argentina que no está obligado a liquidar las divisas que obtengan de sus exportaciones a partir del quinto año, y cuentan con estabilidad fiscal por 30 años.
05/09/2024 a las 4:03 PM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Una reunión para definir cómo enfrentar a Milei
Melisa Molina
Página/12
5/9/024
La discusión por el proyecto de Presupuesto 2025 que en días más el oficialismo deberá presentar en la Cámara de Diputados fue, si se quiere, el pretexto para que gobernadores de Unión por la Patria se reunieran en la Casa de La Pampa. Pero no fue el único. Por un lado, los jefes provinciales quieren garantizar que el futuro presupuesto tenga los fondos necesarios para sus provincias en un contexto de brutal ajuste y recesión económica generada por la gestión libertaria. Pero los gobernadores también aprovecharon para hablar de un punto crucial como es la conducción del partido Justicialista en el marco de la búsqueda de una conducción política. Por último acordaron mantener el control del estratégico Consejo Federal de Inversiones (CFI) y para ello piensa ratificar a las actuales autoridades.
«Nos preocupa la próxima presentación del Presupuesto. Las provincias estamos en una situación delicada y amenazadas. Ayer (por el martes) el ministro Francos firmó actos administrativos que nos quitan fondos a las provincias para darle a CABA», denunció el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, al salir del almuerzo que se hizo en la casa de La Pampa. Además, indicó que los gobernadores están planificando realizar presentaciones judiciales en contra de esa medida.
Los primeros en llegar al encuentro fueron el gobernador de La Pampa y anfitrión, Sergio Ziliotto y Zamora. Minutos después sorprendió el ingreso de los diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó, del bloque Encuentro Federal que conduce Miguel Ángel Pichetto. Más tarde llegó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Una vez que se retiraron los diputados, llegaron Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela. No estuvieron presentes Raúl Jalil, de Catamarca ni Osvaldo Jaldo, de Tucumán que votaron a favor del oficialismo en reiteradas ocasiones y son cercanos a la Casa Rosada. Gildo Insfran, de Formosa, se conectó por Zoom.
EL PRESUPUESTO 2025
«Para este Presupuesto queremos contener lo elemental, que son los fondos que corresponden a las provincias como el FONID y el fondo compensador del transporte, que el gobierno ha borrado de un plumazo», indicó Zamora y explicó que esos «son fondos específicos que están mal llamados discrecionales», porque están contemplados dentro de la ley de Presupuesto y lo que hizo Milei fue sacarlos mediante un DNU.
«Nos han quitado casi el 98 por ciento de esos fondos específicos y, de lo poco que nos quedaba, que eran 47 mil millones de pesos, el martes nos enteramos que se lo dieron a la ciudad más rica del país», añadió el gobernador y denunció: «La ciudad que no produce nada y gasta más de lo que gastamos todos nosotros ahora recibe más fondos por un acuerdo que podríamos llamar «de la milanesa», entre Macri y Milei», dijo el gobernador de Santiago del Estero sobre los fondos que Nación pasó a CABA y opinó que eso se habría acordado después de que (Mauricio) Macri le prometiera a Milei que su espacio no rechazaría el veto a la ley de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.
El encuentro previo de Zamora y Ziliotto con Massot y Monzó, en tanto, forma parte de un intento de los gobernadores de buscar consensos más allá del bloque de Unión por la Patria, para intentar defender los intereses de las provincias en leyes claves como será el Presupuesto 2025, pero también para intentar conseguir los dos tercios y blindar leyes de los vetos presidenciales. Los gobernadores analizan que, por el momento, no tendrían los votos necesarios para resistir el veto en contra de los jubilados y son conscientes de que, más allá de que prospere la ley de financiamiento universitario, Milei también la va a vetar.
De los gobernadores que asistieron a la casa de La Pampa el único que firmó el pacto de Mayo fue Zamora. Él, como muchos otros líderes provinciales que lo rubricaron, está frustrado. «Buscamos el diálogo, pero parece que todo lo que hacemos es en vano», disparó a la salida del cónclave y agregó: «Los del interior nos sentimos atacados. Aportamos al país más dólares de los que gastamos y encima nos quitan fondos». Además, repasó que él, como otros gobernadores que estuvieron en la reunión de este martes, firmaron acuerdos con el jefe de gabinete para el traspaso a las provincias de obras públicas que correspondían a Nación. «Firmamos eso, pero todavía no tenemos el reinicio de ninguna de las obras con las que se comprometieron que iban a continuar», remarcó el santiagueño y puntualizó: «Por un lado firmamos, pero después escuchamos a Federico Sturzenegger decir que no va a haber más obras públicas. Es rara la situación. Ya no sabemos a quién creerle».
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, además de decir que está trabajando para ser presidente del PJ a nivel nacional –las elecciones serán en noviembre– señaló que «atravesamos una situación difícil por el veto a la ley previsional y el posible veto a la ley de financiamiento universitario». Luego, denunció que «el Presidente no quiere tener diálogo», y que «es muy difícil conversar con una persona que te vive ofendiendo e insultando». Por último, criticó a quienes colaboran con la gestión libertaria: «Milei usa un mecanismo de choque que le da resultado. No le da resultado con nosotros, pero sí con algunos compañeros dialoguistas que están permanentemente al servicio de él», indicó.
Entre los gobernadores opositores al gobierno, sin embargo, hay algunos contrapuntos. Algunos de ellos están convencidos de que ya es hora «de pasar a la acción directa y movilizar», y otros consideran que «primero hay que agotar todos los mecanismos e instancias previas». Los que quieren salir a la calle opinan que es hora de que «la CGT arme un plan de lucha», y advierten: «Si la situación sigue así el año que viene somos muchas las provincias que no vamos a poder ni siquiera pagar sueldos».
LAS AUTORIDADES DEL CFI
El martes que viene, en tanto, los gobernadores cuyas provincias forman parte del Consejo Federal de Inversiones (22 y se sumará San Luis que no formaba parte) se volverán a reunir en la sede del organismo en la Ciudad de Buenos Aires. Allí deberán renovar las autoridades.
La conducción actual del organismo del que formarán parte todas las provincias salvo CABA, está a cargo de Ignacio Lamothe, un hombre cercano al exministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro y a La Cámpora. Durante las últimas horas corrió el rumor de que algunos gobernadores del peronismo querían removerlo del cargo y que los de JxC estaban pensando en reemplazarlo por el exdiputado Sebastián García De Luca, cercano al PRO y a Rogelio Frigerio. Sin embargo, los que estuvieron presentes este martes en la casa de La Pampa aseguraron que todos están conformes con Lamothe. «Él fue elegido por nosotros. El CFI no es el botín de un partido, tiene una ley especial y hay una carta orgánica. Hay acuerdo para que siga Lamothe», aseguró Zamora. Otro de los gobernadores agregó que no hay motivos para desplazarlo porque «todos recibieron un trato bueno y equitativo por parte de él».