Por Carlos Tórtora.-

Ayer la aprobación del proyecto de Boleta Única contó con 143 votos a favor y 87 en contra.

La cuenta es clara: el peronismo se quedó sólo defendiendo el actual sistema de boleta partidaria. Los partidos provinciales -satisfechos con que quedara excluido el casillero de lista completa, que los perjudicaba- se sumaron a la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Encuentro Federal y Unión Federal. En este caso, todos tienen un interés común: la boleta partidaria era una carta fuerte en el predominio electoral del PJ.

Con su inmensa red de punteros y militantes sobre todo en el conurbano bonaerense, el justicialismo hizo del reparto de boletas a los votantes una poderosa herramienta de trabajo que ahora desaparece. El votante peronista ya no tendrá el voto en la mano y deberá esperar hasta entrar al cuarto oscuro para disponer, sólo por algunos instantes, de la boleta única.

Javier Milei mencionó la boleta única en su discurso de Parque Lezama y estaría convencido de que este cambio le permitirá ganar la codiciada Provincia de Buenos Aires.

Mitos y realidades

Entre los varios argumentos que se escriben a favor de la Boleta Única está su costo aparentemente menor a la boleta partidaria. Sin embargo, una versión que circula en medios empresarios señala que el año pasado, el gobierno de esa provincia le habría pagado a la imprenta de Clarín 10.000 millones de pesos por la impresión de la boleta única para la elección local. De ser esto exacto, el negocio para una elección nacional ascendería a cerca de 200.000 millones, o sea, más de 150 millones de dólares. Entonces el cambio no tendría nada de económico.

Se abren ahora numerosos interrogantes porque, si por ejemplo en Buenos Aires se presentarán para las Paso 35 o 40 listas -lo que sería normal-, la boleta única alcanzaría dimensiones difíciles de imprimir, de manipular y de guardar en sobres y urnas.

Ahora, cuando empieza la intervención de la justicia electoral, es cuando las cosas empezarían a complicarse. La pregunta ahora es si los jueces electorales empezarán a plantear los problemas de la BUP o esperarán que se reglamente la nueva ley.

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