Por Carlos Tórtora.-

El Gobierno, como se veía venir, consiguió una posición negociadora óptima en relación tanto a los gobernadores como a la CGT y todo esto bajo la inestimable ayuda de una oposición que prácticamente desapareció de la escena política favoreciendo la reforma laboral y el pacto fiscal. En este contexto, el factor judicial está jugando un papel gravitante en la conducta de los principales actores.

La aparición en las causas que implican a Amado Boudou del titular de Old Fund Alejandro Vandenbroele en su rol de arrepentido tiene un valor extra a computar. Este último habría desencadenado una ola de temores en la primera línea del cristinismo a partir de que circuló una versión muy particular. Según la misma, Vandenbroele, a través de interpósitas personas, habría transmitido exigencias extorsivas a varios miembros del entorno de CFK. Las mismas podrían resumirse así: el arrepentido estaría dispuesto en sus declaraciones a distribuir las responsabilidades del caso Ciccone según recibiera o no importantes sumas por parte de los principales imputados, entre los cuales está el ex administrador de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Los intentos extorsivos de Vandenbroele, reales o falsos, aumentaron los temores de no pocas figuras políticas.

El otro elemento detonante es el caso de Jorge Brito. El dueño del Banco Macro quedó ahora en la primera línea de fuego de la justicia, por su aparente papel destacadísimo en la operación Ciccone, que se revelara a partir de un famoso artículo de Hugo Alconada Mon en La Nación. El mismo destacaba que: “Por un lado, que The Old Fund habría operado dentro del Macro, “donde obtuvo facilidades y beneficios y, destacaba además que uno de los antiguos colaboradores de Brito, Máximo “Macho” Lanusse, llegó de repente a Ciccone como una especie de número dos de Vandenbroele, pero con un sueldo más alto que el suyo”.

La nota agrega que, además, el arrepentido podría develar cómo y de dónde salieron los fondos para la compra de la imprenta. Una historia que involucraría a Brito y a Raúl Moneta.

La jugada del juez federal Ariel Lijo de ordenar la detención Boudou abriendo así el paraguas para las acusaciones que le lloverían horas más tarde al conocerse algunas cuentas de su hermano Fredy en el exterior, desvió los temores de parte del empresariado de una causa a otra. Hasta ese momento, todos miraban a la lista de 200 empresarios ligada a la compra de gas licuado cuyas irregularidades dieron lugar a la detención de Julio de Vido.

Nadie se anima a decir que Brito pueda convertirse fácilmente en el Pata Medina del empresariado. Pero sí es cierto que, aparte del caso Ciccone, sus cortocircuitos con Mauricio Macri no son un secreto. Para empezar, pocas semanas antes de las últimas PASO de agosto pasado, el presidente habría llamado personalmente a cuatro grandes empresarios para recriminarles su apoyo financiero a la campaña de 1País, liderado por Sergio Massa.

En otro plano, en la Casa Rosada recelan de las estrechas relaciones que mantiene Brito con el monje negro de la UCR Enrique Nosiglia y con el plan, hasta ahora frustrado, de proyectar a Martín Lousteau como el gran rival de Macri para el 2019, dadas las dificultades que en los últimos tiempos tuvo Massa en el terreno electoral.

Los otros con temores

Mientras que Brito pasó a ser el leading case empresario en la Justicia. La ola de temores de los políticos se localizó en los que fueran jefes de gabinete de Néstor y Cristina Kirchner. Elisa Carrió, un mes atrás, encendió la mecha al comentar, cuando estalló el caso De Vido, que la justicia no podía seguir obviando las responsabilidades en los ilícitos de los cuales se imputa a ministros, de los jefes del gabinete de ministros que tienen a su cargo la conducción de la administración pública.

Días atrás se supo que los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya pasaron por el juzgado de Claudio Bonadío para comparecer en indagatoria en una causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El dinero no llegó a donde debía. Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 intendentes para que cuenten cuál fue el destino del dinero.

En la causa Fútbol para Todos, por otra parte, ya están procesados los mismos tres: Fernández, Capitanich y Abal Medina.

Otros dos ex jefes de gabinete que alejaron su destino político del de CFK hace tiempo, Alberto Fernández y Massa, están haciendo esfuerzos por quedarse en segundo plano y hasta anuncian un paso al costado de la política activa. Fernández fue jefe de campaña de Florencio Randazzo y ahora se llamó totalmente a silencio. En el caso del tigrense, luego de negociar a puertas cerradas con María Eugenia Vidal su apoyo al proyecto de ley de presupuesto provincial, hizo saber que está estudiando para fin de año, cuando finalice su mandato de diputado nacional, un menú de actividades privadas que incluyen un estudio jurídico-escribanía de Tigre, la representación de la consultora del ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, la escuela de gobierno del Frente Renovador a cargo de Roberto Lavagna, o brindar conferencias sobre seguridad y previsión social, cuya experiencia cosechó en su paso por ANSES.

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