Por Carlos Tórtora.-

Una señal de alarma recorre la cúpula sindical y en menor medida a la dirigencia del PJ ante la siguiente versión: con la presencia de Francisco en Chile entre el lunes y el miércoles próximo, el gobierno se enfrenta a una semana negra anticipada por las palabras del vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Jorge Oesterheld. Éste habló sobre la visita que realizará el papa Francisco a Chile y admitió que «es medio raro y un poco doloroso» que, estando tan cerca, no visite su país”. Concretamente, el Gobierno teme el impacto negativo que podrían tener las críticas que Francisco podría hacer al capitalismo salvaje, por su asociación con Mauricio Macri y a la situación social en el país. Esto, además del efecto que tendría el traslado de alrededor de un millón de argentinos a Chile y la presencia allí de numerosos dirigentes opositores. Esto, al margen de la presión que el Pontífice haría sentir para que se amplíen las concesiones del estado argentino a los grupos mapuches, insaciables ocupas de tierras y de la posibilidad de nuevos hechos de violencia en la Patagonia.

Marketing duro

Ante este cuadro adverso y con un presidente en pronunciada baja de su imagen positiva desde que se sancionó la reforma jubilatoria, los estrategas del marketing oficial -por supuesto que se menciona a Jaime Durán Barba- habrían elaborado un plan para contrarrestar el “efecto Francisco” y distraer a la opinión pública con un plato fuerte de alto impacto mediático. Se trataría de la detención de una figura de primera línea del sindicalismo. El Gobierno avanzó sobre Hugo Moyano dos meses atrás con la detención de miembros de la comisión directiva de Independiente y la investigación de los vínculos, por ejemplo, de Pablo Moyano con el jefe de la barra brava de ese club, Luis “Bebote” Álvarez. Pero luego hubo un alto el fuego y hasta llegó a mencionarse que Macri se haría presente en la reinauguración del sanatorio Antártida, que tuvo lugar el martes pasado, lo que finalmente no ocurrió. La secuela de procesamientos de dirigentes sindicales de segunda línea pero con bastante poder: Juan Carlos “Pata” Medina, de la UOCRA La Plata, Marcelo Balcedo (secretario General de SOEME) y ahora Humberto Monteros y otros dirigentes de la UOCRA de Bahía Blanca, parece apuntar al objetivo de reforzar en la opinión pública la imagen de la corrupción sindical, como preparando el terreno para casos cada vez mayores. La cúpula de la CGT habría interpretado que la ofensiva judicial está relacionada con el inicio de las paritarias y las presiones oficiales para ponerles un techo muy inferior a la inflación prevista, es decir el 16,6%.

Pero ahora existe el temor de que el Gobierno apueste más alto e intente arrojar una cortina de humo sobre la llegada de Francisco a Chile, poniendo entre rejas a una figura sindical de gran trascendencia. Como es obvio, los analistas, cuando se menciona esta posibilidad, evocan la detención del jefe del sindicato de petroleros de México, Jesús Hernández Galicia, alias La Quina, en enero de 1989, y luego de un fuerte enfrentamiento con el nuevo presidente Carlos Salinas de Gortari, que lo tenía por el principal opositor a su política económica.

Hace 48 horas, María Eugenia Vidal, en una aparición de tono severo que no es de su estilo, anunció que se iban a licitar en dos etapas una serie de casinos de la Provincia de Buenos Aires con sus licencias vencidas. Uno de ellos es el de Necochea, que se dice que estaría administrado por allegados al desaparecido secretario general de UATRE Gerónimo “Momo” Venegas. Otro es el del Hotel Sasso en Punta Mogotes, Mar del Plata, cuya explotación se le adjudica a una empresa ligada al zar de los gastronómicos, Luis Barrionuevo. Justamente, con su filosa prosa, fue éste el que hizo dos comentarios significativos sobre el Gobierno en los últimos quince días. El primero fue cuando se supo la pronunciada caída de Macri en los sondeos y se refirió a que “Marcos Peña se está probando el traje de presidente”. El segundo, de horas atrás, fue en cambio una velada amenaza acerca de que los gobiernos que quieren destruir al sindicalismo, como lo intentaron Alfonsín y De La Rúa, no alcanzaron a terminar su mandato.

Si el macrismo se decidiese a polarizar el escenario nacional entre Cambiemos y la corrupción sindical, podría obtener grandes beneficios mediáticos en lo inmediato. Pero con el correr del tiempo, la jugada, como advierte Barrionuevo, no deja de ser peligrosa. Entre los políticos peronistas, la alerta sindical no pasó inadvertida. Hay, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires decenas de intendentes peronistas que están a tiro de ser citados en causas como la del reciclado de residuos, en la que ya están procesados Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. Una evaluación lógica indicaría que el macrismo va ahora por los sindicalistas y que luego intentaría la limpieza de los barones del conurbano, para desalojarlos del poder el año que viene mediante las urnas.

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