Por Hernán Andrés Kruse.-
En su edición del domingo 25 de agosto La Nación publicó un artículo de Fernando Laborda cuyo título es harto inquietante: “Milei, tras los pasos de Bukele”. Como bien señala Laborda, el flagelo de la inseguridad le permitió a Nayib Bukele acceder a la presidencia en 2019 venciendo cómodamente a los dos partidos políticos tradicionales salvadoreños (Arena y el FMLN). Al comienzo de su gestión debió lidiar con un problema complejo: su escasa representación parlamentaria, lo que lo obligaba a negociar con los legisladores de los partidos tradicionales. Sin embargo, Bukele decidió apretar a fondo el pie en el acelerador. Su implacable lucha contra el crimen organizado le permitió alcanzar en las elecciones presidenciales de enero de 2024 el 85% del apoyo popular. Ese porcentaje puso en evidencia su enorme capacidad para acumular poder.
Según Laborda, Milei quiere emular a Bukele. El libertario está convencido de que si logra derrotar a la inflación logrará obtener un resonante triunfo en las legislativas de 2025, lo que aumentaría geométricamente sus chances de conseguir la reelección emulando a su par salvadoreño. Emerge en toda su magnitud la personalidad autocrática de Milei. Su sueño es acumular todo el poder posible para no verse obligado a negociar con la oposición, algo que detesta de manera visceral, y permanecer en el poder todo el tiempo posible. De esa forma quedaría instaurada en el país una autocracia disfrazada de democracia.
Buceando en Google me encontré con un esclarecedor ensayo de María de Guadalupe Salmorán Villar (Profesora e Investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) titulado “Democracia y los rostros de la autocracia” (2019). Apoyándose en la obra de Michelangelo Bovero (profesor de Filosofía Política en la Universidad de Turín), la profesora Salmorán Villar considera que “El trabajo de Bovero nos previene contra las apariencias, las simulaciones, las democracias de fachada o, dicho en otras palabras, las versiones, más o menos veladas, de su contrario o, aún mejor, de sus contrarios. En el trabajo de Michelangelo encontramos diversas figuras autocráticas. Realizar una sistematización de todas ellas sería imposible en este espacio. Sin embargo, en las siguientes páginas presento, en síntesis extrema, algunos de los “rostros de la autocracia” más recurrentes en la obra boveriana, construidas sobre la misma base, pero distinguibles entre sí en grado y por diferentes razones: kakistocracia, “autocracia electiva”, “democracias aparentes” y pleonocracia. Cada una de esas categorías resultan instrumentos idóneos para resistir a las interpretaciones reduccionistas y distorsionadas de la democracia, tan de moda y exitosas (al menos así parece) en nuestros días”. Con el paso del tiempo quedará confirmado, lamentablemente, el carácter autocrático del gobierno de Javier Milei.
DEMOCRACIA IDEAL Y DEMOCRACIA REAL
“La teoría democrática de Michelangelo Bovero no sería inteligible sin la concepción dualista del mundo que la presupone. Como el mismo Bovero lo señala, de entre todas las dicotomías del pensamiento bobbiano, la más característica es aquella que contrapone los “ideales” a la “bruta materia”. Bovero edifica su teoría a partir de dicho binomio, el de la contraposición entre democracia ideal y democracia real. La idea fundamental es esta: sin la (re)construcción del primer término de la comparación, el modelo ideal de democracia, es imposible tener un discurso claro y coherente sobre el estado actual de los regímenes democráticos o, mejor dicho, sobre aquellos regímenes que estamos acostumbrados a llamar democracias.
Sin embargo, a diferencia de su maestro, Bovero ha centrado la atención, no tanto del choque o adaptación entre ideales y realidad, como de las tendencias degenerativas presentes en las democracias efectivamente vigentes. Desde hace más de dos décadas, Michelangelo se ha ocupado en identificar aquel tipo de instituciones, comportamientos y prácticas que pueden alterar el “juego democrático”, volviéndolo cada vez menos democrático, o, incluso, no democrático.
Las tendencias autocráticas que pueden vaciar de sentido el proceso decisional democrático responderían a múltiples causas: históricas, culturales, sociales, económicas y políticas. Algunas son exógenas y otras endógenas a esta forma de gobierno. Entre las primeras podríamos mencionar la persistencia de la guerra a nivel global y de los fundamentalismos religiosos, el aumento de las desigualdades socioeconómicas en el mundo, los múltiples efectos de la globalización económica, que traería consigo nuevas formas de exclusión política y marginación social (piénsese en las migraciones masivas en curso) y abonaría a la sustracción de la toma de decisiones políticas a sedes que escapan al escrutinio público. Entre las segundas, las más significativas serían: la verticalización del ejercicio del poder político mediante el “reforzamiento” del Ejecutivo, la personalización del enfrentamiento político y en la gestión del poder, la manipulación de las reglas electorales para crear mayorías artificiales y la búsqueda de consenso popular con técnicas plebiscitarias que buscan escapar a las instancias de “intermediación” democráticas, en primer lugar, los partidos y parlamentos.
Es imposible ignorar la interconexión que puede mediar entre todos esos procesos; Bovero se ha ocupado de esta cuestión cuando reflexiona sobre las nuevas formas de colusión o confusión de poderes sociales-político, económico e ideológico-, y la que se presenta en el plano político-institucional-entre los órganos que ejercen el poder soberano-. Precisamente, la conjunción de ambos procesos daría lugar al advenimiento de la kakistocracia, para decirlo con un neologismo inventado por el mismo Bovero, que significa literalmente el “gobierno de los peores”. Un vocablo con una evidente carga valorativa que busca nombrar un fenómeno complejo: la convergencia entre la plebe ignorante, la oligarquía de tipo plutocrático y la tiranía dictatorial.
Podríamos encontrar correspondencias en la actualidad en las (viejas y nuevas) formas de clientelismos (o de crear y mantener “siervos contentos”), de (neo) patrimonialismo (pensemos en la subordinación del poder político a las fuerzas económicas y financieras) y las grandes concentraciones (o monopolios) de los medios de información y de persuasión, en alianza con aquellas inclinaciones a dar más poder a los titulares de los ejecutivos en detrimento de los parlamentos. Sin embargo-como hemos visto-, los desafíos al modelo democrático no sólo vienen desde fuera. Incluso, desde el punto de vista político, la democracia parece ser un ideal sitiado. No tanto (al menos no hasta ahora) por la proliferación de posiciones abiertamente antidemocráticas o versiones “alternativas” al modelo democrático.
Hoy en día prácticamente ningún Estado o posición política resisten a la atractiva tentación de asumirse como democráticos. Lo alarmante son aquellas pulsiones reformistas que, desde malas o buenas intenciones, buscan secundar y legitimar las tendencias degeneradoras de las democracias contemporáneas, incluidas aquellas que intentan “salvar” a la democracia misma de sus múltiples manifestaciones críticas”.
DEMOCRACIA Y AUTOCRACIA
“Siguiendo la corriente de pensamiento que va de Kelsen a Bobbio, Bovero adopta un modelo binario de las formas de gobierno, que contrapone la democracia a su forma opuesta, la autocracia. La metáfora que usa Michelangelo para explicar la naturaleza específica de la democracia es la de un “juego ascendente”-semejante a la de una “escalada en relevos” o la de una pirámide a gradas-. La democracia se distinguiría del resto de las formas de gobierno porque el proceso de decisión política comienza “desde abajo” con la participación de los ciudadanos, y es articulado en diferentes fases contiguas, expresadas por los verbos “elegir”, “representar”, “deliberar” y “decidir”. Cada una de estas acciones “típicas” hacen posible que el “juego democrático” cumpla con la función que le es propia: producir decisiones colectivas con el máximo consenso y con el mínimo de imposición.
Por el contrario, de acuerdo con Kelsen, la autocracia se identificaría con un “proceso descendente” del ejercicio del poder político: “el inicio está en el vértice, está en el poder del autócrata que se impone, y que a través de un sistema de encargos desde lo alto procede hasta la base, es decir, hasta el nivel de los súbditos que están privados de cualquier poder y derecho”. Desde esta perspectiva, debería quedar claro que aquel régimen político en el que las decisiones caen “desde lo alto” sobre las cabezas de los individuos, mediante un procedimiento no iniciado ni controlado por los mismos, y en el que una parte de ellos (por reducida que sea) queda directa o indirectamente excluida del proceso decisional, es una no-democracia, es decir, una autocracia”.
LAS “UNIVERSALES PROCEDIMENTALES”
“El distanciamiento entre los regímenes políticos vigentes en el mundo con el modelo democrático es explicado por Bovero a partir de una concepción formal o procedimental de la democracia. El filósofo turinés asume las seis “universales procedimentales” formuladas por Norberto Bobbio como el criterio de democraticidad; esto es, como parámetro (simple, pero eficaz) para juzgar si un determinado régimen político de la realidad merece ser identificado como democrático: si las “reglas del juego democrático” encuentran “aplicación efectiva en la vida política de una colectividad, entonces esa colectividad podrá reconocerse y asumirse como democracia”. Por el contrario, aquel régimen político que no observe ninguna de esas “reglas” no podrá ser considerado con ese carácter.
El elenco de las “universales procedimentales”, dictadas por Bobbio en su conferencia de Bogotá en 1987, son las siguientes: 1) Todos los ciudadanos que hayan alcanzado la mayoría de edad, sin distinción de raza, de religión, de condición económica, de sexo deben gozar de derechos políticos; es decir, cada uno debe gozar del derecho de expresar la propia opinión o de elegir a quien la exprese por él. 2) El voto de todos los ciudadanos debe tener el mismo peso. 3) Todos aquellos que gocen de derechos políticos deben ser libres de poder votar según su propia opinión, formada, en lo posible, libremente, es decir, en una libre competencia entre grupos políticos organizados en concurrencia entre sí. 4) Deben ser libres también en el sentido de que deben ser puestos en condiciones de elegir entre soluciones diversas; es decir, entre partidos que tengan programas diversos y alternativos. 5) Sea para las elecciones, sea para las decisiones colectivas, debe valer la regla de la mayoría numérica, en el sentido de que se considere electo el candidato o se considere válida la decisión que obtiene el mayor número de votos. 6) Ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la minoría, particularmente el derecho de devenir a su vez mayoría en igualdad de condiciones.
La falta de cumplimiento de (alguna de) las “reglas del juego democrático” no son para Bovero “expresiones normales” o “realizaciones imperfectas” de la democracia en su versión representativa. El alejamiento entre la enunciación y la correcta aplicación de las “universales procedimentales” —entendidas como las condiciones mínimas de la democracia— siempre llevaría a un régimen político (en menor o mayor grado) hacia su degeneración; esto es, en dirección a convertirse en un régimen autocrático. Esta sería la tendencia que están llevando-según Bovero-las democracias en el mundo, incluso de aquellas (consideradas por largo tiempo como) “consolidadas” o “avanzadas”. Sin embargo-nos dice Michelangelo-, el problema no es fijar cuantitativamente el número de reglas que deben ser efectivamente respetadas para reconocer a un régimen como democrático, sino en la manera en que las mismas son aplicadas o adoptadas en los sistemas políticos concretos que llamamos democracias.
Para entender este matiz es fundamental una precisión. El contenido de las “universales procedimentales” coincide con un conjunto de preceptos que establecen quién y cómo (o el método a través del cual) se deben tomar las decisiones políticas en un régimen democrático, y en ese sentido tienen la calidad de reglas. Pero ello no implica que las “universales procedimentales” dejen de revestir el carácter de principios; esto es, de prescripciones normativas que buscan orientar el proceso de toma de decisiones colectivas. Por esta razón, las “universales procedimentales”-señala Bobbio-son de fácil enunciación, pero de difícil aplicación. En primer lugar, porque tienen una carga axiológica innegable; tales reglas darían expresión a los dos valores últimos-o los sustantivos en la teoría boveriana-que identifican a la democracia como forma de gobierno: la igualdad (el derecho a poder contribuir en la formación de las decisiones colectivas) y la libertad (entendida como autonomía; la capacidad y oportunidad de darse leyes a sí mismo) políticas. Segundo, porque al admitir diferentes interpretaciones pueden traducirse en normas, mecanismos e instituciones más o menos compatibles con el ideal democrático”.
28/08/2024 a las 11:03 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El Gobierno toma distancia de la promesa de Villarruel de reabrir las causas por crímenes de la guerrilla de los 70
Facundo Chaves
Infobae
28 Ago, 2024
El gobierno de Javier Milei tomó distancia de la promesa que hizo la vicepresidente Victoria Villarruel de promover la reapertura de las causas por crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras en los años 70, en el marco de un acto en el Senado convocado en el marco del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora todos los 21 de agosto.
Villarruel habló en un homenaje emotivo, donde disertaron víctimas que plantearon que hasta ahora no eran escuchadas o no tenían un reconocimiento por parte del Estado similar al que tuvieron aquellas personas que fueron blanco del terrorismo de Estado. Fueron testimonios cargados de dolor y tristeza, no sólo por la ausencia, sino por la indiferencia que sintieron las últimas décadas y la impunidad por esos crímenes. Un evento en el que, sin embargo, se evitó pronunciar una condena a los innegables delitos de lesa humanidad perpetrados en los años de plomo por uniformados.
Más allá de las intenciones de la vicepresidente, el acto ocurrió también en momentos en que el Congreso está sacudido por las consecuencias políticas de la reunión que organizaron un grupo de diputados libertarios en la cárcel de Ezeiza, con ex militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre ellos Alfredo Astiz. Ese tema es uno de los tantos que diferencian a Villarruel de Milei y que trae al centro de la escena una controversia de la que el Presidente se quiere mantener lejos: los años 70 y la dictadura. “Esa no es mi agenda”, aclaró Milei días atrás.
“Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años (…) Argentina, nuestra Patria adorada, para que pueda vivir su aurora, su renacer con justicia debe hacerlo solo con este valor. Para ello, todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación. Sólo con los asesinos en las cárceles podremos, en la unidad y el deber cumplido, poner a nuestra amada Argentina de pie”, manifestó Villarruel.
Esas palabras fueron pronunciadas en el final del acto que se realizó en el Salón Azul de la Cámara alta junto a víctimas de atentados terroristas cometidos por la guerrilla, pero también con familiares de fallecidos en la AMIA. Desde el entorno de la vicepresidente aclararon que el planteo fue realizado motu proprio y “no compromete al presidente ni al gobierno”.
Villarruel habló después de Claudia Rucci, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado e hija de José Ignacio Rucci, asesinado por Montoneros en 1973, en pleno gobierno peronista; de Gloria Paulik, hija del sargento Paulik, asesinado por la bomba que estalló en el comedor de Superintendencia de la Policía Federal; y de Luis Czyzewsli, padre de Paola, víctima del atentado terrorista contra la AMIA. Los tres dieron conmovedores discursos.
También estuvieron en primera fila Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, hijos de dos coroneles que fueron asesinados en los 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y que ahora son funcionarios del área de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Además, en un lugar destacado estuvo el escritor, periodista y funcionario del gobierno Juan Bautista “Tata” Yofre.
Por el Senado, concurrieron el presidente provisional, Bartolomé Abdala, Francisco Paoltroni, Ivanna Arrascaeta y Carmen Álvarez Rivero, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, y la secretaria administrativa, María Laura Izzo. También se lo vio, entre otros, al presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits.
La posición del Gobierno
Ante una consulta de Infobae sobre esa fuerte declaración de la vicepresidente acerca de los 70, en Casa Rosada tomaron distancia. “No es un tema nuestro”, respondieron fuentes inobjetables del oficialismo y confirmaron que ni desde el Ministerio de Justicia, como tampoco desde ninguna otra área del Ejecutivo está bajo análisis o en estudio avanzar con presentación o reclamo alguno ante los tribunales que tiene causas sobre delitos cometidos en los 70 por organizaciones armadas.
De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, Villarruel va a impulsar presentaciones ante la Justicia junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) -organismo que fundó en 2006 y aún preside- con “el objetivo de hacer visibles a las víctimas, trabajar por el reconocimiento de sus derechos y aportar nuestro esfuerzo en pos de la verdad histórica”.
“Las víctimas inocentes de la violencia armada desplegada por el terrorismo de las organizaciones guerrilleras que hicieron la guerra revolucionaria en Argentina no han tenido ni tienen en Argentina, Justicia, Verdad, Reparación y Paz. Solo un deliberado olvido, un cómplice silencio y un injustificable abandono”, indica entre sus principios esa ONG, que apareció como la contracara del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que defendía a las víctimas del terrorismo de Estado.
Son palabras que no difieren con las pronunciadas la noche del martes. “Lo que estamos compartiendo era impensado hace 20 años. Que hoy estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país donde desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaba y elevaban los crímenes atroces del terrorismo. Parecía utópico que hubiera resquicios de la luz de la verdad. En la muralla de la oscuridad pestilente que construyó el kirchnerismo sobre la década más dolorosa de nuestra historia. Era francamente peligroso denunciar los crímenes de los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner”, manifestó Villarruel en el inicio de su discurso.
Es una frase que si se quiere resignificó a otra que difundió antes Cristina Fernández de Kirchner: “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, lanzó la ex vicepresidente, como cortafuegos para aquellos dirigentes del PJ que le estuvieron enviando señales de amistad política.
“Hace más de cuatro décadas grupos terroristas asesinaron, pusieron bombas, secuestraron, lastimaron y aterrorizaron a miles de argentinos, extranjeros, adultos y niños, peronistas, radicales, personas apolíticas, civiles, uniformados, gente pudiente y muy humilde a la que usaron de excusa para lograr la disolución nacional, la desunión entre los argentinos y que flameara un trapo rojo ajeno a nuestras costumbres tradicionales a lo que la Patria argentina es, fue y será”, consideró.
Son narrativas que forman parte de la identidad de Villarruel, quien tiene con el presidente una relación política con altibajos. De todas maneras, después del acto y ante una consulta de TN sobre la relación con el jefe de Estado, la vice respondió: “Con Milei somos amigos y vamos a superar cualquier problema que haya, si es que existe hoy alguno”.
28/08/2024 a las 11:11 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Corte Suprema: Javier Milei, a un paso del papelón
Carlos Pagni
Fuente: La Nación
(*) Notiar.com.ar
27/8/024
Hay una regla en la política: el método, las estrategias que llevan a un grupo a conquistar el poder no le permite después gobernar. A esta regla se la puede ver exageradamente aplicada en la escena actual del oficialismo encabezado por Javier Milei. Es un oficialismo que llegó a la Casa Rosada sin partido ni equipo, y que por eso gusta, por su naturaleza antipolítica. Por lo tanto, no debe sorprender que se maneje con torpeza en el poder ya que es esa misma torpeza la que lo volvió atractivo durante su ascenso.
Vemos, y veremos en las próximas semanas, bastante falta de pericia por parte del Presidente y de su equipo en el manejo de las relaciones con grupos políticos, de la gestión institucional y del Gobierno. Milei es un líder que tiene un atractivo importante sobre la opinión pública. Flota sobre él un colchón de aceptación. Este fenómeno es casi directamente proporcional a las dificultades que exhibe en el manejo del aparato de poder.
Una de las evidencias del cumplimiento de esa regla inicial está vinculada a la larga peripecia en la formación de la Corte Suprema de Justicia. Hay un escándalo que fue in crescendo alrededor de la figura del juez Ariel Lijo. El Gobierno envió dos pliegos al Senado: el de Ariel Lijo y el del Doctor Manuel García-Mansilla. La candidatura de Lijo generó mucho escozor porque ostenta una fama muy bien ganada de juez corrupto. Y con prácticas bastante reprobables como, por ejemplo, dormir causas relacionadas con corrupción sin resolverlas nunca. Hoy mismo en su juzgado hay 10 causas sobre temas de corrupción que se iniciaron hace 10 años. Lijo fue recomendado a Milei por su colega Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte, que está enemistado con los otros tres integrantes del Tribunal Superior: el Doctor Horacio Rosatti, el Doctor Carlos Rosenkrantz y el Doctor Juan Carlos Maqueda. La semana pasada, Ricardo Roa, columnista del diario Clarín, publicó una larga nota sobre la situación del Gobierno en relación con estos problemas de poder. El artículo está ilustrado con un dibujo de “El Niño” que representa a Lijo como un sapo. Detrás suyo está Lorenzetti, que dice la frase “¡A comerse este sapito!”. ¿Quién se come el sapito? La República, el Gobierno y Milei, que está pagando un costo enorme en materia de percepción de la gestión institucional del Gobierno.
¿Dónde aparece el error del Presidente y su equipo político? En una suposición, que es la que entró en crisis durante los últimos días y que podría poner a Milei en la situación penosa de pasar un papelón. ¿Cuál es la premisa equivocada? Que Lijo era el candidato a juez del peronismo y, más específicamente, del kirchnerismo. La semana pasada surgieron dos voces muy importantes. Primero, la de Mariano Recalde, senador por la Capital Federal, figura histórica de La Cámpora y muy ligado a Cristina Kirchner. Él insistió en que tiene que haber una negociación para la designación de jueces de la Corte. Casi como un eco de Recalde, otro senador y presidente del bloque peronista en la Cámara alta, el formoseño José Mayans, también ligado a Cristina, insiste en que nadie los convocó para una negociación respecto de las candidaturas a jueces para el máximo tribunal. Entre ambos afirman algo así como “no se confundan. Lijo no sabemos de quién es. Pero nuestro no es”. Tiene bastante lógica advertir que un candidato de Lorenzetti, que pueda causar menor o mayor simpatía en el kirchnerismo, no podría ser candidato de Cristina Kirchner. Podríamos recurrir por ejemplo a una larga grabación que produjo la expresidenta, en su momento, respecto de la situación judicial en América Latina. Allí denunció lawfare en Ecuador, en Brasil y en la Argentina, una persecución judicial contra los líderes populares. A lo largo del video, resalta que el padrino de Lijo, Ricardo Lorenzetti, cumplió el papel de ideólogo o abanderado de lo que sería una especie de Lava Jato argentino. El video muestra además una foto de Lorenzetti junto a quien Cristina Kirchner vio siempre como su verdugo judicial, Claudio Bonadio, y a quien puso preso a Lula da Silva, Sergio Moro. Es raro que el presidente Milei no lo haya advertido. Probablemente no conozca todos estos antecedentes de una película a la que él se incorporó tarde. Es más raro aún que el Gobierno suponga que entre Lorenzetti y Cristina Kirchner pueda haber una convergencia respecto de la calidad de los jueces. Hay otro testimonio, que es de Oscar Parrilli. Se refiere al juez Lijo con mucha dureza por haber filtrado aquellas grabaciones tomadas clandestinamente en las que la expresidenta se expresaba de manera peyorativa sobre él mismo. La idea de que Lijo puede ser un candidato del kirchnerismo es una idea muy controvertida.
Aparece entonces un curso de acción posible. El peronismo, el kirchnerismo, podrían decir: “Queremos discutir los nombres de los jueces”. El Gobierno contestaría: “Nosotros ya propusimos dos nombres. Lijo y García-Mansilla. No hay más vacantes”. Respuesta del kirchnerismo: “Bueno, ampliemos la Corte. Generemos más vacantes”, propondrían desde el principal bloque opositor. En ese punto se encuentran hoy las negociaciones. Dicen que Cristina Kirchner está evaluando ya algunos nombres de jueces y sobre todo de juezas. Entre las versiones que rodean a todo este proceso está el nombre de María de los Ángeles Sacnun, una exsenadora santafesina muy ligada a la expresidenta.
¿Cómo se lleva adelante esta negociación? ¿En el Congreso? Tanto en Diputados como en el Senado hay mucha conversación siempre, aun entre personajes que parecen incompatibles. Pero hay que mirar otro canal. Hay una figura, la de un legislador muy importante, que suele ser la voz de Cristina Kirchner en el mundo judicial. Es nada menos que el senador Eduardo “Wado” de Pedro, exministro del Interior. Cuando fue precandidato a presidente, De Pedro tuvo como jefe de campaña a Guillermo Garat. Actualmente, Garat es el encargado de relaciones públicas, publicidad y marketing de YPF y es socio de Santiago Caputo, “El Mago del Kremlin”. Hay un túnel muy habilitado entonces para que Caputo, que personifica la voz de Milei en la política, y De Pedro, que es la voz de Cristina en el mundo judicial, empiecen a dialogar sobre una transacción que suponga ampliar la Corte y así lograr una posibilidad de consenso al momento de designar a los nuevos jueces. Este detalle entraña una ironía. En el año 2006, en medio del escándalo institucional que significaba la defensa de la reelección indefinida del kirchnerismo en Misiones en beneficio de Carlos Rovira, Cristina Kirchner se encargó de congelar en cinco el número de miembros de la Corte. Quien redujo el número de miembros de la Corte ahora sería quien impulsaría que se amplíe si es que quieren poner más jueces.
A medida que se avanza en esta idea, es posible advertir que la operación se torna más compleja. Es muy difícil pensar que el Gobierno y el peronismo, actores que hasta ahora vemos sentados a la mesa, realicen un pacto solo para cubrir vacantes en el Tribunal Superior. Hay otros temas importantes en el orden judicial que deben ser materia de un acuerdo. La Constitución del 94′ prevé una cultura política donde haya acuerdos. Para cuestiones de gran trascendencia, como la designación de jueces de la Corte o del Procurador General de la Nación, se piden dos tercios. La Constitución, tanto la histórica como la del 94′, no prevé un país sometido a una polarización tan facciosa que impida el diálogo. El sistema institucional exige del diálogo. Y hay otra vacante que es justamente la del Procurador General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, que debe ser cubierta. Es importante porque existe una reforma en curso por la cual los procesos judiciales estarán más en cabeza del fiscal que del juez. El fiscal empezará a tener, y tiene ya en algunos lugares como Salta, un protagonismo del que carecía. Significa que el Procurador General de la Nación se convertirá en la figura principal, exceptuando a los jueces de la Corte Suprema. La Procuraduría actualmente la ejerce un suplente, que es el Doctor Eduardo Casal.
Hay distintos candidatos para este cargo. Uno de ellos es el camarista de Casación Mariano Borinski, que tiene objeciones por parte del kirchnerismo. Le reprochan proximidad con Mauricio Macri. Otro aspirante es Juan Bautista Mahiques, ligado a Comodoro Py sobre todo a traves de su padre, el camarista boxindanga Carlos Mahiques. Juan Bautista es el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, del Pro. Cristina no quiere a ninguno de los Mahiques. Uno de ellos, el fiscal Ignacio Mahiques fue muy duro con ella en la investigación de la causa de obra pública. Hay un tercer nombre, el de un “tapado”. No se lo menciona tanto, pero sería un candidato más viable: Julio Conte-Grand. Se trata de un funcionario que ha tenido un desempeño excelente en la provincia de Buenos Aires como procurador bonaerense. Fue postulado a ese cargo por Juntos por el Cambio, con el desembarco de María Eugenia Vidal en el gobierno provincial. Si Conte-Grand fuera a la Procuraduría General de la Nación, dejaría vacante la de la provincia. Esa sería una colina muy atractiva para el peronismo, tanto para Cristina como para Axel Kicillof. Entonces hay que mirar a Conte-Grand.
Estamos hablando de una operación muy compleja en la que hay que incluir otro motivo de negociación. El Consejo de la Magistratura mandó al Poder Ejecutivo 140 ternas de jueces para que el Presidente elija quién, de cada terna, va a ser enviado al Senado para que finalmente lo convaliden como juez. El peronismo también quiere intervenir en esa negociación y ver esas 140 designaciones de jueces, que es la mitad de las vacantes que existen en la Justicia. Es decir, es una cantidad enorme de designaciones. Estamos hablando de una operación que se vuelve compleja, y aún más porque si va a haber es una ampliación de la Corte, el peronismo va a decir que primero se amplía la Corte y después se designan los jueces.
En el Gobierno está la fantasía de decir que primero designan a Lijo y Mansilla, y que luego se habla de la ampliación. Como Vicente Saadi le mandó a decir una vez a Raúl Alfonsín: “En este Senado los negocios se hacen al contado”. Lo que estaría diciendo Cristina Kirchner es que primero se amplía la Corte y luego se habla de los jueces. Pero para eso ya interviene una Cámara que no es el Senado. Hace falta una ley que pase también por Diputados. Allí empiezan a aparecer otros actores. Intervendría Macri y el Pro, y Miguel Pichetto, que está muy ligado al aparato institucional y a los temas judiciales. Ahí van a tener algo que decir los radicales y Elisa Carrió, que dicho sea de paso, está hiperactiva en estos días, tanto que tuvo una aproximación al propio Macri para hablar de este tema, después de muchísimo tiempo.
Se abre una agenda mucho más compleja que la de dos jueces para la Corte, y una mesa con todas las fuerzas con representación parlamentaria cuyo voto se va a requerir, ahora ya no para designar jueces en el máximo tribunal, sino para ampliarlo. Todos esos actores van a tener algo que pedir.
Podría pasar que los pliegos de Lijo y de García-Mansilla comiencen a naufragar, en base a indicios muy enfáticos, en el Congreso, y que esa candidatura se convierta en algo parecido a lo que fue la del juez Daniel Rafecas para ocupar la Procuración de la Nación, enviada por Alberto Fernández y rechazada por Cristina Kirchner. Es decir, que pasen a formar parte de un limbo. Esto sería penoso para el Presidente, porque a pesar de lo que dice su principal asesor, Santiago Caputo, quien asegura a los periodistas en la Casa de Gobierno que Lijo es un candidato del peronismo, el propio Milei se adueñó de la candidatura de Lijo y lo defiende con argumentos pobrísimos. Este fin de semana dijo que Lijo es el único juez capaz de entender el sistema judicial (sic). Y el único capaz de colaborar en la reforma que él quiere llevar adelante en el sistema judicial. Rarísimo el argumento. Primero, porque es un insulto no solo a todos los jueces, sino a todos los expertos en justicia que hay en la Argentina; y segundo, porque es extraño que un juez de la Corte sea el que reforme el sistema judicial del que forma parte. Para eso está el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que en este Gobierno parece estar pintado, y el Congreso. No olvidemos que el Ministerio de Justicia también lo maneja Santiago Caputo a través de uno de sus amigos, Sebastián Amerio.
Parece que hay muchas negociaciones en curso y muchos cambios en los significados de las personas y de las situaciones. Este fin de semana hubo en Santa Fe una celebración por los 30 años de la sanción de la Constitución de 1994. Se reunieron allí 30 constituyentes del 94′ que representaban a toda la clase política del país. No estaba Cristina, pero sí Horacio Rosatti, a quien, de pasada, Carrió, amiga del juez desde aquellos tiempos, le dijo que se olvide de que Lijo llegue a la Corte. Algo sabía Carrió de esas complejidades o complicaciones.
Sin embargo, hubo una foto con un significado político importantísimo. Se ve al presidente de la Corte, Rosatti, dictando una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Fe, en el marco de esa reunión de constituyentes. Y entre los asistentes, en segunda fila, a un diputado nacional muy relevante, sobre todo en esta escena: Eduardo Valdés, alguien muy cercano a Cristina Kirchner. La asistencia muy pacífica de Valdés a la conferencia de Rosatti es importante porque él fue uno de los impulsores, el año pasado, del juicio político contra el presidente de la Corte. Ahora se los ve, no sé si en una situación amigable, pero seguramente no conflictiva. ¿Hay alguna conversación entre el entorno de Cristina y los actuales miembros de la Corte? Es un signo de interrogación que queda planteado sobre esta foto. Hay que decir algo obvio que no debería sorprender: Cristina hace toda la política en el sentido de manejo y operación sobre el sistema político-institucional que Milei no hace. Son simétricos.
Todo esto se produce en un momento en que aparecen tensiones de las que hablamos la semana pasada, cuando decíamos que, cuando un equipo político, en este caso Milei y su grupo, La Libertad Avanza, ocupa casi en solitario la escena pública en términos de prestigio electoral, lo que suele suceder es que las peleas se dan dentro del propio entorno de ese sector. Hay peleas internas. Esto se vio en el conflicto entre LLA y el Pro, entre Milei y Macri.
Entre ambos hay un conflicto que probablemente se deba diferencias relacionadas con cuatro hipótesis distintas, dos por cada lado. No sabemos quién está en lo cierto. La primera se la atribuímos a Macri. Él cree, y tiene derecho a creer, que Milei le debe, en buena medida, la presidencia por dos razones: una, oculta, es que le consiguió muchísimo financiamiento para el ballotage y el control de la elección (hablamos de muchísimo financiamiento, millones de dólares gestionados por Macri, e incluso por algunos empresarios a quienes Milei castigó hace poco dura e injustamente); y la segunda razón es por el respaldo explícito que Macri le dio a Milei, que para el equipo de campaña de Massa en aquel momento significó más o menos ocho puntos en la elección. Macri puede tener la percepción de que Milei no le agradeció esos servicios de campaña. Por otro lado, el Presidente cree que no tiene nada que agradecerle al exmandatario, porque el votante de Macri ya está con este gobierno. Entonces, Milei descansa en la idea de que el titular del Pro no tiene ningún instrumento para condicionarlo o extorsionarlo, porque la base electoral del Pro ya está con Milei, y Macri está condenado a adherir. Son dos hipótesis distintas respecto a la relación de poder entre uno y otro.
A su vez, hay otras dos hipótesis que también los separan. El Presidente está convencido de que, con la derrota de la inflación y la gran caída que hubo en tiempo récord este año, él tiene derecho a que se convalide su poder y liderazgo en las elecciones del año que viene. Es decir, que si sigue habiendo un curso descendente de la inflación, la elección del año que viene la gente votaría mayoritariamente a los candidatos de Milei. Macri está observando otro fenómeno: así como Milei derrotó en tiempo récord a la inflación, también provocó en tiempo récord una gran recesión, más importante de lo que se sospechaba. Esto implica dos hipótesis de futuro que suponen dos estrategias políticas distintas. El expresidente tiene derecho a pensar, con esa mirada de la economía, que va a haber cada vez más gente diferenciándose de Milei y que con esa gente él quiere empezar a hablar, incluso en beneficio del oficialismo, porque a esa gente la puede atraer el redil electoral del no peronismo si es que el Gobierno pierde consenso.
Milei y Macri experimentan una tensión que se ha agravado en los últimos días, porque hay un cambio en el juicio de Macri respecto al Gobierno. El expresidente dio un paso importante: desde el comienzo de la gestión, decía que había un problema con el gabinete y la administración, un problema de gerentes. En las declaraciones que hizo luego de que se sancionara la Ley de Bases, extraordinariamente medidas por Macri, dio un paso más adelante y dijo que ya el problema no radicaba solo en el gabinete, sino en el entorno del Presidente y quienes definen la política. Quedó a un paso de decir que hay un problema con el propio Milei e identificó esa dificultad en Santiago Caputo, “El mago del Kremlin”.
Caputo maneja muchísimo poder dentro del Gobierno, y un poder especial: la SIDE. Lo administra de manera quizá torpe, porque ha dejado trascender, a través de comentarios que hizo en la mesa del Gobierno y que luego se ven reproducidos en cuentas de X que parecen ser de Caputo, que va a traer a “los malos” para que lo defiendan”. Todo el mundo entiende, y él mismo lo dio a entender, que “los malos” son lo peor de los servicios de inteligencia de la Argentina, encabezados por Jaime Stiuso y su secretario privado, Lucas Nejamkis. Toda la clase política, cuando advierte esta amenaza, se pone en guardia. Entre ellos, Macri, que sabe que no tiene un amigo en Caputo.
Un momento después, Santiago Caputo imaginó una dotación de recursos para esa SIDE donde estarán “los malos”, de manera extraoficial. Entonces, se emitió un DNU para dotar a ese aparato de inteligencia con nada menos que 100 millones de dólares, con distintas justificaciones, muchas de ellas razonables. Primero, que si uno compara con otros gobiernos, esta SIDE está desfinanciada; segundo, que tiene que montar un aparato ligado al ciberespionaje para proteger los archivos de ataques cibernéticos, etc., un tema en el cual la Argentina y el Estado están especialmente desguarnecidos y que requiere la compra de tecnología cara. Eso justificaría parte de esa asignación de recursos. Pero en el Congreso dicen que no le van a dar ese instrumento, esa plata, a alguien como Caputo.
Hubo una deliberación, incluso dentro del Pro. El martes a la noche estaban los que iban a votar en contra y abstenerse. Hubo un Zoom el miércoles a la mañana y Macri dio prácticamente la orden de voltear el decreto de asignación de recursos a la SIDE. Esto es importante, porque este decreto que votó en contra la Cámara de Diputados probablemente ingrese al Senado este jueves, y no hay ningún indicio de que lo vayan a aprobar. También lo rechazarían. Estaríamos, por primera vez, en presencia, desde que fueron reglamentados los DNU que fueron constitucionalizados en la Constitución del ‘94, de que el Congreso rechace con el voto negativo de las dos cámaras un decreto de necesidad y urgencia de un presidente.
A partir de este comportamiento del Pro en Diputados, el Gobierno decidió que la SIDE intervenga como querellante en las causas que se siguen en la Justicia federal contra Macri y su aparato de inteligencia (AFI) por operaciones de espionaje ilegal. Desde Odisea hemos sido muy críticos de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, que tuvo múltiples desviaciones y muchísimas operaciones clandestinas. Entre ellas la sospechosa instalación de una bomba en un domicilio de Recoleta perteneciente a José Luis Vila, que es funcionario del actual Gobierno. Pero también hay que señalar un disparate: el mismo Gobierno que decidió sacar a todos los organismos del Estado de las querellas por causas de corrupción contra Cristina Kirchner, inicia a través de la SIDE querellas por causas de espionaje contra su socio Macri, quien contribuyó, mucho o poco, al triunfo de Milei. Hay un doble estándar rarísimo por parte del Presidente, y no cabe duda de que una decisión de este tipo viene de Milei a Santiago Caputo, y del asesor a Sergio Neifert, que es el titular de la SIDE.
Después de este conflicto por los servicios de inteligencia se produjo otra votación en el Senado que tiene que ver con la fórmula jubilatoria, es decir, con la fórmula para calcular la actualización de los haberes jubilatorios. El Pro votó en contra del Gobierno. Votaron por establecer otra fórmula distinta de la que había establecido el Poder Ejecutivo con un DNU, con dos argumentos: primero, que están dando una ley a Milei, que vale muchísimo más que un DNU, ya que el decreto se puede anular; y además, que si se analizan muy finamente los números, sería muy poco lo que se gasta de más, lo que se afecta del presupuesto. Se lo venían diciendo los senadores, inclusive los del Pro, comandados por Luis Juez, a dos funcionarios: José Rolandi, el vicejefe de Gabinete, y a una funcionaria crucial de este gobierno que se llama María Ibarzabal, que es el cerebro jurídico de Santiago Caputo. Siempre volvemos al “Mago del Kremlin”.
A través de un gráfico confeccionado por el economista Matías Surt se comparó el DNU de Milei (línea violeta), la fórmula de Macri (línea amarilla), la fórmula de Alberto Fernández (línea azul) y la nueva fórmula votada por el Senado. Esta última establece en su artículo tercero la gran diferencia entre lo que quiere Milei y lo que votó el Senado, otorgando a los jubilados el 8% de inflación que correspondía a la fórmula de enero y que en la fórmula del Gobierno se restó. Es decir, la gran disidencia entre la oposición y el oficialismo radica en si se va a proyectar en las jubilaciones la inflación que sería de diciembre, la más alta, y que repercute en la fórmula con un 8% adicional.
En el gráfico se observa que, de seguir con la fórmula de Alberto Fernández, la jubilación mínima hoy sería de $330.417. La fórmula de Milei llevaría a una jubilación de $234.896 según el cálculo de Surt. Y la fórmula que votaron Diputados y el Senado sería de $251.574. ¿Qué le está diciendo el Congreso a Milei? “Sacale todo lo que sea hojarasca a la ley, dejá la fórmula que nosotros propusimos porque la diferencia que vas a tener no es tan grande. Es de alrededor de $17.000. No es tan mayúsculo el gasto fiscal que te producimos. Y además, si no pagas esos bonos, es casi cero. Te evitas un veto”. El Gobierno tiene la posibilidad de vetar porque si los diputados y senadores del Pro obedecen la voz de Macri, que censuró esa votación, sería muy difícil para la oposición alcanzar los dos tercios que le darían vuelta el veto al Presidente. Macri condenó duramente lo que hicieron sus legisladores. Lo hizo de manera sobreactuada para enviarle un mensaje a Milei que deje en claro algo así: “Que yo te haya volteado el DNU de la SIDE no quiere decir que me haya pasado a la vereda de enfrente en materia de ajuste fiscal y la política de austeridad del Gobierno”.
Todo esto forma parte de una agenda de diferencias entre Macri y Milei. Esta agenda tiene distintos capítulos. Uno, muy importante, es la negativa del oficialismo a reconocerle a la ciudad de Buenos Aires la coparticipación que el Ejecutivo porteño asegura le corresponde. Hubo una audiencia en la Corte. Enojado, Milei le dijo a Caputo que no asista y enviaron a un subalterno, lo que causó mala impresión en los primos Macri, que fantasean que detrás de esa restricción del financiamiento a la Ciudad está la intención de que la gestión del macrismo en territorio porteño no sea tan exitosa para poder poner otros candidatos, como por ejemplo Patricia Bullrich. Hay un segundo motivo de conflicto. Entre los reproches que Macri le hace al Gobierno está también la política de transporte. Desde aquella área le contestaron a Macri: Le quitaron el subsidio al transporte de la ciudad de Buenos Aires. Desde el Gobierno porteño responden: “Si vas a quitar el subsidio, las empresas van a quebrar. Subí las tarifas”. Y el oficialismo corrobora: “No, todavía no abriremos juicios sobre eso”.
Existen asimismo conflictos sutiles. Se desplazó en la Dirección del Teatro Colón a Jorge Telerman. El Colón es la institución más importante de la Argentina a nivel internacional. Y Telerman venía haciendo una gran gestión, sobre todo por saberse manejar con muy pocos recursos cuando se trata de una institución que requiere contratar en dólares. Se anunció la llegada de otros directivos muy prestigiosos. Uno de ellos es Gerardo Grieco, un uruguayo que estuvo al frente del Teatro Solís. El otro Julio Bocca, que trabajó con Grieco en el Solís y fue presentado como futuro director artístico del Colón, aunque él se encargó de aclarar que estará al mando del ballet. ¿Qué implicancia tiene todo este movimiento? Primero, el Colón queda descabezado por seis meses. Las nuevas autoridades asumirán el año que viene. Lo segundo es que Telerman, por las casualidades de la vida, se ha transformado en un funcionario extraordinariamente cercano a Milei, Presidente al que le gusta la ópera y que ha ido sistemáticamente al Colón. ¿Hay también acá una interna entre el gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad? Habría que ver cuáles son los pasos de Telerman. No vaya a ser que se convierta en un activo político de Milei en la ciudad de Buenos Aires.
¿Cuál es la clave en todo esto? Cómo formará el no peronismo el año que viene en las elecciones. ¿Irá unificado o con fórmulas separadas? Si Macri y Milei no se ponen de acuerdo y van en listas separadas, muy probablemente gane la lista de Kicillof. Y un triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires sería muy complicado para el Gobierno. ¿Qué inversor va a apostar a la Argentina si ve que vuelve el kirchnerismo al final del túnel en 2027? Enorme problema el que se esconde detrás de este conflicto entre Milei y Macri, que sigue siendo una divergencia basada también en hipótesis económicas. La recesión ha sido importante. En tres trimestres, el producto bruto de la Argentina ha caído seis puntos. Es cierto, cayó mucho la inflación. Mérito del Gobierno. Pero cayó mucho también el nivel de actividad. Los países que tienen grandes recesiones sufren caídas de más o menos un punto del PBI por año. Acá, en tres trimestres, seis puntos.
Es un inconveniente que tiene muy preocupados a los gremios por miedo al fraude laboral, a empresarios que obliguen a suspender extorsiones por parte de sus empleados y les hagan firmar la aprobación de esta medida, que equivale a pagar menos sueldos con el mismo nivel de trabajo. Es un problema que apareció en la pandemia con un caso en La Matanza: el Grupo Libson, de Pablo Libson, un empresario muy pendenciero que fue denunciado por la UOM de La Matanza por hacer este tipo de fraude laboral, que fue llevado con una causa judicial a la AFIP. Hoy este caso Libson es emblemático en todo el sector sindical, por temor a que se repitan estas prácticas.
La recesión también empieza a afectar a las encuestas. En la sala de máquinas de Cristina Kirchner las miran mucho y observan algunos cambios en la orientación de la opinión pública. Por ejemplo, los sentimientos positivos respecto de la realidad, que en mayo eran del 55%, en agosto son del 42%. La angustia subió del 41% al 50%. La preocupación de la gente era la inflación en un 44% mientras que la pobreza estaba en el orden del 3%. En agosto, la inflación preocupa al 8% en tanto que la pobreza ascendió a un 18%. El peronismo ve que Milei flota sobre un colchón todavía muy positivo de opinión pública. Pero debajo ocurre algo que definió el exvicejefe de Gabinete Juan Manuel Olmos: hay movimientos tectónicos, placas que se mueven, cambios de prioridades y de sentimientos. Probablemente así también lo esté viendo Macri, más silenciosamente, desde las proximidades de Milei. Por eso es tan trascendente el sentido que tome esa relación.
28/08/2024 a las 11:19 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Cuando la prensa juzga
Aleardo Laría Rajneri
El Cohete a la Luna
25/8/024
En La sociedad del riesgo (Paidós, 1998), Ulrich Beck analizó los nuevos riesgos de la modernidad avanzada. Anticipándose a los efectos de la pandemia del Covid-19, señalaba que habían desaparecido las barreras que antes nos alejaban de los que estaban afectados. La novedosa fuerza cultural y política de la nueva era residía en el poder del peligro que suprime todas las zonas protegidas. Tomaba el ejemplo de la nube atómica que se había producido en Chernóbil para señalar la peculiar mezcla entre naturaleza y sociedad, en la que el peligro derriba toda barrera que pudiera ofrecerle resistencia. Señalaba que estábamos asistiendo al final de la sociedad industrial clásica con sus nociones de soberanía del Estado nacional, de automatismo del progreso, de reducción de la desigualdad social y de división en clases sociales. Mientras que la fuerza impulsora de la sociedad de clases se resumía en la frase “¡tengo hambre!”, en la sociedad del riesgo se impone la frase “¡tengo miedo!” La solidaridad surge por miedo y ello impulsa sentimientos negativos como el irracionalismo, el extremismo y el fanatismo. Añadía que las nuevas formas de comunicación brindaban nuevas ocasiones para la influencia y el control político. “La esfera privada no es lo que parece ser, una esfera separada del ambiente. El lado externo penetra en el interior e influye en lo privado de las relaciones y decisiones en todos los ámbitos, en el sistema educativo, en el trabajo, etcétera, es decir en todas partes en donde afecta las secuencias biográficas privadas”. Como si estuviese reflexionando sobre la actualidad argentina, añadía que “para el individuo, las condiciones institucionales que le determinan ya no son sólo sucesos y relaciones que se le imponen, sino también consecuencias de las decisiones adoptadas por él y que ha de ver y asumir en cuanto tales”.
EL RIESGO DE LA POLÍTICA
Ulrich Beck no profundizó en el aumento del riesgo en el ejercicio de una de las profesiones más antiguas del mundo, el de la política. Un conjunto de circunstancias se ha sumado para que los políticos que alcanzan posiciones de poder vivan atenazados ante la posibilidad de ser alcanzados por jueces justicieros que en ocasiones operan bajo coordenadas que no son las propias de la Justicia. El primer elemento que debe tomarse en consideración es el fenómeno de la transformación de la política en un espectáculo donde los líderes políticos intentan llegar a vastas audiencias a través de los medios de comunicación. Diversos autores abordaron este fenómeno, como Guy Debord en La sociedad del espectáculo (Editorial Pre-textos) y Bernard Manin en Los principios del gobierno representativo (Alianza Editorial), al señalar que el electorado aparece como una audiencia que responde a los términos que se le presentan en el escenario político. Este fenómeno aparece vinculado con la tendencia a la personalización del poder. Si bien los partidos políticos siguen desempeñando un papel en cuanto proporcionan recursos económicos y personal cualificado, todo gira alrededor de la figura del líder. Los actuales canales de comunicación política (prensa tradicional y redes sociales) permiten una comunicación directa sin la red partidaria. Por otra parte, los programas partidarios, por la complejidad de las cuestiones que abordan, se han convertido en textos incomprensibles que nadie lee. Como señala Manin, es posible que haya pasado la época en que se votaban los programas de los candidatos y ha comenzado la era de votar a los candidatos por lo que ofrecen a los ojos de unas audiencias que busca referencias en las identidades sociales o culturales. Para Sergio Fabbrini, en El ascenso del Príncipe democrático (FCE), hoy la política es entendida como representación a través de la interpretación: “La política, por su misma naturaleza, es hiperreal, es decir, estrechamente dependiente del punto de vista de quien la interpreta”.
JUICIOS MEDIÁTICOS PARALELOS
Los medios de comunicación son los encargados de obtener, editar y divulgar las noticias políticas y en ese rol son los que deciden qué es importante y merece ser reconocido como noticia política. Su labor no es independiente, porque está presidida por el deseo de complacer a los grupos económicos y sociales que conforman su audiencia. Pero en general todos los medios coinciden en utilizar como herramientas expresivas la dramatización, la simplificación y la personalización de los acontecimientos transmitidos. Como es comprensible, cada noticia es resignificada por las audiencias según los contextos en que es recibida, y la predisposición del público receptor a darle credibilidad. Estas circunstancias convierten a los líderes políticos en especialmente vulnerables porque las noticias difundidas por los medios gozan de una presunción de veracidad. El problema se agrava en el caso particular de las noticias que dan cuenta de la presunta responsabilidad en la comisión de hechos delictivos. Esto acontece con los juicios mediáticos paralelos, en donde se reproduce un ritual similar al de los establecidos en las leyes procesales, donde los medios ofrecen testimonios, pruebas documentales, fotografías, etcétera, pero sin las salvaguardas de imparcialidad propias de la función que compete al Poder Judicial. Es un juicio ficticio, que vulnera los derechos que la Constitución ofrece para garantizar la celebración de un juicio justo, preservando el más significativo de los derechos que es el de la presunción de inocencia. Asistimos así al uso abusivo del derecho a la libre expresión y la vulneración de la obligación de los medios de hacer llegar a las audiencias una información veraz y contrastada.
En la medida que los juicios paralelos en los medios pretenden imponer una determinada visión de lo sucedido, poniendo el foco en la actuación de determinados líderes políticos, se producen graves distorsiones que afectan el funcionamiento normal de las instituciones. En primer lugar, se ejerce presión sobre los jueces y fiscales para conseguir resoluciones que se ajusten a la verdad proclamada por los medios. Esto pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, que es la independencia judicial. Un segundo efecto es favorecer el sesgo de confirmación que se caracteriza por la tendencia de las audiencias a filtrar la información que recibe, de manera que, de forma inconsciente, busca y sobrevalora las pruebas y argumentos que confirman su propia posición inicial, e ignora las pruebas y argumentos que no la respalden. Esto produce el aumento de la polarización afectiva y una moralización exagerada de la vida política, en virtud de la cual se termina atribuyendo a una determinada fuerza política una naturaleza esencialmente maligna, trasladando al conjunto una responsabilidad que en el terreno penal es siempre individual.
CASOS EMBLEMÁTICOS
En la Argentina hemos tenido numerosos ejemplos de juicios mediáticos paralelos que han logrado instalar una realidad paralela. Requeriría una extensión superior a la de esta nota reflejar todos los casos y por ese motivo tomaremos solo uno a título ejemplificativo. En unos pocos meses se van a cumplir diez años desde el día en que el fiscal Alberto Nisman tomara la drástica decisión de quitarse la vida. Sin embargo, ahí sigue la causa aletargada en el juzgado federal del inefable Julián Ercolini, buscando fantasmas inexistentes. Con los medios técnicos que actualmente dispone la ciencia criminalística, determinar si una persona ha sido víctima de un crimen o si se ha suicidado es una labor que requiere a lo sumo una semana de pruebas científicas. En este caso se hicieron y obran en el expediente, evidenciando, junto con otras pruebas, que el fiscal Nisman voluntariamente se quitó la vida. La prueba más contundente es la derivada del estudio de las micropartículas de sangre que impregnaban todas las paredes del cuarto de baño donde se produjo el disparo, evidenciando que ningún cuerpo se había interpuesto en esa trayectoria y que no había otras personas en el momento del disparo. Transcurridos casi diez años, adscripto a la tesis del homicidio, el juzgado ha sido incapaz de dar una explicación del modo en que supuestamente habrían llegado sin ser detectados al piso 13 del edificio los supuestos homicidas. Tampoco del modo que lograron penetrar y luego salir de un departamento bloqueado por dentro. A lo que se suman otros indicios que llevaron al actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, abogado experto en temas penales, a reconocer en una entrevista en 2017 que Nisman se había suicidado “porque no aguantó lo que estaba viviendo”.
¿Cuál es la explicación de semejante fracaso judicial? Sólo el ánimo de seguir ocultando la verdad para proteger a los medios que se encargaron de llevar a cabo el juicio mediático paralelo. No es fruto de la casualidad que el juez Ercolini haya sido invitado por el grupo Clarín a pasar una semana de vacaciones en la estancia del Lago Escondido del tycoon Joe Lewis en premio a su abnegada labor.
Esa misma diligencia para abrir un expediente penal a la voracidad de los medios y alimentar los juicios paralelos la ofrece ahora el mismo juez Ercolini en el tratamiento del proceso que se ha abierto contra el ex Presidente Alberto Fernández, por supuestas lesiones causadas a su ex cónyuge. Seguramente no es fruto de la casualidad que a partir de una nota de Clarín se divulgara una información que estaba en una pieza reservada del juzgado junto con unas fotografías que reflejaban aparentes rastros de golpes en el cuerpo de Fabiola Yáñez. Es completamente inusual que el juez llame por teléfono a la víctima de un supuesto delito de instancia privada, aparentemente prescripto, para hacerle conocer sus derechos y luego se haga cargo de esa causa. El secuestro del teléfono del ex Presidente a través de subterfugios es otro elemento significativo. La Política Online ha sido el único medio digital que ha denunciado “la jugada de Comodoro Py para secuestrarle el celular a Alberto”.
LAS INVESTIGACIONES PROSPECTIVAS
El secuestro del teléfono de un ex Presidente con argucias es un hecho de enorme gravedad institucional. Supone incurrir en una investigación prospectiva, una práctica procesal que repugna a las garantías democráticas. Las investigaciones prospectivas, tanto policiales como fiscales, denominadas en la jerga de los tribunales “excursiones de pesca”, están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. No se puede salir a investigar con el objetivo de pescar algo. No es posible utilizar los medios de prueba solicitados en una investigación penal y aprovecharlos para explorar, sin evidencias previas, el posible hallazgo de otras eventuales infracciones penales. Tampoco es legal filtrar ese material a la prensa. Esto es justamente lo que aconteció con el teléfono de María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández. Según reconoce el periodista Hernán Cappiello, el diario La Nación accedió a 472 páginas de conversaciones telefónicas en poder de la Justicia realizadas desde un celular de María Cantero con su marido, Héctor Martínez Sosa, realizadas entre 2016 y 2024. Añade que “estos chats se complementan con otras conversaciones realizadas entre 2016 y 2024 desde otro celular entre Cantero y el propio Alberto Fernández (agendado como jefe), que ocupan otras 68 páginas, a las que también tuvo acceso La Nación”.
La proliferación de juicios paralelos amparados en la libertad de expresión y basados en filtraciones interesadas de las actuaciones judiciales destruye el principio constitucional de presunción de inocencia. Si los ex Presidentes son sometidos a investigaciones prospectivas, que rememoran los juicios de residencia de la época colonial, la democracia queda a los pies de los poderes salvajes que menciona Luigi Ferrajoli. El juez, como señala el jurista italiano, al igual que los árbitros de fútbol, no sólo debe ser imparcial sino también parecerlo: “El juez debe contar con la confianza de los sujetos que juzga, de modo que éstos no sólo no tengan, sino siquiera alberguen, el temor de llegar a tener un juez enemigo o de cualquier modo no imparcial”. El principio de igualdad ante la ley impide que nadie quede exento de rendir cuentas ante la Justicia por actuaciones que tienen visos de ilegalidad, pero las garantías procesales deben respetarse escrupulosamente. Si queremos preservar la democracia se deben evitar las estigmatizaciones prematuras que aumentan la aversión de los electores con la clase política y alimentan luego a la aparición de salvadores mesiánicos.
28/08/2024 a las 11:23 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
¿Nace una oposición parlamentaria a Milei?
Gabriel Solano
Prensa Obrera
27/8/024
En ediciones anteriores de “14 Toneladas” y en Prensa Obrera hemos sido muy duros en juzgar la actitud de los bloques parlamentarios de oposición, entendiendo que fueron y son colaboradores directos del gobierno de Javier Milei. Afirmamos -y las pruebas están sobre la mesa- que Milei no podría haber hecho lo que hizo hasta el momento si no fuese por la colaboración de esos bloques opositores. Y cuando hablamos de opositores nos referimos a todos: obviamente al peronismo y a la UCR, pero incluso al bloque del PRO, que siempre es más oficialista que opositor pero en algunas cuestiones busca desmarcarse del gobierno. Esto lo hemos visto en la votación de la Ley de Bases, que fue habilitada por Martín Lousteau en el Senado; en la votación de diputados peronistas a ese régimen de grandes inversiones conocido como Rigi; luego en la política de los gobernadores en el acuerdo del 9 de julio. Hemos sido muy severos y lo seguimos siendo. Pero acá vale analizar la novedad.
¿Cuál es la novedad? Que los últimos días hubo en el parlamento una cantidad de votaciones que muchos la entienden como un cambio de actitud de estos bloques opositores: pasan de una colaboración al gobierno de Javier Milei a una actitud más opositora. En ese punto hay que inscribir este aumento a los jubilados que se votó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hay que inscribir también lo que ha sido el voto de la Cámara de Diputados -que resta ahora que se apruebe en el Senado- de rechazo al DNU para los fondos reservados para la Side de 100 mil millones de pesos. También hay que colocar lo que se votó en Diputados y resta aprobarse en el Senado sobre el presupuesto universitario, que incluye un artículo específico sobre el aumento salarial para docentes y no docentes.
También hay que incorporar dentro de estas votaciones supuestamente opositoras la resolución de la comisión bicameral que sigue el trabajo del servicio de inteligencia que nominó a Martín Lousteau como su presidente, contra lo que quería el bloque de La Libertad Avanza. Son todas decisiones que parecen a priori un cambio de actitud en relación al colaboracionismo tan abyecto que se había dado en los primeros meses de Javier Milei.
¿Esto es así o no es así? ¿Nace una oposición parlamentaria en el país, cuando se cumplen más o menos nueve meses del gobierno de Javier Milei, que anticipa para el proceso electoral que se viene un nuevo bloque político opositor? Creo que responder esta pregunta categóricamente hoy sería arriesgado. Todavía no están los elementos para poder decirlo, porque eso va a depender fundamentalmente de la evolución de la crisis capitalista en Argentina.
Ese es el tema dominante. De acuerdo a cómo se desenvuelve esa crisis capitalista y cómo afecte a los distintos sectores este sector se consolidará como una oposición, o en cambio tendrá más tendencia a un acuerdo con el gobierno. Cuando me refiero a crisis capitalista, para nombrar someramente, hablamos de qué va a pasar con la depresión económica enorme que está sufriendo Argentina. Hemos conocido los datos de la Came sobre cómo fue la producción de las pequeñas y medianas empresas y es una caída superior al 15%. Hemos visto también una enorme presión devaluatoria, un tema clave para la burguesía, especialmente para la burguesía agraria que tiene muchos vínculos con el PRO. El PRO ha sido en los últimos años una especie de vehículo de los intereses del sector agrario que ahora reclama una devaluación porque dice que hay un atraso cambiario, y todavía más cuando a nivel internacional los precios de la soja han caído muchísimo. Hay que ver qué reclaman los bancos, que tienen con el gobierno una relación de tirantez en algunos puntos -aunque han ganado muchísimo dinero de los vencimientos de los bonos- que se van a ir desarrollando durante los próximos meses en torno a la deuda en pesos.
Es decir, que de acuerdo a cómo evolucione esa crisis capitalista será cómo los bloques de la oposición se vayan posicionando frente al gobierno, porque esa oposición -y acá está el punto clave- es una oposición capitalista. No es una oposición popular. Incluso si como resultado de esta crisis capitalista se consolida una actitud más oposicionista de la UCR, de la Coalición Cívica, del peronismo e incluso de sectores de PRO, queda por preguntarse qué programa van a tener. Y acá tenemos que ver cuáles son los proyectos que se aprobaron para ver si son realmente proyectos de oposición, porque dentro de ellos hay que incorporar uno más.
La esencialidad educativa, que fue aprobada ampliamente en Diputados, es una verdadera hipocresía porque cuando se habla de esencialidad no es para aumentar el presupuesto educativo, ni para mejorar los salarios de los docentes, para que haya planes de infraestructura escolar; no, es solamente para prohibir el derecho a huelga, como ahora la de la docencia neuquina. Pero en Argentina se arrancan aumentos salariales para la educación cuando hay huelgas, no de otro modo. Así que esto es un tema clave para la docencia, y todos los bloques han convalidado este ataque. El peronismo mayoritariamente no lo votó, pero porque cómodamente salía igual. En las provincias que gobierna el peronismo rige el presentismo, que actúa claramente como una lesión al derecho a huelga. Incluso Grabois, la pata izquierda de Unión por la Patria, hizo declaraciones recientemente diciendo que estaría a favor de la esencialidad educativa. Puso algunos peros, pero se ya el hecho que Grabois salga a bancar esta iniciativa del gobierno demuestra que son bloques profundamente antiobreros.
Esta oposición desde el punto de vista político incorpora a quienes han gobernado Argentina en los últimos años y son responsables del ascenso de Milei; que incluso buscan acuerdos políticos, que a priori parecen extravagantes pero que tienen mucho sentido cuando se analiza el programa. Me parece central destacar las declaraciones que hizo Mayans en el Senado cuando se trataba de la cuestión jubilatoria la semana pasada. Tuvo mucha cobertura mediática por algunos momentos si se quiere histriónicos, graciosos, como el cruce que tuvo con la vicepresidenta Villarruel diciendo “tenemos que profundizar nuestra amistad”. Es interesante que el jefe de bloque del peronismo en el Senado le diga a la vicepresidenta de la Nación, defensora de los genocidas, que ha hecho toda su carrera política sobre la base de la defensa de los genocidas, que “tenemos que profundizar nuestra amistad”. Quiere decir que dentro del peronismo están priorizando un acuerdo con un ala reaccionaria, militarista, enemiga acérrima de los derechos humanos, que también se posiciona en toda esta cuestión -como ha pasado históricamente la Argentina con los vicepresidentes- buscando canalizar a sectores opositores al presidente.
La historia argentina conoce muchos ejemplos de esto. Pasó con Cobos contra Cristina en su momento con la famosa 125, cuando Cobos votó a favor del capital agrario. Pasó con Cristina contra Alberto, de otro modo. Acá aparece esa crisis en el cual el Estado termina una crisis interna con profundos choques y el peronismo queriendo en columna irse con Villarruel o con Pichetto. Es decir que se está armando una oposición que nada tiene que ver con una oposición popular, con una oposición de los trabajadores, y que no enarbola un programa de salida a esta crisis que tenemos desde el punto de vista popular.
Entonces la cuestión es que, incluso si tenemos una profundización de la crisis que termina dividiendo a la clase capitalista y armando una oposición por ese lado, no es la oposición que necesitamos los trabajadores. Por el contrario, esa oposición sólo se puede formar a partir de participar activamente en las luchas e impulsarlas activamente para derrotar al gobierno de Javier Milei, que es lo que no quiere ninguno de todos esos sectores. Recordemos cuando fue la marcha del 20 de diciembre pasado -quienes nos empeñamos por hacer la primera marcha contra el gobierno de Javier Milei tenemos ahora una especie de persecución política judicial armada directamente por el Poder Ejecutivo- ¿qué nos decían desde el peronismo? No hay que salir a la calle, porque si volteamos al gobierno de Milei queda Villarruel. ¿Qué nos dicen ahora? No salgamos a la calle porque lo que tenemos que hacer es profundizar la amistad con Villarruel, para armar un bloque opositor que reúna al peronismo, al radicalismo e incluso a sectores del PRO. Eso va a ser con un programa capitalista, un programa profundamente antiobrero, que incluso afecta la libertad de lucha y de huelga de los sindicatos, por eso vota la esencialidad educativa, un bloque devaluatorio para destruir el salario.
Tenemos que oponerle a eso un programa de salida propio de los trabajadores, que parta justamente de la defensa de las reivindicaciones populares, de la lucha contra el gobierno de Javier Milei y del conjunto de régimen que se ha montado a los efectos de atacar a los trabajadores. El método que tiene que desarrollarse es un método de lucha. Por esto nosotros desde el Partido Obrero hemos planteado como estrategia política la necesidad de preparar la huelga general para derrotar el gobierno de Javier Milei. No es un problema electoral. Ni siquiera es exclusivamente ni principalmente la idea de oponer un programa a otro programa, porque no estamos en una confrontación electoral donde la sociedad en general debe elegir qué posicionamiento le parece más correcto. Acá de lo que se trata es de movilizar a los trabajadores y a los sectores populares para derrotar al gobierno. Esa es la clave del momento. Obviamente para eso hace falta un programa, un programa que plantee el 82% móvil, no la miseria previsional que está en curso, que plantee la recuperación real del salario, que enfrente los despidos que están aplicando los empresarios.
Por eso está en juego el problema de la burocracia sindical. Lo hemos dicho en otras oportunidades. En Argentina hay miles de recursos preventivos de crisis presentados frente a la Secretaría de Trabajo, los despidos crecen en toda la industria, el comercio y la construcción, pero sin embargo las luchas contra los despidos por el momento son pocas. Una excepción que hay que destacar es la de los compañeros del Sutna en el neumático. Pero la burocracia sindical tiene una actitud colaboracionista con los despidos, y esa burocracia integra el elenco del peronismo.
Entonces falta la lucha contra los despidos, por las jubilaciones, por el salario, por la educación, por la salud. Esa no es la oposición que quiere armar el peronismo en acuerdo con el radicalismo, es una oposición de los trabajadores. Ese es el tema estratégico del momento, armar la oposición al gobierno de Javier Milei mediante la lucha de clases y con un programa propio, lo cual implica necesariamente una fuerte delimitación de todos estos bloques opositores que hacen todo tipo de demagogia porque terminan colaborando.
Termino con lo siguiente: ¿qué van a hacer ahora si finalmente el gobierno de Javier Milei aplica el veto al aumento previsional? Es un tema clave. Cuando se votó en la Cámara de Diputados el bloque del Frente de Izquierda se abstuvo, porque es un aumento miserable y nosotros queremos el 82% móvil, no $20.000 o $30.000 más para los jubilados, que es perpetuar la miseria para quienes laburaron toda su vida y aportaron al sistema previsional. Pero ahora que se quiere vetar, ¿va a haber una lucha contra ese veto? ¿o no? Porque si vamos a depender de que vuelve a insistir el parlamento y que el bloque del PRO haga tal o cual cosa, es un camino de derrota. Apareció Mauricio Macri diciendo que apoya el veto de Javier Milei. Ahora ojo, porque Macri perdió su gobierno justamente por una reforma previsional, la que quiso aplicar el 14 de diciembre y el 18 de diciembre del año 2017 y generó una rebelión popular de la cual no se pudo levantar nunca. Este veto, ¿da lugar a una rebelión, un paro general, una marcha a Plaza de Mayo? Tenemos que bregar por eso nosotros.
28/08/2024 a las 3:08 PM
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