Por Carlos Tórtora.-

Cristina Kirchner esperaba la resolución de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en la causa de los cuadernos, como la clave para aliviar su situación procesal. Si los camaristas hubieran declarado nulos los testimonios de los numerosos arrepentidos o bien declarado inconstitucional la figura del arrepentido, la mega causa se derrumbaría. Se trataría no sólo de un gran éxito para la vicepresidenta, sino una señal para los tribunales que llevan otras causas contra ella. Por lejos, hubiera sido el paso más importante en la desarticulación de los procesos que afectan a CFK. Pero nada de esto ocurrió. A último momento, el camarista Daniel Petrone no votó como se esperaba y se sumó a Diego Barroeteveña, para validar los testimonios de los arrepentidos. Ana María Figueroa quedó entonces en soledad.

El extenso fallo de más de 200 fojas rechazó de plano invalidar los testimonios de los arrepentidos así como también los planteos de inconstitucionalidad de la ley del arrepentido. Para las defensas el camino es uno solo: recurrir el fallo de Casación ante la Corte Suprema de Justicia, un terreno en el cual la ex presidenta estaría sumamente incómoda. Es que el alto tribunal no tiene plazos para expedirse y podría entonces demorarse indefinidamente en resolver la cuestión del arrepentido. Si así ocurriera, CFK podría encontrarse con una situación política cambiante que le sea desfavorable y, a la inversa, propicia para investigar los delitos contra la corrupción.

Massa, el enigmático

Pero la sentencia de Casación no fue la única señal negativa que recibió la vicepresidenta por estos días. Hay quienes afirman que el proyecto de ley con media sanción del Senado reformando la ley del Ministerio Público podría estancarse y no ser aprobado en Diputados. Es más, la misma fuente consigna que el mismo Sergio Massa vería con buenos ojos que el proyecto no obtenga la media sanción faltante. Como antecedente está la pomposamente llamada reforma judicial, que pese al tiempo transcurrido todavía no llegó a tratarse en Diputados después de haber sido sancionada por el Senado.

Para Massa sería un costo político muy alto tener que ser parte importante de la promoción de una ley que convertiría al Procurador General en el títere de la primera minoría del Senado.

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