Por Carlos Tórtora.-

El proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal quedó empantanado luego de que, diez días atrás, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados introdujo al menos 30 cambios al mismo. Por ahora no se tratará en el recinto porque no están los votos suficientes y al oficialismo le faltan 6 votos para contar con quorum.

Ayer trascendió en fuentes del Instituto Patria que Cristina Kirchner habría criticado duramente a Sergio Massa en una reunión con su equipo de trabajo. Ella lo haría responsable, en primer lugar, de haber afirmado que ya contaba con los votos para sancionar el proyecto y además de haber prometido solucionar el faltante de votos sin ningún resultado hasta ahora. La reforma del Ministerio Público es fundamental para la estrategia judicial de la vicepresidenta, que sólo así podrá remover al Procurador interino Eduardo Casal por simple mayoría de senadores, ya que el intento de pedir el juicio político de éste fracasó hasta ahora por no contar el oficialismo con los dos tercios de los votos requeridos.

En el entorno de la ex presidenta repiten un comentario ácido: “lo único que falta es que esto se convierta en otra reforma judicial”. La referencia es al proyecto de reforma judicial que obtuvo la media sanción del senado el 28 de agosto del año pasado. La iniciativa intenta licuar el poder de los tribunales de Comodoro Py con la creación de decenas de nuevos juzgados y fiscalías federales no sólo en la Capital sino también en las provincias. Pasado casi un año, el oficialismo en Diputados ha hecho poco y nada para sancionarlo.

El parate

La sola perspectiva de que la reforma del Ministerio Público corra la misma suerte que la reforma judicial enardece al cristinismo, que no quiere esperar hasta diciembre por la nueva composición de la Cámara de Diputados, que podría darle quorum propio al oficialismo.

El actual freno de la reforma del Ministerio Público detendría asimismo otras maniobras del kirchnerismo. Por ejemplo, la ampliación de la Corte Suprema de 5 a 9 miembros, operación que sólo podría intentarse una vez instalado un Procurador General adicto al gobierno. Aunque con algunos éxitos, el avance de CFK sobre la justicia no tiene ni remotamente la velocidad deseada, lo que es una fuente de conflictos entre la vicepresidenta y el presidente.

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