Por Carlos Tórtora.-

Quince días atrás, el Tribunal Oral Federal número 4 condenó a Lázaro Báez a doce años de prisión por lavado de activos agravado. Por su parte, Martín Báez, hijo mayor del empresario, recibió una sentencia a nueve años de prisión como coautor del mismo delito. Leandro Báez también recibió una pena de cinco años de prisión como partícipe necesario del lavado agravado a través de las cuentas en Suiza. En cambio, sus hijas, Luciana Sabrina Báez y Melina Báez, recibieron una condena de tres años en suspenso, por ser consideradas partícipes secundarias. Allegados a Cristina Kirchner dan cuenta de que ésta sintió el golpe de estas condenas al punto que días más tarde presionó a Alberto Fernández para que pronunciara su discurso contra la justicia ante las cámaras del Congreso en la apertura del año legislativo. Pero lo que no trascendió es que el principal motivo de las angustias de la vicepresidenta estaría en las condenas a los hijos de Báez, especialmente a Martín, por sus responsabilidades como directivos de las firmas de su padre y responsables en diversos grados del delito de lavado de dinero. Ocurre que el rol de Martín Báez y sus hermanos es semejante al de Máximo y Florencia Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces. Se trata de prestanombres que figuran como directivos de las empresas aunque su participación real sea inexistente. La condena a los hijos de Báez abre el camino para una eventual condena a Máximo -hoy con fueros- y a Florencia.

El caso de esta última fue el principal problema que desveló a la vicepresidenta en los últimos años, con la larga estadía de su hija en Cuba en el 2020, que dio lugar a la suposición de que no volvería al país. Luego, con el triunfo en las presidenciales de la fórmula Fernández-Fernández, vino el alivio que ahora se transformó en alarma.

El expediente clave

El único juicio que afronta Florencia está a cargo de ese TOF 5 y consiste en la unificación de las dos causas que tienen que ver con los alquileres de hoteles y oficinas, es decir las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur. Los jueces Daniel Obligado, Adrián Grünberg y Adriana Pallioti resolvieron hacer un único juicio porque en verdad originalmente era una sola causa y, por obra y gracia de Claudio Bonadío y Comodoro Py, se armaron dos expedientes paralelos. Bonadío fue echado de la causa Hotesur por irregularidades y entonces armó la causa Los Sauces para colarse por la ventana. Se produjo después la escandalosa maniobra de que procesó a toda la familia Kirchner y, tras hacerlo, se declaró incompetente.

En el caso Los Sauces -que abarca ocho pequeñas casas en Río Gallegos, alquiladas a empresas de Lázaro Báez para que alojen a su personal; tres unidades en Puerto Madero -una en la que tenía su oficina central Cristóbal López y otro en el que vivía la ex esposa de Fabián De Souza-; un hotel en El Chaltén, el Aldea, el departamento en el que vive Florencia en la calle San José, en CABA y la casa de Cristina en Río Gallegos en la calle Moscariello- tanto la fiscalía, las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, así como la defensa de los Kirchner, pidió la realización de las pruebas preliminares antes del juicio. El tribunal ya aceptó mandarlas a hacer. Por ejemplo, se ordenó una pericia contable que tarda meses en terminarse, pese a que todos los alquileres fueron en blanco, declarados ante la AFIP y los cobros se ingresaron en bancos.

Ahora, la ex presidente vuelve a necesitar de un remedio político para hacer cesar la amenaza que, caso Báez mediante, se cierne sobre Florencia.

Share