Un presidente en campaña

Por Hernán Andrés Kruse.-

El 1 de enero es un día tranquilo. Como se expresa de manera coloquial “no pasa nada”. Alberto Fernández acaba de quebrar esa tradición. En los momentos previos a su viaje a Brasil para asistir a la asunción de Lula, anunció que, con el apoyo de varios gobernadores, solicitará el juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, “para que investigue su conducta en el desempeño de sus funciones” en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación. No conforme con ello, decidió ordenar al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, que promueva las acciones legales que correspondan para garantizar la investigación de los presuntos hechos de corrupción en los que estarían involucrados funcionarios porteños y empresarios contratistas de la CABA. El presidente tomó semejante decisión a partir de trascendidos surgidos de hackeos (según la oposición, del espionaje ilegal) que dejaron en evidencia la connivencia entre Marcelo D’Alessandro, funcionario cercano a Larreta, y diversos operadores judiciales y empresarios.

Ese mismo día el presidente de la nación hizo público el siguiente comunicado en el que deja constancia de su posición (fuente: Perfil, 1/1/023):

“Estamos iniciando un nuevo año. Dejamos atrás otro que nos deparó alegrías, pero que también nos impuso las exigencias propias de una pandemia que no termina y una guerra que nos condiciona poniendo en crisis el desarrollo que tanto necesitamos. Contra los pronósticos de muchos, hemos logrado cumplir con los objetivos económicos que nos habíamos trazado. Trabajamos en ordenar las cuentas fiscales y logramos que nuestro déficit no supere el número que teníamos programado. Pudimos hacerlo en una economía pujante que ha permitido que nuestro producto bruto interno acabe creciendo muy por encima del 5%. En este año que termina habremos registrado un récord de inversiones y de exportaciones. Pudimos sortear la falta de divisas y nuestras reservas de libre disponibilidad han crecido significativamente. El empleo también ha crecido. Desde nuestra llegada al gobierno, el empleo registrado del sector privado creció un 4,1%. Esa cifra contrasta en mucho con los cuatro años que nos precedieron en los cuales el empleo registrado privado se contrajo el 3,5 % expulsando de sus empleos formales a casi 220 mil trabajadoras y trabajadores. Registramos hoy una tasa de desempleo del 7,1% que se presenta como la segunda más baja desde 2003. A la vez, 21 provincias de Argentina observan tasas de desempleo ínfimas. El trabajo sigue creciendo en Argentina con un modelo de desarrollo y ordenamiento fiscal.

Tenemos por delante dos desafíos importantes. El primero, seguir trabajando para que la inflación que heredamos y que se potenció con la guerra desatada, siga su camino descendente. El segundo, mejorar los ingresos de los que trabajan que han padecido una pérdida significativa en los cuatro años que precedieron a nuestra llegada. Ocuparnos primero de los últimos sigue siendo nuestro compromiso. Terminamos el año disfrutando el éxito de nuestra Selección Nacional de Fútbol. La merecida obtención del título que durante tanto tiempo nos resultó esquivo llenó de alegría a la Argentina en pleno. Toda nuestra gratitud para el plantel de jugadores y para el equipo técnico. Nos han demostrado lo que somos capaces de hacer unidos cuando el valor de las convicciones asoma en nosotros.

Aun cuando todo lo dicho nos da la tranquilidad de saber que estamos en el camino correcto, recientemente han quedado al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una República que dice querer preservar el Estado de Derecho. En los últimos meses hemos visto un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina. Diversas publicaciones jamás contradichas, han dejado al descubierto lo que desde hace mucho tiempo vengo advirtiendo: el vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia. Ya no necesita de ningún análisis especial. Las conductas, los diálogos entre funcionarios judiciales y políticos de la oposición en los que se anticipan decisiones y recomiendan fundamentos políticos para ser usados a la hora de decidir judicialmente casos con trascendencia institucional indudable, han quedado impúdicamente expuestos ante el asombro generalizado.

Al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitucional en cuanto de mí dependiere. Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional. Es mi deber promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica. He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal. También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo.

Aspiro a que en este año que se inicia, mientras estemos celebrando los cuarenta años de democracia, nos pongamos de acuerdo de una vez y para siempre en construir un Estado de Derecho en el que la justicia castigue a los auténticos responsables sin que medien pactos de impunidad y en el que la política olvide para siempre las prácticas corruptas que tanto daño a su credibilidad le han causado. Sepan que cumpliré mi juramento y haré observar la Constitución”.

Este documento pone en evidencia el deseo del presidente de competir por su reelección en el año que acaba de comenzar. Para Alberto la economía no paró de crecer desde que asumió el 10 de diciembre de 2019. Miente de manera descarada. Al despuntar el 2023 la mitad del pueblo tiene serios problemas para llegar a fin de mes, la inflación no da tregua y los sueldos son raquíticos. Según el presidente la inflación es culpa de Macri y de la decisión de Putin de invadir Ucrania. Su autocrítica es nula. Ninguna mención a la emisión descontrolada de billetes, causa fundamental de la inflación.

El presidente está convencido de la connivencia entre el Poder Judicial y la oposición. Para probarlo hizo referencia al escándalo que tiene como protagonista nada más y nada menos que al funcionario de Larreta encargado de velar por la seguridad de los porteños. Que existe semejante connivencia nadie puede negarlo. Pero para hacer honor a la verdad histórica, si hubo una fuerza política que mantuvo relaciones carnales con la Justicia fue-y sigue siéndolo-el peronismo. Basta con rememorar la decisión de Carlos Menem de elevar el número de miembros de la Corte para tener garantizado el voto de la mayoría automática que le dio apoyo legal a las polémicas decisiones que tomó durante su estadía en la Casa Rosada.

Repercusiones en la oposición

Uno de los primeros en reaccionar luego de conocerse el documento presidencial fue el diputado del espacio Consenso Federal Alejandro Topo Rodríguez, quien manifestó: “Argentina inicia el año 2023 con una mala novedad, el Presidente de la nación intenta remover al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Así como se han venido acumulando pedidos de Juicio Político al Presidente Alberto Fernández, sin fundamentos sólidos y por pura especulación política, en este caso sucede algo similar”. Luego de afirmar que los argumentos esgrimidos por el presidente carecen de rigor, afirmó: “El gobierno comienza 2023 trastabillando. Habrá que obligarlo, democráticamente y de manera respetuosa, a que encuentre el mejor sendero en este año corto, complejo y decisivo” (fuente: Perfil, 2/2/023).

Por su parte, Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en la Cámara Baja, exclamó: “Alberto Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la CSJN con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos. Un apriete infame para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y buscar impunidad”. “Para el presidente revisar la Justicia es que la Justicia sea un brazo de las necesidades del poder, es decir, que le garantice impunidad”. “Revisar la Justicia es revisar un pasado que está vinculado a la impunidad del kirchnerismo. Alberto Fernández lo que ha hecho es ofrendarle una vez más una acción a la Vicepresidenta que le dé algún grado de satisfacción en términos de desgaste” (fuente: Infobae, 2/2/023).

Apoyo de gobernadores del PJ

El martes 3 la mayoría de los gobernadores del PJ apoyaron explícitamente el pedido de juicio político a la Corte formulado por el presidente de la nación. El encuentro con Alberto tuvo lugar en la Casa Rosada y participaron los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de San Juan, Sergio Uñac. También participaron los vicegobernadores de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; y de Catamarca, Rubén Dusso. Cabe acotar que los gobernadores de esas provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, lo hicieron a través de una videoconferencia. En la reunión el presidente estuvo flanqueado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro del Interior, Wado de Pedro.

Luego de la reunión y en conferencia de prensa hizo uso de la palabra Jorge Capitanich, uno de los voceros preferidos de Cristina Kirchner. “Junto a gobernadores, vicegobernadores, vicegobernadoras y gobernadoras hemos tenido una reunión con el Presidente de la República con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “El Presidente, con la mayoría de gobernadores y gobernadoras, hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos que pueden sintetizarse en la violación de la Ley de Ética Pública y el mal desempeño a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26080 después de más de 16 años de vigencia y la restitución de la Ley 24.937”. “En ese contexto, conjuntamente con el fallo que favorece a CABA, nosotros observamos efectivamente en esta Corte Suprema, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, una manifiesta parcialidad”. Capitanich consideró que esa parcialidad “significa que los fallos que hemos observado favorecen a una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales: deben ser custodios y guardianes de la constitución pero lo que observamos es que los argentinos y argentinas no pueden estar tranquilos en términos de salvaguarda de la vida, patrimonio, honor y libertad con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la constitución y sobre todo los principios republicanos y federales de gobierno” (fuente: Página/12, 3/1/023).

Emerge en toda su magnitud el carácter político de la pulseada entre el gobierno nacional y la Corte Suprema. Para el FdT los miembros de la Corte son militantes macristas, ejercen su función en sintonía con los intereses políticos de la oposición. Para Juntos por el Cambio, por el contrario, la embestida del gobierno contra la Corte sólo tiene como objetivo reemplazar esta Corte por otra que se a permeable a sus intereses.

La pulseada con la Corte amenaza, por ende, con situarse en la cúspide de las banderas que serán flameadas por el oficialismo y la oposición en la feroz campaña electoral que se avecina.

Anexo

Parecen olvidar…

No es bueno el clima que se está viviendo en el país. La presidenta de la nación es el blanco de innumerables ataques, muchos de ellos arteros, lesivos del espíritu de tolerancia que debe reinar en una democracia. Hay un sector del pueblo, bastante importante numéricamente, que está obsesionado con la caída del gobierno nacional. No quiere esperar hasta el año que viene cuando se celebren los cruciales comicios de medio término. Quiere que Cristina se vaya del poder mañana mismo, que se nombre un gobierno provisional y que se adelanten cuanto antes las elecciones presidenciales. Este sector aboga lisa y llanamente por el golpe de estado. Como las fuerzas armadas dejaron de ser hace un largo tiempo el instrumento ideal para ese trabajo sucio, ahora ese sector del pueblo se ve obligado a dar la cara, a salir a la calle para gritar como desaforado su desprecio por la democracia como filosofía de vida. Son los nostálgicos de la paz de los cementerios. Añoran los años dorados del orden, la seguridad y los buenos modales. Los caceroleros, apoyados por el monopolio mediático concentrado y los referentes del arco opositor, quieren derrocar a la presidenta de la nación. Así de sencillo, así de dramático. Son golpistas y se vanaglorian de ello. Como no soportan más a Cristina, le exigen que dimita. ¡Lo que darían por contar con la ayuda de algún militar para recrear “aquellos viejos buenos tiempos”!

En la Argentina el golpe de estado fue considerado durante medio siglo “algo natural”. El 6 de septiembre de 1930 Hipólito Yrigoyen, quien había sido plebiscitado dos años antes, fue destituido por un grupo de cadetes mientras el orden conservador celebraba con champagne. Trece años más tarde, el GOU hizo un golpe de estado de innengable tendencia antidemocrática. El peronismo fue su hijo dilecto. Perón, que había sido golpista en 1930 y 1943, tuvo la genialidad de hacer congeniar en una causa común a las fuerzas armadas, la Iglesia y al movimiento obrero, dando origen al peronismo como movimiento político. En septiembre de 1955, el antiperonismo lo derrocó dando comienzo a un largo período plagado de intolerancia, fanatismo y odio ideológico. Durante el exilio de Perón fueron derrocados Frondizi e Illia para beneplácito de Perón, quien sabiamente manejaba los hilos de la política argentina desde su exilio madrileño. El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas se adueñaron nuevamente del poder instaurando la dictadura más deletérea de nuestra historia. Con la asunción de Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 culminó la etapa comenzada en septiembre de 1930 donde se produjeron los golpes de estado clásicos. Durante la etapa democrática posdictadura militar, se produjeron golpes de estado de otra índole: los económicos. Raúl Alfonsín se vio obligado a entregar anticipadamente el poder porque la hiperinflación que se había desatado amenazaba con devorar su gobierno. A diferencia de los golpes de estado clásicos, el que tumbó a Alfonsín tuvo como protagonistas a los grupos económicos concentrados. Doce años más tarde, el que sufrió un golpe de estado de esta índole fue Fernando de la Rúa, quien abandonó la Casa Rosada en helicóptero mientras el país se incendiaba. A los pocos días, Rodríguez Saá se tuvo que ir de la presidencia porque el peronismo le había bajado el pulgar.

Entre 1930 y 2001 sufrimos golpes de estado encabezados por las fuerzas armadas, golpes de estado económicos, hiperinflaciones, terrorismo estatal, guerrilla, saqueos y una guerra perdida. Somos, qué duda cabe, un país de sobrevivientes. El país fue saqueado económicamente por una clase dirigente corrupta y venal ante la pasividad de una sociedad adormecida y domesticada. Entre 1930 y 2001 sufrimos demasiado. Mucha fue la sangre derramada. Recién comenzamos a vivir en democracia cuando Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983. A partir de entonces, comenzamos lentamente a saborear las mieles democráticas. De a poco nos acostumbramos a votar cada dos años y a observar el traspaso del poder según lo estipulado por la constitución nacional. A pesar de que el país era un volcán, no dejó de emocionar ver a Alfonsín poniéndole la banda presidencial a Carlos Menem, su legítimo sucesor. La última vez que un presidente democrático le había entregado la banda presidencial a otro presidente democrático había sido en 1928, cuando Alvear le entregó la posta a Yrigoyen. ¡1928! Tuvieron que pasar décadas para que ello volviera a contecer. Ese largo período evidencia el escaso apego del pueblo por la democracia. Porque siempre hay que tenerlo presente: los golpes destituyentes fueron posibles porque contaron con el visto bueno de la mayoría del pueblo. No se trató de golpes de estado militares sino cívico-militares.

Lo que para una democracia desarrollada es natural y lógico, el traspaso pacífico del poder, para democracias endebles y raquíticas como la nuestra continúa siendo algo relevante. En las democracias desarrolladas, los ciudadanos aguardan el momento estipulado por la constitución para manifestar su deseo de cambio. A nadie se le ocurriría en Estados Unidos, por ejemplo, pretender destituir al presidente porque está disconforme con su gobierno. Espera a que llegue el momento, las elecciones de medio término y las elecciones presidenciales, para exteriorizar su descontento. En Argentina aún no hemos aprendido que en democracia hay que saber respetar los tiempos que impone la constitución. Resulta por demás evidente que hay en el país importantes sectores del pueblo muy enojados con la presidenta de la nación. Lamentablemente, están dispuestos a no esperar hasta el año que viene para “hacer tronar el escarmiento”. Están tan ansiosos por ver destruida a Cristina que no ven la hora de su derrocamiento. Muchos de los caceroleros se preguntan: “¿para qué esperar hasta octubre de 2013, fecha de las elecciones de medio término, si podemos terminar con esta pesadilla ahora?” No se dan cuenta o, mejor dicho, no les importa, que no respetar los tiempos de la democracia atenta contra su espíritu. Son tan egoístas que con tal de ver saciada su sed de venganza, son capaces de tirar por la borda lo que tanto costó edificar. Parecen olvidar que el país pagó un altísimo precio por vivir en esta democracia endeble, imperfecta, defectuosa, pero democracia al fin: que durante décadas la violencia y el odio impusieron sus códigos, lo que nos condenó a una pesadilla que pareció en un momento no tener fin: que sólo a través de las urnas el pueblo expresa pacíficamente su voluntad; que el desprecio por las normas constitucionales nos condujo al borde de la disolución social. Parecen olvidar que la democracia argentina se edificó sobre miles y miles de compatriotas que fueron asesinados, sobre demasiado dolor y zozobra, sobre demasiada desolación y violencia. Parecen olvidar que entre el insulto descontrolado y el deseo de muerte, y el sonar de las balas hay sólo un paso. Parecen olvidar que sin paz en el alma la Argentina como proyecto colectivo es inviable.

(*) Artículo publicado en Redacción Popular el 1/10/012