Por Hernán Andrés Kruse.-

El gobierno de Mauricio Macri y el del gobernador Mario Das Neves decidieron declarar a la comunidad mapuche de Cushamen “enemigo público número 1 de la Argentina”. El gobernador chubutense ya emitió su veredicto: son “terroristas”. Lo que aconteció en la provincia sureña fue extremadamente grave. Obedeciendo órdenes de la Justicia provincial, la infantería de la policía atacó a balazos “la lof en resistencia” (así llaman los pobladores a su presencia en Leleque, zona cordillerana de Chubut). Según fuentes de la zona, el ataque contra los mapuches dejó como saldo un herido grave y varios heridos de menor tono, y Fausto Jones Huala recibió un balazo en el cuello. Una vocera de la comunidad condenó la demora de las ambulancias: “responden a la policía de Chubut y se niegan a asistir a los heridos, que están graves. Hacemos una vez más responsable al gobierno de Chubut y al gobierno nacional por estos episodios absurdos que estamos viviendo. Éste es un Estado asesino”. Auka, vocera del pueblo originario, contó que “Cayó Infantería y así como cayó empezó a disparar a quemarropa”. Un par de horas más tarde, Fausto Jones Huala arribó en ambulancia al hospital de Esquel, mientras que otra se quedó en el lugar de los hechos para asistir a los heridos de menor gravedad. Por el momento (viernes 13 por la mañana) se desconocen las razones que dieron lugar a semejante operativo policial y que llevaron a la justicia ordenarlo.

Cuando las balas policiales arreciaron, la comunidad continuaba en estado de shock debido a los dos allanamientos que había sufrido el martes 10, uno ordenado por la Justicia federal y otro por la justicia de Chubut. Ambos allanamientos, protagonizados por la Gendarmería y la policía chubutense, se caracterizaron por su violencia. Miembros de la comunidad sufrieron golpes, fueron esposados y arrastrados de los pelos como si fueran animales. Sus viviendas sufrieron daños de todo calibre mientras que sus animales sufrieron secuestro seguido de muerte. Diez pobladores fueron detenidos y a última hora el juez federal Guido Otranto negó la excarcelación de tres. Según Gendarmería todo se debió a que los mapuches se valieron de la violencia para oponerse al operativo. Un mapuche tiene la frente bastante averiada y otro, la nariz. Otros, siete mapuches fueron emboscados por la policía que disparó, según denunciaron a posteriori los mapuches, balas de plomo. Estos hechos, de una extrema gravedad institucional, fueron repudiados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, indicó a través de un comunicado que “La orden emitida (por parte de la Justicia) no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”. Por su parte, la regional del noroeste de Chubut de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos también expresó su rechazo por la violencia institucional desplegada por “las fuerzas del orden” sobre los mapuches. A través de un comunicado, señaló que “La estrategia tan pregonada a nivel nacional por (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y su alter ego local (el gobernador) Mario Das Neves, para justificar la represión y la criminalización de la protesta social parece haber visualizado en la comunidad mapuche tehuelche el “enemigo interior” necesario para poner en práctica una vez más la política antiterrorista”. Según el gobernador Das Neves, la situación es muy diferente. Reclamó airadamente que haya un repudio generalizado a los graves hechos que habrían sido generados por los propios mapuches. En una conferencia de prensa, sostuvo que “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera” (…) “En esto voy a ser duro hasta las últimas consecuencias para que se cumpla con las leyes y la gente viva bien y tranquila” (fuente: “La infantería volvió a la carga”, Página/12, 12/1/016).

Jaquelin Marin integra la comunidad mapuche Pu Lof en el departamento de Cushamen, que hace más de dos años reclama que los territorios ancestrales vuelvan a ser suyos. Acaba de advertir que “No es novedad para nosotros que las fuerzas manejadas por el gobierno de Chubut nos amenacen. Suelen circular patrulleros y camionetas a diario” (…) “pasan y disparan tiros al aire, nos insultan a lo lejos”. Sin embargo, lo que acaba de suceder “ha atravesado un límite”. “Hoy tenemos dos lamienes en gravísimo estado y otros tres detenidos en una unidad penal para delincuentes por defenderse de los abusos del Estado asesino”, asegura. Los mapuches sufrieron los golpes de los gendarmes el martes 10 por la mañana, y las balas de goma y plomo de la policía de Das Neves el miércoles 11 a la noche. Inmediatamente el gobierno los acusó de “terroristas”, de ser un peligro para la sociedad chubutense. Pese a las amenazas, el Pu Lof se está nutriendo de hombres y mujeres dispuestos a resistir. Soraya Maicoñia, otro miembro de la comunidad de Cushamen, manifestó: “Es importante el acompañamiento para resistir la estigmatización y el cerco mediático. Le dicen al pueblo que nos tiene que tener miedo, pero el miedo lo infunde el Estado a través de su aparato policial”.

La comunidad Pu Lof cometió el peor de los pecados: reclamar tierras del noroeste chubutense que están en manos del grupo empresario italiano Benetton. El gobernador Das Neves, la Justicia, los medios y la policía decidieron defender al gigante italiano. El martes 10 a las 7 de la mañana comenzó el ataque de las “fuerzas del orden” (unos 200 gendarmes y policías). “Le dijeron a la guardia (de la comunidad) que venían a despejar las vías de la Trochita y a identificar a quienes vivíamos ahí, pero los guardias contestaron que no estábamos dispuestos a dejarlos pasar después de que la provincia cortara la mesa de diálogo e incumpliera la promesa que le hizo a otra comunidad hermana”, narró Jaquelin (se refiere a los pobladores de Nahuel Pan, a quienes les prometieron un nuevo tanque de agua a cambio de la liberación de unas tierras, promesa que se la llevó el aire). La reacción de los gendarmes y la policía no se hizo esperar: arremetieron como barras bravas del fútbol, obligando a los miembros de la guardia mapuche a desperdigarse por el monte. Tres de ellos fueron detenidos. “Entonces se la agarraron con nosotras, que estábamos con los niños en la ruca-la casa principal de la comunidad, en donde comen y comparten el tiempo-. Nos encerramos ahí, pero ellos tiraron la puerta abajo. Nos rociaron con gas lacrimógeno, con espuma de matafuego, nos sacaron de los pelos, le pegaron a un niño con un garrote en la cabeza, nos esposaron”, dijo la joven mapuche. Para colmo, estaban aisladas. “Recién cuando pudo pasar Fernando Radziwilowski-defensor público-, nos quietaron las esposas”, añadió Jaquelin. Cuando miembros de la Cushamen decidieron ir a buscar a los animales que se habían perdido, las fuerzas de seguridad iniciaron una persecución que incluyó tiros. Finalmente, los encerraron en El Maitén, los golpearon y los llevaron detenidos, como si fueran delincuentes. Luego fueron liberados. Edgardo Manosalva, miembro de la APDH y abogado de los siete que fueron reprimidos, expresó que se había tratado de una cacería: “Los persiguieron a los tiros, los encerraron en la ruta, los terminaron cazando en el viejo hospital de El Maitén. Ahí les pegaron. Les plantaron bombas molotov en una de las camionetas. Uno de los camiones de la policía tiene impactos de calibre 22 que, creemos también, es prueba plantada”. Por su parte, el juez Hernán Dal Verne, reemplazante de Colabelli (había sido recusado por Manosalva), declaró legales las detenciones y dispuso la liberación de los detenidos.

El tercer ataque se produjo el miércoles a la noche. Dijo Jaquelin: “éramos tan pocos como la primera vez. Nos despabilaron los tiros. Salimos de nuestras casas y nos acercamos a la ruta. Vimos a la infantería que estaba disparando esta vez sin decir palabra”. Según sus cálculos, la represión duró 40 minutos (un tiempo de un partido de rugby). “Corrimos, metimos los nenes adentro de la casa. Mandamos mensajes pidiendo ayuda. Cuando los policías se fueron, los varones que estaban resistiendo comenzaron a bajar al pueblo, todos lastimados con perdigonazos”, agregó. Juan Ale, jefe de la policía chubutense, protegió a los efectivos que dispararon balas de goma y plomo. “La policía fue atacada, resultaron tres empleados policiales de la Infantería con contusiones, se usan postas para defenderse de los ataques con piedras”, declaró el uniformado. Al igual que Das Neves, Pablo Durán, ministro de Gobierno, tildó a los miembros de la comunidad Pu Lof de “terroristas” y “delincuentes” (fuente: “Los siguieron a tiros, fue una cacería”, Página/12, 13/1/017).

Las acusaciones lanzadas por el periodismo sobre la pasividad de la UIF (Unidad de Información Financiera) respecto a la denuncia recibida contra Gustavo Arribas (ex SIDE), obligó al organismo que dirige Mariano Federici a emitir un comunicado en el que enarboló la bandera del secreto profesional para justificar su inacción en esta delicada cuestión. “Esta institución”, dice el comunicado,”no informa nunca a terceros fuera de su ámbito si recibió o no información vinculada a un caso, ni si habiéndola recibido inició una tarea de análisis, ni el estado en el que la misma pudiese encontrarse”. Luego de hacer referencia a una supuesta independencia de la que gozaría el organismo en relación con el gobierno nacional, criticó a la gestión anterior de la UIF. Como siempre, la culpa la tiene Cristina Kirchner. Ahora bien, durante 2016 la UIF pasó a ser una rama burocrática del gran árbol que es el Ministerio de Justicia y a estar bajo la órbita del ministerio de Hacienda. Además de perder autonomía, dejó de ser funcional ya que dejó de efectuar investigaciones sobre lavado de dinero como delito precedente para posar su lupa sobre el terrorismo. Señala el documento de la UIF que “Las prácticas poco profesionales de este organismo en el pasado minaron la confianza de sus fuentes locales e internacionales en la UIF, elemento central para su correcto funcionamiento, que esta nueva gestión está logrando restituir respetando el apego incondicional a lo legal”. Afortunadamente, la realidad siempre se encarga de poner las cosas en su lugar. Luego de una dura crítica vertida a los controles del país por la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional: se encarga de la coordinación de las acciones de diversos países miembro contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo), el gobierno de Cristina decidió en 2010 recuperar la credibilidad en esta cuestión y dejar de estar en la categoría de “países observados”. A partir de ese momento y hasta el arribo de Federici (seis años) la entidad elevó la cantidad de sujetos obligados a informar operaciones sospechosas de 350 a 33.400 (cien veces más). De esa forma se logró que: a) se recibieran más de 88.250 reportes por esta clase de operaciones delictivas; b) se creara una matriz de riesgo; y c) se realizaran 6965 supervisiones extra in situ y 98 in situ. Además, deben mencionarse 138 actuaciones administrativas por incumplimiento, 19 sanciones por 225 millones de pesos y la actuación como querellante en 42 causas. La UIF quedó situada en un escalón más alto que la AFIP, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, entre otros organismos del Estado. Fue así como Cristina logró que la Argentina saliera de la “lista gris”.

A partir de enero de 2016, la UIF comenzó a desdibujarse, a dejar de ser lo que había sido. Al asumir Federici quedó como segunda del organismo María Eugenia Talerico, ex abogada del HSBC en por lo menos tres causas ante la Corte Suprema iniciadas por la UIF. Según el comunicado “Lo que sí la UIF puede afirmar es que por primera vez desde su creación la institución funciona de manera plenamente autónoma, sin injerencias indebidas por parte del gobierno, la política, o intereses sectoriales, tal como lo requieren los estándares internacionales y la Ley argentina”. Lo que obvia el documento es que en enero de 2016 se dispuso el traslado de la facultad de Coordinación Internacional con el GAFI, Gafilat (Latinoamericano), LA VEX-CICAD-OEA, al Ministerio de Justicia, facultad que antes la tenía la propia UIF. ¿Dónde está la autonomía tan declamada? Al mes siguiente, a través de un decreto, se establece que la UIF deja de ser la autoridad de aplicación de la ley 25.246 “y otorga a dicho organismo la facultad de coordinador en materia operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera”. De esa forma, la UIF pasó a ser un organismo meramente burocrático que se limita a reunir datos para la Justicia, pese a que según el comunicado “una vez agotado el análisis de una operación reportada” se pone en “conocimiento del Ministerio Público Fiscal a los fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal”. Como la frutilla del postre, se incorporó en junio de 2016 un artículo en Diputados para que la UIF pasara de la órbita de Justicia a la de Hacienda y Finanzas (en realidad, hoy habría que hablar de “órbitas”). Investigadores del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), están alertando sobre el impacto de semejante desmantelamiento y desarticulación de funciones de un organismo como la UIF en las futuras evaluaciones que efectúe el GAFI (fuente: Cristian Carrillo, “Investigan, pero lo disimulan”, Página/12, 13/1/017).

El gobierno de Mauricio Macri sigue endeudándose. En las últimas horas el ministro de Finanzas, Luis Caputo, acordó con seis bancos extranjeros un préstamo de corto plazo por 6000 millones de dólares y la colocación de una serie de bonos en los mercados internacionales por otros 7000 millones de dólares la semana próxima. Con semejante endeudamiento el ministro de Finanzas pretende cubrir parte de los 40.350 millones de dólares de financiamiento previstos para este año. El funcionario, experto en el “arte del endeudamiento”, piensa que si se combinan la profundización del proceso de desregulación financiera y la extensa colocación de deuda en el actual escenario internacional, dominado por la incertidumbre, no aumentará la vulnerabilidad de la economía local frente al mundo. “No hay ningún festival de deuda. Hablaron de un endeudamiento explosivo pero no hay riesgo de sustentabilidad y minimizamos las dificultades del refinanciamiento”, aseguró Caputo. Acompañado por sus hombres de confianza, el Ministro de Finanzas anunció un acuerdo con los bancos Santander, BBVA, Citi, Deutsche, HSBC y JP Morgan, una “ayuda” de 6000 millones de dólares que ingresarán en las arcas públicas durante un año y medio. El gobierno se comprometió a entregar, como garantía, a los bancos títulos Bonar 2024 por un monto aún no determinado. La tasa de interés rondará el 3,8 por ciento. Esta operación de endeudamiento es muy parecida a la efectuada por el Banco Central a principios de 2016 para incrementar el monto de sus reservas. En aquel entonces, los bancos involucrados tuvieron la osadía de exigir una cesión de soberanía jurídica (tribunales neoyorquinos) en caso de producirse cualquier controversia. Aún es una incógnita la letra chica (lo más importante) del nuevo acuerdo. Tampoco se sabe acerca de las “comisiones” que facturarán el HSBC y compañía. Durante una conversación con medios gráficos, el ministro expresó que “La deuda con el sector privado y organismos internacionales es la más baja de la región, está lejísima de cualquier número preocupante”. “Si alguien quiere pegarnos pasa a ser un tema político. Este año el financiamiento no va a ser el cuco”, remató. Finalmente, estimó que cuando finalice su mandato el presidente Macri, la deuda externa con acreedores privados y organismos multilaterales se ubicará alrededor del 40 por ciento de lo que produce el país, más del doble del ratio heredado por el kirchnerismo. E insistió: “Estamos lejísimos de cualquier número preocupante. Incluso en términos brutos. No lo va a ser mientras estemos acá”. Alguien dijo alguna vez que la única verdad es la realidad. Y la realidad de nuestro país señala que durante el año pasado el gobierno macrista abandonó la lógica del desendeudamiento convirtiendo a la Argentina en el país en desarrollo que más se endeudó. El propósito fundamental de Macri fue regresar a los “mercados” pagando a los fondos buitre, desmantelando las regulaciones cambiarias, liberalizando el sistema financiero, restableciendo el vínculo con el FMI y restableciendo las relaciones carnales con la república imperial. Ninguna economía en desarrollo se endeudó tanto en los últimos veinte años como la argentina. Pese a todos los gestos de “buena voluntad” del equipo económico, hasta el día de la fecha los resultados macroeconómicos no fueron los esperados. Mientras tanto, el pueblo trabajador sigue aguardando los beneficios del derrame (fuente: Tomás Lukin, “No hay ningún festival de emisión de deuda”, Página/12, 13/1/017).

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