Por Enrique Guillermo Avogadro.-

«En este país vos podés ir en cana por cualquier motivo, incluso sin ningún motivo; pero, por corrupto, jamás», Tato Bores.

El mundo entero, aún en medio de las tormentas que están sacudiendo a los Estados Unidos (por las duras primarias), a España (por la imposibilidad de constituir gobierno), a Europa (por la inmigración y la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión), a Bolivia (por el fracaso de Evo Morales en su reelección eterna), a Medio Oriente (por la guerra contra el ISIS), etc., ha vuelto la juventud gracias a los brasileños y los argentinos que, con posturas radicalmente opuestas, le hemos hecho recuperar la capacidad de asombro.

La Justicia de Brasil, un país cada vez más inmerso en el escándalo del «Petrolão» (que también involucra a nuestros próceres Zannini, De Vido y Ferreyra, dueño de Electroingeniería), actuó rápidamente ante la confesión de un Senador arrepentido, Delcidio Amaral, ex jefe de la bancada del PT en la Cámara, quien dijo que tanto Luiz Inácio Lula da Silva cuanto la propia Dilma Rousseff están involucrados en la corrupción originada en contratos de la estatal Petrobras con las mayores empresas constructoras (funcionarios y propietarios y gerentes de éstas se encuentran ya en prisión), y en la madrugada del viernes ordenó la compulsiva comparecencia nada menos que del ex-Presidente; desde el sur, resultó aleccionador que lo hiciera mientras todos están en el poder, cuando aquí sólo se lo hace después. Lula, y su hijo Lulinha, están sospechados de haberse enriquecido hasta el hartazgo, y se les atribuye la propiedad de inexplicables inmuebles, grandes fazendas incluidas.

Luego de eso, la situación de Dilma, que ya se encontraba muy complicada por «maquillar» las cuentas públicas y por la financiación ilegal de su campaña presidencial (¿le suena conocido?), se tornó casi terminal. Es muy probable que, si no presenta la renuncia, sea destituida mediante un juicio político, porque ya ni siquiera cuenta con el apoyo de su propio partido, el PT, como quedó demostrado con su conspicua ausencia en el aniversario de su fundación, ni del PSB, un importante aliado parlamentario.

En un marcado contraste, Argentina sigue sorprendiendo al globo, aunque no a sus propios ciudadanos, acostumbrados desde siempre a que aquí las disputas políticas y el exceso de conocimientos que complican al poder de turno terminen en extraños suicidios: Rodolfo Echegoyen, Horacio Estrada, Marcelo Cattaneo, Alfredo Yabrán, Juan Castro, Lourdes di Natale, etc. El punto de inflexión parece, ahora, ser el crimen de Alberto Nisman, que durante un año una increíble ¿investigación? pretendió hacer pasar por un nuevo suicidio.

La inhibición de la Juez Palmaghini, la denuncia de ésta contra la Fiscal Fein, la prolongada declaración de Stiuso, el curioso reconocimiento de Parrilli, han dado un nuevo y escandaloso impulso a la causa por el asesinato del Fiscal y ésta, necesariamente, dada su íntima vinculación con el inconstitucional memorándum que firmara doña Cristina con Irán, obligará sin duda a los remolones jueces federales a citar pronto a declarar a la ex Presidente, a Timerman, a Berni, a Esteche, a D’Elía, a Parrilli, a Milani y a muchos otros; resulta simplemente insoportable para la ciudadanía, como lo hizo notar en su momento el inmortal Tato, que aún no haya prestado siquiera declaración ninguno de ellos; tanto como que Jaime, Schiavi, Boudou y tantos etcéteras continúen en libertad. Lo mismo debería suceder en la causa de Hotesur, que investiga el lavado de dinero, y el vertiginoso enriquecimiento de los Kirchner.

Obviamente, también obligará al Congreso a sancionar rápidamente las proyectos de ley que enviará el Ejecutivo para crear la figura del arrepentido (o delación premiada, como se la llama en Brasil) y de la confiscación de los dineros mal habidos; la sociedad entera así lo reclama, y no dejará de pasar la cuenta a aquellos que obstruyan el trámite.

Pero también debemos ser conscientes que la política se financia con el producto de la corrupción -a veces, hasta del narcotráfico- y, hasta que no logremos una fórmula que obligue a transparentar las fuentes de las que provienen los ingentes fondos que requieren las campañas electorales, nada será posible. Evidentemente, es un tema que tampoco ha sido resuelto en los demás países, centrales o no, que se ven afectados por el mismo problema; es hora de ponerse a pensar -disponemos de una enorme cantidad de think tanks capaces de hacerlo- y de llevar al Congreso los proyectos del caso.

De todas maneras, el tema traerá cola, ya que hay pruebas fehacientes del enorme costo económico que significó para Italia la operación «Mani Pulite», que llevó a la cárcel a gran parte de la clase política, y aún se discute cuánto tiene que ver el «Petrolão» con la brutal caída de la economía de Brasil, cuyo fecha de nacimiento coincide con la de origen del proceso judicial. Es decir, tendremos que decidir cuánto estamos dispuestos a pagar para terminar con la corrupción o, al menos, con su impunidad; mi respuesta es unívoca: debemos extirpar el tumor, porque si continuamos conviviendo con ella, nuestro país resultará seguramente arrasado por el cáncer.

El Presidente Macri hizo el martes honor a la primera de sus obligaciones: decir la verdad sobre el estado de la nación; tal como señalara esta semana un prestigioso analista, lo contrario hubiera implicado la lisa y llana manipulación de la información, algo elementalmente reñido con la democracia. Ahora resta que cada uno de sus ministros elabore un completo relatorio con los detalles de la situación en el área de gobierno que encabeza; los argentinos necesitamos, y nos merecemos, conocer la dura realidad para aceptar que su corrección y el renacimiento de la República serán caminos arduos y dolorosos pero posibles.

La segunda obligación, aún pendiente, es efectuar todas las denuncias penales que correspondan contra quienes fueron responsables de llevarnos a esta situación casi terminal. No pretendo que el Presidente presione a los jueces federales como hicieron sus antecesores peronistas, pero sí que el Consejo de la Magistratura actúe sobre ellos para lograr la celeridad que el caso, y la ciudadanía toda, exigen: Argentina debe dejar de ser el reino de la impunidad que los hechos de Brasil han expuesto con la luz más brillante.

Todos estamos esperando las inversiones indispensables para salir del pozo en que hemos caído, pero sólo llegarán si podemos ofrecerles una Justicia independiente, seria y eficaz, un estricto cumplimiento de la palabra empeñada y, por supuesto, la energía necesaria para producir. Si logramos todo eso, la necesaria disminución de la cantidad de empleados públicos que registramos, una de las principales causas del déficit del Estado, podrá ser realizada sin sufrimientos, porque quienes pierdan su trabajo en él lo encontrarán en las nuevas fábricas, en las nuevas obras públicas, es decir, en el nuevo país.

Ojalá tengamos la inteligencia necesaria para concretarlo.

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