Por Carlos Tórtora.-

El gabinete económico está envuelto en la interna protagonizada entre Martín Guzmán y Miguel Pesce, sobre la convergencia de las tasas de interés y la brecha entre las Leliq y los pases. El mercado, mientras tanto, se prepara para una probable megadevaluación. Desalentado por el impacto negativo que tuvieron las últimas medidas económicas, Alberto Fernández se abraza ahora a la perspectiva de un acuerdo rápido con el FMI que ayude a estabilizar la economía. Las conversaciones se aceleraran con la llegada al país de representantes del Fondo: la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack; el jefe de misión para Argentina, Luis Cubeddu, y el representante residente del FMI en Argentina, Trevor Alleyn. La gravedad de la situación económica se explica en buena medida por la crisis política. El ascenso de la imagen negativa de AF va acompañado por la pérdida de credibilidad del gobierno, lo que provoca recurrentes versiones sobre un cambio de gabinete que se demora.

Otro factor que juega decididamente es la convicción generalizada de que el presidente ha estrechado filas con su vicepresidenta. Sin duda alguna, la clase media valora negativamente el acuerdo en la cúspide del oficialismo. Y se da entonces la paradoja de que las expectativas -ahora frustradas- apuntaban a que AF profundizara su desacuerdo con ella hasta vaciarla de poder. La realidad es que la gestión de gobierno se parece cada vez más a la segunda presidencia de Cristina Kirchner y el alineamiento de Alberto con ella ha oxigenado enormemente a Juntos por el Cambio.

Ahora el presidente, también en función de los objetivos de ella, se compró una crisis innecesaria con la justicia. Fiel a su estilo de redoblar la apuesta, Cristina respondió a la admisión del per saltum de los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli por la Corte, con el pedido de juicio político al presidente de la misma, Carlos Rosenkrantz, firmado por la diputada K Vanesa Siley. Tal como están las cosas, el único modo de desescalar el conflicto sería que los ministros de la Corte se pronuncien contra los tres jueces, lo que a esta altura es improbable. En caso de que el fallo sea favorable a los jueces, el conflicto de dos poderes contra el restante ingresaría en una etapa más crítica. Y AF podría verse arrastrado a una situación difícil de controlar. Para la vicepresidenta, un fallo adverso de la Corte sería un desafío inaceptable para su poder, lo que quiere decir que -según la lógica amigo enemigo- no cabría otro camino que la confrontación total.

Todos unidos

Alicaído y con escasos reflejos, AF está recurriendo a la peronización como una forma de recomponer su poder. Su presencia en la CGT el próximo 17 formalizará su pacto con los gordos a través de José Daher. Paralelamente, la cúpula del PJ, con José Luis Gioja a la cabeza, empezó el operativo clamor para que Alberto acepte la presidencia del partido, que debería elegirse el próximo 20 de diciembre. Como ha ocurrido más de una vez, el puntano Alberto Rodríguez Saá salió a plantear su propia candidatura. Esta súbita peronización presidencial sería vista con desconfianza por Cristina y su entorno. Allí piensan que el fiel Alberto debería concentrarse exclusivamente en la gestión y dejar que el peronismo apoye al gobierno sin mayor participación en la toma de decisiones. Pero la dirigencia peronista -sobre todo los gobernadores e intendentes- saben que el gobierno está débil y se preparan para pasar la factura. Para La Cámpora, el 2021 debería ser el año del avance del cristinismo sobre buena parte de las bancas que hoy controla el peronismo tradicional. Pero si el gobierno llega al tiempo electoral con el actual ritmo de desgaste, no sólo debería recurrir al folklore peronista para ganar las elecciones, sino que también tendría que negociar con los intendentes del conurbano la composición de las listas.

A todo esto, el oficialismo no para de desatar conflictos y la guerra contra Horacio Rodríguez Larreta sigue en el terreno de la corrupción. La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que una empresa que ganó contratos por US$330.903 con el Ministerio de Salud porteño sería una fachada interpuesta para ocultar a los verdaderos ganadores del negocio. La Ciudad dice que calificaba como proveedor y se trata de la empresa Grupo DVU SAS, adjudicada con dos compras directas de 210 mil barbijos tricapa por $22.630.000, equivalentes a US$330.903 (al valor del dólar oficial al momento de las transacciones), según las publicaciones del Boletín Oficial porteño. Para el organismo fiscalizador, la empresa sería una fachada para ocultar a los verdaderos ganadores del contrato, según la resolución. La denuncia tiene interés por cuanto es la primera envestida directa del kirchnerismo contra el jefe de gobierno, lo que habla de que estamos frente a la posibilidad de una escalada.

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