Por Carlos Tórtora.-

El controvertido mensaje del Ministro de Justicia Germán Garavano deplorando la posibilidad de que Cristina Kirchner termine presa esconde una realidad política importante. Si la ex presidente optara por no ser candidata, esto podría arrastrar también la candidatura de Mauricio Macri. En efecto, el gobierno cuida la salud política de CFK porque el presidente aparece ganándole en la segunda vuelta según casi todas las encuestas. En cambio, las encuestas también coinciden en que Macri la pasaría mal ante Urtubey o Massa. Obviamente, el acorralamiento de Cristina por la justicia es el mejor aliciente que tiene para ser candidata aparte de que está obligada, también para su protección personal, a mantener o aumentar sus bloques de senadores y diputados nacionales.

Por su parte, Elisa Carrió, envalentonada por la renuncia a la presidencia de la Corte Suprema de Ricardo Lorenzetti, presiona al PRO con la única arma efectiva que tiene: su salida de CAMBIEMOS desataría una crisis política importante. Carrió está abriendo el paraguas ante otras señales, por ejemplo la posibilidad de que Macri opte por presentarse con María Eugenia Vidal como compañera de fórmula. Para la jefa de la Coalición Cívica, la gobernadora cultiva compromisos con los intendentes peronistas del conurbano y con Sergio Massa, entre otros, que serían incompatibles con CAMBIEMOS. Como referencia de lo anterior, está la nunca desmentida confesión del presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, quien reveló que la había propuesto a Vidal que rompiera con el PRO y se pusiera al frente del peronismo bonaerense.

Pero hay otras señales que fundamentarían el tono belicoso que adoptó Carrió. Por ejemplo, en la Casa Rosada se habla de una eventual ley que sería el punto final para las investigaciones en curso sobre las irregularidades con los fondos de varias campañas electorales, tanto del Frente para la Victoria como de CAMBIEMOS. Esta especie de amnistía electoral contaría con el consenso de macristas y cristinistas.

A todo esto, Carrió habla de “democracia económica” y de que la causa de los cuadernos es comienzo del fin de la “patria contratista”. Un calificativo que no debe causarle demasiada gracia a la familia Macri, considerada un arquetipo de esa patria contratista.

Empresas exentas de culpa

Si alguna declaración era esperada en Comodoro Py era la del presidente de Techint, Paolo Rocca, que planteó un argumento clave: si el directivo de Techint Luis Betnaza realizó sobornos, éstos fueron el resultado de la autonomía que tenía por parte de la empresa. O sea que la conducción del grupo bien podía ignorar lo que hacía su CEO.

Ésta es la tesis que, coincidentemente, desde la Oficina Anticorrupción enarbola Laura Alonso, quien en el Boletín Oficial hizo publicar unos lineamientos de integridad para empresas que parten de sostener que queda eximida de culpa la persona jurídica, es decir la empresa, y toda responsabilidad por los sobornos le cabe al empresario en forma personal. Una tesis absurda que concluye que los grupos contratistas nada sabían de lo que hacían sus gerentes y éstos actuaban ilícitamente sólo por su iniciativa personal. Este dislate de la OA se dirige a posibilitar que las empresas puedan seguir participando de las licitaciones públicas.

El engendro culmina con un instructivo desopilante, como recomendar a las empresas la redacción de códigos de conducta, en los cuales se utilicen frases «coloquiales» como “no pagues coimas», “avisá si te las piden”, “aclará a los que trabajan bajo tu supervisión que te deben avisar si se las piden», “no dejes de consultar a tu jefe si un comportamiento de un funcionario te parece inapropiado», “no le regales nada a los funcionarios que controlan tu trabajo», entre otras.

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