Por Carlos Tórtora.-

Mientras María Eugenia Vidal está haciendo de la captación de intendentes peronistas el principal eje de su gestión, en un nivel menos visible, el Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, ex socio y mano derecha de Francisco de Narváez, avanza sin prisa y sin pausa sobre las principales decisiones políticas del gobierno provincial. Aprovecha para ello la escasa experiencia política de la mano derecha de Vidal, el Ministro de Gobierno Federico Salvai, el elevado nivel de desgaste del Ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el bajo perfil que por ahora conservaría el nuevo ministro de producción, el intendente de San Miguel Joaquín de la Torre.

Ferrari, un hombre de negocios estrechamente ligado al establishment, no estaría dando puntada sin hilo. Asesores suyos sostienen que aunque las encuestas sostengan a la gobernadora, la gestión en su conjunto está semiparalizada y hay áreas que muestran una alarmante subejecución presupuestaria. De aceptarse este diagnóstico, habría cambios antes de fin de año. El proyecto de Ferrari sería sencillo: que se restablezca el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros y que él lo ocupe para reordenar un gabinete que hoy no exhibe coherencia.

Ferrari no es un solitario. Detrás de él, mueve los hilos el ubicuo presidente de Boca, Daniel Angelici. Ninguno de los dos integra el núcleo histórico del PRO. Un miembro de la mesa chica del Presidente definió así la situación: “si Angelici y Ferrari se adueñan del gobierno provincial, el PRO sólo gobernará la Capital”.

Macri, cada vez más preocupado por su baja en las encuestas, no es ajeno a estos movimientos .Ante este cuadro, es coherente que el presidente haya optado por fortalecer su bastión.

La formalidad de un decreto que abulta en cifras millonarias el monto que hasta ahora recibe la Ciudad de Buenos Aires no podía hacer más, en medio de la protesta de provincias por un recorte de fondos, que irritar a gobernadores. Se recicla, tal como anticipó este diario, la pelea por el dinero que se destina a los distritos, con el decreto que publicó ayer el Gobierno para aumentar en unos $ 14.500 millones la partida, magra en proporción a lo que aporta, que recibe la Capital Federal. Quizá una explicación detallada, pública, aunque tediosa, hubiera resultado oportuna.

Mauricio Macri y Alfonso Prat Gay firman el decreto 194/2016 mediante el cual la cuota de coparticipación del 1,4% que recibe el distrito porteño se sube al 3,75%. En la práctica, es el presupuesto que requiere el mantenimiento de la Policía Federal del área metropolitana, Bomberos y otras dependencias que fueron transferidas mediante un convenio el 5 de enero pasado y que el lunes refrendó la Legislatura porteña. Según el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el costo sería cero para hacerse cargo de los agentes y los gastos necesarios para la fuerza de seguridad que quedará bajo su órbita.

La historia es recurrente desde que la Ciudad de Buenos Aires adquirió el status de autónoma, con recortes, ya que la mentada ley Cafiero le impidió contar con Policía y Justicia propia. Las quejas de los gobernadores también llevan esa música, al cuestionar en ocasiones por qué la Nación le paga esos servicios a la Capital.

Como sea, Eduardo Duhalde, durante su gestión presidencial, mientras el Gobierno porteño estuvo a cargo de Aníbal Ibarra, también por decreto, como ahora lo hace Macri, transformó fondos que recibía la Ciudad por transferencias de escuelas y hospitales en el 1,4% de coparticipación.

Con la medida publicada, el Presidente anuló ese decreto para hacer valer el nuevo, que casi triplica la partida destinada a la administración de Rodríguez Larreta, que cuenta con un presupuesto para este año de $ 110 mil millones, fondos que resultan en más del 70% obtenidos del impuesto a los Ingresos Brutos.

En el Gobierno porteño analizan que, a valores de diciembre pasado, este año la Ciudad debería recibir unos $ 8.600, a los que agregarán los $ 14.500 para la policía, aunque el decreto no especifica rubro. El decreto dice que «en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la Ciudad, y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el Estado nacional entiende que para garantizar dicha autonomía resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento».

Así, queda la posibilidad de que también por servicios de justicia en algún momento el Gobierno nacional decida aumentar la partida. Es que, si bien fueron transferidas competencias judiciales, no hubo partida presupuestaria que acompañe e, inclusive, duermen en la Legislatura convenios en ese sentido que no se hicieron efectivos.

La puja recién comienza. El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, que se reunió con Rogelio Frigerio para reclamar fondos adeudados, saltó contra la decisión de Macri diciendo que el Presidente «habla de federalismo, pero es unitario» y amenazó con que la Nación no le gira a su provincia los «$ 4 mil millones» que le adeuda, podría acudir a la Corte como Santa Fe, San Luis y Córdoba.

«El traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño genera tensión en las finanzas de la Capital que hay que atender; no se lo puede hacer en detrimento del conjunto de las provincias como lo está haciendo el presidente Macri a través de un decreto», sostuvo el bloque de senadores que conduce el rionegrino Miguel Ángel Pichetto.

También el diputado, ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja se sumó a la polémica diciendo que «el interior sigue marginado por el Gobierno» y vía Facebook se preguntó: «¿Será justicia que el interior del país financie al distrito más rico de la Argentina? ¿Será federalismo triplicar los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires y disminuir los del resto de las provincias?»

Desde Cambiemos, Ricardo Alfonsín consideró que no era cierto que los fondos merman los presupuestos provinciales, ya que salen directamente del Presupuesto nacional.

Rodríguez Larreta, remarcó que se trataba sólo de la partida para la Policía Federal que quedará a su mando.

Con la cabeza en las urnas

Detrás de este fenomenal aumento de fondos habría un plan político. Como Larreta no se presentaría a la reelección por motivos de salud, Macri impulsaría la candidatura a Jefe de Gobierno de Marcos Peña para el 2019.

A todo esto, si el año que viene, por ejemplo, la dupla compuesta por Sergio Massa y Margarita Stolbizer derrotaran por la lista de senadores nacionales bonaerenses a por caso Jorge Macri y Elisa Carrió, el macrismo bonaerense entraría en un tembladeral que afectaría al presidente pero también a Vidal, que vería así mermadas sus chances de aspirar a la sucesión de aquél.

En el entorno de Macri ya hay algunos que preferirían mantener el control de la Capital y perder la elección nacional antes de que Vidal, Angelici y Ferrari se queden con el poder. Que ya se hable en estos términos refleja la extrema debilidad del PRO en Buenos Aires, donde nunca llegó a estructurarse como una fuerza sólida.

Por su parte, Vidal también se sentiría entrampada. Ella sabe que, si los hechos la llevan a buscar un segundo período como gobernadora, éste no sería para nada exitoso. Comparaciones sobran: tres años antes de terminar su mandato como gobernador, Daniel Scioli aparecía como la gran esperanza del peronismo nacional y cuando llegó al final, prácticamente estaba deshilachado.

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