Por Agustina Blanco.-

El funcionamiento del poder judicial en el país es perfectamente comparable a la Caja de Pandora: está lleno de sorpresas. En este sentido el hecho de que en una misma semana se hayan apresado a dos actores fundamentales de la lógica kirchnerista durante estos últimos 12 años, nos ha tomado por sorpresa a varios de nosotros. Pues si bien esperábamos que la Justicia tomara cartas en el asunto, no imaginamos que se hiciera en la misma semana. Uno de ellos es Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte del gobierno anterior que, tras haberse entregado a la delegación cordobesa de “Delitos Complejos de la Policía Federal”, ante el pedido de detención del juez Julián Ercolini, por la compra irregular de trenes, ahora se encuentra alojado en una dependencia de Gendarmería en Retiro, y concurriendo a declarar en los tribunales de Comodoro Py.

Con la misma suerte corrió el magnate de las obras públicas durante el gobierno del matrimonio “k”, Lázaro Báez, quien fue detenido tras descender de un avión privado en el aeropuerto de San Fernando, por orden del Juez Sebastián Casanello.

Sin embargo la noticia que hizo estallar a los Medios de Comunicación en todo el mundo, fue la imputación a la ex Presidente, Cristina Fernández, por supuesto lavado de dinero, imputación también efectuada por el Juez Casanello, pues es él quien está a cargo de la investigación conocida folclóricamente como “La ruta del dinero K”, por la cual Fernández de Kirchner deberá comparecer el próximo miércoles ante el Juez Claudio Bonadío.

Lo interesante de estos sucesos es analizarlos ya que evidentemente no se han desarrollado en el vacío y tampoco atemporalmente sino que han surgido de una determinada manera, es decir, en un contexto en concreto y que sin duda alguna, están marcando el ritmo de la flamante gestión de Cambiemos que abogaba en sus campañas políticas por la “independencia del poder judicial” como así también, en palabras de Mauricio Macri “impunidad cero, para atrás y para adelante”.

Asimismo, cabe destacar la definición epistemológica de la palabra “República”, que proviene del latín res publica, que significa “la cosa pública” “la cosa de todos”, sin ir más lejos, “la cosa del pueblo”. Con respecto a la significación de la palabra en sí misma, enmarcada como forma de gobierno democrática, se deben rescatar al menos los siguientes tres conceptos fundamentales para explicar las detenciones de los actores anteriormente mencionados: la igualdad ante la ley sin que existan privilegios, por ese motivo la figura de la justicia alegóricamente está representada por una mujer que tiene los ojos vendados y una balanza en sus brazos; la división de los poderes gubernativos, es decir: la delimitación de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a efectos de evitar la concentración de poder y que la forma de gobierno se convierta en una tiranía; y por último, la responsabilidad de los funcionarios públicos, dicha responsabilidad no sólo es política sino que también es civil, penal y administrativa, con motivo del mal desempeño en funciones o por delitos cometidos durante el desempeño del mandato.

En efecto, dentro de este cambio de época y época de cambio, pareciera -y esperemos que así sea- no haber ningún espacio para quienes tienen la mala costumbre de meter la mano en la lata y así apropiarse de lo que no le corresponde, de lo ajeno por el simple hecho de formar parte de alguno de los poderes, o en su defecto, por ser amigo de quien goza de una cuota de poder en un Estado que en el país ha adquirido a lo largo del tiempo dimensiones elefantiásicas: causa que origina mayor propensión a la irregularidad en las gestiones ya que cuesta mucho controlarlo.

Ha llegado la hora de aplicar “ley dura” a la impunidad, por ello también la representación alegórica de la Justicia que tiene una espada en su otra mano que nos recuerda que la ley es dura pero es la ley y hay que respetarla y aplicarla.

El enunciado es simple: estamos en un momento socio-histórico en el que los magistrados -y todos los actores sociales- tenemos la posibilidad y la obligación de volver a reconquistar “la cosa de todos” poniendo a la República una vez más en su sitio.

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