Una situación política e institucional extremadamente grave

La algarabía popular desatada por la consagración de la selección en Qatar duró exactamente tres días. El jueves 22 el gobierno respondió a través de un comunicado la resolución cautelar dictada por la Corte Suprema que dispuso que el gobierno destinara el 2,9% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El comunicado expresa lo siguiente (fuente: Página/12, 22/12/022):

“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016. En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe. Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.

«En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad. Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis´ de la resolución cautelar dictada. Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ´in extremis´ de la misma.

Se trata de un hecho sin precedentes en la historia política argentina. Alberto Fernández decidió desafiar a la Corte Suprema, máxima autoridad de uno de los poderes del estado: el judicial. Según el presidente, detrás del fallo de la Corte se esconde el propósito de ayudar económicamente a Horacio Rodríguez Larreta, quien desde hace tiempo comenzó su campaña electoral.

Consciente o no, Alberto Fernández no hizo más que subir a Larreta al centro del ring. Al hacerlo, no hizo más que perjudicar a Patricia Bullrich y el propio Mauricio Macri, los halcones de Juntos por el Cambio. Pero también perjudicó a uno de los referentes del FdT, cuyas ambiciones presidenciales son inocultables. Me refiero al ministro de Economía Sergio Massa, que poca gracia le debe haber hecho el desafío de su jefe a los supremos.

Rápido de reflejos el jefe porteño salió con los tapones de punta. Al día siguiente Larreta afirmó en conferencia de prensa: “Ayer el presidente decidió no acatar el fallo de la Corte Suprema, algo gravísimo. Esto no es contra la ciudad, es quebrar el orden constitucional”. “Desde el 83 que no hay antecedentes de este tipo. El kirchnerismo busca anular la Justicia”. “Vamos a hacer una presentación frente a la Corte y vamos a denunciar a los organismos que quieren incumplir el fallo”. “Me sorprende que algunos gobernadores apoyen al presidente en este ataque a la justicia. Ellos saben el peligro que esto supone”. “Este fallo no afecta a las provincias, lo dice explícitamente. Cuando nos sacaron la coparticipación, el gobierno no le dio nada a las provincias, sólo a la provincia de Buenos aires”. “Si el presidente se deja presionar por la vicepresidenta es problema de él” (fuente: Perfil, 23/12/022).

La decisión del presidente de no acatar el fallo de la Corte exasperó a los principales referentes de la oposición. Mario Negri, por ejemplo, acusó a Alberto Fernández y los gobernadores del PJ que lo apoyan de atentar contra el orden constitucional, de hacer apología de la sedición. Por su parte, Patricia Bullrich sentenció: “Lo que hacen es que Argentina viva en la ley de la selva y no lo vamos a aceptar porque sabemos cómo termina esta experiencia. Los gobernadores dicen una estupidez, este dinero siempre ha sido neutro. Es política la decisión que han tomado” (fuente: Perfil, 23/12/022).

Confieso que me sorprendió la decisión del presidente de desafiar de esa manera a la Corte Suprema. Seguramente contó con el apoyo de la vicepresidenta de la nación, enfrentada con el poder judicial desde hace mucho tiempo. Pasó el fin de semana y el lunes Alberto Fernández reculó. Desde su cuenta de Twitter manifestó: “Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra constitución nacional”. Sin embargo, aclaró que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”, por lo que aseguró haber dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley (fuente: Página/12, 26/12/022). Dicho remedio consiste en el pago de la cautelar con bonos. Horas más tarde Rodríguez Larreta aseguró que el gobierno continuaba desacatando el fallo con su decisión de transferir títulos de deuda a CABA. La diputada nacional María Eugenia Vidal dijo: “Paguen como ordenó la Corte Suprema, no con bonos, dejen de hacer trampa, eso es justicia” (fuente; Perfil, 26/12/022). Finalmente el gobierno porteño dio a conocer el siguiente comunicado (fuente: Perfil, 26/12/022):

“El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, la reciente decisión del Gobierno Nacional no modifica el accionar de la Ciudad.

  1. Se presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo.
  2. Se instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo.

La Corte resolvió que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación son extrapresupuestarios, se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento.

Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes los fallos se cumplen, no se interpretan”.

Cuesta creer que un político experimentado como Alberto Fernández haya reculado de esa manera. Porque al hacerlo no hizo más que ganarse la antipatía tanto de la oposición como del propio oficialismo, especialmente del cristinismo. ¿Por qué el presidente dio marcha atrás? ¿Acaso no midió las consecuencias que semejante decisión traería aparejadas? Si no lo hizo puso en evidencia un grado de irresponsabilidad política impropia de un presidente. Si lo hizo entonces cabe sospechar que ante el hecho consumado sintió temor por las consecuencias. Entonces cabe formular la siguiente pregunta; ¿qué sentido tuvo desafiar a la Corte Suprema?

El martes 27 Cristina Kirchner habló en Avellaneda. Era su reaparición pública luego de la condena por la causa Vialidad. Sus párrafos más salientes fueron los siguientes (fuente: Perfil, 28/12/022): “Ni renunciamiento ni autoexclusión, es proscripción”. Se trata de “un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina”. “Cuando uno decide mejorar la distribución del ingreso en un país, afecta intereses, naturalmente. Hay alguien que no va a ganar tanto, y por lo tanto genera resistencias, molestias y represalias”. “El miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política”. “Lo vemos en esta decisión de la coparticipación donde le van a dar para la campaña electoral al jefe de gobierno de la Ciudad, que seguramente va a ser el candidato de la oposición, le van a incrementar lo que tiene en seis presupuestos de la localidad de Avellaneda”.

“Necesitamos que vuelva a haber un árbitro en serio del Poder Judicial en la República Argentina que aplique el derecho y que tenga la garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas de que todos son iguales ante la ley. Esto no existe hoy y es grave”. “Las leyes no pueden suspenderse. El único que puede suspender una ley es el Congreso, que es el que la sanciona. El Poder Judicial solamente puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible”. “Hay un artículo que publicó Raúl Zaffaroni, se los recomiendo, lo voy a publicar seguramente mañana en mis redes, sobre el tema de lo que está pasando en la Argentina: no estamos ante un hecho antijurídico, estamos ante un hecho ajurídico. Es como que hubiera desaparecido el estado de derecho”. “Que a 40 años de la recuperación de aquella democracia, hoy veamos a esa democracia con un estado paralelo, capturada por las mafias, administrada por las mafias, creo que no es justo ni para los que sufrieron las consecuencias de la dictadura ni tampoco para los millones de argentinos que siguen apostando a que la democracia es la mejor manera de vivir entre nosotros”.

La vicepresidenta acaba de reconocer públicamente el fracaso del gobierno en materia judicial. ¿En qué quedó la tan mentada reforma judicial? Porque si Cristina reconoce que el poder judicial está en manos mafiosas, cabe que nos preguntemos lo siguiente: ¿por qué el gobierno no les declaró la guerra desde el comienzo?

El miércoles 28 el presidente visitó los estudios del canal C5N para entrevistarse con el periodista Gustavo Sylvestre. Para sorpresa de muchos (me incluyo) Alberto Fernández renovó sus ataques contra la Corte Suprema. Expresó lo siguiente (fuente: Perfil, 28/12/022): “Para poder cumplir con un fallo tengo que tener los recursos para poder afrontarlo. La solución que tengo es que el Congreso me amplíe el presupuesto, o cree nuevos impuestos. Pero la sentencia es incumplible en los términos que la Corte ha dicho”. “Si cumplo con el fallo de la Corte, incumplo con la ley de presupuesto que dice que no pague”. “Lo que ha hecho la Corte es algo torcido, no es derecho”. “La Ciudad de Buenos Aires no es parte de la coparticipación, no está en la ley. No está en la discusión. El error conceptual enorme de la Corte es que dice que tiene que cobrar 2,95% en concepto de coparticipación, cuando no está incluida la coparticipación. Es una transferencia lo que tiene”.

Lo que ha hecho la Corte es actuar al margen de la ley, acusó el presidente en los estudios de C5N. Si ello es así no se vislumbra en el horizonte una solución al conflicto. Lo real y concreto es que hasta ahora el gobierno no ha obedecido el fallo de los supremos, fogoneando una guerra entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de impredecibles consecuencias.

La situación política e institucional es extremadamente grave. El estado derecho está en juego, es decir, la posibilidad de vivir en democracia, en esa democracia liberal consagrada por la constitución. Está en juego la posibilidad de vivir en paz y armonía. Lamentablemente, ni el gobierno ni la oposición están a la altura de la circunstancias. Ambos coinciden en ser unos fieles exponentes de aquella mediocracia denunciada por Ingenieros hace más de un siglo.

Hernán Andrés Kruse

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Epicardio
1 month ago

Hasta cuándo vamos a seguir aguantando que dos maléficas personas como don los fernández, sigan intoxicando al país y al pueblo todo. Es ya intolerable…

ANTIPERONISTA A MUERTE
ANTIPERONISTA A MUERTE
1 month ago

¿ HABRÁ, ENTRE LOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE

ARGENTINOS DE «ESTA ARGENTINA GRANDE DE PERÓN»

ALGUIEN TAN DESPROVISTO DE MATERIA GRIS QUE

TODAVÍA PRESTE OÍDOS A LO QUE DIGA EL REY DE LOS

PELOTUDOS ALBERTO FERNÁNDEZ ? .

QUIEN TENGA NOTICIAS DE ALGÚN RARO ESPÉCIMEN

QUE OSTENTE ESA CARENCIA DE NEURONAS, SERÍA

BUENO QUE LO INFORME PARA QUE TODOS PODAMOS

CAGARNOS DE RISA Y LUEGO COMPADECERLO.