Por Hernán Andrés Kruse.-
“El golpe de 1955 traería a escena con mayor fuerza la idea de la subversión, en la que quedaban inscriptos como elementos perturbadores tanto el peronismo como el comunismo. Durante los primeros tiempos de gobierno, el peronismo sería el contradestinatario al que se dedicarían las páginas de la discursividad de Lonardi y Aramburu pero ya en 1956 se descubren los ecos del contexto internacional de la Guerra Fría cuando Aramburu sostiene que: “El Estado democrático también necesita del sindicalismo, por ser enemigo declarado del comunismo siempre acechante”. El mismo tema reaparece en los discursos posteriores, precisando la categorización del comunismo como ideología perturbadora y agitadora, disolvente de la argentinidad y la oposición entre esclavitud y libertad construida sobre el eje afuera-adentro.
En un discurso en las postrimerías de su gobierno, el 13 de febrero de 1958, Aramburu anuncia al pueblo de la Nación que le han llegado muchos proyectos proponiendo la ilegalización del comunismo pero que se ha negado porque no lo considera un problema del gobierno sino del pueblo, el que debe luchar “con todas las armas antes de que sea tarde”. A diferencia de lo que sucedería en los años 70, todavía la lucha contra la subversión no parecía ser prioridad del Estado pero sí una creciente preocupación. De esa preocupación dan cuenta las siguientes características que Aramburu le atribuye al comunismo, a fin de alertar a la población sobre la peligrosidad de esta ideología: – es una doctrina de esclavitud, donde el hombre es juguete del más crudo imperialismo de Estado – atenta contra la libertad el comunismo – trabaja en la clandestinidad – consigue el dominio de las situaciones en base a la perseverancia y resistencia – se infiltra a pesar de constituir un núcleo reducido
Esta construcción acerca del comunismo va a llevar a la instalación en el discurso de una categoría que será clave en los regímenes posteriores: la de terrorismo. Tanto el término comunismo como el término terrorismo se irán resemantizando al calor de la Doctrina de la Seguridad Nacional, hasta designar, de la manera más amplia posible, a todo adversario. Con el uso del concepto de terrorismo, a los atributos negativos ya señalados para el enemigo en general y para el subversivo en particular, se suma, entonces, el sentido de la violencia ejercida por el enemigo para la consecución de sus fines, violencia que amenaza a la sociedad con un dominio por el terror. Se va completando, así, la construcción de una imagen del enemigo como alguien que no tiene piedad y que con sus acciones no pone en peligro sólo al gobierno o a las fuerzas militares, sino a la sociedad toda. De ahí que Aramburu advierta a la población acerca de la peligrosidad del enemigo y de la necesidad de que el pueblo entero esté preparado para defenderse.
En la discursividad de Onganía, con respecto a la caracterización del contradestinatario, debemos distinguir dos momentos. Hasta el alzamiento popular de mayo de 1969 conocido como Cordobazo, la confianza en el proyecto modernizador y transformador dejó de lado momentáneamente la preocupación por la subversión/ el terrorismo. El enemigo parecía estar únicamente en las rencillas/odios del pasado reciente, con sus prácticas perniciosas. Sin embargo, ante los acontecimientos de mayo del 68, que colocaron al mundo -según palabras de Onganía- frente a condiciones dramáticas, el discurso comienza a hacer foco en el tema de la violencia.
En su mensaje del segundo aniversario de la Revolución Argentina, el 29 de junio de 1968, Onganía hace un diagnóstico de la situación internacional: “El inconformismo de las nuevas generaciones –que en otros países niegan su consenso, no sólo a la autoridad familiar política sino a la misma sociedad a la que pertenecen- provoca que en abierta rebeldía se vuelquen a las ideas anárquicas del siglo último, que asuman una postura de total negación por no encontrar cauce a sus impulsos, adecuada orientación de los dirigentes ni valores espirituales de suficiente trascendencia que satisfagan sus ideales. Ideales que van más allá de los resultados de un desarrollo obtenido, sobre la base exclusiva de motivaciones materialistas.”
Hasta ahí, la cuestión de la rebelión de los jóvenes parecía ser un asunto ajeno a la Argentina pero pronto adquiriría primer plano con la insurrección popular en Córdoba. Pocos días después del levantamiento, el 4 de junio de 1969, Onganía se dirige al país: “Cuando en paz y con optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones; la subversión en la emboscada, preparaba su golpe. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados, en víctimas y en sangre, en humo y fuego, en barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que busca su destino, la guerra civil a cualquier precio. Manos argentinas fueron las que mayor saña pusieron en la tarea bochornosa de destruir lo nuestro”.
Así, vuelven a escena y con mayor dramatismo, los tópicos de la subversión y su accionar conspirativo. Los objetivos de los insurrectos atentan contra la Argentina grande que se proponía construir el onganiato. En definitiva, tal como sostiene Potash, “el Cordobazo había destruido el mito del consenso” y “había intensificado las diferencias dentro del personal militar”. La construcción discursiva de la unidad entre Fuerzas Armadas y pueblo en pos de la grandeza nacional se derrumbaba ante la contundencia de los hechos. Había que realizar las operaciones discursivas necesarias para poner a salvo a los “buenos y verdaderos argentinos” frente a los agentes del terror. Una distinción jerárquica de “categorías de muertos” – que luego el Proceso volvería uno de los argumentos centrales de su prédica- se instala en el discurso. La subversión deja víctimas inocentes, que han sufrido terribles martirios, entre los civiles-se trata de pacíficos ciudadanos, algunos de ellos padres de familia-pero también, entre el personal militar y policial.
La causa del bien empieza a tener sus mártires, muertos que, dada su condición ética, representan vidas más valiosas que las de los subversivos: “La muerte de un estudiante enluta a toda la comunidad y al gobierno, pero también enluta a la comunidad y al gobierno la muerte de un ciudadano pacífico, padre de dos hijas jóvenes, incendiado vivo en su coche. También enluta a la comunidad y al gobierno la muerte de jóvenes conscriptos y de policías que cumpliendo con su deber, han sido bajados a balazos en las calles de una ciudad presa del terror”.
La rebeldía de los jóvenes, poco tiempo antes vista por Onganía como un tema del mundo materialista que no les daba respuestas, se vuelve a partir del Cordobazo una problemática nacional. Los jóvenes integran la lista de los culpables que operan desde la oscuridad para sembrar el caos: “Comprendo la carga de idealismo que templa el corazón de un joven y lo empuja a poner su vida al servicio del ideal y a jugarla en una barricada cuando cree que su causa es justa, pero ¡cuán grande tiene que ser la provocación para asesinar desde la sombra, para hacer fuego contra conciudadanos, para incendiar, saquear y matar!”
Ante la situación de caos generada por el enemigo, se levanta la voz del gobierno para imponer las condiciones del orden. El discurso se impregna de performatividad; la amenaza se instala como el tono que se repetirá a partir de ahí en otros discursos de este gobierno: “El que no lo quiera entender asume sus responsabilidades. No vivimos momentos de duda ni de titubeo: o se está con la paz y el orden con el país, o se está contra él”. La advertencia, la amenaza al enemigo se hará práctica corriente del gobierno pero es, a la vez, el modo de decir de los sectores opositores. Así, en la Argentina de los años 70, en el marco de una violencia creciente, se gestará un “discurso justificatorio de la violencia popular” y su contradiscurso, que legitimará la intervención de las Fuerzas Armadas.
En el plano de las prácticas no discursivas, cierta legislación irá marcando el compás que llevará a la militarización del Estado y, a partir de ella, de la sociedad toda. Ante el asesinato de Aramburu el 1 de junio de 1970, Onganía anuncia una ley que impone la pena de muerte por ciertos delitos. El 7 de julio de 1971, bajo el gobierno de Lanusse, se dicta la Ley de Prevención y Represión del Terrorismo y la Subversión. Entre julio del 74 y marzo del 76 podemos afirmar que se diseñó la “estrategia de “relegitimación” de los militares a partir del combate contra la “subversión”. En febrero de 1975 un decreto presidencial secreto-luego convertido en ley-impartió la orden para combatir a la guerrilla instalada en Tucumán: se iniciaba, así, el llamado “Operativo Independencia”. Meses después, en septiembre, el generalato aprobó la “Estrategia Nacional Contrasubversiva”, que proponía extender y profundizar lo que se venía haciendo desde principios de año en Tucumán. De esta manera gana terreno la idea de oponer a la conspiración subversiva, métodos clandestinos.
Desde lo simbólico, la legitimidad se obtiene al oponer al complot un contracomplot, porque como dice Girardet: “El postulado inicial es simple: el único medio de combatir el mal es volver contra él las mismas armas de que se sirve. El enemigo actúa subterránea y clandestinamente; flexible, inasible, capaz de infiltrarse en todos los medios, su habilidad suprema es la de la manipulación, sus tropas, invisibles pero presentes por doquier, están sometidas a una obediencia incondicional. Por lo tanto, sólo una organización que responda a las mismas características, secreta, disciplinada, jerarquizada, adiestrada para maniobrar en la sombra, podrá oponérsele con posibilidad de victoria”.
A diferencia del régimen de Onganía, en el cual la cuestión de la subversión se instaló como tópico tardíamente y a partir de ciertas situaciones concretas de violencia, el Proceso encontró su consenso inicial en la lucha contra el enemigo subversivo como única vía para la salvación de la patria amenazada. Bajo el lema de la lucha contra el enemigo subversivo, se disfrazaría una acción política destinada a eliminar toda oposición, es decir, a someter a la sociedad al mayor de los silencios. Aniquilar al enemigo equivalía a borrar toda forma de conflicto para instalar sólo formas de obediencia ciega a un estado omnímodo.
En realidad, de acuerdo a lo que hemos analizado hasta aquí, las condiciones discursivas para la instalación del tópico de la subversión se venían creando desde la década del 50. En una sociedad permeable al discurso en contra de la delincuencia subversiva, el tema sería central y por momentos excluyente, en un discurso que ritualizaría ciertas fórmulas para designar al enemigo y sus acciones. Con el objeto de indagar cómo se construye en el discurso procesista la representación del “enemigo subversivo” hemos elaborado la red verbal y los atributos correspondientes al período que abarca la presidencia de Videla (29 de marzo de 1976 a 29 de marzo de 1981).
Del análisis de la red verbal que comprende las acciones que se le atribuyen a la subversión se desprende su caracterización que la coloca en el lugar de la violencia a través de verbos que trazan la imagen de un enemigo deshumanizado, capaz de las peores acciones contra la sociedad toda. Fundados en el mito de la Argentina amenazada, los militares constituyen a los subversivos como “desintegradores del territorio nacional” y de algo más importante aún, los valores de la argentinidad. Si hay una identidad argentina que se mantiene en el tiempo y el espacio tal como lo postulaba el esencialismo patrio de los militares, la subversión viene a acabar con ella. Sus víctimas: la patria, la religión, la familia. Esta representación del enemigo desde la carencia de valores éticos fundamentales opera como dispositivo legitimador de la represión estatal, en tanto el oponente no puede ser recuperado para la sociedad sino que debe ser “erradicado” para siempre de ella.
En cuanto al rol legitimador de esta caracterización del enemigo, nos parece clave el uso de fórmulas ritualizadas, que se repetían en el discurso presidencial, pero también-tema que escapa a nuestro análisis-en la discursividad de otros representantes del poder político y militar del período y, lo que es muy importante en cuanto a los efectos sobre los destinatarios, en los medios de comunicación. La descripción limitada a una serie de formulaciones discursivas que se repiten constantemente en los discursos y al interior de cada uno de ellos en particular, se corresponde con una red de atribuciones negativas-también restringida-que contribuye a diseñar la figura de un enemigo de alta peligrosidad, en tanto amenaza para toda la sociedad, solapado y traidor, fanático y demente hasta el punto de elegir como único camino la violencia. El argumento es que esta amenaza se cernía sobre la sociedad en el momento en que las Fuerzas Armadas tomaron el poder, en la forma de un enfrentamiento entre los extremos, enunciado también como la violencia de uno y otro signo.
En consecuencia, la llamada “teoría de los dos demonios” legitimaba la acción represiva al comienzo del Proceso, tal como años después, al final del mismo, sería enarbolada como justificación de lo realizado y como argumento para exigir el perdón de los delitos cometidos. En realidad, la peligrosidad aumenta por el hecho de ser un adversario que actúa desde las sombras y se infiltra en todos los sectores de la sociedad. Este carácter de infiltrado atribuido al enemigo refuerza la idea de conspiración y produce el efecto de extender el concepto de subversivo hacia todo aquel que, al pensar distinto, rompe con la unidad monolítica de la nación. El infiltrado es, precisamente, aquel que se hace pasar por un igual, por un argentino más, cuando, en verdad, está favoreciendo la difusión de ideas disolventes. De esta manera, el problema de la subversión se constituye en problema de todos; el enemigo está dentro del país pero viene de afuera, no es un verdadero argentino.
Hay que descubrir dónde se encuentra; el enemigo está en permanente complot contra el país y sus valores. Por lo tanto, la figura del enemigo traza las fronteras entre un adentro y un afuera simbólicos: ser argentino o ser antiargentino. Así, se extendía la idea de culpabilidad hasta encontrar “Culpables y cómplices en todos los ámbitos”. De esta manera, cualquiera podía portar el estigma de no ser argentino, aún por el hecho de estar equivocado o comportarse como un indiferente. La oposición con el enemigo se definía según un proceso de dicotomización tal que no había cabida para posiciones intermedias, de neutralidad.
En síntesis, el Proceso continuaba tópicos ya presentes en los regímenes militares anteriores pero les daba una nueva dimensión al colocarlos en el marco de una concepción que excedía la mera retórica acerca de combatir el mal, para expresarse en un “enfrentamiento real” contra los enemigos, apelando a métodos de una violencia inusitada que tuvieron como efecto implantar frente a la representación de un enemigo solapado, conspirando en la oscuridad, un sistemático plan de terrorismo de Estado, fundado en la idea del exterminio/aniquilamiento de la subversión en todas las formas que adoptara. Basta el análisis de la red verbal de acciones a ejecutar sobre el enemigo para ver cómo se despliega una semántica de la violencia según la cual con el enemigo no se pacta, no se dialoga; sólo se lucha hasta la victoria final.
No obstante esta retórica belicista y la persistencia en el discurso del fantasma de la subversión, se puede decir que a un año del golpe de estado, las acciones de las organizaciones guerrilleras-ERP y Montoneros-eran casi inexistentes. El mismo general Videla en su discurso en Tucumán, el 24 de septiembre de 1976, anuncia que las Fuerzas Armadas “están logrando la victoria ya próxima”. Sin embargo, según el imaginario de un enemigo siempre presente y amenazante en todas partes, Videla continúa con sus constantes referencias a la amenaza subversiva, en tanto elemento clave en la legitimación de las acciones de las Fuerzas Armadas.
El 9 de febrero de 1978, tercer aniversario del Operativo Independencia, subraya “el triunfo es nuestro” pero, en el mismo discurso, exige la continuación de la lucha porque el enemigo se expresa de otras formas y en otros ámbitos: “Dijimos que la Operación Independencia no ha terminado; diremos que la lucha contra la subversión en todo el país, en todas las manifestaciones del quehacer nacional, tampoco está terminada. Si bien sus expresiones armadas se encuentran virtualmente eliminadas, es indudable que el adversario recurrirá, y ya lo ha hecho, a otras formas y procedimientos para agredir a nuestra sociedad. Su peligrosidad es directamente proporcional a la sutileza con que se empleen. Es por ello que nadie puede sentirse relevado de su puesto de combate. Y eso no sólo implica empuñar con decisión un fusil. Muy primordialmente en esta hora, significa aceptar el peso de las responsabilidades que a cada argentino competen. Ocupe cada uno su lugar y la victoria será segura”,
A comienzos de ese año 78 y con el Mundial de Fútbol a la vista, la oposición argentinos-antiargentinos servirá para articular el discurso acerca de una campaña contra el país orquestada en el exterior, de la que participan propios y extraños. Sin embargo, poco tiempo después, cuando la “eliminación del enemigo subversivo” es un hecho, se entroniza la idea de la amenaza a la soberanía. Con subversivos a la vista o sin ellos, el mensaje bélico debe continuar. Después de todo y ante todo, el mito de la guerra legitima la presencia de los militares en el poder y los eleva a la categoría de héroes, salvadores de la Patria amenazada”.
(*) Analía Dilma Rizzi (Profesora de Historia-UBA): “Enemigo al acecho. La construcción del contradestinatario en el discurso de los presidentes militares (1930-1982)”.
26/09/2024 a las 9:21 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El Gobierno reglamentó la reforma laboral: qué dice sobre indemnizaciones, bloqueos, multas y blanqueo
Ricardo Carpena
Infobae
25/9/024
Con el decreto reglamentario de la reforma laboral, que se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno dio un paso fundamental para concretar “una modernización histórica de las leyes laborales en la Argentina”, pero, además, lo significativo es que la letra chica de la Ley Bases fue el resultado del consenso con empresarios y sindicalistas, logrado tras semanas de negociaciones.
El concepto de “modernización histórica” le pertenece al secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien, junto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló con tres medios nacionales -entre los que estaba Infobae- para dar precisiones sobre el decreto que reglamenta los 17 artículos del capítulo laboral al que apuesta el gobierno de Javier Milei para bajar los índices de trabajo no registrado (cercanos al 50%) y ayudar a la generación de empleo genuino.
“El Presidente nos pidió una reforma laboral donde ganen los empresarios y los trabajadores”, dijo Sturzenegger acerca de uno de los puntos de la Ley Bases que más entusiasma a la Casa Rosada: la posibilidad de que las dos partes de una relación laboral acuerden dentro de los convenios colectivos de trabajo un sistema indemnizatorio distinto al actual, de manera voluntaria. Según el ministro, “el Gobierno viene a darle libertad a las partes para que puedan encontrar esa mejora mutua”.
En el decreto 847/2024 publicado este jueves, se establece: “Apruébase la Reglamentación de los artículos 76 a 81 del TÍTULO IV – Promoción del empleo registrado- de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que como ANEXO I”, además de la aprobación de los “artículos 82 a 98 del TÍTULO V – Modernización laboral”.
A continuación, los principales puntos del decreto reglamentario bajo la lupa de Sturzenegger, Cordero y del secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña:
Blanqueo laboral
El artículo 76 de la Ley Bases dispone un blanqueo de empleados no registrados o sub-registrados hasta la fecha de aprobación de la norma y, además, prevé condonar deudas por aportes y contribuciones, multa o sanción prevista en las leyes laborales.
Establece la eliminación del padrón de incumplidores si se regularizan todas las faltas y se condona la deuda de capital e intereses por el pago de contribuciones y aportes patronales. Varía de acuerdo al tamaño de la empresa: las micro y pequeñas sólo pagarán el 10%; las medianas, el 20%, y el resto, el 30%. Si el pago es de contado hay 50% de descuento. Si no, un plan de pagos que publicará la AFIP.
No hay condonación de las deudas por alícuotas especiales en los regímenes previsionales diferenciales ni aquellas que se originaron por procedimientos preventivos de crisis (artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo) donde se hayan detectado irregularidades.
En este punto no está incluido el sector público ni el personal de trabajo en casas particulares.
“Este artículo no tuvo una modificación importante en la reglamentación -destacó Cordero-. Las multas derogan un desvío jurisprudencial y legislativo que nació hace mucho tiempo y que lo que hacía era generar un incremento indemnizatorio en una supuesta mala registración del empleo”.
Para Sturzenegger, en este punto se había legislado “para que los trabajadores sean registrados y se impuso un castigo a aquel que no estaba registrado formalmente para que todo el mundo lo hiciera”, pero -resaltó- “el resultado es que, 30 años después, tenemos el 50% de la gente en la informalidad”. “No sé por qué, pero no funcionó y al final terminó siendo como un incentivo, un premio a la informalidad, no a la formalidad -consideró-. En este tema no hay buenos ni malos”.
Fariña recordó que pueden blanquearse una relación laboral no registrada o mal registrada y precisó que en la reglamentación se fijan los porcentajes de condonación de las deudas originadas en la falta de pago de aportes y contribuciones para la seguridad social: “Se hace una diferenciación según el tamaño de la empresa. En las empresas micro y pequeñas empresas, el 90% de la deuda que se estime va a estar condonada; en las medianas pasa a ser el 80% y en las grandes, el 70%. Será un incentivo muy fuerte para que todo este grupo de trabajadores informales pase a la formalidad”.
Simplificación del registro laboral
Para Sturzenegger y Cordero, el blanqueo laboral está vinculado con la simplificación del registro laboral. “Son como hermanos mellizos. Tenemos que tratar de facilitar la registración para fortalecer la formalidad”, apuntó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En ese sentido, se redujo la cantidad de datos para registrar a un trabajador y darlo de alta.
“Hay toda una agenda de simplificación desarrollada junto con la AFIP para que cada vez sea más simple este proceso de registración”, afirmó Fariña, mientras que Sturzenegger brindó un detalle: “Pasamos de 22 datos que se pedían para registrar a un trabajador a solamente 7″.
Bloqueos sindicales
Los funcionarios admitieron que fue el artículo 94 fue el más difícil de reglamentar: es el que califica como grave injuria laboral la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento y, por lo tanto, se convierte en causal de despido justificado. Los empresarios pidieron mantener el sesgo duro de ese punto, mientras que la CGT propuso atenuarlo en la reglamentación mediante un procedimiento previo que obligaba al empleador a ir a la Justicia para despedir a un “bloqueador”.
Sturzenegger dijo que “la redacción que hizo el Congreso es fuertísima porque habla de bloqueo total o parcial”, algo que puede generar “un cierto halo de discrecionalidad” para determinar los alcances de una protesta. Pero no hubo acuerdo entre las partes cuando se quiso avanzar en la letra chica y la CGT insistió en “suavizar” el artículo con una fórmula “contraria al espíritu del Congreso” al sancionar ese punto. Por eso, finalmente, el Gobierno decidió no reglamentar el polémico artículo.
“Pero una cosa es que haya quedado sin reglamentar y otra, como sucedió en este caso, es que se haya tomado la decisión de respetar el espíritu de la norma original”, aclaró Cordero. Y relativizó la posibilidad de que la no reglamentación favorezca la judicialización de los bloqueos sindicales: “Creo que en la práctica no va a suceder. Si yo fuera empleador tomaría los recaudos clarísimos para probar que hubo un bloqueo, que intimé y que la persona no se corrió. No me animaría a fotografiar a personas paradas delante de una puerta, despedir a todos e ir a un juez con una foto. No creo que se judicialice, más allá de que ese artículo es contundente porque dice que no se puede bloquear”.
¿La no reglamentación del artículo “anti-bloqueos” conforma a la CGT? El secretario de Trabajo respondió: “Nos parece una solución muy moderada, pero supongamos que no conforme a la CGT: la ley es una decisión del Congreso. En el Gobierno había intención de contemplar la posición de las partes, aunque no hay cosa más neutral que decir: son las palabras del Congreso Nacional”.
Trabajadores independientes con colaboradores
Otro de los artículos objetados por la CGT es el 97, que crea la figura del trabajador independiente que podrá tener a su cargo hasta otros 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. El nuevo régimen, establece la ley, “estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras”. Para los sindicalistas, era una invitación a precarizar el trabajo, aunque Cordero defendió en su momento esa figura que crea la Ley Bases porque es “muy útil y muy sana para generar trabajo” e incluso consideró que “la propia Corte tiene dicho que el trabajador autónomo existe y (en la ley) se deja perfectamente claro que se trata de trabajadores independientes”.
Ahora, al referirse a la reglamentación, el secretario de Trabajo sostuvo que la redacción del decreto “dejó tranquila a la CGT porque finalmente se basó en el régimen del monotributo y del autónomo” y reconoció que “la preocupación que ellos tenían era que no se creara una figura nueva que pudiera ser un fraude a la ley”, aunque, añadió, “las normas que están puestas en la ley son bastante claras”. Destacó que “inclusive se terminó incorporando algo muy novedoso, pero que es de la doctrina, que es que no tienen que estar las características de la relación de dependencia”.
Aunque los sindicalistas querían que la figura de trabajador independientes con colaboradores se limitara a determinadas actividades, Cordero puntualizó que “el propio artículo, que es razonable, dice que no se puede usar fraudulentamente y que no se puede incorporar a procesos de producción que sean mayores, y permitirá que gente que hoy es informal pueda sentirse parte de un sistema social, con los mismos aportes del monotributo o de los autónomos”.
Fondo de cese
El artículo 96 de la Ley Bases es quizá el corazón de la reforma laboral libertaria: la creación de un sistema indemnizatorio distinto para los nuevos trabajadores estuvo en la mira de Milei desde que en septiembre de 2023 se reunió en secreto con el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, para que le brinde detalles sobre el Fondo de Cese Laboral que rige en la industria de la construcción.
¿Qué dice este artículo de la reforma laboral? “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina”.
La clave de esta innovación en materia laboral de la Ley Bases que permitió superar el estricto filtro de la CGT es que se trata de un sistema optativo que se pacta entre empresarios y sindicalistas en los convenios colectivos de trabajo, y, aún así, es de adhesión voluntaria y también permite que los trabajadores no lo acepten y se mantengan dentro del régimen indemnizatorio vigente.
Cuando habló sobre este tema, Sturzenegger se mostró particularmente entusiasmado por su instrumentación: “Es un artículo muy importante porque le permite tanto a los trabajadores como a los empresarios redefinir la naturaleza de la relación laboral en todo lo que atañe a la indemnización, uno de los puntos clave de la incertidumbre laboral y del costo laboral en la Argentina”.
Y agregó: “El Presidente nos dijo algo muy sencillo: ‘Miren muchachos, acá siempre hubo una suerte de dicotomía de que la reforma laboral es pro-empresas o pro-trabajador. En la política, si uno gana el poder, el otro lo pierde. Esa una visión totalmente ajena a la del economista, que piensa que cuando se transacciona voluntariamente es porque los dos ganan. Y nosotros tenemos que permitir que la gente transaccione en libertad para encontrar una alternativa que los favorezca a ambos’. Por eso Milei nos pidió armar una reforma laboral donde los dos ganen, tanto las empresas como el trabajador”.
El ministro de Desregulación dijo que ese fue el eje con el que se diseñó la reforma laboral y que, en el caso del fondo de cese, tuvo en cuenta que “sólo puede irse hacia adelante si es beneficioso para ambos sectores”. Por eso coincidieron que en que no se “iba a escribir” porque hay empresas chicas y grandes, que se desempeñan en distintas regiones del país y algunas tienen mayores niveles de despido y otras, muy bajos. “Como nosotros no conocemos nada de todo eso ni la riqueza y las peculiaridades de cada sector, vamos a dejar que el convenio colectivo defina un mecanismo superador al régimen indemnizatorio y el Gobierno no hace nada, sólo da libertad para que lo hagan”.
Según Sturzenegger, “la única condición que es clave es que no se trata de una imposición de las cúpulas” y precisó que “si dejamos que los negociadores del convenio le impongan algo a los trabajadores y a las empresas lo primero que van a decir es ‘te voy a cobrar un 0,5% de aporte para manejarte este sistema y armar un esquema en el que todos tienen que poner plata’”. Por eso, señaló, “si no le conviene, el trabajador puede no participar y seguir dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo mismo puede hacer la empresa. Tiene que ser de mutuo acuerdo y esa es la garantía que tenemos de que los de arriba van a esforzarse para armar un sistema que beneficie a los de abajo”.
En ese sentido, el ministro hizo hincapié en que “la reglamentación es totalmente libre” y que solamente incluye “una serie de pautas, pero a modo de sugerencias”. Uno es el sistema de pago individual, en donde la empresa sigue pagando las indemnizaciones como hoy, pero lo único que hace el sistema de cese es definir qué es un despido correcto, con causa o sin causa, es decir, define los parámetros de la relación laboral”. Otra posibilidad es el Fondo de Cese Laboral como el de la UOCRA, donde el aporte a una cuenta individual puede ser del empresario o del trabajador, o puede ser un fondo de cese solidario, “complicado porque el costo de la indemnización lo va a pagar el sistema”. La tercera opción es un esquema con compañías de seguro, también individual o solidario. “Está abierto a lo que las dos partes puedan inventar -resaltó Sturzenegger-. Pero si hay plata involucrada será a través de algunos instrumentos que definió el Banco Central. La idea es que el sistema por crearse no pueda tocar la plata. Hay libertad absoluta, pero con estas restricciones para asegurarnos de que lo acordado sea en beneficio de las empresas y de los trabajadores”.
Para Cordero, este artículo es “muy novedoso en el Derecho del Trabajo y es algo propio de este gobierno: la libertad de la persona individual en el contrato de trabajo con la protección del convenio colectivo”. “Va a ser muy interesante ver a economistas y abogados trabajando en conjunto, donde nosotros, desde la Secretaría de Trabajo, estaremos a disposición para ayudarlos si es que lo necesitan, incluso con mesas de diálogo. Eso es el Estado al servicio de la gente”, concluyó.
26/09/2024 a las 9:26 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Sin tener los votos asegurados, el Gobierno inició el debate en Diputados para rematar Aerolíneas Argentinas
María Cafferata
Página/12
26 de septiembre de 2024
El gobierno libertario dio comienzo a su nueva cruzada ordenadora: la privatización de Aerolíneas Argentinas. Con presencia del vice jefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, La Libertad Avanza arrancó el debate en comisión en la Cámara de Diputados para rematar la aerolínea de bandera. De la mano del PRO, el oficialismo apostó a reeditar la grieta kirchnerismo/antikirchnerismo, apuntando contra las gestiones peronistas, cuestionando la estatización y criminalizando a los sindicatos que, por esas horas, movilizaban afuera del Congreso. «Son delincuentes, no trabajadores», sostuvo, en un momento, Mogetta, abonando a la estrategia polarizadora del oficialismo que pretende alinear a sus aliados contra Unión por la Patria y sumar, así, los votos para cumplir con la fantasía que Mauricio Macri nunca pudo llevar a cabo. Los votos, sin embargo, aún no están: en el interior no quieren saber nada con quedarse sin vuelos y manifiestan una resistencia a prueba de presiones que podría dejar al oficialismo con una nueva derrota.
El plenario de comisiones de Transporte y Presupuesto se extendió durante más de seis horas. Los más entusiastas en el oficialismo pretendían emitir dictamen el mismo día, pero terminaron dándose de frente con la realidad que, de momento, las firmas no estaban. Faltaba negociar para consolidar la mayoría privatizadora. Las firmas del PRO y la Coalición Cívica, que son los bloques que impulsan los dos proyectos de ley que declaran «sujeta a privatización» a Aerolíneas Argentinas, estaban firmes. Pero el pichettismo de Encuentro Federal y una parte del radicalismo estaban incómodos: la mayoría respaldaba la privatización y coincidía con el discurso oficial del «despilfarro» deficitario de la empresa, pero la experiencia del desguace de los 90′ pesaba y nadie quería ser responsable de dejar a su ciudad sin conectividad. «Muchos tienen miedo de no poder volver a viajar en Aerolíneas», mascullaba, por lo bajo, una espada libertaria que viene negociando con los radicales.
El mismo planteo surgía de las fuerzas provinciales, devotas aliadas del gobierno libertario que no tomaron la palabra pero, por lo bajo, cuestionaban la decisión de LLA. «Si privatizan, nos matan. Nosotros, cuando se estatizó, pasamos de tener 12 vuelos por semana a tener 44», reconoció un dirigente misionero cuyo voto el gobierno necesita. No tanto por el resultado en la Cámara de Diputados, en donde LLA aspira a alcanzar una mayoría, sino por el panorama en el Senado: allí los gobiernos provinciales son clave, así como los radicales que le voltearon la privatización de Aerolíneas durante el debate en la Ley Bases, y el escenario se presenta particularmente reactivo para sancionar la privatización.
LOS GREMIOS COMO EXCUSA
Si bien no logró hacerse del número para dictaminar, el oficialismo aprovechó el primer round en el plenario de comisiones para gatillar contra los sindicatos aeronáuticos. «Los sindicalistas que dicen defender Aerolíneas Argentinas son los que más la perjudican. Van nueve medidas de paro, por cada medida de fuerza Aerolíneas Argentinas pierde aproximadamente un millón y medio de dólares», arrancó el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien protagonizaría varios cruces con los legisladores de la oposición – particularmente los peronistas y las del FIT – durante toda la jornada. Fue una reunión tensa en la que, por momentos, Mogetta llegaría a gritarle a Vanina Biasi (FIT): «¡No tienen idea lo que es un trabajador!»
Mogetta, incluso, acusó a los sindicatos de haber hecho renunciar al jefe de operaciones y adelantó que, si no conseguían un reemplazo, «no va a quedar opción que cerrar la compañía». «Nuestro posicionamiento es firme frente a los abusos de los dirigentes gremiales. Un dirigente gremial que lanza una huelga y se va de vacaciones a España con su familia flaco favor le hace al sector. Un sindicato que defiende trabajadores que abren valijas y se roban la pertenencia de los pasajeros poco favor le hace al sector. Son delincuentes no son trabajadores», sostuvo el secretario, despertando una oleada de gritos en las filas de Unión por la Patria y la izquierda. «Caradura, mentiroso», le gritaban las y los diputados.
El vicejefe de Gabinete, José Rolandi, mientras tanto, apuntaría contra el déficit que generaba sostener la aerolínea de bandera. «Desde el momento de su estatización los argentinos le pagamos a Aerolíneas más de 8 mil millones de dólares», cuestionó el funcionario que, ante las preguntas de los legisladores sobre qué pasaría con las rutas menos rentables, sugirió una curiosa solución: que sean los municipios los que financien las rutas comerciales que daban pérdidas.
«Cuando bajamos la frecuencia en temporada baja para dejar de perder tanta plata, Aerolíneas firmó un acuerdo con la ciudad (de Río Cuarto) para que, en caso de que la ocupación no superase el costo que la hace rentable, fuera el Estado local el que cubriese el costo. Eso es federalismo», reflexionó, con una lógica no muy diferente a cuando Diana Mondino sugirió, antes de ser designada como canciller, que «la gente se junte» para financiar la construcción de una cloaca.
Quien no se animó a dar el presente fue el presidente de la compañía estatal, Fabián Lombardo, a quien varios dirigentes de la oposición le dedicarían, luego, varias críticas. «Es uno de los tantos Sciolis de la vida, traidores. Lombardo fue funcionario de 2001 a 2015 y Macri lo echó. Era parte fundamental de la aerolínea que tanto critican, no entiendo por qué no lo echan», arremetió, en un momento, la camporista Florencia Carignano.
LA DEFENSA DE AEROLÍNEAS
Frente a las embestidas del oficialismo y sus aliados, el peronismo, la izquierda e, incluso, Encuentro Federal (EF) salieron a cuestionar la voracidad privatizadora del gobierno. «Aerolíneas vuela a 22 destinos donde nadie más vuela y a 39 destinos sin pasar por Buenos Aires, esto no es importante para los que están abrazados al Obelisco, pero si para los que vivimos en la Argentina federal», cuestionó el ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, que recordó: «Aerolíneas ya se privatizó, y se vendieron 22 aviones en tres semanas, se liquidaron los activos de la compañía y terminó con el actor que lo llevó adelante preso en España».
Unos minutos antes, uno de los autores de los proyectos de privatización, el lilito Juan Manuel López, había declarado: «Ya en el mundo no quedan aerolíneas de bandera, salvo en los países árabes, en Rusia, en China y en algún lugar de Europa. Pero después, los países de la región ya no tienen aerolínea de bandera. Esos son puros mitos». Le respondió el socialista Esteban Paulón, con quien había integrado, hace solo unos meses, el mismo bloque (Hacemos Coalición Federal): «Actualmente, Air India, Egypt Air, El al, Turkish Airlines son estatales. Más de 100 de 300 aerolíneas tienen participación estatal. No estamos inventando la rueda».
Nicolás Massot se encargó de asentar la postura de EF en la negociación, adelantando que estaba de acuerdo con «la discusión» pero que había que resolver, antes, algunos detalles: «Tienen que explicar qué formato de privatización, qué metodología, qué controles y qué beneficios al comprador le van a dar», demandó, y cruzó al oficialismo por no haber convocado, aún, la Bicameral de Privatizaciones. «Son los únicos que no presentaron los nombres», lo chicaneó José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto. «No hubo pedido formal porque, como todo en este gobierno, es blue, informal y con asado en Olivos», le retrucó Massot.
Una de las pocas voces libertarias fue la de Lilia Lemoine. «No podemos sostener una empresa que da pérdidas. Eso es gasto estatal, es deudas», argumentó y, en lo que pareció una provocación, agregó: «¿No preferirían tener el dinero para redistribuir entre los jubilados?». La mesa donde estaban sentados las y los diputados de UxP estallaron en risas, incrédulos. «¡Ahora se acuerdan!», le respondieron.
Algunas diputadas del opo oficialismo, como Silvana Giudici (PRO), aprovecharon para polarizar con el peronismo. «Vi manifestantes con un escudito en el pecho, el escudito del partido que privatizó la empresa en los 90′. Una privatización ruinosa que después terminó en una estatización ruinosa», provocó. No sería la única, sino que la estrategia se repetiría a lo largo de la jornada. «Este es un debate ordenador, salga o no salga la ley. Nosotros, el PRO, la CC, de un lado. Del otro el peronismo. Y los que quedan en el medio estarán confundidos, incómodos. A ver qué hacen», provocó una espada libertaria.
26/09/2024 a las 9:40 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Milei y los gobernadores, concentrar “hasta el último peso” para pagar la deuda
Iván Hirsch
Prensa Obrera
24/9/024
Entre las cosas que dijo Milei en su discurso de presentación del Presupuesto 2025 llamó la atención que haya pedido a las provincias un ajuste de 60.000 millones de dólares, “una cifra que, según los analistas, equivaldría al total del gasto anual de los gobiernos subnacionales” (Ámbito Financiero, 16/9). ¿A qué viene entonces esta sobreactuación en los recortes que exige a los gobernadores?
En términos políticos el presidente acostumbra a exagerar sus choques con la oposición para acusarla de pretender tumbar el programa del gobierno nacional. En realidad cuesta imaginar mayor colaboración con el “ajuste más grande de la historia” por parte de peronistas, radicales y macristas, algo que vale en primer lugar para los mandatarios provinciales, como vamos a ver en este artículo. En clave económica, sin embargo, expresa una verdadera política de Estado de todos los gobiernos: la concentración de los recursos en las arcas nacionales para el pago de la deuda.
UNA PARA VOS, DOS PARA MÍ
Milei hizo una bandera de los recortes en los giros a las provincias, con la eliminación del Fonid que es un robo salarial a la docencia, del Fondo de Compensación al Transporte que implicó boletazos en el interior, la cancelación de la obra pública de Nación con miles de despidos, la derogación del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, partidas de salud y la virtual supresión de las transferencias no automáticas. De todas maneras, la parte más gruesa del ajuste está en la caída de la coparticipación, la parte de la torta de los impuestos nacionales que se redistribuyen a las provincias.
La Coparticipación Federal de Impuestos es la expresión de un régimen político cuyo pilar es el intento por garantizar el pago de la deuda (algo que demuestra la falta de originalidad del presidente, quien considera un hito histórico fijarlo en la ley de presupuesto). Es que desde fines de los ’80 quedó establecido el actual reparto de la recaudación fiscal que deja en manos de Nación la porción más grande, mientras que fueron transfiriendo a las provincias la totalidad del sistema educativo y de salud sin asignar recursos para sostenerlos.
En concreto, el Estado nacional reparte en concepto de coparticipación un porcentaje de lo que recauda, pero solo por algunos impuestos: Ganancias e IVA (juntos representan el 86% de la masa coparticipable). El resto no se comparte. De lo que ingresa por esos tributos el 42,34% queda para el gobierno nacional y el 56,66% se gira las provincias de forma automática (el 1% va a un fondo del Tesoro que es lo que se distribuye en las transferencias discrecionales). Se suma a ese esquema de base un laberinto de leyes y fondos de uso discrecional que se negocian con cada gobierno de turno con los clásicos métodos de la casta (los cargos y asados de Milei tampoco son nada nuevo bajo el sol).
Como el resto de los impuestos no entra en el reparto, se estima en las últimas décadas dos tercios de los ingresos por gravámenes nacionales queda en la caja del Tesoro nacional. Se entiende fácilmente por qué las escuelas y hospitales están cada vez peor, mientras el país paga billonadas en intereses de deuda. Los gobernadores lo compensan en parte con numerosos impuestos provinciales (inmobiliario, automotor, sellos), e incluso con tasas municipales, que cargan sobre la población. De ahí la llamada “presión tributaria”.
Este esquema, a la vez que concentra los recursos en las arcas nacionales como garantía a los acreedores, traslada a la población en forma directa las consecuencias de la caída de la recaudación por el derrumbe del consumo y la recesión, ya que los tributos coparticipables son los que más dependen de la actividad económica interna. Así, si los ingresos totales de los primeros ocho meses se contrajeron un 8%, la baja es de 14% si no se cuentan las retenciones y el impuesto País (que no entran en el reparto), según estimación de Iaraf. Cepa calcula que en agosto la coparticipación cayó 18,8% interanual, y para Politikon Chaco las pérdidas reales en lo que recibieron los 24 distritos supera los 4 billones de pesos.
Un tema adicional es que el Presupuesto 2025 -que, según los análisis, incrementa la presión impositiva total en proporción al PBI- aumenta las exenciones a los capitalistas. Eso también lo vamos a pagar “con la nuestra” a fuerza de menores giros por coparticipación, ya que se resignarán $9,9 billones por IVA y $5,2 billones por Ganancias. Esto cuando vienen de reponer el impuesto al salario, en acuerdo con los gobernadores que embolsarán su parte. El colmo es que mientras tanto los mandatarios se sumaron a promover ventajas económicas a las grandes multinacionales para complementar el Rigi. Un doble vara con nítido contenido de clase.
¿QUIÉN TIENE LA MOTOSIERRA MÁS GRANDE?
A pesar de semejante desplome en lo que reciben de Nación, las provincias mantienen un superávit fiscal. A la luz de esto se comprende la reacción de los mandatarios ante el discurso presidencial. Raúl Jalil, de Catamarca, dijo que les piden superávit fiscal pero es “lo que los gobernadores hacemos todos los días”. “Jujuy ya hizo todos los ajustes que se tenían que hacer, todo lo que había que achicar ya lo achicamos”, afirmó Raúl Sadir. “No hay mucho más que recortar”, según el ministro de Economía salteño Roberto Dib Ashur. Esto es lo que pasa cuando se ordena el gasto público en función del pago de una deuda que no para de crecer.
Algunos peronistas optaron por un tono más confrontativo para diferenciarse de la motosierra “libertaria”, pero la demagogia tiene patas cortas. El formoseño Insfrán denunció que Milei “le saca a las clases medias, a los humildes, a los jubilados” para el pago de la deuda y beneficiar a un grupo de empresarios, pero comanda la provincia que más recortó el gasto en el primer semestre del año (-42,8%), según releva la consultora Politikon Chaco. Vale lo mismo para el kirchnerista Gustavo Mellela en Tierra del Fuego (-38,6%), Ricardo Quintela en La Rioja (-36,6%) e incluso Kicillof en Buenos Aires (-19,1%).
Al tipo de cambio oficial, el ajuste del gasto público de las provincias sumó en el primer semestre 9.650 millones de dólares. ¿Sobre qué partidas cayó la poda? De cada $100 de recorte, $37 se hizo en salarios públicos provinciales (con una variación de -17,7% interanual).
Un caso ilustrativo es el de Neuquén, la única jurisdicción que registra un aumento en su recaudación. Su gobernador, Rolando Figueroa, se mostró más mileísta que el propio Milei cuando respondió al pedido de ajuste que “si sacamos el coeficiente de coparticipación nos da que los neuquinos tenemos que ordenarnos en 341 millones de dólares. ¿Saben cuánto nos vamos a ordenar este año? En 850 millones de dólares, casi el triple de lo que está pidiendo el señor presidente”. Palabras que explican la tenacidad con que se opuso al enérgico reclamo salarial de la docencia de su provincia.
Los otros que cargan con el peso de este esquema de centralización de recursos son los jubilados. La mitad de las provincias ejecutaron la “armonización” de los regímenes provinciales con la Anses, que en resumen barre con toda relación de los haberes y la movilidad respecto de los salarios en actividad. Allí donde no pudieron concretarlo impulsan reformas antijubilatorias que incrementan la edad de retiro, los aportes de los trabajadores en actividad, modifican a la baja el cálculo de los haberes; hoy lo hace Maximiliano Pullaro en Santa Fe, represión mediante, igual que antes lo hizo el peronismo en Córdoba. El robo a las cajas previsionales es otro de los frentes de la motosierra “federal”.
Nada de esto va a resolver ni uno de los problemas que atraviesa la economía argentina. Más bien al revés, simplemente profundiza el mismo camino de hundimiento en la pobreza del país para cumplir compromisos que más tarde o más temprano nos van a llevar otra vez al default. La única salida para que no siga cayendo el ajuste sobre nuestros salarios, jubilaciones, escuelas y hospitales es enfrentando la motosierra de Milei y los gobernadores, como lo hicieron las enormes huelgas docentes de Misiones y Neuquén, de los trabajadores de la salud en Río Negro, del Hospital Garrahan o la nueva movilización universitaria que se prepara para el 2 de octubre.
Lo que es inviable en Argentina es seguir concentrando los recursos con el único fin de cumplir con una deuda fraudulenta que cuanto más pagamos más crece. Solo los trabajadores podemos romper este círculo vicioso partiendo del repudio de la deuda usuraria, con una reorganización económica que incluya el reemplazo de los impuestos al consumo por gravámenes a las grandes riquezas y ganancias capitalistas, poniendo las prioridades en la satisfacción de las necesidades populares y del país.
26/09/2024 a las 9:48 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Milei en Córdoba: Sin anuncios ni saludo a los bomberos que combaten los incendios
Sebastián Cazón
Página/12
26 de septiembre de 2024
Acorralado por los incendios forestales y la caída de su imagen en las encuestas, Javier Milei se sacó el traje de profeta que llevó a la ONU para vestirse de Rambo y observar desde lejos la lucha de los bomberos cordobeses contra el fuego. Recién llegado de Nueva York, el Presidente se trasladó a la provincia para mostrarse preocupado por las 47.000 hectáreas afectadas. Junto al gobernador Martín Llaryora, el mandatario sobrevoló en helicóptero el norte del Valle de Punilla, pero no mucho más: no hizo ningún tipo de anuncio, tampoco una declaración pública, ni siquiera descendió a saludar a los bomberos que hace una semana combaten las llamas.
Después de una breve escala en Buenos Aires, Milei llegó en el Tango 11 a la Escuela de Aviación Militar. A las 14.30 fue recibido por Llaryora, con quien se fundió en un fuerte abrazo y mantuvo una reunión para conversar sobre los focos de incendio. También viajaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el de Defensa, Luis Petri. Quien estuvo ausente, y está completamente desligado del tema, es el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli, quien tampoco envió a su subsecretaria, Ana Lamas.
Durante el encuentro con el gobernador, Milei escuchó el informe que expuso el ministro de Seguridad local, Juan Pablo Quinteros. Según contaron los participantes, se trató solo de una charla sobre los aspectos técnicos de los incendios y no hubo tiempo para hablar de otras problemáticas que afectan a la provincia como la parálisis de la obra pública. “Las Fuerzas Armadas están desplegadas, brindando apoyo a los brigadistas. Los cordobeses no están solos, y así se lo transmitió el Presidente al gobernador”, dijo Petri, ante las críticas por la falta de acción del gobierno nacional.
Lo cierto es que la excursión de Milei por Córdoba se limitó a un mero acto de presencia. Al igual que en las inundaciones de Bahía Blanca de diciembre pasado, el Presidente se calzó una indumentaria de fajina, simuló “supervisar las tareas de asistencia y rescate” y no anunció ninguna medida en particular. Simplemente, se subió a un helicóptero con Llaryora y durante 40 minutos avistaron desde lejos las áreas de Capilla del Monte, San Esteban y Los Cocos, la zona más afectada por los incendios. Estaba previsto que finalizado el recorrido se acercaran para saludar y reconocer el trabajo de los bomberos que hace siete días luchan contra el fuego, pero finalmente eso no ocurrió.
La imagen fue desoladora. En la base de operaciones de Capilla del Monte, los bomberos habían formado una fila –estuvieron alrededor de una hora bajo el sol– para recibir al mandatario y estrecharle la mano. Se habían acomodado los camiones en hileras, dispuesto el lugar donde iba a aterrizar el helicóptero y regado el terreno. Milei, sin embargo, nunca bajó. El vuelo pasó por encima de ellos y frustró la expectativa de quienes lo estaban esperando. También decepcionó a los vecinos que se habían acercado hasta la ruta 38. Minutos más tarde, los jefes le ordenaron a los bomberos romper filas y descansar. Las caras eran de desencanto. El mandatario ya estaba emprendiendo su regreso a la Escuela de Aviación Militar para partir hacia Buenos Aires.
DE NECESIDAD Y URGENCIA
La visita presidencial dejó sabor a poco. No hubo anuncios, tampoco saludos ni declaraciones a la prensa. El viaje obedeció, más que nada, a la necesidad de salir a dar una respuesta frente a los numerosos cuestionamientos dirigidos hacia la administración nacional por la inacción para combatir los incendios.
Desde la Casa Rosada, Manuel Adorni el martes había salido a responderles. “El presidente quiere destacar especialmente la labor de los bomberos voluntarios de Córdoba y el personal de las fuerzas de seguridad que están poniendo el cuerpo para proteger a los ciudadanos. No hay nada más heroico que arriesgar la vida por un compatriota”, sostuvo y remarcó que el gobierno nacional «puso a disposición aviones, helicópteros y brigadistas para contener la situación». La defensa, no obstante, no fue suficiente. Por eso, Milei consideró que era necesario hacer pie en el distrito en el que más votos de diferencia le sacó a Sergio Massa en el balotaje (74 a 26 por ciento).
Mientras los mandatarios exhibían articulación y se regalaban obsequios –Milei se volvió con un poncho con la emblemática estampa del Cura Brochero–, cinco focos de incendio continuaban activos: Capilla del Monte, Villa Berna, Chacaní, Salsacate y La Granja, en donde cerca de 800 bomberos peleaban contra las llamas. Ante la grave situación, los vecinos de las distintas localidades se manifestaron para exigirle al Gobierno que declare emergencia nacional. Milei, por ahora, no dio señales de avanzar en ese sentido.
26/09/2024 a las 9:53 PM
Mr. Cruser tiene locura literaria. Como nadie lo lee, se conse contesta solo. 🤣