Presupuesto del ajuste y el endeudamiento

Por Hernán Andrés Kruse.-

El miércoles 2 de noviembre fue una jornada de frenética actividad en el Congreso Nacional. En la Cámara Baja el centro del debate fue nada más y nada menos que el Presupuesto de la Nación, el primero enviado por Mauricio Macri como presidente y que finalmente fue aprobado esta madrugada (jueves 3) por una amplísima mayoría. Según la oposición se trata de un presupuesto del ajuste y el endeudamiento o, para emplear las propias palabras opositoras, “de ajuste y unitario”. El texto impone un fuerte ajuste a Ciencia y Técnica y Derechos Humanos y un aumento desmedido de la deuda. Pese a tratarse de un presupuesto neoliberal su aprobación era un hecho debido al respaldo prometido por el Bloque Justicialista (Bossio) y el Frente Renovador (Massa). Durante su tratamiento en comisión el macrismo aceptó introducir al texto algunos cambios pero que lejos están de modificar su esencia. Durante el extenso debate en Diputados sólo un sector del FPV y la izquierda se opusieron a la aprobación del texto. Axel Kicillof, diputado por el FPV, manifestó que “lo que tenemos enfrente es una verdadera confesión de cuál es la orientación económica que le quiere dar a la Argentina el presidente Macri: este es un presupuesto de ajuste y unitario”. Luego rechazó las críticas a la “herencia recibida” y las comparaciones que viene efectuando Cambiemos para justificar el feroz ajuste que aplicó durante el año en curso, para de esa manera ir preparando el terreno que ahora consolida con sus proyecciones sobre la gestión del año próximo. “Desde el gobierno recocinaron las estadísticas públicas para justificar los recortes del año próximo, y aun así se pasó de una actividad en crecimiento el año pasado a una caída de la producción”, destacó el ex ministro de Economía. “Este gobierno además duplicó la inflación y agrandó el déficit”, remarcó. Además, consideró que “quiere un salario en términos de bienes más bajo y por eso duplicaron la inflación y mantienen alta la tasa de interés: esto consolida la licuación de salarios”. Culminó su exposición diciendo que “cuando Macri asume el gobierno, la deuda con privados en moneda extranjera era de 43.000 millones de dólares. En 2016 la hicieron crecer en un 90 por ciento: la duplicaron. Ahora presupuestan más emisiones de deuda por 44.000 millones, de los cuales 25.000 millones son para deuda nueva. Este endeudamiento está por encima del blindaje y el megacanje. Van a pasar a la historia como el gobierno que más se endeudó en tan poco tiempo”. El presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado del Pro Luciano Laspina, tuvo a su cargo la defensa del proyecto del oficialismo: “Estamos votando el presupuesto más federal de los últimos 20 años. Vamos a invertir decenas de miles de millones en el Plan Belgrano, el más ambicioso en décadas e incorporamos 5 mil millones de pesos al denominado Fondo de la Soja, de los cuales el 70 por ciento irá para las provincias, y el 30 por ciento a los municipios”. Aseguró que este proyecto “pone mucho énfasis en la cuestión social”.

Ahora bien, cuando se analiza área por área se detectan profundos ajustes que explican las fuertes reacciones negativas provenientes de diversos sectores sociales y profesionales en las últimas semanas. El Ministerio de Ciencia, Conicet y Conae recibirán apenas el 0,59 por ciento de los recursos para el año que viene. El ajuste es de tal magnitud que rememora los niveles de inversión previos a 2011. El ministerio que conduce Lino Barañao es uno de los mayores damnificados por el primer presupuesto de Cambiemos. La movilización de los científicos el jueves pasado obligó al oficialismo a incorporar 1290 millones de pesos para Ciencia y Tecnología. De ese monto unos 700 millones tendrán como destino directo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En consecuencia, dicha repartición estará obligada a manejarse con 2753 millones de pesos, lo que en la práctica significa un recorte del 10 por ciento respecto al presupuesto de 2016. Este ajuste pone en evidencia el escaso interés del gobierno nacional en fomentar el desarrollo científico y tecnológico de la Argentina, lo que no debe causar sorpresa alguna ya que el modelo de Cambiemos privilegia la economía primarizada y extranjerizada. En relación con la Secretaría de Derechos Humanos en 2017 su presupuesto será de 607 millones de pesos, 110 millones menos que el presupuesto destinado para este año. Para el año que viene el presupuesto proyecta un resultado primario deficitario del orden de los 234.187 millones de pesos, lo que equivale al 2,4 por ciento del PIB corriente y un resultado financiero deficitario del orden de los 480.801 millones de pesos, es decir el 5 por ciento del PIB corriente. El endeudamiento externo será, obviamente, el componente principal del déficit presupuestario. En efecto, de los 1.727.248 millones de pesos en concepto de nueva deuda, un 47 por ciento (casi la mitad) corresponde a emisión de deuda externa. Pero esta deuda externa emitida por el Estado no está sola: a ella deberá agregarse la deuda externa que emitirán las provincias y municipios que no aparece en el proyecto presupuestario. El mayor porcentaje de esta deuda tendrá como único fin refinanciar deuda y déficit entre ingresos y gastos. Los subsidios a los servicios públicos registran una caída nominal del orden del 30 por ciento. No se necesita ser un economista para percatarse de que el año que viene los tarifazos continuarán. Es probable que para 2017 las transferencias a empresas privadas totalizarán unos 127.113 millones de pesos, lo que implica una reducción nominal del orden del 31,4 por ciento, lo que en la práctica implica aumentos considerables en las tarifas de luz, gas y agua (fuente: “Ruta del ajuste y el endeudamiento para 2017”, Página 12, 3/11/016).

El oficialismo logró esta madrugada (jueves 3) que la mayoría de los diputados votara a favor del presupuesto: 177 votos positivos, 58 votos negativos y 4 abstenciones. De esa forma, el proyecto de presupuesto 2017 fue girado al Senado. Para el presidente se trató, obviamente, de un importante triunfo político ya que más de dos tercios del cuerpo apoyaron su propuesta. Votaron a favor el oficialismo, el Bloque Justicialista de Bossio, el Frente Renovador, un sector del Frente Amplio Progresista y una parte del Frente para la Victoria. Votaron en contra la mayoría de los legisladores del FPV y los bloques de izquierda. Se abstuvieron los legisladores de Libres del Sur y el massista Héctor Daer. Durante la maratónica sesión los diputados aprobaron la limitación en el uso de superpoderes. La votación fue la siguiente: 230 votos positivos y 6 votos negativos. Luego de un extenso debate el texto aprobado ignoró la partida de 100 millones de pesos que el FPV y el Bloque Justicialista reclamaban para pagarles a los “prohombres” del Parlasur. Héctor Recalde expresó: “son representantes elegidos por el pueblo y la justicia ya determinó que debe pagárseles por su tarea”. Sería bueno que nos preguntemos de qué tarea estamos hablando. Tampoco fueron tenidos en consideración los 850 millones de pesos extra solicitados por el radicalismo para las universidades públicas, lo que provocó un amargo reproche público de parte de José Riccardo, presidente de la Comisión de Educación. Por su parte, el radical Mario Barletta no estuvo de acuerdo con la asignación discrecional que se hizo de unos 1000 millones de pesos favoreciendo a tan solo 22 universidades sobre un total de 56. Riccardo criticó ácidamente a aquellas universidades que considera vinculadas al FPV haciendo referencia a una “lista de la felicidad”. Cuando el bloque K salió disparado para criticarlo el legislador macrista Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto, exclamó: “se la pasaron 12 años dándoles fondos extraordinarios a universidades amigas y ahora nos vienen a correr con la vaina”. Ello originó una agria respuesta de Axel Kicillof: “¿dicen que como nosotros fuimos discrecionales, entonces ustedes van a ser más discrecionales?”. Inmediatamente se sumaron a la discusión legisladores del Bloque Justicialista y del FAP quienes objetaron con dureza el reparto de esos 1000 millones de pesos extra. El monto total del dinero destinado al Plan Belgrano fue otro punto de un acalorado debate entre los legisladores. Pese a que Prat-Gay expresó que esos fondos rondarían los 85.000 millones de pesos finalmente el gobierno reconoció que se invertirán 41.000 millones de pesos, es decir, un poco menos de la mitad. Sin embargo, los legisladores pertenecientes al peronismo no kirchnerista no hicieron más que festejar los cambios que lograron introducir a la iniciativa presupuestaria, en su mayoría destinados a reforzar las partidas de obras públicas para las provincias. A raíz de ello serán reasignados 4500 millones de pesos al Ministerio del Interior y Obras Públicas, mientras que otros 5000 millones de pesos serán enviados al Fondo Solidario Federal para que sean distribuidos automáticamente entre las provincias para obras de infraestructura. El flujo de esos fondos explica en buena medida el amplio apoyo que tuvo el proyecto de presupuesto en Diputados. Como alguien dijo alguna vez la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. El proyecto de Presupuesto del macrismo prevé para el año que viene un crecimiento de la economía del orden del 3,5 por ciento del PBI y un déficit de alrededor del 4,2 por ciento. Calcula una inflación del 17 por ciento anual y el dólar rondando los 20 pesos. Mario Negri, presidente del interbloque Cambiemos, dijo que “quizás este presupuesto no sea el que nos guste a todos. Pero hay un punto de inflexión que nos hace sentir orgullosos. Es el presupuesto que pudimos construir entre todos con el país que heredamos. No se compromete a gastar más de lo que podemos recaudar” (…) “El populismo nos dice que es un presupuesto de derecha y la derecha que nos estamos sumergiendo en el populismo. Si corregimos algunas cosas, vamos por el buen camino”. El diputado Snopek, en representación del massismo, manifestó que “este presupuesto viene mejorando respecto de años anteriores. Este presupuesto es producto de los acuerdos y del trabajo en conjunto. Somos una oposición constructiva y queremos hacer lo que pide nuestro Papa, de entre todos ponerle el hombro al país”. Por su parte, Héctor Recalde explicó el voto contrario del kirchnerismo porque se estaba en presencia de un presupuesto “de ajuste y endeudamiento”. Y agregó: “estamos votando en contra para defender la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social, y defendiendo los intereses del pueblo” (fuente: Gabriel Sued, “Con una mayoría contundente, Diputados aprobó el proyecto de presupuesto”, La Nación, 3/11/016).

En la maratónica jornada de ayer en la Cámara Baja el oficialismo logró la media sanción de su proyecto de ley privatizadora de la obra pública, con 151 votos afirmativos, 78 votos negativos y 6 abstenciones. El Bloque Justicialista y el Frente Renovador fueron claves ya que con sus votos el macrismo obtuvo una importante victoria sobre el kirchnerismo. Entre las modificaciones que fueron introducidas al texto original merece destacarse la que estipula que un tercio de la obra debe ser de carácter nacional. Sin embargo, se mantuvo la cesión de jurisdicción al extranjero en caso de producirse litigios entre las empresas foráneas y el gobierno. También se introdujeron modificaciones en el artículo que aseguraba a las empresas “una rentabilidad justa” mientras que ahora se les asegura “una ganancia mínima”. Con estos cambios superficiales el proyecto retornó al Senado. Este proyecto había sido presentado por el oficialismo la semana pasada pero un cortocircuito con el Frente Renovador hizo naufragar la votación. Una semana más tarde, la discusión del proyecto en Diputados fue mucho más formal dados los acuerdos alcanzados previamente entre Cambiemos, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador. Ello explica el apoyo total brindado por el Bloque Justicialista y el FR al proyecto a la hora de votar, apoyo que contó a su vez con la ayuda de algunos legisladores del FPV. Votaron en contra el grueso de los legisladores kirchneristas, el Progresismo y el PTS-Frente de Izquierda. Importantes legisladores como Elisa Carrió, Felipe Solá y José Luis Gioja brillaron por su ausencia. El gobierno se vio obligado a negociar también con los secretarios generales de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña. Si bien en un momento amenazaron con “hacer tronar el escarmiento” si no se los escuchaba, finalmente terminaron acordando con el oficialismo algunas modificaciones al proyecto original. En esas negociaciones el gobierno aceptó elevar del 25 por ciento a un tercio el piso de incorporación de producción nacional en las obras de infraestructura. Lo notable del caso es que luego, en la votación, se abstuvieron los legisladores de origen sindical. Durante el debate el diputado macrista Daniel Lipovetzky manifestó que el proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”. Destacó que con los cambios introducidos al proyecto original se podrá “cuidar al trabajo argentino, a las pymes y al medio ambiente”. Para Axel Kicillof (FPV) el proyecto forma parte de un abanico de normas neoliberales por cuyo intermedio el gobierno intenta cerrar el 2016. “Lo más grave es que no se le ha comunicado a la sociedad de qué se trata. Cada vez que el Ejecutivo presenta una ley, lo que presenta es un error”, sentenció. El proyecto reformado incorpora una comisión bicameral para controlar los proyectos de inversión. Al respecto señaló el diputado kirchnerista Juan Manuel Pedrini: “con la incorporación de una bicameral creen que se arregla todo”. Por su parte, el ya mencionado ex ministro de Economía señaló que en cada país en que se aplicó un proyecto de esta índole hubo corrupción. “Se desnacionaliza, se desestatiza. Como está planteado el proyecto, casi cualquier obra y servicio que realizaría el Estado ahora va a aparecer como iniciativa privada”, aventuró. Carlos Heller, diputado por el Partido Solidario, reconoció que algo había mejorado el proyecto original con las modificaciones introducidas pero lejos están de modificar su esencia: “en el contenido central, sigue siendo un proyecto que apunta a la privatización, a profundizar las políticas de privatización”. Por su parte, la diputada del Proyecto Sur, Alcira Argumedo, consideró que “el proyecto deja al Estado al borde de una nueva estatización de la deuda de los privados”. Por último, el diputado del FPV Martín Doñate dijo para que todos entendieran que “están preparando el terreno para una ola de privatizaciones en la Argentina” (fuente: “Con Cambios, vuelve al Senado”, Página 12, 3/11/016).