Por Hernán Andrés Kruse.-

El fallo de la Corte Suprema contra el tarifazo lejos está de haber calmado las aguas. Por el contrario, no ha hecho más que encresparlas. Quienes no fueron contenidos por el fallo supremo-cámaras empresarias, pequeños y medianos establecimientos comerciales e industriales, cooperativas, empresas recuperadas y clubes de barrios-tienen decidido presentar ante los tribunales una andanada de demandas para que la Justicia proceda a anular el tarifazo gasífero, empleando los mismos argumentos de que se valió la Corte Suprema en relación con los usuarios residenciales. Un dirigente PYME expresó que harán la demanda colectiva en representación de las 45 cámaras y 10 mil empresas que están dentro de Cgera (Confederación General Empresaria de la Argentina). De no estar segmentada la tarifa quedarán condenadas muchas pymes, sentenció. Por su parte, un representante de usuarios y consumidores dijo que “el tarifazo no se acabó. Van a presentarse muchas demandas colectivas pero, además, si esta situación no cambia habrá una lluvia de juicios individuales y un nivel de conflictividad social grande en los juzgados”. Juan Carlos Sacco, secretario de la Unión Industrial Argentina, consideró que “este martes hay reunión del Comité Ejecutivo y el tema excluyente es tarifas. Ya solicitamos asesoramiento a nuestros letrados sobre los alcances del fallo. Tenemos que responder ante nuestros asociados, porque más de una pyme no va a poder seguir con estas tarifas. La salida no tiene por qué ser judicial. Le diremos al gobierno nuestro pensamiento y entre todos vamos a buscar una solución”. José Urtubey, vocal de la UIA, consideró que “el fallo de la Corte no resuelve el problema del tarifazo en la Argentina. Creo que acá hay que insistir en resolver esto desde la política y apelamos a la sensibilidad del gobierno. Hay muchos establecimientos pymes que no soportan el aumento tarifario. En este sentido, el fallo debería ser un punto de referencia. Hay que entender que hay muchas economías regionales que no van a subsistir así. Creo que es un tema para resolver políticamente desde el Ejecutivo, más allá de que muchos asociados probablemente busquen avanzar por la Justicia de manera individual”. Matías Furio, de la Cámara del Juguete y directivo de la UIA, dijo que “esto se tiene que arreglar políticamente. Sabemos que las tarifas hay que aumentarlas. Judicialmente nosotros no arreglamos las cosas”. Por su parte, la CAC-Asociación Argentina de Comercio-manifestó que “lo dispuesto judicialmente debe ser complementado con medidas dirigidas a paliar la situación de los usuarios no residenciales”. Ariel Aguilar, vicepresidente de la Confederación General Empresaria de la Argentina manifestó: “vamos a intentar representar judicialmente a las casi 45 cámaras y 10 mil empresas que forman parte de la entidad. Ya fueron convocados los representantes de las cámaras y buscaremos contener a todo el colectivo. La tarifa tiene que estar segmentada porque, si no, van a quebrar muchas pymes”. Por último, Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores”, se expresó de la siguiente forma: “el tarifazo no se acabó. Van a presentarse muchas demandas colectivas, aunque tendrá que encontrarse la forma jurídica de hacerlo. Pero, además, si esta situación no cambia habrá una lluvia de juicios individuales y un nivel de conflictividad social grande, que podría haber sido resuelto por el gobierno. Pero, en su momento, el Ejecutivo no escuchó los ruidazos, los frazadazos, las movilizaciones y protestas en todo el país, las declaraciones críticas de todos los sectores políticos, incluso dentro del oficialismo y las resoluciones de la Justicia Federal” (fuente: Javier Lewkowicz: “Ola de juicios contra el tarifazo no residencial”, Página 12, 20/8/016).

Como era de preverse, la oposición se pronunció sobre el fallo de la Corte. Dijo Héctor Recalde, jefe del bloque de diputados nacionales del FPV: “es un límite al modelo, el gobierno nacional inmediatamente también debe dar marcha atrás con los aumentos para los clubes de barrio, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, las pymes y las universidades nacionales. Que no espere que haya cientos de medidas cautelares porque la doctrina de la Corte ya está. Insto al gobierno a que lea bien el fallo y se la aguante, y si no que luego no se queje de la industria del juicio. Los considerandos del fallo son claritos como el agua y plantean que el aumento no puede ser confiscatorio, a la vez que pide gradualidad y la aplicación del principio de razonabilidad, y rescata los tratados internacionales de derechos humanos”. Dijo Leonardo Grosso, diputado del Peronismo para la Victoria: “es una buena noticia porque ordena un poco las cosas y plantea que existe legislación que tiene que respetar el gobierno de Mauricio Macri, además demuestra la incompetencia del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Si uno escucha a la gente, no llega a la Corte Suprema, y el gobierno tiene que no sólo acatar sino hacer una lectura política del fallo dictado por el máximo tribunal. El elemento que destrabó estas complejidades fue la gente en la calle. Es un fallo para todos los demás aumentos y una señal política para el gobierno de que tiene que haber una marcha atrás”. Dijo Cecilia Moreau, diputada por el Frente Renovador: “la problemática de las tarifas tuvo, por fin, su resolución. Y por suerte para los ciudadanos fue en su favor, mientras el oficialismo esperaba el fallo de la Corte con la esperanza de que legitimara su arbitraria decisión. Tiene un doble significado: por un lado es un acto de Justicia hacia la indefensión de los usuarios; por el otro, una lección política para un gobierno que pecó de soberbio. La falta de audiencia pública para la fijación de las tarifas, requerimiento fundamental para la toma de decisiones respecto a la cuestión tarifaria previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional, fue el foco en que se centró el fallo” (…) “La respuesta del gobierno fue el avance en la medida, aislándose del impacto social que produjo. Ahora, se ve obligado a llamar a la audiencia por la determinación de la Corte. Por no tener voluntad política, violentaron un derecho”. Araceli Ferreyra, diputada por el Peronismo para la Victoria, dijo: “ganó la lucha, el ruidazo, las protestas, los cacerolazos, San Cayetano, la Patagonia sublevada y todas las formas con que la sociedad dijo que no se podía pagar semejante tarifazo”. Christian Castillo, dirigente del PTS-FIT, dijo: “nos van a meter el tarifazo de vuelta. No es un problema ideológico sino material, son los intereses materiales del gobierno; el conflicto de intereses de Aranguren con las empresas que tiene que controlar es obsceno. El gobierno ha recibido un cachetazo político, ya que a pesar del chantaje y la amenaza de carpetazos la bronca popular estaba del otro lado”. Fernando “Chino” Navarro, diputado provincial del Movimiento Evita, dijo: “la Corte Suprema frenó el tarifazo, derrota para el gobierno de Macri y triunfo de la movilización y lucha del pueblo argentino. El Congreso, donde tenemos mayoría, debe resolver la crisis de las tarifas priorizando los intereses de nuestro pueblo y no los de Shell” (fuente: “Es un límite al gobierno”, Página 12, 20/8/016).

A raíz de la contundencia del fallo de la Corte Suprema el Enargas (Ente Nacional de Regulación del Gas) convocó en las últimas horas oficialmente a la realización de una audiencia pública para el 12 de septiembre con un único y excluyente tema: el análisis del aumento de las tarifas residenciales del gas. La audiencia pública es un paso previo fundamental cuyo objetivo es garantizar la participación de los usuarios, pese a que sus conclusiones no son vinculantes, no obligan al gobierno nacional a tenerlas en consideración. El cuestionado ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó que el gobierno nacional insistirá con el cuadro tarifario sancionado a través de la resolución 31 de marzo pasado y que fue anulada por la Justicia precisamente por no haberse efectuado la audiencia pública cuando correspondía. Vale decir que el gobierno nacional está dispuesto a continuar defendiendo a rajatabla un cuadro tarifario que implicó incrementos superiores al 1000 por ciento en miles de hogares residenciales. La audiencia tiene como objetivo considerar dos cuestiones fundamentales: a) el traslado a tarifas de los precios de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; b) las tarifas de transporte y distribución cuya vigencia durará hasta que se aprueben definitivamente los cuadros tarifarios que resulten de la Revisión Tarifaria Integral (prevista para octubre). Según la tesis gubernamental no es necesario realizar audiencia alguna para fijar el precio del gas en boca de pozo porque ese eslabón está ahora en manos del mercado, mientras que en relación con las tarifas de transporte y distribución del gas consideró que la audiencia había tenido lugar durante la presidencia de Néstor Kirchner. En el fallo la Corte demolió ambos argumentos. De esa forma el gobierno nacional se ha visto obligado a comenzar todo desde el principio. Según la Corte la audiencia es únicamente para los usuarios residenciales, quienes, pese a representar el 26 por ciento de la demanda total gasífera, se llevan el 60 por ciento de los subsidios desembolsados por el gobierno nacional. Ello explica la intención gubernamental de aumentar las tarifas correspondientes a este sector social para disminuir el gasto público destinado a los subsidios. Como las industrias, las pymes y los comercios quedaron fuera del alcance del fallo deberán pagar los aumentos o comenzar un reclamo judicial para forzar un fallo similar al obtenido por los usuarios residenciales. Enargas expresó que “podrán participar en la audiencia pública toda persona física o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo, interés simple o derecho de incidencia colectiva, conforme los requisitos previstos en el procedimiento de audiencia pública dispuestos en la Resolución 3158/2005”. “A los fines de la inscripción de los interesados en participar de la Audiencia Pública, así como de la presentación de documentación relativa a su objeto, deberán presentarse en la Mesa de Entradas del Enargas, en el subsuelo de la Sede Central del organismo, de lunes a viernes de 10 a 17, acompañando el informe previsto en el Inciso b del Artículo 2 del Procedimiento de Audiencia Pública aprobado por la Resolución 3158/2005”, agrega (fuente: “Citan a la audiencia para tratar las subas”, Página 12, 20/8/016).

En su edición del 18 de agosto (antes de que se diera a conocer el fallo de los supremos), La Nación publicó un editorial titulado “Las tarifas y la falsa ilusión de la gratuidad”, en el que expone con meridiana claridad el pensamiento del establishment en esta delicada cuestión. Dice el mitrismo: “no hay posibilidad alguna de contar con servicios públicos de calidad con tarifas que en los últimos 12 años prácticamente no se habían movido pese al dramático proceso inflacionario y a la desvalorización del peso del mismo período. No es razonable que quienes ponemos el grito en el cielo cuando se corta la luz o escasea el gas añoremos las ridículas tarifas de la era kirchnerista, mantenidas artificialmente a costa de subsidios del Estado que llevaron a límites extremos el déficit de las cuentas públicas, al tiempo que desalentaron la inversión y la producción energética” (…) “Así, no pocas familias pudientes que poseen conexión al gas de red se beneficiaron de una década de precios irrisorios, mientras que los grupos más humildes de la población debieron pagar por la utilización de garrafas o de leña proporcionalmente mucho más para enfrentar los inviernos” (…) “El esquema populista de manipulación de las tarifas en la era kirchnerista no sólo exacerbó el consumo energético, sino que también destruyó la capacidad de generación energética, provocando una caída en la producción de gas que entre 2004 y 2015 se redujo de 52.000 millones de metros cúbicos anuales a sólo 43.0000 millones, un nivel similar al producido en 1999. De este modo, con tarifas ridículamente bajas, el aumento del consumo y la reducción de los incentivos para producir no podían arrojar otro resultado que el desabastecimiento. Queda claro que en este contexto donde resulta imposible mantener tarifas tan bajas en forma artificial sin subsidios estatales que se han tornado insostenibles, si la cuestión del aumento tarifario ha llegado a la Justicia ha sido en parte por una serie de errores de procedimiento y de comunicación que el gobierno de Mauricio Macri debió haber evitado. La primera equivocación gubernamental fue no haber convocado a audiencias públicas, una omisión de la que se aprovecharon sectores opositores y algunos jueces para impugnar una decisión que no debió llegar a la Justicia” (…) “Un segundo error del gobierno fue la deficiente comunicación original de una medida que, más allá de lo justificado del reajuste tarifario, iba a impactar en el bolsillo de no pocos usuarios residenciales y en la mayoría de las empresas” (…) “Pero al margen de que a nadie le agrada pagar más es vital que la sociedad entienda que nada resulta en realidad gratis en la supuesta cultura de la gratuidad que pretende vendernos el populismo”.

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