Por Hernán Andrés Kruse.-
EL CONCEPTO DE NEOLIBERALISMO AUTORITARIO
“Uno de los primeros teóricos que puso en circulación dicha noción fue Ian Bruff. Basándose en las nociones de estatismo autoritario esbozada por Nicos Poulantzas en los setenta y de populismo autoritario utilizada por Stuart Hall para caracterizar las políticas de Thatcher, Bruff vislumbraba la emergencia de un neoliberalismo autoritario, que tiene sus raíces “en la reconfiguración del Estado en una entidad menos democrática a través de cambios constitucionales y legales que buscan aislarlo del conflicto social y político”. Después de la crisis de 2007-2008, y ante la ausencia de propuestas alternativas por parte de la centroizquierda, las políticas de austeridad permanente, que ya habían mostrado sus efectos devastadores en América Latina y África, se impusieron sin dificultad en Europa, incluso en un momento en el que el neoliberalismo estaba fuertemente desacreditado intelectualmente. En ese sentido, Bruff sostiene que las políticas posteriores a la crisis, con sus cambios en la legalidad y la penalidad, ya no buscan construir una hegemonía y que, en ese marco, no son aptas para ganarse el consenso de los gobernados.
Los cambios legales y constitucionales buscan reformar la finalidad del Estado y las instituciones asociadas en nombre de la necesidad económica, apelando a las circunstancias materiales como motivo para la incapacidad del Estado de revertir procesos como la desigualdad económica y la dislocación y para recalibrar el tipo de actividades que son apropiadas para su involucramiento. En efecto, una vez impuesta la idea de que “no hay alternativa”, los grupos dominantes ya no buscan neutralizar la resistencia a través de concesiones, sino que favorecen la exclusión de los grupos sociales subordinados, mediante cambios en la legalidad que neutralizan los alcances de las instituciones democráticas y mediante prácticas que buscan marginalizar, disciplinar y controlar a los grupos sociales disidentes. En ese marco cabe situar la centralización del poder en el ejecutivo a expensas de la participación popular, la represión de las fuerzas opositoras, la reestructuración de los mecanismos redistributivos del Estado y el traslado a los hogares de los costos de la crisis.
Como vemos, la noción de neoliberalismo autoritario, al igual que la de neoliberalismo punitivo elaborada por Davies, no remite necesariamente a una forma política particular sino a una serie de prácticas de ejercicio del poder político de varios gobiernos a nivel mundial desde mucho antes de la llegada al poder de líderes como Trump o Bolsonaro. De hecho, Bruff encuentra antecedentes del neoliberalismo autoritario en la Inglaterra de los setenta, donde emerge una narrativa de la crisis de una derecha radical populista que opone el pueblo a los sindicatos y la nación a la clase.
En ese marco, “los ataques retóricos sostenidos contra la “cultura de la dependencia del bienestar” y el “estado sobrecargado”, combinados con los llamamientos a una mayor autosuficiencia y valores familiares, resonaron en partes de la población que de otro modo saldrían perdiendo bajo un gobierno de Thatcher. […] Esta construcción de un sentido común “moral” populista hizo posible que Thatcher pareciera estar con el pueblo y en contra del estado y sus intrusiones/fallas, a pesar de que los movimientos contra el bienestar y el trabajo organizado inevitablemente conducirían a la reorganización del poder de clase según líneas considerablemente más desiguales, que beneficiarían a una minoría de “la gente”.
Si bien la retórica thatcheriana es antiestatista, se necesita un estado fuerte para la reforma moral, económica, política y punitiva que implica su apelación a los valores tradicionales y al pánico moral. Esto se evidenció en un discurso de ley y orden que demandaba “más vigilancia policial, sentencias más duras, mejor disciplina familiar” —todos los cuales forman aun parte del mantra de una “nueva” derecha—. La noción de populismo autoritario remite así a “un cambio desde arriba hacia el autoritarismo, impulsado, aprovechado y hasta cierto punto legitimado por una marejada populista [desde] abajo” (Hall, 1985; Bruff, 2013).
Ahora bien, si ya en los setenta los chivos expiatorios eran los sindicatos y el Estado de bienestar, con la crisis del 2007 la intensificación del neoliberalismo va de la mano de un traslado de la culpa de las instituciones financieras a los individuos y a los Estados, por permitir los excesos del sector financiero, lo cual implicaba que ellos deberían soportar la carga de reencauzar al capitalismo. Por ejemplo, se acusó a los programas de bienestar de encarnar “los mismos valores moralmente cuestionables que el Estado permitió desarrollar en el sector financiero”, y para eliminar dicho “veneno” se aplicaron “cambios y desarrollos altamente regresivos: caídas sostenidas del ingreso real; ataques a las pensiones del sector público, los sindicatos y los trabajadores; recortes drásticos en el gasto social; y el desmantelamiento acelerado del núcleo ‘no comercial’ de los servicios públicos, todo como parte del ‘necesario’ acto general de limpieza” (Bruff).
Estas narrativas moralizantes han estado acompañadas por el impulso a subordinar el Estado a reglas constitucionales y legales que son consideradas necesarias para alcanzar la prosperidad y que vuelven obligatorias medidas de política neoliberal como la austeridad fiscal lograda mediante recortes en la provisión de bienes públicos. Esta lógica es tan válida para Europa, como para Estados Unidos o Brasil, especialmente con el gobierno de Temer, quien, luego de dar un golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff, logró reformar la constitución para congelar por veinte años el gasto público, y luego con Bolsonaro, que dejó la economía en manos de Paulo Guedes y que, enfrentado a la pandemia de covid-19, a la cual minimizó por poner en riesgo a la economía, llamó en noviembre de 2020 a “dejar de ser un país de maricones”.
En el mismo sentido, en 2011 España constitucionaliza la austeridad y la prioridad presupuestaria al pago de deuda, a pesar de que su ratio de deuda no era tan elevada, y al año siguiente sucede lo mismo con Italia y Austria. En el caso europeo, esto se vuelve más enfático con las sanciones automáticas a los miembros que no cumplan con las metas fiscales y el alineamiento de las políticas impositivas y fiscales supervisadas por la Troika, con escasa o nula participación democrática de la ciudadanía concernida. Por supuesto, el caso más emblemático es el griego, donde varios gobiernos se vieron obligados a renunciar por no poder cumplir con las medidas impuestas por la Troika, llegando a su punto cúlmine con el referéndum llamado por el gobierno de Syriza que no tuvo efecto alguno sobre la decisión de los burócratas europeos”.
EL AUTORITARIMSO Y ANTIDEMOCRATISMO INHERENTES A LA RACIONALIDAD NEOLIBERAL
“Después de realizar una de las genealogías más exhaustivas de la racionalidad gubernamental neoliberal, Pierre Dardot y Christian Laval analizan el neoliberalismo actual, estudiando las características del homo oeconomicus neoliberal y las modalidades disciplinarias y violentas con las cuales se produce. Además de mostrar que la racionalidad neoliberal fue desde sus comienzos antidemocrática, en el último lustro han observado que el neoliberalismo actual horada al propio estado de derecho. Sin embargo, los autores resaltan que este carácter autoritario del neoliberalismo no debe ser confundido con el auge de la nueva derecha, que en todo caso es una deriva habilitada por aquel. En efecto, en estos últimos años los autores observan un tránsito desde un neoliberalismo asociado a la apertura, el progreso, las libertades y el estado de derecho a otro donde imperan el nacionalismo, la xenofobia, el cierre de fronteras, el soberanismo, el securitarismo y el ataque a los derechos humanos.
Lo fundamental para ellos es que las tendencias autoritarias, xenófobas, nacionalistas, misóginas, que vemos en líderes como Trump, Bolsonaro, Salvini y otros no se oponen al neoliberalismo como sistema de poder. “Al contrario, reducen los impuestos a los más ricos, recortan las ayudas sociales y aceleran las desregulaciones, particularmente en materia financiera o ecológica. Estos gobiernos autoritarios, de los que forma parte cada vez más la extrema derecha, asumen en realidad el carácter absolutista e hiperautoritario del neoliberalismo” (Dardot y Laval).
En ese sentido, lo novedoso es que el antidemocratismo que hemos comentado más arriba hoy se plasma en un cuestionamiento cada vez más explícito a la democracia liberal y en la deriva autoritaria del propio neoliberalismo, independientemente de si se trata de gobiernos de extrema derecha, conservadores o socialdemócratas. Para Dardot y Laval, el neoliberalismo actual, en tanto sistema de poder que gobierna nuestras vidas, segrega una forma política que combina autoritarismo antidemocrático, nacionalismo económico y racionalidad capitalista ampliada. Dicha situación deriva de una crisis de la democracia liberal-social producida tras cuatro décadas de neoliberalización que llevaron a los perdedores del orden de la competencia a refugiarse en una extrema derecha que ha sabido hacerse eco de ese resentimiento.
Aprovechando dicha situación y la crisis de la democracia liberal-social que ha provocado y sigue agravando, el nuevo neoliberalismo radicaliza la guerra contra la población y el dominio del capital sobre la sociedad. Da lugar así a una síntesis novedosa de nacionalismo económico, liberalización económico-financiera y política proempresarial, que se apoya en un nuevo estado de legalidad. Este consiste en un refuerzo de los mecanismos securitarios y de control basados en el paradigma de la guerra contrainsurgente que es aplicado sobre la propia ciudadanía, lo que —sobre todo a partir de la guerra contra la delincuencia, las drogas y el terrorismo— pone en tela de juicio aspectos centrales del Estado de derecho.
Si bien es cierto que líderes como Emmanuel Macron, Angela Merkel y Justin Trudeau siguen defendiendo al menos verbalmente los derechos humanos, la división de poderes, la tolerancia y la igualdad frente a la ley que la derecha radical cuestiona abiertamente, el propio Macron, que se pretende defensor de la democracia liberal y de la república frente al Rassemblement National, no ha dudado en implementar un “bonapartismo empresarial”, fuertemente represivo y centralizador del poder. En ese sentido, la guerra económica y policial emprendida por el neoliberalismo contra la democracia liberal-social no se produce en el marco de un estado de excepción permanente sino que empieza a formar parte de la nueva legalidad, vaciando a la democracia y al estado de derecho desde adentro.
Es a partir de dicho vaciamiento y del descontento generado por las crisis recurrentes y sus soluciones neoliberales-y la ausencia de una alternativa de izquierda (Bruff, 2013)-que cobra fuerza una derecha radical, que no duda en apelar al odio al inmigrante, al pobre, a las mujeres, a los transgénero, etc. como un modo de movilizar al electorado y de imponer su visión de la sociedad”.
(*) Leandro Matías Saidel (Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos):“El neoliberalismo autoritario y el auge de las nuevas derechas” (Repositorio Institucional Conicet Digital-2021).
12/09/2024 a las 10:41 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Soluciones kirchneristas para los problemas argentinos
Pablo Mendelevich
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
11/9/024
En realidad, mucho no explican. Sólo repiten que a la Corte hay que ampliarla. Lo que supone copiar el método empleado en 1990 por Menem. A quien en el amanecer de la República Matrimonial los Kirchner insultaban tres veces por día. Lo culpaban, entre otras cosas, precisamente de haber colonizado la Justicia mediante el disfraz de una Corte casi duplicada, el viejo truco de crear vacantes para llenarlas de amigos. Menem fue el presidente que más jueces de la Corte designó. En total, diez. A los cinco primeros los puso apenas consiguió aprobar la ley ampliatoria, ante la indignación opositora, los reproches del foro y las feroces críticas de la prensa independiente. Hay que recordar que cambiarle el talle a la Corte (que a lo largo de la historia casi siempre fue de cinco jueces) es mucho más sencillo que nombrar integrantes de a uno. Lo primero se hace con mayoría simple de los presentes en ambas cámaras del Congreso, mientras que lo segundo requiere los dos tercios.
No hay duda de que Menem consiguió un éxito trascendental al llevar el máximo tribunal de cinco a nueve con el fin de hacerlo propio. Corte propia… hasta suena monárquico. Fue lo que a Menem le permitió sostener el andamiaje de las privatizaciones, validar el Plan Bonex y dilatar las causas por corrupción ad infinitum. En el volcánico 2001 el juez Jorge Urso lo metió preso -con arresto domiciliario- en el caso del contrabando de armas, pero a los cinco meses la sobreviviente corte automática, quién si no, ordenó liberarlo. El dos veces presidente hizo, sin lograrlo, un tercer intento para recuperar el poder hasta que recaló en el Senado, donde pasaría 16 años casi sin pedir la palabra, acolchonado por los fueros parlamentarios. Murió en 2021, a los 90 años, con decenas de causas abiertas y sin ninguna condena firme. A la tristemente célebre corte automática de nueve miembros no la habría disfrutado, Verdad de Perogrullo, si seguían los jueces probos que venían del renacimiento de la democracia.
Menem en 2003, 2004, 2005, era el diablo. Era mufa. Imposible olvidar aquella tarde en la que el presidente Kirchner, de visita en el Senado porque juraba su esposa, se tocó un testículo cuando pasó cerca del flamante senador. Por supuesto, ni lo saludó. Pero más allá de la insolencia, de la chabacanería, la crítica que en aquella génesis los Kirchner le hacían a la Justicia menemista era certera.
La primera medida fundamental de la era K, muchos ya lo habrán olvidado, fue el juicio político a la corte automática. El nuevo gobierno organizó el enjuiciamiento de cinco de los nueve miembros: Julio Nazareno, Guillermo López, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano. Nazareno, López y Vázquez renunciaron solitos (Vázquez sería reemplazado por Ricardo Lorenzetti, entonces un académico que en el Poder Judicial era un inexperto) para evitar la destitución. O’Connor y Boggiano terminaron destituidos.
Para designar a los reemplazantes Kirchner dictó un decreto, el 222/2003, en su momento visto como un extraordinario avance institucional, por el que se introdujo cierta participación pública en el proceso de preselección de candidatos. Refrendado por Alberto Fernández y Gustavo Beliz, ese decreto es ni más ni menos el que en 2024 se supone que debería haber alumbrado las penumbrosas nominaciones de Lijo y García-Mansilla, los candidatos de Milei. Aunque algunas de sus estipulaciones, como el cuidado que debería haber de la “diversidad de género” y, en el caso de Lijo, los requisitos de la “integridad moral”, no estarían pudiendo ser verificados en la práctica.
Por suerte, para mejorar el servicio de justicia a nivel del máximo tribunal la experta Cristina Kirchner ofrenda ahora una solución revolucionaria, el último grito de la moda en materia de cortes: se debe aumentar sin falta la cantidad de miembros. Novedad que Wado de Pedro le llevó a Santiago Caputo, según se supo por trascendidos. Se puede estar tranquilo: dos prohombres de la república negocian el futuro institucional argentino.
Pese a que en la división de poderes ella no cree demasiado, Cristina Kirchner es quien de estos temas sabe más que nadie. Primero que nada como usuaria, dado que está condenada por administración fraudulenta a seis años de prisión y tiene además varios juicios orales pendientes, todo lo cual llegará, más tarde o más temprano, a la Corte Suprema.
Pero seamos justos, el dominio del tema le viene de antaño. Es gracias a ella que en 2006 la Corte volvió al talle habitual de cinco miembros. Con argumentos republicanos y el principismo visceral de siempre, la entonces senadora fue la autora del proyecto que repuso hace 18 años a la Corte en su actual dimensión. La dimensión que ahora aborrece.
Venía en los hechos con siete miembros, dos menos de los estipulados, así como actualmente tiene cuatro, no cinco, porque Alberto Fernández nunca pudo cubrir la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco, última mujer que tuvo el tribunal. El propio decreto 222/2003 que él mismo refrendó le imponía un plazo de 30 días para designar reemplazante, pero sin penalidad alguna para el caso de que no lo hiciera, tal como ocurre con el tema del género o con el de la integridad moral. Más que normas son sugerencias del chef.
Tampoco los constituyentes imaginaron estos escenarios: vicepresidentes que regentean presidentes, vicepresidentes que refundan instituciones con el propósito explícito de zafar de procesos criminales personales. Y partidos políticos (o más bien movimientos) que los respaldan porque un arraigado sistema de beneficios los estimula.
Fernández propuso para procurador general de la Nación al juez Daniel Rafecas y la vicepresidenta le cajoneó el pliego (tampoco llenó las 140 vacantes de jueces que siguen pendientes). Así no se necesita oposición.
El asunto del tamaño de la Corte llegó a ser el cemento con el que se podía preservar adherido el peronismo al kirchnerismo, perdurable amalgama, a ratos inexplicable. Dos años atrás, cuando controlaba el Senado y le tumbaba ministros por carta a Alberto Fernández, Cristina Kirchner tentó a los gobernadores con una corte mastodóntica, capaz incluso de protagonizar un partido de fútbol sin necesidad de convocar equipo visitante. Todos iban a poder poner a sus amigos en esa corte: tendría 25 lugares. Fue diseñada bajo la épica transformadora de la expresidenta por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Prometía convertir a los poderosos Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti en cuatro gotas de agua arrojadas a la inmensidad de un mar de jueces. Al final las internas peronistas obligaron a rebanarle al modelo un 40 por ciento. Quedó en 15 miembros. Así, con 15 miembros, lo aprobó el Senado en el comienzo de la primavera de 2022, casi a la misma hora en que Cristina Kirchner hacía su alegato de defensa en la causa Vialidad.
La escena no podía ser más elocuente: el Senado votaba una ley declamatoria (36 a favor, 33 en contra) para garantizarle impunidad a su mentora (quien por razones de modestia, seguramente, esa tarde no presidió la sesión, prefirió quedarse en su despacho). Una fantasía. Poco después el Tribunal Oral Federal en lo Criminal N° 2 no sólo condenaba a la vicepresidenta a seis años de prisión sino que la inhabilitaba de por vida para ejercer cargos públicos. Condena que resolverá en última instancia la Corte. La Corte a la que ella pretendió aplicarle diluyente.
En rigor la ampliación se aprobó, pero sin que Diputados le completase la movida: ley no hubo. Para consuelo, en 2023 Cristina Kirchner ordenó otra batalla, otra puesta en escena: de nuevo un juicio político a los miembros de la Corte, este a sabiendas de que no tendría la fuerza necesaria para llevarlo adelante fuera del ámbito de la comisión parlamentaria. El rencor contra la Corte no es solo por el futuro, tiene también incontables razones originadas en el pasado, pero la que a Cristina Kirchner más le afecta es la referida a la declaración de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura que ella había elaborado también en 2006.
Lo último: se supo que eran espejismos las versiones de que ordenaría a sus senadores votar por el pliego de Lijo. En todo caso dejó correr que ese voto estaba condicionado a la posibilidad de poner también jueces a la carta. Es decir, a la posibilidad de ampliar el tribunal.
Quizás lo más inquietante de todo esto sea que se naturalice la idea de agrandar la Corte como si se tratara de una propuesta técnica, doctrinaria o cosa semejante. No hay motivos para pensar que se trate de algo diferente de lo que está a la vista, memoria mediante.
12/09/2024 a las 10:45 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El catenaccio de Milei y el fiasco del temible terrorista
Eduardo van der Kooy
Fuente: Clarín
(*) Notiar.com.ar
11/9/024
Javier Milei, en su afición por el fútbol, debe haber recordado estos días de asedio parlamentario un sistema creado en Italia que trasladaría a la política. Se puede hablar del cerrojo o catenaccio, pensado antes para evitar goles que para anotarlos. Mecanismo que hizo famoso a partir de los 60 (aunque no lo inventó) el célebre entrenador Helenio Herrera. El Gobierno ha desarrollado toda una estrategia en Diputados, en ese sentido, para evitar que sea bochado el veto presidencial que impedirá la aplicación de un aumento compensatorio del 8% a los jubilados.
El último encuentro de la Secretaria General, Karina Milei, con diputados del PRO y de La Libertad Avanza fue para ajustar detalles. Evitar que los distintos sectores de la oposición reúnan los dos tercios de los asistentes para tumbar el veto y dejar vigente aquel incremento. Ese tránsito no encontraría obstáculos en el Senado. El broche lo colocó el mismo mandatario en un cónclave con cinco diputados radicales que le expresaron solidaridad política. En origen habían apoyado el proyecto de recomposición jubilatoria. Se trató de un barrido oficial por Misiones, Córdoba, Corrientes, Tucumán y Neuquén.
Después de aquellas gestiones, los hermanos Milei habrían consolidado una certeza. Tendrían contabilizados los 86 votos que frustrarían aquellos dos tercios si hubiera asistencia perfecta: 256. Difícil que eso ocurra. Mayor margen de maniobra para el oficialismo. El bloqueo poseería además un valor político simbólico. El Gobierno podría demostrar su capacidad de anular un número que, entre varias cosas, demuestra la preminencia parlamentaria sobre el Poder Ejecutivo.
La última reunión de Karina con legisladores para-oficiales había estado precedida por otra encabezada por Milei, después de las sucesivas derrotas en el Congreso. El primer paso lo había dado Guillermo Francos, el jefe de Gabinete. No estuvo el lunes por su problema de salud.
Todas las acciones coordinadas fueron producto de las cuatro cumbres encadenadas en pocas semanas que Milei mantuvo con Mauricio Macri. Hubo algún asunto en el cual el ingeniero resultó recompensado. El pedido de disculpas del titular de la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, después que un par de causas judiciales que conserva el líder del PRO habían sido husmeadas por abogados de inteligencia. También se formó una mesa política chica solicitada por el macrismo que, al final, sonó a chanza: el Presidente incluyó a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, objetora de Macri; a Martín Menem, el titular de Diputados cuyo cargo se renueva a fin de año y aspiraría a ocuparlo el PRO.
El bloqueo de la compensación a los jubilados no significa ahora un costo excesivo para el PRO. De hecho, más de una veintena de sus diputados habían votado junto a La Libertad Avanza cuando se puso a consideración el proyecto. De todas formas, existe una situación que preocupa: el veto al aumento a los jubilados despierta una fuerte resistencia en la opinión pública. Incluidos votantes libertarios. Ninguno de los trabajos realizados la ubica por debajo del 60%.
Otra batalla, con niveles altos de sensibilidad social, aguarda quizás para mañana en el Senado. Allí podría aprobarse la ampliación del Presupuesto Universitario y terminar de enterrarse el DNU por el cual el Gobierno dispuso U$S100 mil millones para fondos reservados de la SIDE. No hay paralelismo posible. La cuestión educativa detonó el mayor trastorno político al poder, con aquella manifestación callejera multitudinaria de abril.
Se han producido novedades que podrían complicar más tal panorama. En las elecciones realizadas en aquellos claustros hasta el viernes último los libertarios consiguieron representación mínima en sufragios. La mayoría de las victorias correspondió a una alianza entre la UCR y los socialistas. El resurgimiento de La Cámpora quedó expresado en los triunfos en seis sedes, la más trascendente la Facultad de Arquitectura donde desplazó al radicalismo. Está visto que en ese ámbito ocurrirían dos cosas: la consolidación de un polo opositor al Gobierno; la comprobación, por otro lado, que la “batalla cultural” pregonada por la Libertad Avanza no estaría permeando como pensaba.
Acerca de los fondos reservados de la SIDE, la suerte estaría echada. Podría pensarse en una dilación del rechazo, como sucedió la semana pasada con la maniobra que ensayó la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Sobre el tema, no habría sorpresas como acontecerá con los jubilados en Diputados. El PRO y la UCR irán por la derogación del DNU.
Nada para intentar cambiar ese destino ayudó lo sucedido con el atentado contra el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Un dirigente de muy buena relación con Milei. Un paquete explosivo explotó el jueves último en su oficina cuando resultó manipulado por su secretaria. No hubo consecuencias graves. Expuso a cielo abierto cierto grado de indefensión colectiva. Una cosa sería el control de la calle recuperado después de haber estado por décadas bajo tutela piquetera. Que hoy tendrá otro reto con la marcha de la CGT. Otra distinta la prevención de episodios impensados. Allí talla la eficiencia o no de los sistemas dedicados a la inteligencia.
Bullrich adjudicó en primera instancia aquella acción a presuntos grupos veganos y anarquistas. Las patrullas digitales, bajo el mando de Agustín Romo, se encargaron de endilgar el atentado a la oposición. Por negarle a la SIDE la cesión de los fondos reservados.
El sábado se anunció la detención como posible responsable del ataque de un hombre de 40 años con domicilio en la Ciudad. Su nombre, Alberto Soria, dedicado al negocio inmobiliario. La ministra de Seguridad se encargó de hacer correr rápido la novedad. Se le adjudicó al detenido algún perfil antisemita.
La orden de detención fue librada por el juez Daniel Rafecas. Frustrado postulante en su momento de Alberto Fernández a la Procuración General. Se dejó trascender que había existido una veloz y eficiente investigación llevada a cabo por equipos especiales de la Policía.
Cuarenta y ocho horas más tarde, después de tomarle declaración indagatoria, Rafecas dispuso su liberación. El detenido pudo certificar que a la hora en que el paquete explosivo había sido dejado en la oficina de Pino se encontraba haciendo en Palermo un curso de capacitación de su actividad. Había sido rastreado por cámaras ubicadas en el barrio donde fue dejado el paquete (Barracas). Se había hecho también, se informó, un pormenorizado análisis de la tarjeta SUBE utilizada por el presunto responsable.
Desde el momento de la liberación del apresado, el Gobierno se llamó a silencio. Pino prefirió no arriesgar ninguna otra conjetura. Con un papelón pareció suficiente.
12/09/2024 a las 10:49 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La marcha contra el veto de Milei terminó con gases, palos y balas de goma
Matías Ferrari
Página/12
12/9/024
De fondo algunos hacían sonar la marcha peronista, otros cantaban que se vayan todos, o el himno, o puteaban. Cuando en la calle se supo el resultado de la votación (los Diputados ratificaron el veto a la ley de movilidad), la tensa calma que se había sentido desde temprano se quebró. El «!hijos de puta!, ¡hijos de puta!» fue unánime y la bronca se descargó contra las vallas que cortaban la circulación de Avenida Rivadavia. Jubilados y militantes hicieron sonar cacerolas, llaveros y lo que sea que se tuviera a mano contra la chapa. El vallado cedió. De golpe, el aire del Congreso se llenó de gases y se volvió irrespirable, como en tantas otras marchas –prácticamente en todas– este año. La policía avanzó desde Callao. Disparó balas de goma y en menos de cinco minutos desalojó a los manifestantes, que replegaron como pudieron hacia Corrientes. La cacería, igualmente, siguió durante horas. El Gobierno festejó por partida doble: dentro del recinto ratificó el ajuste sobre las jubilaciones (no sin ayuda de la casta) y afuera desplegó otra vez el circo del protocolo del “orden”, tal como lo había advertido en la previa la Casa Rosada.
El saldo de la represión fue de más de 50 personas heridas –entre ellas varios jubilados, trabajadores de prensa y hasta una niña de 11 años y otro de 9– por los químicos de los gases y las postas de goma, de acuerdo al relevamiento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El reporte de la Federal informó sobre dos detenidos, bajo el típico cargo antiprotesta de “resistencia a la autoridad”.
No conformes con haber desalojado el epicentro de la movilización, las fuerzas siguieron su faena con la clásica cacería de manifestantes sueltos. Algunas de las columnas que intentaron replegar por Corrientes se toparon de frente con otro cordón de policías y camiones hidrantes y debieron volver sobre sus pasos. En esa suerte de embudo, algunos cayeron en la volteada de los palazos en el cuerpo y el gas pimienta directamente en los ojos. Fue el caso de Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut. “Estuve casi media hora ciego”, le contó a Página/12. “Cuando volvíamos por Callao, encerrados entre dos cordones de efectivos, veo a una piba muy joven tirada en el piso, golpeada. Me acerco y le grito al policía que intentaba sujetarla que la deje en paz, y en ese momento me vació literalmente la lata de gas pimienta en la cara. Y eso que la calle ya estaba vacía”, relató.
Escenas del estilo se repitieron en varias esquinas. En Sáenz Peña y Rivadavia, un policía motorizado atropelló a una jubilada que intentaba impedirle el paso, armada sólo con un cartel y envuelta en una bandera. El hecho quedó registrado por las cámaras de televisión, que transmitían en vivo la violencia policial.
Dada la magnitud del operativo, estaba claro desde el vamos que había vía libre para pegar. Según el informe del Ministerio de Seguridad, se desplegaron casi 900 efectivos, entre la división antidisturbios de la Federal, Infantería, Prefectura y los escuadrones de Gendarmería. Hubo además varios infiltrados, esos efectivos que nunca se cuentan pero que siempre están, como sucedió durante la movilización contra la ley bases en abril. Esta vez fueron identificados por los propios manifestantes y echados de las columnas.
A fuerza de experiencia, los que marchan en la era Milei ya empiezan a reconocer las trampas. El diputado Eduardo Valdés ya había advertido en la previa que la Policía había plantado piedras y escombros “en distintos puntos en las inmediaciones del Congreso”. “Le aviso de antemano a la señora ministra Patricia Bullrich, para que no aparezcan los pícaros de siempre queriendo generar clima de violencia”, posteó en Twitter. Nadie cayó en esa emboscada, pero los palos llegaron igual.
El informe que el ministerio de Bullrich difundió a la prensa también incluyó, curiosamente o no, la identificación con nombre y apellido de varios referentes de la oposición entre los manifestantes. «Se observó la participación en la marcha de Axel Kicillof, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Pablo Moyano, Eduardo Belliboni, Hugo Godoy, Hugo Yasky, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Juan Grabois, Sergio Palazzo y Juan Carlos Alderete», dice textualmente, dando cuenta de que los tenían «fichados». En marchas anteriores, varios diputados recibieron gases y palos. Este miércoles la violencia se acotó a la gente de a pie.
Bullrich eligió, desde sus redes, hacer eje en los gases que recibieron los niños, especialmente la menor de 11 años. Lo hizo responsabilizando a la madre y no a los efectivos que actúan bajo sus órdenes. «Madre irresponsable y violenta», posteó. «Ya les dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido», sumó. Fue en respuesta a un posteo de Amnistía Internacional que, con algo de sentido común, subrayó que «los niños no pueden ser blanco de gases e impactos de balas».
«Mientras los sátrapas del Congreso nos dan la espalda a los jubilados, las mal llamadas fuerzas de seguridad, que son las que deberían defendernos, nos reprimieron. Gastan millones de pesos en reprimir y luego no hay plata para nosotros, pero tampoco para los comedores populares», le dijo a este diario Rubén, de Jubilados Insurgentes. «Saben que no podemos correr, ni tenemos fuerza para vencer a los escudos. Nos empujan hasta tirarnos a suelo. Hoy vi cómo reprimían a dos compañeras mayores que apenas podían caminar, las empujaron para que suban arriba de la vereda. Hay un gozo, un disfrute de la represión», agregó.
EL AGUANTE
En estos tiempos para el olvido, la persistencia del grupo de jubilados que todos los miércoles se concentra frente al Congreso se fue convirtiendo en un foco de contagio para el resto. “El miércoles pasado nos reprimieron, y acá estamos, y somos más; y el miércoles anterior, hace quince días, también nos reprimieron, y cuando volvimos éramos más. Nos pueden seguir cagando, pero nosotros de acá no nos vamos”, contó orgullosa Claudia, una vecina de Boedo que llegó al Congreso con una foto impresa de Norma Plá.
En coincidencia con la sesión en Diputados convocada por la oposición para intentar voltear el veto a la ley de movilidad, esta vez los jubilados contaron con el apoyo de las organizaciones sociales, la Corriente Federal de la CGT, ambas CTA y las agrupaciones y partidos de la izquierda. La CGT, la UTEP y el peronismo se apostaron sobre Yrigoyen, mientras que la izquierda lo hizo sobre Rivadavia, donde se produjo la represión.
Las agrupaciones de jubilados montaron un escenario sobre Callao, desde donde leyeron un documento firmado en conjunto con los gremios. «Hay que tener mucho odio hacia nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestros jubilados para llevar adelante tanta persecución y represión gubernamental como la que se está ejecutando en estos días contra los adultos mayores, quienes además de sufrir la merma de los haberes se ven privados de la mayoría de los medicamentos”, denunciaron.
«Adentro perdimos, pero afuera creo que ganamos. Hay un crecimiento de la movilización, eso es un dato que el Gobierno no puede obviar en medio de este ajuste brutal. Creen que pegando nos amedrentan, pero pasa todo lo contrario», le dijo a este diario la diputada del FIT Vanina Biasi. «Lo de hoy fue un parte aguas –sostuvo por su parte Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital–. Demostramos que seguimos pudiendo ocupar las calles y a partir de ahora sabemos con quiénes contamos y con quiénes no para enfrentar la traición a la patria».
LOS TESTIMONIOS
Los jubilados estaban convocados para la una de la tarde, pero empezaron a llegar mucho antes. Página/12 recogió algunos de sus testimonios en la plaza:
*María Gloria, de 65 años, llegó desde Villa Urquiza. Cobra bastante más que la mínima, pero no paga alquiler. «Sino, no sé cómo haría para vivir», contó. Y, como «afiliada radical desde la época de Alfonsín», dijo tener «asco» por el rol de la UCR dentro del recinto. Cuando tiene tiempo y le falta plata, maneja un UBER.
*Oscar, de 77 años, llegó desde El Talar, Tigre. Cobra 270 mil pesos, tampoco paga alquiler. Lo ayudan sus hijos. «Me estoy reventando los ahorros de una camioneta que vendí el año pasado», contó. Para él, no hay diferencias entre el plan económico de Milei y el de Martínez de Hoz. «Son los mismos, con otro poncho».
*Rosa (69) y Tito (74) viven en Lanús. Ella cobra la mínima, él bastante más. Dieron de baja la prepaga, se quedaron sin atención en el Hospital Italiano. También recortaron en el servicio de cable. «Nunca ví un destrato a los viejos como éste», dijo él.
*Rodolfo tiene 78 años y no se pierde una marcha. Se trajo una especie de megáfono hecho con una botella de plástico, que usa para insultar a Milei. «Basuuuuura», gritaba. Cobra la mínima. «Lo único que quiero, hermano, es poder sentarme alguna vez en un café, y poder pagarlo. Mirá lo que te digo».
12/09/2024 a las 10:53 AM
Cómo se gestó la maniobra libertaria para bloquear el aumento de las jubilaciones
María Cafferata
Página/12
12 de septiembre de 2024
Gracias al apoyo de un grupo de radicales y diputados que responden a los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro, Javier Milei logró blindar el veto a la ley que aumentaba las jubilaciones. Mientras la policía reprimía con gases a las columnas que habían movilizado al Congreso, la Cámara de Diputados fracasaba en su intento de insistir con la reforma de la ley de movilidad jubilatoria. La oposición no logró conseguir los dos tercios, aunque estuvo a solo 13 votos: 13 votos que, entre radicales que cambiaron de opinión y fuerzas provinciales, terminaron torciendo la cancha en favor del gobierno nacional. El resultado final de la votación fue 153 votos a favor, 87 en contra y 8 abstenciones: una victoria para La Libertad Avanza que había logrado consolidar, así, un sólido número para resistir vetos futuros.
El gobierno no se anduvo con remilgos. Ni victoria pírrica ni preocupación por el costo político: LLA salió a celebrar haber quebrado la UCR y la alianza opositora de la Cámara de Diputados que, en junio, había logrado conseguir los dos tercios para aprobar una ley que incrementaba un 8,1 por ciento las jubilaciones y las ataba a la Canasta Básica. «Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir», tuiteó el presidente Javier Milei minutos después de que la Cámara de Diputados hubiera rechazo la insistencia de la ley. En ese momento, afuera del Congreso, efectivos de las fuerzas de Seguridad reprimían y gaseaban a las personas que habían ido a manifestarse.
EL VOTO RADICAL
La sesión comenzó pasadas las 11 en un clima de resignación: los dirigentes opositores que impulsaban la insistencia de la ley ya iban palpitando que no tendrían los dos tercios, pero querían jugar a exponer a los dirigentes que cambiarían su voto para acompañar el veto presidencial. El ojo estaba puesto en el grupo de cinco radicales que se habían reunido con Milei el día anterior y habían anunciado que, pese haber votado la ley en junio, respaldarían el veto. Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Pablo Cervi y José Federico Tournier serían, durante toda la sesión, el puching ball preferido por los diputados opositores que, indignados, los llamaban «traidores» o «panqueques».
Rodolfo Tailhade (UxP), por ejemplo, llevó al recinto un dibujo de un chiste interno de Los Simpsons que representaba «la dignidad». «Puse en la banca una representación gráfica para que los diputados radicales corruptos que van a votar en contra de los jubilados tengan al menos una idea de cómo es, de qué se trata, esto de la dignidad», explicó.
Los cinco radicales M, que aspiran a integrar una boleta violeta el año próximo, votaron en contra de la ley junto al oficialismo, el PRO y los tres tucumanos de Independencia. Otros, como Gerardo Cipolini y Roxana Reyes, prefirieron ausentarse. «Van a tener que ir a terapia. Ganó Javier Milei y el que fija el plan económico es Javier Milei», argumentó Reyes en el recinto, optando por confrontar con el kirchnerismo para justificar su cambio de postura. «Hablan como si no hubiera sido un proyecto nuestro», confesó, irritada, otra diputada radical que, en cambio, sí votó a favor de la ley.
En total, 26 radicales votaron a favor, incluso los mileístas de Mendoza o el propio jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, que intentó negociar hasta último momento una votación particular que lo salvara de tener que votar contra el gobierno. No tuvo apoyo ni en el peronismo ni en el resto de su bancada, pero eso no le impidió quejarse: «Ni unos están discutiendo el superávit fiscal ni los otros están tratando de ayudar a los jubilados», protestó. La oposición saldría, en fila, a criticar a los radicales, pero la primera respuesta vino del jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo: «No se hubieran asociado con el kirchnerismo y hubieran votado con nosotros nuestro dictamen. Es fácil echarle la culpa a todo el mundo. Hay que hacerse cargo de lo que votaron, lo que arreglaron y con quien arreglaron», chicaneó.
La UCR no tenía paz: lo corrían por derecha y por izquierda e, incluso, sus propios integrantes. Uno de los discursos más duro provino de Pablo Juliano, diputado de la línea Manes que, la noche anterior, había pedido la expulsión del bloque de los cinco radicales M. «Yo no cambio mi voto. Yo voy a votar igual que como voté la vez pasada porque fue mi bloque el que construyó esta alternativa que se convirtió en ley», arremetió y los cruzó: «No es (la defensa del veto) lo que bregamos en estas bancas y los que se sacan fotos devuelvan sus bancas. Tengan el coraje político de lo que hacen afuera sostenerlo acá adentro».
El único que saldría a defender su cambio de postura fue Campero, que interrumpió a los gritos para decir que se había sentido «aludido». «Se ve claramente que no quieren que le vaya bien al gobierno. Este veto obligaba al gobierno a emitir o endeudarse, buscan para desestabilizar este gobierno», bramó, totalmente exaltado. De Loredo y el resto de la UCR se agarraba la cabeza, con vergüenza, mientras el PRO y LLA aplaudía.
EL NÚMERO CONTRA EL VETO
La oposición logró juntar finalmente, unos 153 votos a favor de la ley. El dato que sobrevolaba las distintas conversaciones era que, si los 5 radicales hubieran acompañado, se habría podido abrir un escenario para «herir de muerte» el veto. El ojo estaba puesto también en las ocho abstenciones que, finalmente, habían ayudado al gobierno: la de los cuatro misioneros y dos salteños de Innovación Federal y, la sorpresa de la jornada, el de la libertaria «arrepentida» Lourdes Arrieta. «Cuando milité el año pasado lo hice por ideas, bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta, pero no para los jubilados», deslizó la diputada, que estaba de estreno de su nuevo monobloque después de la renuncia forzada al bloque libertario.
Los gobernadores habían jugado a favor del gobierno, pero la oposición había logrado anotarse algunos triunfos. Unión por la Patria, por ejemplo, tuvo asistencia perfecta y aportó 99 diputados a favor de la ley. Encuentro Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto, aportó 14 votos a favor y tuvo solo dos ausencias: Ricardo López Murphy, que había tenido que viajar por temas personales, y Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio, pero consintió en ausentarse (en vez de votar en contra). La Coalición Cívica había aportado 6 votos y la izquierda otros 5. Y habían logrado, incluso, que algunos diputados del PRO acompañaran, como Álvaro González, y que otros se ausentaran, como Héctor Baldassi, Ana Clara Romero y Héctor Baldassi. «No queda tan claro que tengan una mayoría consolidada para evitar futuros vetos», reflexionó un dirigente peronista.
La oposición no perdió oportunidad para exponer al gobierno y a los diputados que habían cambiado su voto. «Los que fuimos votados por Juntos por el Cambio, estamos traicionando el mandato por el cual fuimos elegidos sino le damos una respuesta a los jubilados», los cruzó Maximiliano Ferraro (CC). «Les pido que reflexionen cómo van a votar los diputados, especialmente los que van a cambiar el sentido de su voto, porque van a ser cómplices del delito penal de abandono de personas», les recriminó Gisela Marziotta (UxP). Pichetto, mientras tanto, cuestionó al gobierno por no haber avanzado con un veto parcial: «Se perdió de encausar el tema de forma responsable», se lamentó.
«¿Hay chances para poder rechazar este veto? Sí, hay chances. Si aquellos que votaron a favor en junio hoy rechazan el veto de Milei, hay chances. Si aquellos que en el Senado votaron a favor ley votan con nosotros, hay chances. Si aquellos que en nombre del peronismo fueron a elecciones en sus provincias y votaron a favor y hoy están votando a favor de Milei, ¿cómo les da la cara?», cuestionó el titular de UxP, Germán Martínez, apuntando, así, contra todos los responsables de que, al final del día, el Congreso no hubiera podido rechazar el veto de Milei.