Por Hernán Andrés Kruse.-

El gobierno de Mauricio Macri esgrimió la “falta de rentabilidad” de las empresas que prestan servicios públicos y la necesidad de “normalizar” precios y tarifas para impulsar y justificar el megatarifazo, lo único que se podía hacer para evitar en 2017 “una catástrofe energética”. Sin embargo, un pormenorizado estudio efectuado por expertos a pedido de Página 12 sobre los balances de las empresas concesionarias del sector gasífero, puso en evidencia la falsedad de la argumentación del oficialismo. El estudio demostró que en realidad dichas empresas concesionarias, bajo la modalidad de los contratos de asistencia técnica con los propios accionistas de las concesionarias, giraron utilidades al exterior por miles de millones de dólares, mientras los balances presentados en el país declaraban quebrantos. Vale decir que las empresas concesionarias simulaban estar quebradas para encubrir el envío al exterior de ganancias millonarias en dólares. De esa forma se justificó la “imposibilidad” de invertir y el reclamo del tarifazo o transferencias del Estado. Pues bien, estos son precisamente los argumentos de que se está valiendo el presidente de la nación para sostener el tarifazo.

El estudio logró demostrar que sólo en el caso de las transportistas gasíferas TGN y TGS, se demostraron pagos por supuestos honorarios de asistencia técnica a sus propios accionistas por 63,2 millones de dólares (TGN) y 225,1 millones de dólares (TGS), entre 1998 y 2015. Los especialistas consideran que entre 1992 y 1997, período en el que no se logró verificar la información, las empresas obtuvieron pingües ganancias (40 millones de dólares para TGN y 135 millones de dólares para TGS). En 24 años de concesión ambas empresas fueron beneficiadas en 460 millones de dólares, suma astronómica que en los balances figuraron como “gastos operativos” deducibles de impuestos y no como remisión de utilidades a las casas matrices de los accionistas. Esa práctica perversa se aplicó también en los restantes eslabones de la cadena (transporte y distribución). Ocultando estos números el ministro de energía, Juan José Aranguren, participará en la Audiencia Pública prevista para el viernes 16 y en la que enarbolará un tarifazo del 235 por ciento para el gas.

Ahora se entiende por qué el cuestionado funcionario intentó cerrar la discusión de manera terminante. El gobierno nacional, por obvias razones, está decidido a no entregar información sobre los costos de la producción, transporte y distribución de gas antes de ese día y cree que no tiene por qué hacerlo. Lo notable es que de esta forma el gobierno ignora el reclamo de transparencia de las organizaciones de usuarios y consumidores, y lo establecido por los supremos en el reciente fallo en el que ordenaron hacer la audiencia pública antes de imponer un nuevo tarifazo. Según los expertos, una fina lectura de los balances de las empresas gasíferas demuestra que resulta cuanto menos curioso que las concesionarias computen como pagos a beneficiarios del exterior suculentos “honorarios por asesoramiento técnico” a favor de las propias empresas accionistas. Consideran que “los concesionarios lograron la adjudicación del servicio mediante una licitación pública nacional e internacional, como consecuencia del respaldo técnico y capacidad patrimonial, sus antecedentes y experiencia técnica demostrada en la realización de la tarea, cuya comprobación fue jurídicamente exigida; resulta extraño que, a pesar de ello, de manera sistemática y desde el mismo momento de inicio de la concesión, contraten servicios de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico y gerenciamiento, entre otros, con los propios accionistas que intervinieron en la oferta para su adjudicación”.

Según consta en los balances a los que tuvieron acceso los expertos consultados por Página 12, de 1998 en adelante las sumas que pagó TGS por honorarios del contrato de asistencia técnica creció en 22,5 millones de pesos en 1998, en 28,8 millones de pesos en 1999, en 21,8 millones de pesos en el 2000 y en 19,3 millones de pesos en 2001 (paridad uno a uno: igual monto en dólares que en pesos). A partir de entonces, con el fin de la convertibilidad, la cifra se incrementó en pesos pero disminuyó en dólares: 52 millones de pesos en 2012, 2013 y 2015, y 70 millones de pesos en 2014. Desde 1998 hasta 2015 la suma total, calculada en dólares, asciende a los 225,1 millones de dólares. Un buen negocio, indudablemente. Según los auditores “lo que jurídicamente las concesionarias denominan honorarios por asesoramiento técnico, el criterio de interpretación de la realidad económica sugeriría que se trata de dividendos encubiertos”. Además de los honorarios técnicos los expertos detectaron la existencia de préstamos del exterior que no hacían más que encubrir transferencias de dinero entre empresas controladas y vinculadas, con el evidente propósito de hacer figurar como pago de intereses de esa deuda lo que no era otra cosa que giro de dividendos o utilidades sobre balances que ocultaban las ganancias (fuente: Raúl Dellatorre, “Costos inflados a gas”, Página 12, 11/9/016).

Hace diez días la provincia de Buenos Aires recibió una ayuda de unos 6000 millones de pesos. Se trata de un préstamo que forma parte de un gran paquete global de oxigenación de las provincias del orden de los 24.771 millones de pesos que sería desembolsado este año. Ahora bien ¿de dónde proviene esa montaña de dinero? Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema jubilatorio. Ahora bien, la decisión de Macri de “ayudar” financieramente a las provincias se debe exclusivamente a “la ventanilla abierta en el pacto entre la Nación y las provincias por la devolución en cuotas del 15 por ciento de la masa coparticipable que iba a financiar las jubilaciones”. El FGS no sólo está destinando esos 6ooo millones de pesos para auxiliar las finanzas provinciales ya que todos los meses está suscribiendo papeles de deuda de corto plazo de provincias. Hasta el mes pasado había logrado acumular unos 5981 millones de pesos de esos documentos. Vale decir que las provincias han encontrado en la caja de respaldo del sistema previsional público y de reparto un salvavidas (30 mil millones de pesos) que les ha permitido sobrevivir, al menos hasta ahora. En estos momentos la Nación está valiéndose de un vertiginoso endeudamiento interno y externo para financiar su propio descalabro fiscal y los de las provincias. Varias de ellas, como la provincia de Santa Fe, salieron al mercado internacional en busca de dinero para financiar el gasto público. Sin embargo, esa montaña de dinero (6000 millones de dólares) aún no resulta suficiente para balancear las cuentas públicas provinciales, para corregir desequilibrios originados por los propios gobernadores para hacer frente a gastos corrientes (los salarios, por ejemplo). Lo novedoso de la estrategia de Macri es el empleo de la plata de los jubilados para ayudar a los gobernadores a cubrir esos baches fiscales.

El pasado 14 de junio tuvo lugar en el Ministerio de Finanzas una reunión del comité ejecutivo para analizar y evaluar la estrategia de inversión del FGS. Sus participantes-Emilio Basavilbaso (director ejecutivo de la Anses), Luis Caputo (secretario de Finanzas) y Gustavo Marconato (secretario de Hacienda)-detallaron las últimas suscripciones de deuda : a) letras de la Ciudad de Buenos Aires por 500 millones de pesos; b) letras de Entre Ríos por 40 millones de pesos; c) letras de Santa Fe por 60 millones de pesos; d) letras del Tesoro en dólares por 526 millones de pesos; y e) Lebac del Banco Central por un total de 5500 millones de pesos a diferentes plazos (de 35 a 252 días). Durante los primeros seis meses de 2016 el FGS ha dedicado buena parte de su tiempo a financiar las cuentas públicas nacionales y provinciales, o lo que es lo mismo, los desaguisados económicos del presidente de la nación y los gobernadores. A diferencia del gobierno de Cristina, que se valía del FGS para ayudar financieramente a la Nación pero no para hacer lo mismo con el Banco Central y las provincias, ahora, con Macri en la presidencia, el FGS ha suscripto Lebac (BCRA), Letras de la ciudad de Buenos Aires, de Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Chubut, Neuquén y Buenos Aires, además de Letras del Tesoro Nacional. De este tipo de deuda (letras) el gobierno de Macri acumulaba a fines de julio 57.084 millones de pesos, mientras que en concepto de Lebac acumulaba 13.802 millones de pesos. Para financiar con recursos del FGS a provincias, CABA, municipalidades y Banco Central el gobierno nacional acumula al séptimo mes de 2016 19.783 millones de pesos. El endeudamiento hace, pues, a la esencia del modelo económico de Cambiemos.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema de jubilaciones fue creado para garantizar el pago de las jubilaciones a nuestros viejos. Es un fondo contracíclico de la Anses destinado a proteger el dinero de los jubilados y los trabajadores. Una de sus prioridades es la preservación de los activos y para garantizarla debe obtener una rentabilidad que haga factible su sustentabilidad a futuro, que le permita perdurar en el tiempo. Hace un tiempo el Congreso de la Nación violentó esa prioridad del FGS al aprobar la descapitalización de esa caja de respaldo para hacer factible el pago de retroactivos en haberes medios y altos. Debido a una cautelar de la justicia la venta de acciones y bonos fue frenada, al menos por ahora. La decisión del gobierno nacional de que el FGS otorgue créditos a tasas reales negativas a las provincias provocó tantas resistencias que el oficialismo dio marcha atrás. Pero lo que más temió el gobierno fue que los funcionarios de Hacienda y Anses fueran denunciados penalmente por un mal manejo de los recursos públicos del sistema previsional (los aportes de los jubilados). Finalmente el gobierno definió que el dinero del FGS utilizado para ayudar financieramente a las provincias “devengarán una tasa equivalente a Badlar privada y amortizará íntegramente a su vencimiento” (que es de cuatro años a partir del desembolso). El financiamiento tiene un costo bruto del 24 al 26 por ciento anual. Sin embargo, el neto a las provincias asciende al 15 por ciento en 2016 y el año próximo, y al 12 por ciento en 2018 y 2019. El FGS, que debería haber avanzado en el rubro inversión en infraestructura, tiene hoy como prioridad prestar ayuda financiera a las maltrechas cuentas fiscales como consecuencia de la recesión autoprovocada por el gobierno de Macri. El FGS es un verdadero botín de guerra ya que acumula activos-bonos, acciones, plazos fijos-del orden de los 805.528 millones de pesos a julio y proyectando 933.700 millones de pesos a fin de 2016. Los ingresos ascienden a 151.317 millones de pesos (62.469 millones corresponden al cobro de intereses). Es un preciado tesoro que el presidente tiene pensado utilizar para garantizar la “sustentabilidad económica” de su gobierno (fuente: Alfredo Zaiat, “Cajita feliz”, Página 12, 11/9/016).

Mientras tanto la imagen del presidente de la nación no hace más que caer a nueve meses de gestión. Casi la totalidad de los principales encuestadores coinciden en señalar que Mauricio Macri perdió desde su asunción unos quince puntos de imagen positiva. Las discrepancias surgen cuando se trata la cuestión de las expectativas de los ciudadanos. Algunos encuestadores sostienen que la mitad de la población es optimista respecto al futuro. Sin embargo, la mayoría de los consultores considera que las expectativas están bajando por el hecho de que una franja importante de la población no cree que la economía repunte ya que las inversiones prometidas por el gobierno no vendrán. En este sentido, Página 12 dialogó con varios de los más prestigiosos estudiosos de la opinión pública que difieren en su manera de enfocar política y económicamente la situación actual y que han trabajado y trabajan para candidatos de distintos signos políticos. Por razones de espacio transcribiré las opiniones de Hugo Haime y Roberto Bacman. Para Haime “el gobierno comenzó su mandato con una muy fuerte expectativa de mejoras en lo económico tanto en relación al país como en el hogar. En agosto de este año en lugar de que las expectativas mejoren y que se perciban mejorías tanto a nivel del país como en el hogar, la situación empeoró. La expectativa a futuro se ubicó en agosto en 5,3 puntos en una escala de 1 a 10 y la percepción de que las cosas en el país están peor creció 14 puntos. Más grave aún, 19 por ciento más de los consultados dijeron que las cosas en su propia casa empeoraron. Hoy un 56 por ciento de los encuestados nos dice que las cosas están peor en el país y un 42 por ciento nos dice que están peor en su hogar”. Por su parte, Bacman afirma que “las encuestas dejan al descubierto un dato alarmante para la actual gestión: el 72 por ciento afirma que la marcha de la economía en la actualidad es abiertamente negativa. Aunque la imagen del presidente Macri no tiene valores tan profundamente negativos, todo parece indicar que por estos tiempos la realidad frente a la economía es más fuerte que el deseo y ante tal situación la esperanza, al menos, se pone en tela de juicio. Ocurre que el nivel de aprobación de lo actuado por el gobierno en el ámbito económico solo recibe la aprobación del Núcleo Duro Macrista” (fuente: Raúl Kollmann, “Es la economía, estúpido”, Página 12, 11/9/016).

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