Por Carlos Tórtora.-

A 10 días de la primera vuelta, un intenso conflicto se desarrolla silenciosamente en el seno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en torno a los 4000 millones de pesos destinados a gastos electorales que fueron transferidos desde el Ministerio de Interior y Transporte desde que Florencio Randazzo cayó en desgracia a partir de negarse a renunciar a su precandidatura presidencial y aceptar la candidatura a gobernador de Buenos Aires que le ofrecía CFK. Para empezar, el Director Nacional Alejandro Tullio , el funcionario clave en el proceso electoral, no se habla con el Ministro de Justicia Julio Alak, su actual superior y un grupo de funcionarios de La Cámpora tomó el control de la organización de los comicios y del reparto de fondos.

Lo significativo es que en las últimas semanas empezaron a registrarse retrasos graves e injustificados en los pagos electorales. Por ejemplo, la mayor parte de los presidentes de mesa que trabajaron en las PASO no habrían cobrado todavía sus gastos y, lo que es más grave, estaría demorada la entrega de fondos para la impresión de boletas de unos cuantos partidos, generando esto protestas y creciente nerviosismo entre la dirigencia opositora. Las desprolijidades en curso irían más lejos, ya que tampoco se habrían liberado los pagos correspondientes a la organización de las elecciones del 25 O al Correo Argentino ni a la empresa española INDRA, encargada de los computos provisorios.Otro dato significativo es que Alak parece ausente del tema electoral, como lo reveló su ignorancia la noche de las PASO, cuando habló de que las primarias eran obligatorias y “secretas”. El hombre fuerte del Ministerio, Julián Álvarez, tampoco parece estar muy dedicado al problema electoral, ya que se encuentra consagrado a su candidatura a intendente de Lanús. El control del proceso electoral estaría entonces en manos de un grupo de funcionarios de La Cámpora. Entre ellos se destaca la Subsecretaria de Asuntos Electorales, Diana Solange Quiodo, y la Directora de Campañas Electorales, Lic. María Lía Ghezzi.

Sobran sospechas

Tres semanas atrás, la Cámara Nacional Electoral dictó una acordada adoptando 30 medidas de control excepcionales para garantizar la transparencia de los comicios. Las maniobras actuales con los fondos electorales marcan, al revés, un enrarecimiento del clima, sin que existan explicaciones claras. Las sospechas, inevitables en este caso, mencionan, por ejemplo, que estaría en marcha un intento de malversar fondos electorales asignándolos a otros fines, para dejarle al próximo gobierno el “muerto” de tener que hacerse cargo de las deudas con los partidos y las empresas que ahora se acumulen. Dos semanas atrás, CFK firmó un decreto disponiendo el traspaso de los fondos electorales de Interior y Transporte a Justicia, porque las funciones, curiosamente, ya habían sido traspasadas tiempo atrás, pero sin el presupuesto correspondiente. En otras palabras, que el dinero está ahora efectivamente en jurisdicción de Alak.

También se menciona que operadores de la campaña de Sergio Massa habrían recibido una suma multimillonaria por parte del gobierno nacional para que el tigrense le arrebate votos a Mauricio Macri en la parte final de la campaña y crear la imagen de que éste puede quedar tercero. Otros beneficiarios de la generosidad oficial serían -por distintos conductos- Adolfo Rodríguez Saá y Margarita Stolbizer. El primero, para que atesore votos peronistas que, por ser opositores, podrían ir a CAMBIEMOS, y la segunda, para que traccione a la masa de radicales que sigue repudiando la alianza de Ernesto Sanz con el jefe de gobierno.

Sea como fuere, el desorden atual en las cuentas eletorales puede ser cualquier cosa menos casual. Es que el gobierno, con el riesgo encima de tener que enfrentar un ballotage, difícilmente deje ningún detalle librado al azar.

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