Por Hernán Andrés Kruse.-

Mauricio Macri, evidentemente, no sabe perder. Su posterior reacción a la derrota sufrida por Cambiemos en Diputados lo pone de manifiesto. Incapaz de ocultar su ira, el primer mandatario fustigó a aquellos legisladores de la oposición que votaron en contra del proyecto oficial de ganancias. Pese a su promesa electoral de eliminar en su totalidad el impuesto para los trabajadores, dijo en Mendoza que la irresponsabilidad es una mala compañía. De esa forma, el presidente decidió polarizar con el kirchnerismo al sostener que la foto donde aparecen los referentes de los bloques opositores era una “pesadilla”. Rememoró los roles que jugaron cada uno de ellos durante la década kirchnerista mientras sus principales asesores están evaluando diferentes estrategias frente a una probable aprobación de la norma en el Senado. Por su parte, la oposición le hizo beber a Macri de su propia medicina al enrostrarle que varios de sus funcionarios estuvieron en su momento con el kirchnerismo e incluso le recordaron los negocios del clan Macri con el Estado.

El oficialismo maneja dos escenarios posibles. El ala política del gobierno es partidaria de negociar con los gobernadores para impedir que el Senado termine aprobando la norma. Sus integrantes aseguran que aún no se habló de un posible veto presidencial en caso de que los senadores peronistas aprueben el proyecto. Aún apuestan, pues, a que los números en el Congreso finalmente jueguen a su favor para frenar la iniciativa. Aseguran que son muchos los gobernadores que están en contra. Otro sector gubernamental cree que lo mejor para el gobierno es terminar esta cuestión cuanto antes para que el asunto no dañe la imagen presidencial. Ello significa que el macrismo estaría dispuesto a apretar el acelerador a fondo para que la norma sea rápidamente aprobada por el Senado, lo que le permitiría al presidente vetarla, aunque sea de manera parcial. Hay quienes hablan de un veto quirúrgico aunque todavía deben analizar si es factible técnicamente vetar partes de una ley para derribarla en su conjunto. Un referente del oficialismo reconocía en las últimas horas lo piantavotos que podía llegar a ser un veto a la exención a jubilados. Tampoco se privó de criticar a algunos referentes del macrismo en el recinto. “Fue un fallo de Emilio Monzó. Él y Nicolás Massot habían acordado con los gobernadores y a último momento se dieron vuelta 20 votos”, lanzó a manera de acusación. Mientras que la vicepresidente de la nación, en el programa Intratables, reconoció que si el proyecto finalmente es aprobado en la Cámara alta el gobierno se verá obligado a vetarla. Horas más tarde cambió de parecer al afirmar que el gobierno no vetaría la ley si es aprobada por el Senado. Los negociadores macristas se mantienen optimistas. “Los macristas que están hablando de veto no son los que tienen que llevar adelante la negociación en el Senado. Si no, no hablarían de veto”, enfatizaron desde el Ministerio del Interior. Lo cierto es que hay un gran malestar en el gobierno por lo acontecido en Diputados y si bien Cambiemos centró su ira en la figura de Massa, destacaron el rol que jugaron Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe, Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, y Juan Manzur, gobernador de Tucumán.

Las palabras del presidente luego de la derrota en Diputados asombraron por su dureza. “Esta mañana escuchando radio, escuché algo que me pareció muy elocuente: que alguien decía que había tenido una pesadilla, porque de golpe vio imágenes del jefe de Gabinete de Cristina, Sergio Massa; el ministro de Economía de Cristina, Axel Kicillof; el responsable de la Anses, Diego Bossio; el ex gobernador de cristina, Felipe Solá; la ex ministra de Trabajo, Graciela Camaño, todos decidiendo sobre el Impuesto a las Ganancias, del cual no se ocuparon por más de una década, como si los argentinos no tuviésemos memoria”, dijo enojado. Los acusó de “hacer demagogia” y “mentirle a la gente” y enfatizó la poca seriedad del proyecto aprobado. Tampoco se olvidó de los gobernadores: “Espero que el Senado, con los gobernadores le pongan parate a estos intentos que lo único que hacen es desmerecer y desconocer el cambio que se produjo en la Argentina”. Para no ser menos que su jefe, Marcos Peña apuntó directamente contra Sergio Massa: “es la persona menos confiable del sistema político argentino”. Y agregó: “me llama la atención la votación de la diputada Stolbizer” (…) “Muchas veces (los gobernadores) se muestran preocupados porque no llegan a fin de mes por los grandes déficits que tienen las provincias que encabezan desde hace muchos años y acompañaron una votación que genera un enorme perjuicio al fisco”. Las réplicas opositoras no se hicieron esperar. Dijo Camaño que “Macri se olvidó de Lousteau, ministro de Cristina Kirchner; Ocaña, ministra; Prat Gay, presidente del Central, y Monzó, ministro de Asuntos agrarios”. Agregó que “Macri no tiene memoria: fui ministra en 2002 por la crisis generada por sus socios de Cambiemos”. Por su parte, la diputada socialista Alicia Siciliana indicó: “hay que decirle a Macri que no estábamos discutiendo el kirchnerismo sino los derechos de los trabajadores. Si me preguntás si yo estaba contenta con estar al lado de Kicillof la respuesta es no, pero discutíamos el presente y el futuro. Los diputados tenían una orden política de Macri de no negociar nada”. Felipe Solá contó que el martes por la noche se reunieron con dos referentes del oficialismo y que por orden presidencial no votaron un proyecto intermedio. “No sabemos hasta dónde pueden llegar las represalias contra los gobernadores que no le indiquen a sus senadores que voten en contra. Después de tanto criticarlas, se recurre al látigo y la chequera. Si en el gobierno hubiera habido un estadista importante, ayer mandaba a votar a favor”, concluyó el ex gobernador bonaerense quien no oculta su antipatía por el presidente de la nación. Sergio Massa, blanco predilecto de la ira de Cambiemos, aseguró que “había dos proyectos ayer en tratamiento: uno que aumenta a dos millones y medio de personas los que pagan ganancias y otro que fue consensuado por 13 bloques opositores que pretendemos que sólo un millón de personas paguen ganancias”. El ex candidato presidencial Daniel Scioli manifestó que “la oposición, con toda responsabilidad, buscó revertir una transferencia de recursos que se había producido hacia sectores concentrados”. Kicillof rememoró: “tenía 4 años cuando estatizaron la deuda del Grupo Macri, tenía 11 cuando fue el escándalo de Rousselot y las cloacas, después vino lo del contrabando, los negocios de Manliba. Es raro que a Macri la foto le suene al pasado, porque con mis 45 años recuerdo muchas situaciones en las que los Macri vivieron del Estado. Más antiguo que Macri no encuentro”. Señaló que “hace un año Macri dijo que si lo votaban, el impuesto a las ganancias no lo pagaba nadie más. Cuando estábamos en el gobierno defendimos este impuesto. Lo que creemos es que tiene que pagarlo el 10 por ciento que más gana” (…) “El Banco Central va a poner 250 mil millones en intereses de Lebac y es un escándalo nuestro proyecto, que tiene una diferencia con el oficial de entre 10 y 15 mil millones”. Lapidario (fuente: Werner Pertot, “Con poca memoria pero con mucha bronca”, Página/12, 8/12/016).

El presidente de la nación no está pasando por un buen momento, tanto político como personal. En las últimas horas se conoció la noticia de la decisión de la justicia de imputarlo por la emisión de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) bajo la sospecha de que habría manipulado el genuino valor de la divisa. Quizá le sirva de consuelo que también fueron imputados el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Todo comenzó en noviembre cuando un grupo de diputados kirchneristas acusaron al gobierno de Cambiemos de haber puesto en práctica una política económica que no hace más que dañar severamente las arcas del Estado. Los diputados denunciantes son Héctor Recalde, María Teresa García, Carlos Castagneto, Adrián Grana, Carlos Morena, Diana Conti y Rodolfo Tailhade. Los legisladores decidieron concurrir a tribunales luego de la confirmación de la Cámara Federal del procesamiento de Cristina Kirchner en la causa por el dólar futuro. Piensan que si las políticas de fijación del tipo de cambio pueden ser, tal como lo acaba de sostenerla justicia al procesar a la ex presidente, judiciables, en el caso de las Lebacs el daño ocasionado a la población ha sido, en comparación con el dólar futuro, mucho más significativo. Además, en esta oportunidad comenzarían a ser investigados precisamente aquellos (un buen número de funcionarios macristas) que no fueron tenidos en cuenta por el juez Bonadío en la causa del dólar futuro.

La fiscal Paloma Ochoa, quien ayer elevó la imputación, solicitó al juez Rafecas que ponga en funcionamiento todo el mecanismo de pruebas para garantizar el avance de la investigación. Sostuvo que a raíz de una emisión de títulos de deuda pública (interna por medio de los Lebacs y externa por medio de bonos) a la que calificó de “abusiva”, se “habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos”. Destacó que a raíz de “la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado”, los grupos económicos en cuestión “aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores ficticios y sin límite alguno que luego fraguaron del sistema financiero argentino”. Detalló que la maniobra se habría efectivizado por intermedio de dos mecanismos-“uso fraudulento de Lebacs” y “endeudamiento fraudulento”-denunciados por los diputados K. Según la fiscal “se habría utilizado como herramienta para manipular el verdadero valor de la divisa la emisión de más de 685 millones de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) con rendimientos en concepto de tasa de interés que rozaron el 40 por ciento anual en pesos”. Ochoa hizo alusión al fallo de la Cámara Federal porteña en la causa del dólar futuro destacando que también en ese caso lo que está en debate es la “licitud de los instrumentos financieros aquí cuestionados”. En este sentido, hizo énfasis en una parte del voto de los doctores Irurzún y Farah, quienes consideraron que la potestad monetaria para intervenir en el mercado financiero y cambiario no es ilimitada sino que existe una regulación específica a manera de dique de contención. La fiscal solicitó que “se requiera a las entidades correspondientes que informen la nómina de las personas físicas y jurídicas que adquirieron LEBACS durante el plazo comprendido entre el 10 de diciembre de 2015 y el presente”. También pidió que “se solicite al ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación que informe la totalidad de deuda externa emitida desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el presente, debiéndose detallar la tasa de interés fijada en esos bonos, como así también los plazos de su amortización” (fuente: “Llegó el boomerang del dólar futuro”, Página/12, 8/12/016).

Según estimaciones recogidas por Página/12 el proyecto de reforma de Ganancias consensuado tendrá un costo fiscal que oscilará entre los 15 y 18 mil millones de pesos por encima del proyecto oficial. El macrismo había criticado el proyecto opositor con el argumento del desfinanciamiento del Estado y las provincias, argumentando que su costo ascendería a los 30 mil millones de pesos. Sin embargo, el ex ministro Kicillof le aseguró a Página/12 que si se toma en consideración el esquema progresivo de deducciones y los nuevos impuestos implementados, el costo asciende a la mitad de la cifra lanzada por el gobierno. “La diferencia entre el proyecto oficialista y éste es menos que la plata que le perdonó el gobierno a las empresas eléctricas”, dijo el diputado K a manera de reproche. Explicó que el proyecto macrista contemplaba un costo de 50 mil millones de pesos, el del massismo ascendía a los 88 mil millones y el del kirchnerismo alcanzaba los 108 mil millones. Finalmente, la iniciativa consensuada mantuvo la propuesta del Frente Renovador. Dijo Kicillof: “a grandes rasgos, hay muchas hipótesis de cuánto se van a mover los salarios y cómo van a funcionar las deducciones, porque más allá de los porcentajes habrá que ver qué hacen las familias”. Lo bueno de la compensación proviene del hecho de que quienes cobran menos estarán en condiciones de deducir más y viceversa. Es un esquema progresivo que le permite al fisco ingresar 20 mil millones de pesos. También se prevé lo que se recupere por IVA al consumo, a partir de que una mayor disponibilidad de dinero (que no se tributa) dinamizará la demanda interna, es decir, fogoneará el consumo. Por cada peso que no se cobre en Ganancias, calculan algunos, 65 centavos serían los destinados al consumo. Se calcula, entonces, un ingreso por IVA y otros impuestos que oscila entre los 15 y 20 mil millones de pesos adicionales (fuente: Cristian Carrillo, “No tanto como el gobierno calcula”, Página/12, 8/12/016).

El proyecto opositor de Ganancias recibió el okey de los economistas heterodoxos y generó rechazos de aquellos economistas ligados al establishment financiero. Una buena señal, sin dudas. La decisión de gravar los plazos fijos y Lebacs para garantizar el financiamiento de los cambios introducidos en Ganancias encendió muchas chispas. Quienes están a favor del proyecto sostienen que se trata de un mecanismo distributivo que induce a la gente a consumir y no a ahorrar. Quienes están en la vereda de enfrente aseguran que no hace más que fomentar la dolarización y desincentivar la inversión. Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación (CCC), explicó a Página/12 que “la idea de la ley, aunque llega con algo de retraso, plantea puntos importantes y tiene algunos elementos de fuerte simbolismo como el cobro de impuestos sobre los activos financieros. A mediano plazo, interesa la posibilidad de agrupar a la oposición para avanzar en reformas tributarias mucho más integrales que generen un cambio profundo para el sistema de recaudación”. Consideró que “una de las claves es volver a pensar en grandes reformas estructurales, que contemplen impuestos para sectores exportadores y por qué no un gravamen sobre la herencia”. Sostuvo además que si se decidiera cobrar un tributo sobre activos financieros (plazos fijos y Lebacs) no implicaría un problema para los mercados. “La bolsa no tuvo caídas fuertes ni nada de eso. El argumento de que no se puede gravar la renta financiera porque provoca incertidumbre es totalmente falso”. Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, le dijo a Página/12 que “el hecho de gravar la renta financiera es equitativo. Los que no quieren ponerle un impuesto a las finanzas dicen que nunca es un buen momento. Pero esto permite recaudar sobre los que más tienen y en todos los países desarrollados las personas tributan sobre las ganancias financieras” (…) “la medida no afecta a los pequeños y medianos ahorristas, con depósitos a plazo fijo inferiores al millón y medio de pesos. El miedo a que haya corrida de depósitos y ese tipo de eventos es infundado. Además, en forma indirecta, el impuesto sobre estos activos puede darle algo de impulso al consumo, con individuos que decidan gastar estos recursos en lugar de comprar Lebacs”. Eduardo Levy Yeyati, director de la consultora Elypsis, opina distinto: “No hace falta ser economista para ver que un impuesto a la renta nominal de un plazo fijo sin ajuste por inflación invita a dolarizar”. Aseguró que frente a este panorama el Banco Central se vería obligado a subir las tasas de interés para que los inversores poseedores de Lebacs y otros activos en pesos se vuelquen a la dolarización. Esta suba de la tasa de interés podría afectar seriamente la actividad económica ya que enervaría todo tipo de incentivos para la inversión. “La oposición responsable duró 9 meses”, sentenció (fuente: Federico Kucher, “Rentas en debate”, Página/12, 8/12/016).

El dólar volvió a hacer de las suyas. El miércoles 7 cerró a 16,19 pesos, lo que implica un incremento de 6 centavos a lo largo de la jornada. El dólar mayorista se ubicó en 16,02 pesos (un avance de 8 centavos) y el paralelo alcanzó los 16,30 pesos (un aumento de 12 centavos durante el día de ayer). La plaza cambiaria viene siendo sacudida por varias tormentas, especialmente tras el sorpresiva (¿o no tanto?) triunfo de Donald Trump en los comicios norteamericanos. Ahora se le debe agregar la incertidumbre política lo que induce a los inversores a dolarizar una parte de sus carteras. Una vez más la población comenzó a perderle confianza a la moneda. Durante la semana el Banco central tomó la decisión de mantener la tasa de interés de las Lebacs en 24,75 por ciento, pero ello no logró frenar la subida del dólar 9 centavos a partir del viernes. El Banco Central cuenta con 36.817 millones de dólares en concepto de reservas, lo que indica un aumento de 223 millones en relación con el martes pasado. La autoridad monetaria dio a conocer el Informe Monetario Mensual correspondiente a noviembre. Las deudas por tarjeta de crédito alcanzaron los 13 mil millones de dólares mientras que el agregado monetario M2 privado superó los 60 mil millones de dólares. Por su parte, los préstamos relacionados con las tarjetas de crédito subieron un 28,8 por ciento en noviembre en relación con el mismo mes del año anterior en un escenario inflacionario complicado (40 por ciento). Los préstamos personales se incrementaron un 33,9 por ciento lo que evidencia la fuerte desaceleración del consumo durante 2016. Por último, gracias al blanqueo los depósitos en moneda extranjera del sector privado subieron en 4300 millones de dólares el mes pasado y 8000 millones en los últimos tres meses. Ello explica por qué en noviembre tales depósitos cerraron en 20.900 millones de dólares. El documento señaló que “es el mayor nivel desde 2002, impulsados por la exteriorización de fondos en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal” (fuente: “Trepada no apta para risas”, Página/12, 8/12/016).

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