Por Carlos Tórtora.-

Durante este fin de semana, junto con las versiones periodísticas que daban cuenta del disgusto de la jueza federal de Caleta Olivia con la Armada por su reticencia a informar sobre el ARA San Juan, circularon rumores sobre un probable cambio de carátula de la causa, que hasta ahora se refiere a la averiguación de posible ilícito y que podría pasar a estrago culposo. También hay especulaciones en el sentido de que, si terminaran imputados por dolo o culpa funcionarios o ex funcionarios nacionales, la causa podría pasar a un juzgado de Comodoro PY. Pero sin adelantarse tanto a los hechos, la causa que hoy lleva Yáñez está convirtiéndose en megacausa por la existencia de varias denuncias de particulares, la presentación de al menos 8 familiares de los tripulantes del San Juan como querellantes, las denuncias de la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso y las denuncias del suboficial retirado de la Armada José Oscar Gómez sobre supuestos ilícitos en las reparaciones y mantenimiento del ARA San Juan. El ex suboficial, que luego del cierre de la causa fue destituido sin goce de haberes, había denunciado irregularidades en la reparación de baterías, sobreprecios, cobro irregular de dinero de ciertos jefes, contratación de empresas simuladas que no habrían trabajado sino por medio de los marinos de la Armada y la intervención del empresario Daniel Adrián Fornes y de Claudio Di Bartolo, de la empresa Marena SRL.

Otro factor a tener en cuenta por las eventuales denuncias por homicidio culposo por parte de los familiares es cuándo serán considerados legalmente fallecidos los tripulantes del San Juan. El artículo 86 del nuevo Código Civil y Comercial dispone que: “Se presume también el fallecimiento de un ausente:

a) si por última vez se encontró en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o participó de una actividad que implique el mismo riesgo, y no se tiene noticia de él por el término de dos años, contados desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido;

b) si encontrándose en un buque o aeronave naufragados o perdidos, no se tuviese noticia de su existencia por el término de seis meses desde el día en que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido”.

O sea que la presunción de fallecimiento recién entraría en vigencia dentro de cinco meses.

Con efecto expansivo

El macrismo sabe a esta altura que la investigación sobre uno o varios negociados en la reparación de medio término del ARA San Juan terminada en el 2014, colocaría bajo la lupa judicial a la entonces ministra de Defensa Nilda Garré, a su hermano y operador de negocios, el por entonces jefe de gabinete de asesores de Defensa Raúl Garré y a varios secretarios y subsecretarios.

El problema político y judicial de Macri es cómo justificar dos años de gestión ministerial en Defensa sin que se hayan investigado las irregularidades que ya estaban denunciadas y sin que se tomaran medidas para solucionar los desperfectos que habría sufrido el ARA San Juan en los últimos tiempos.

Para colmo, Defensa es una cartera que, en forma excepcional, el presidente negoció con la UCR, lo que se explica en parte por su escaso interés en temas militares. El diputado riojano Julio Martínez y ahora Oscar Aguad, que lleva poco tiempo de gestión, están en una situación harto incómoda. Si sabían de las irregularidades que estaban ocurriendo en la Armada, serían corresponsables de las mismas. Y si no sabían, también habría responsabilidades penales por la falta de controles que el Ministerio de Defensa debe realizar sobre el funcionamiento de las fuerzas.

Según una fuente oficial, Macri no relevó de inmediato, ni bien estalló la crisis, al jefe del Estado Mayor de la Armada Contralmirante Marcelo Srur, por temor de que se viera arrastrado por el escándalo Oscar Aguad. El ministro no sólo es una pieza electoral importante de la estrategia electoral de Cambiemos en Córdoba, sino que está enredado en temas sensibles. El 14 de febrero pasado, Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni, en el marco del acuerdo que el Estado nacional alcanzó con el grupo SOCMA (cabeza del Grupo Macri) por la deuda del Correo Argentino. También solicitó la misma medida para Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Juan Carlos Mocoroa, director de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio.

Según el requerimiento difundido por el Ministerio Público Fiscal, Zoni impulsó la acción penal ante el juez Ariel Lijo, a quien también le pidió las primeras medidas de prueba para investigar el acuerdo que tanta polémica generó.

La imputación deriva de dos denuncias penales que llegaron a los tribunales de Comodoro Py. Una fue presentada por los kirchneristas Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti, y la otra, por un abogado particular. Tal como se explica en el dictamen del fiscal, ambas acusaciones están dirigidas a que «se habrían cometido conductas delictivas en torno al concurso preventivo de la empresa ‘Correo Argentino S.A.’, en relación a la deuda que la misma tiene con el Estado Nacional».

De más está decir que un final escandaloso de la gestión de Aguad en Defensa potenciaría automáticamente el affaire del Correo Argentino.

Sin embargo, con su decisión de no relevar de inmediato a la cúpula de la Armada, el presidente habría cometido un error político con consecuencias judiciales. En efecto, si la conducción de la fuerza comprobadamente ocultó la información del grave accidente en las baterías del ARA San Juan durante más de una semana y ahora la misma jueza reconoce que se mostraría reticente en suministrar información al juzgado, el no haber dispuesto un cambio lo haría al presidente corresponsable por las nuevas irregularidades. Y si se descubriera que la Armada cometió errores importantes en el operativo de búsqueda y rescate del submarino, el presidente sería corresponsable por los mismos.

En síntesis, el manejo de crisis de Macri y su entorno parece haber respondido a la idea de que la crisis tendría una salida exitosa, el rescate con vida de los tripulantes. Esto hubiera diluido casi totalmente, como suele pasar en la Argentina, la investigación judicial de lo ocurrido. Pero sucedió lo peor y, en particular para el gobierno, lo peor puede empezar realmente si se consigue recuperar el submarino y se ponen en marcha peritajes que confirmen las culpas de la gestión cristinista y las del macrismo al menos por omisión o negligencia.

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