Nuevo proyecto energético se necesita urgente

Por Eduardo Difonso.-

Este nuevo plan debe ser producto de una convocatoria amplia y generosa, que es responsabilidad del gobierno PRO-RADICAL, donde participen diversos sectores sociales, políticos, gremiales, con el objetivo de planificar una propuesta energética autónoma, eficiente, sostenible y accesible, en el marco de un nuevo proyecto nacional.

Esta propuesta parece ser una utopía en el contexto de Grieta en el que estamos viviendo los argentinos pero podemos hacer el esfuerzo para lograr ese objetivo superior que debemos fijarnos para construir un proyecto superador al hoy vigente en este tema y definir acciones concretas en pos de conseguir ese objetivo.

Para ello es necesario involucrar a miembros de la Iglesia, a trabajadores de las empresas energéticas, académicos, profesionales, a las distintas Defensorías del Pueblo, representantes de los Entes Reguladores, organizaciones sin fines de lucro, partidos políticos, asociaciones sindicales y ciudadanos en general, como si se convocara a una gran Audiencia Pública para repensar un nuevo modelo de prestación de esos servicios públicos definidos por la Corte Suprema como Derechos Humanos vitales para la vida en sociedad.

Necesitamos definir las políticas públicas que se aplicarán en materia energética que contemplen la disponibilidad y accesibilidad al uso eficiente y sostenible de esos recurso no renovables que nos permitan impulsar un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía y la producción nacional considerando a la energía como un Factor Estratégico y no como un bien de cambio dentro del mercado.

No es sencillo que este criterio sea aceptado por la gestión del Ing. Macri atento a su pensamiento o filosofía política adoptada e internalizada después de tantos años de practicar principios contrapuestos al expuesto en la presente propuesta.

Pero hay momentos, como estos que vivimos, en que los gobiernos deben ser pragmáticos y abandonar la rigidez del pensamiento filosófico teórico que sucumbe ante la realidad de los hechos que demuestran una situación de equilibrio inestable para la calidad de vida y la economía de los argentinos. El gobierno tiene la obligación de escuchar la mayor cantidad de opiniones representativas sobre el tema energético para concluir en un proyecto consensuado que beneficie a todos los argentinos.

Estoy convencido que el momento oportuno era con motivo del tratamiento en el Congreso de esta ley de reestructuración tarifaria retrayéndolos valores a noviembre del 2016. No se aprovechó esa oportunidad y la oposición impuso su criterio y mayorías circunstanciales parlamentarias para recibir, como respuesta, la facultad constitucional del Poder Ejecutivo de VETAR esa norma.

Pero mañana ¿Cómo sigue esta problemática? ¿Cómo se va a solucionar este problema? Si está demostrada la imposibilidad fáctica que tienen las empresas y usuarios de esos servicios de afrontar los nuevos cuadros tarifarios, con el agravante que el Sr. Presidente y sus ministros afirman que las tarifas seguirán aumentando.

Me parece que el conflicto social va a ir creciendo y es responsabilidad de gobierno de turno mantener La Paz social en el país, caso contrario veremos enfrentarse pobres contra pobres en las calles y realmente quisiera estar equivocado sobre esta conclusión.

¿Por qué no se impulsó una auditoría de los contratos de concesión? ¿Por qué el Estado no realizó una evaluación integral de los contratos de las concesionarios? ¿Por qué sólo se limitó a recomponer el precio de los servicios concesionados garantizándole rentabilidad a las Empresas? ¿Por qué no obligó a las Empresas a blanquear su estructura de costos para determinar los costos de producción y de extracción del gas en boca de pozo y a partir de allí definir un porcentaje de renta razonable, más un porcentaje para ampliación de redes y servicios e incrementar las reservas de esos recursos No Renovables del pueblo Argentino?

Recién entonces avanzar con los cuadros tarifarios, conociendo los costos entonces se puede definir un precio, donde se establezca una diferenciación de las zonas geográficas según las isotermas (temperaturas y clima) que las afecten dentro de la región que ocupen en el país para fijar tarifas diferenciales en función de dichos parámetros. Dentro de ellas sectorizar por consumo y por actividad, para poder impulsar valores de fomento para las industrias, para las economías regionales, PyMES y también para atender la tarifa social priorizando los más vulnerables. En el mismo acto aprovechar para normalizar las tarifas con un criterio federalista donde no se subsidien a unas provincias en detrimento de otras como sucede hoy con el servicio de energía y agua potable subsidiadas con dineros del presupuesto nacional (de todos los argentinos) a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires frente al resto de las provincias del interior que no reciben este beneficio.

Según el informe del Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) coordinado por Gustavo Lahoud – Claudio Lozano. Haber avanzado sólo sobre la recomposición de precios y rentabilidad de las Empresas ha generado que cientos de empresas pequeñas y medianas, comercios, empresas recuperadas y miles de hogares, sufren un deterioro que parece permanente y no concluye en una salida promisoria, ya que el golpe sobre los bolsillos resulta ya imposible de soportar.

La contracara de ello, son los balances de las empresas, que se han recompuesto durante 2017 (sólo en un año) con niveles de utilidades muy significativas.

Por ejemplo, Metrogas obtuvo utilidades por $ 774,8 millones, mientras que en 2016 había cerrado con pérdidas de $ 604,4 millones; Gas Cuyana, $ 588,4 de ganancias, un 136,6% más que en 2016; Gas Natural Ban, $ 542,9 millones, un 124,6% más que en 2016; Camuzzi Gas Pampeana, $ 824,9 millones de utilidades en 2017, frente a una pérdida de $ 207,4 millones en 2016; Transportadora de Gas del Norte, obtuvo una ganancia neta de $ 841,8 millones, frente a una pérdida de $ 256 millones en 2016. Incluso, hay casos como el de la distribuidora Gas del Centro, que obtuvo en 2017 utilidades por $ 770,5 millones, lo que representa un 444% más que el 2016. O el caso de Transportadora de Gas del Sur, que tuvo utilidades netas por $ 2.793 millones en 2017, contra $ 930,6 millones en 2016, lo que implica que triplicó la ganancia.

Si miramos el caso de la energía eléctrica, los aumentos incesantes del valor de la energía mayorista nos han dejado en una situación también vulnerable. Entre fines de 2015 y febrero de 2018, el precio mayorista se ajustó en un 327%, mientras que el costo variable del kw/h se ha incrementado en valores que oscilaron entre el 300% y el 1.000%, fundamentalmente en el área metropolitana.

A su vez, en las revisiones tarifarias integrales, se establecieron mecanismos para el reajuste de las tarifas, a través de la evolución combinada del índice de precios al consumidor, el índice de salarios y el índice de inflación mayorista, junto a la evolución del tipo de cambio. Por ende, las tarifas de energía eléctrica, al igual que las de gas natural, además de ajustarse en función de índices de la economía como los señalados, se indexan también en función de la evolución del tipo de cambio, cuya inestabilidad juega de manera muy negativa para los intereses reales de todos los usuarios, especialmente, residenciales y pequeños y medianos comercios e industrias.