Por Carlos Tórtora.-

Sin conseguir salir de la pandemia, el gobierno transita por una mayor conflictividad. El pacto de convivencia pacífica de la Casa Rosada con Horacio Rodríguez Larreta se deshilacha al ritmo de las estadísticas que marcan más de 10000 contagios por día. El kirchnerismo trata de culpar a la Ciudad del aumento de casos, poniendo ahora el acento en la aglomeración de gente en los recién abiertos bares y restaurantes. Desde el gobierno porteño replican mostrando las fotos de las muchedumbres en el conurbano, donde ya no hay control que funcione. Esta guerra mediática es el preludio de la decisión que está a punto de tomar el presidente: volver atrás en las fases de la cuarentena continuando una ola de mayores controles que ya empezó, por ejemplo, en Santa Fe, donde Omar Perotti y el intendente rosarino Pablo Javkin pactaron un retorno a la fase uno. Alberto Fernández camina por una estrecha cornisa en este tema. Si da marcha atrás, se arriesga a que el hartazgo social haga ineficaz la medida pero si no lo hace, quedaría como responsable del aumento del número de contagiados que ya toca el medio millón. Para Alberto, salir lo mejor parado posible de la pandemia es fundamental para enfrentar la tentativa de reconstruir la economía.

Mientras decide qué hacer con su política sanitaria, Alberto dispuso una rápida alineación del discurso oficial sobre la usurpación de tierras (empezando por su ministra de Seguridad Sabina Frederic). Hubiera quedado demasiado a trasmano que en medio del lanzamiento del nuevo plan de seguridad para el conurbano el ministerio de seguridad apoyara las ocupaciones.

El episodio dejó a la vista el patrón de conducta de los movimientos sociales -el Movimiento Evita en primer lugar-, que negocian con las autoridades miles de planes sociales a cambio de moderar sus usurpaciones. Un mecanismo extorsivo que les dio excelentes resultados durante el gobierno de Macri.

La batalla judicial

A todo esto, Cristina Kirchner no pierde el tiempo y la comisión de Acuerdos del Senado rechazó los traslados de tres jueces que habían sido dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri y adelantó que evaluará los pases de otros siete magistrados, durante una audiencia pública en la que la oposición no participó por considerar que estaba «viciada de nulidad». Los jueces en cuestión recurrieron a la Corte Suprema con un pedido de per saltum y ahora es aquel tribunal el que debe decidir si se embarca en un conflicto de poderes con el Congreso. El martes pasado, la Corte realizó un acuerdo virtual en el que trató, entre otros temas, el per saltum que plantearon Bruglia y Bertuzzi, según dijeron fuentes del tribunal. Sin embargo, los jueces decidieron seguir analizando el caso con posiciones que no llegaron a plasmarse en un acuerdo.

Los jueves los jueces habitualmente firman las sentencias en las que reunieron una mayoría, es decir, tres votos concordantes. Así lo hicieron pero no tomaron ninguna decisión sobre el caso de Bruglia y Bertuzzi, los camaristas apuntados por el kirchnerismo ya que ambos ratificaron el procesamiento de CFK en la causa de los cuadernos.

El conflicto en torno a Bruglia y Bertuzzi se da cuando el gobierno no consigue el número suficiente para darle la media sanción que le falta al proyecto de reforma judicial. La pelea de Juntos por el Cambio con Sergio Massa distrajo la atención del hecho de que el oficialismo se enfrenta a la posibilidad de un serio revés. La caída del presidente en las encuestas y el fracaso de la cuarentena eterna envalentonan a una oposición que no esperaba tener tanto oxígeno a partir del 17-A.

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