Por Guillermo Cherashny.-

Hace un mes dijimos que el gobierno tenía, entre otras muchas, dos cuestiones judiciales centrales. La primera es la posibilidad de que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal declare inconstitucional el Memorándum de Entendimiento con Irán, porque de esta declaración podría derivarse la imputación contra CFK por la comisión del delito de traición a la Patria, en el peor de los casos. Y en el mejor, el cargo por encubrimiento de los imputados mediante la inconstitucional cesión de soberanía de nuestros tribunales en favor de la justicia iraní y de una Comisión de la Verdad, que era un verdadero engendro jurídico para sustraer a los imputados de su juez natural, Rodolfo Canicoba Corral. Todo esto en favor de una pronta desincriminación de los imputados iraníes. El acuerdo nuclear de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (más Alemania) con Irán, destinado a limitar el desarrollo nuclear de este último, fue aprovechado por la presidente para autocalificarse como la pionera de un acuerdo con Irán que la oposición política y las “corporaciones mediáticas” calificaron de pacto de impunidad. Pero ahora, en cambio, según el punto de vista de ella, si se trata del Consejo de Seguridad, hablan de un “acuerdo”. Se olvidó de decir la presidente que el tema es bastante más complejo, porque mientras el Consejo de Seguridad alaba el acuerdo alcanzado, el Estado de Israel y las organizaciones judías de todo el mundo siguen hablando de un pacto de impunidad que permitirá que los persas fabriquen la bomba. Algo similar piensan Arabia Saudita y sus aliados del Golfo Pérsico, además de reconocer de hecho que Irán ahora es una potencia regional. Otra interpretación, que empiecen a dar algunas consultoras de Washington, es más intrincada. Según la misma, los EEUU e Israel coincidirían en que Irán violará cualquier acuerdo que firme, para seguir, en cambio, adelante con sus objetivos nucleares con fines militares. El tratado firmado les serviría entonces a las potencias occidentales para poner en evidencia la violación del mismo por Irán, lo que las legitimaría ante una futura guerra que, según algunos, es inevitable.

En las negociaciones con las potencias occidentales, Rusia y China, es la República Islámica la que cede soberanía para que se concreten inspecciones sobre sus plantas nucleares y la disminución de las centrifugadoras nucleares. Esto aunque se sabe que los persas intentarán evadir esas inspecciones y lo único que les interesa es que les levanten las sanciones económicas, ya que afrontan una grave situación económica en parte debido a los embargos internacionales que sufren.

La batalla que se extiende

Volviendo a nuestro país, la presidente consiguió desplazar al juez Luis Cabral y hacer designar a tres conjueces. Sin embargo, la situación es inestable. En medio de la polémica instalada a partir del nuevo régimen de subrogancias y basándose en una causa penal, la Sala II de la Cámara de Apelaciones, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la nueva ley de subrogancias, la 27.145.

La decisión de los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah fue en una causa penal en la que dispusieron que se avance en la investigación, pero apartaron al magistrado Daniel Rafecas y enviaron el expediente a sorteo para la designación de un nuevo juzgado. El artículo 1 de la nueva ley de subrogancias dispone que el Consejo de la Magistratura designe nombres “en casos de licencia, suspensión, vacancia, recusación, excusación o cualquier otro impedimento de los jueces o juezas de los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En tanto, el punto 2 establece que “el Consejo de la Magistratura designará subrogantes por mayoría absoluta de los miembros presentes” y esa “designación se realizará con un juez o jueza de igual competencia de la misma jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces”, mientras que “las Cámaras deberán comunicar la necesidad de nombrar subrogantes al Consejo”.

Lo ahora resuelto por la Cámara Federal fue uno de los reclamos que recibió el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el martes pasado, durante un encuentro con los presidentes de más de veinte Cámaras de Apelaciones, en cuanto a las demoras que se producían en caso de ser el Consejo de la Magistratura el organismo interviniente al producirse un espacio vacío. Para los jueces, que el Consejo de la Magistratura sea el encargado de nombrar a los subrogantes “no supera un estándar mínimo de razonabilidad al confrontarse con claras directrices emanadas de la Constitución Nacional y pactos internacionales con jerarquía constitucional relativas a los principios de juez natural imparcialidad y de independencia judicial”.

Por otra parte, la Cámara cuestionó la designación de conjueces, al considerar que los abogados que ofician como tales no pasaron por un concurso público, y tildaron de “irrazonable” que la ley no fije un orden de prelación que otorgue primacía a los jueces federales designados con arreglo a la Constitución por sobre otros letrados que no reúnen esa característica.

Además, los magistrados recalcaron que la elección de los conjueces la lleva adelante el Consejo por mayoría simple de los presentes, lo cual es una exigencia menor a la requerida para remitir ternas de candidatos para jueces permanentes a elección del Poder Ejecutivo; y tampoco se recurre a mecanismos transparentes para la elección, como puede ser un sorteo.

La expectativa en la justicia es que en alrededor de un mes la Corte Suprema produzca un fallo similar. Esto aumenta la necesidad de Cristina de que la Sala I de Casación declare constitucional el Memorándum de Entendimiento con Irán.

La otra preocupación, quizás mayor, es la causa Hotesur, en donde está implicada CFK y sus dos hijos. Pero el jueves pasado, la Sala I de la Cámara Federal, la más cercana al gobierno, apartó al juez Claudio Bonadío de la causa, y declaró nulas casi todas sus medidas, aunque no está claro cuáles anuló y cuáles no, aclaración que pidió el fiscal Germán Moldes. La apelación de este resolutorio será de la Sala I de la Cámara de Casación, la misma que debe resolver sobre el Memorándum con Irán. La AMIA y DAIA son querellantes y pueden apelar ante la Corte. Ayer Bonadío, en declaraciones radiales, dijo que la diputada Margarita Stolbizer también es querellante, aparte de denunciante, y por tanto, también puede llegar hasta la Corte. En conclusión, la presidente está segura por un tiempo pero el “plan bomba” que Kicillof le dejará a su posible sucesor, por caso Daniel Scioli, podría generar una crisis macroeconómica. En este contexto, los dos casos judiciales, casi cerrados hoy, podrán abrirse en el futuro.

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