Por Juan Manuel Otero.-

Vivimos bajo un sistema democrático y republicano, sujetos -tanto autoridades como ciudadanos- a las normas que establecen la Carta Magna y las leyes. De ellas se derivan los derechos, garantías y obligaciones de cada uno.

Es el privilegio de vivir en democracia respetando la ley y las sentencias de los Tribunales.

Tenemos el absoluto derecho a estar en desacuerdo con la promulgación de una ley o el dictado de una sentencia y contamos con legítimos recursos para impugnarlas. Pero si hubieran sido generadas cumpliendo con las normas constitucionales y ajustadas a derecho, nada más nos queda que cumplirlas o aceptarlas.

Es por ello que sorprende la reprochable actitud de un ciudadano que, no conforme con el fallo de la Suprema Corte de Justicia relativo al 2×1, haya pedido enardecidamente la renuncia de los jueces que lo suscribieron pese a su legitimidad y claros fundamentos.

Y más sorprende si dicho ciudadano es alguien que fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su “compromiso con la defensa de la Democracia y los Derechos Humanos”.

El testamento de don Alfred Nobel, al referirse al Premio de la Paz, establecía que debía otorgarse cada año entre aquellos que “hayan trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones”.

Don Adolfo Pérez Esquivel, con su inveterada costumbre, privilegia su ideología política por sobre las instituciones.

Lamentable.

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